
importantes son los argumentos esgrimidos
desde las propias filas de los industriales en
torno a la protección estatal que reclaman
para las empresas fabriles nacionales y tam
bién desde el sector militar que imprime
matices propios.
Al respecto, las acciones encaradas por
el poder público permiten advertir cada vez
más su fuerte presencia en la gestión direc
ta y deliberada sobre los sectores relevan
tes de la vida económica del país, lo cual
importa decir, que estamos frente a un Es
tado planificador. Por ello, el período que
arranca en 1943 y se extiende hasta el año
1955 puede ser considerado como de
liderazgo estatal y en él la actividad indus
trial, orientada hacia el mercado interno,
constituye el sector preponderante y desti
natario de una variada gama de resolucio
nes que supone un modelo de crecimiento
opuesto al anterior modelo agroexportador;
se trata, en síntesis, de una inicial respues
ta al contexto internacional, signado por las
derivaciones de la segunda guerra mundial,
al que se añaden políticas activas con el fin
de expandir la oferta de productos
industrializados.
En el año 1946, al asumir la presiden
cia Juan Domingo Perón, se ahondan las
estrategias económicas que se orientan ha
cia un modelo de crecimiento sustentado en
la expansión industrial, en el mercado in
terno y en la redistribución de ingresos. De
tal manera, se profundiza una etapa histó
rica donde, entretejiendo una urdimbre de
alta complejidad, se entrelazan los fenóme
nos económicos con los nuevos actores po
líticos y sociales emergentes. En este senti
do, es dable caracterizar a la gestión
peronista como una verdadera divisoria de
aguas en razón del abandono del liberalis
mo que había predominado secularmente
en la vida del país y por su matiz decidida
mente a favor de la acción intervencionista
de los poderes públicos a través de la crea
ción de instituciones, de la conformación de
determinadas prácticas en lo económico
como así también en lo político y social, la
configuración de un Estado empresario cada
vez de mayor alcance con el claro propósi
to de lograr los proclamados objetivos de la
justicia social e independencia económica
que caracterizan a la Nueva Argentina.
Dentro de la propuesta global, la acti
vidad industrial resulta altamente pondera
da pues es concebida como una íntima alian
za entre el Estado y la iniciativa privada que
permite canalizar el pleno empleo, posibili
ta la expansión del mercado interno, la
redistribución de los recursos y suplir los
productos de procedencia extranjera.
De igual modo, la clara política distribu
tiva y su impacto sobre el mercado consu
midor actúa como altamente propulsora de
la producción fabril de bienes de consumo
en un marco caracterizado por un lado, por
la disponibilidad de reservas obtenidas a tra
vés del comercio exterior y, por el otro, por
las políticas públicas encaminadas al fortale
cimiento del nacionalismo económico, alta
mente proclamadas a través de importantes
campañas publicitarias. Todo ello conforma
una etapa que bien puede caracterizarse
como de euforia y auge económico con gran
centralidad estatal que extiende su radio de
acción a todos los ámbitos de la vida nacio
nal; del mismo modo, se registra el activo y
creciente papel desempeñado por los secto
res urbanos favorecidos por la política social
y distributiva del gobierno que obviamente
tiene su efecto sobre la asignación de los re
cursos públicos.
Empero, factores exógenos y peculia
ridades internas determinan que en los últi
mos años de la década el país deba afron
tar una crítica situación. Por el lado exter
no, la disminución de la demanda interna
cional de las producciones argentinas da pie
a la merma de divisas con que el país finan
cia sus importaciones, en particular las de
bienes de capital y de ciertas materias pri
mas. Tiene lugar entonces la finalización de
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