Financiamiento de la educación
Una realidad de múltiples aristas en la Argentina
Reflexión del Mgter. Marcelo Vitarelli
El financiamiento educativo supone una problemática que requiere ser desen
trañada progresivamente dando cuenta de su naturaleza y comportamiento.
Desde el reinicio de la democracia hasta nuestros as, el financiamiento
educativo en la Argentina ha vivido diferentes situaciones a partir de las cuales
las prácticas educativas se han visto afectadas y/o desplegadas.
Pensar en la relacn entre economía y educación es pensar tambn en las
formas de concreción histórica y las realizaciones que los sujetos se dan a sí
mismos en un territorio, construyendo entramados y develando sentidos.
El tema del financiamiento constitu
ye un centro de interés de diversas pro
fesiones modernas, tales como la de los
eco nom istas, los sociólo g o s y los
politólogos, entre otros, quienes en su
conjunto abordan la realidad desde
múltiples perspectivas. Sin embargo, la
cuestn del financiamiento de la edu
cación se instaura en un tema de inte
rés creciente para los educadores como
profesn, aunque no de manera exclu-
yente, al centrar su mirada en la educa
ción como hecho social y juego de múl
tiples determinaciones de actores. No
obstante este cometido antes descrito,
hablar en términos económicos de la
realidad aparece ante el común de una
población instruida como un saber de
especialistas, aquel que desde la reali
dad de los meros, las rmulas y las
ecuaciones determina y analiza en cla
ve indescifrable una forma de compor
tamiento que podemos visualizar des
de la producción, el desarrollo, el gasto
y otros temas asociados. Sin duda al
guna, cuanto menos sabemos acerca del
tema y más delegamos en solo un gru
po de especialistas, hacemos y contri
buimos que la economía y el financia
miento devengan un saber extraño y
una práctica social de la cual no forma
mos parte y nos autoexcluimos en tan
to que ciudadanos de una democracia
(Vitarelli, 2008).
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'DOzfoyoá 'Pedotfccoi. Año VII, 13, abril 2009. Pág. 88 -97
REFLEXIONES
El financiamiento de la educación es
un objeto de múltiples aristas sobre las
cuales intentaremos trazar algunas lí
neas en la presente reflexión trayendo
a la memoria hitos de interés para su
tratamiento en Argentina.
Desde la Constitución de 1853, la
Argentina adopta el sistema federal de
gobierno, lo que implica la existencia
de tres niveles: nacional, provincial y
municipal. Junto con la distribución de
funciones, el régimen federal estatal
configura un sistema de distribucn de
recursos entre dichas unidades juris
diccionales del estado. Esa distribución
de los recursos se lleva a cabo funda
mentalmente, aunque no ex clu siva
mente, por medio del "sistema de co
participación federal de impuestos" lo
cual constituye un sistema concreto de
distribución de una parte de los ingre
sos de la adm inistración pública del
país. En tal sentido, ciertos tributos
son recaudados por la Nación y se dis
tribuyen entre ésta y las administracio
nes provinciales de acuerdo a distintos
regímenes que han ido cambiando con
el tiempo. La ley 23.548, de 1988 -que
define el sistema de coparticipación
que rige en la actualidad- estableció
una distribución primaria del 42,34%
para la Nación y del 54,36% para las
provincias, apartando un 2% para la
recuperación del nivel relativo de desa
rrollo de las provincias más atrasadas,
y 1% al fondo de Adelantos del Tesoro
Nacional (ATN). La distribución secun
daria se realiza a partir de entonces de
acuerdo a tasas fijas por provincias
(19% para Buenos Aires, 9% para Cór
doba, 2% para La Rioja), sin que haya
mediado un criterio más que las de
mandas contrapuestas de las gober
naciones provinciales. La recuperación
democrática trae consigo procesos de
in e sta b ilid a d eco nóm ica , acusa un
fuerte deterioro de los procesos pro
ductivos del país y ello entre otras co
sas requiere de la reforma del estado,
la cual
aparece como un complemento in
dispensable de una transformacn
en el plano de la organización so
cial y económica [...] se trata en el
fondo, de un profundo replanteo
del rol y la agenda del Estado, a
como de sus relaciones con la so
ciedad civil. (OszlaK, 1997, p. 20)
MGTER. MARCELO VITARELLI
Diploma de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales
(equivalente a Magíster, París). Especialista en Planifica
ción y Administración de la Educacn (UNESCO París).
Licenciado y Profesor en Ciencias de la Educacn.
Docente e investigador de la Universidad Calica de Cór
doba y de la Universidad Nacional de San Luis, Argenti
na. E-mail: m_vitarelli@yahoo.com
'DfocfOÓ, Año VII, N° 13, ab ril 2009. Pág. 88-97
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Financiamiento de la educación. Una realidad..
Bajo la impronta de la descentrali
zación en diciembre de 1991, la Ley
24.049 marcaba la "transferencia edu
cativa" que poa inicio a un proceso de
reacomodacn y ajuste de los sistemas
educativos provinciales en el marco de
desarrollos financieros de emergencia y
crisis. Con la transferencia, las provin
cias debieron reasignar recursos para
poder seguir sosteniendo la prestación
de los servicios básicos, algunas redu
jeron horas cátedras de las escuelas,
disminuyeron el valor de sus salarios
reales asignados, cerraron instituciones
o fusionaron otras; sin embargo, y muy
a pesar de esta situación, las jurisdic
ciones no reclamaron recursos extraor
dinarios a la Nación, como si lo hicieran
con el traspaso de las empresas de ser
vicios públicos. Algunos autores ligan
esta reacción negativa a la ya experi
mentada por el traspaso de las escue
las primarias realizadas en 1978 en épo
ca de los gobiernos militares (Fanelli,
1986; Kisilevsky, 1990).
El financiamiento, entonces, de este
traspaso se hizo con recursos propios
de las jurisdicciones
mediante la pre-coparticipación de
los recursos destinados al conjun
to de la provincias (distribucn se
cundaria) en el marco de la Ley
23.548 teniendo un alto costo para
éstas, como se desprende de la
Ley 24.049, Art. 14 a 19 y del de
creto 964/92. (Senén González,
2000, p. 71)
La transferencia de escuelas se
cundarias, sobre todo las escuelas téc
nicas y de la formacn docente en su
conjunto a partir de los institutos na
cionales del profesorado, se enmarca
ba así en los procesos de reforma del
estado, de ajuste estructural y de rea
signación de funciones y con ello una
fuerte desconcentración administrativa
pero una escasa delegación de presu
puestos educativos. Estas reformas de
primera generación se realizaron en
tonces en el marco de políticas públicas
y económ icas que desem bocaron en
agudas crisis fiscales y procesos infla
cionarios en cascada.
En el marco de las reformas de se
gunda generación, aparece en el hori
zonte político de la Argentina un con
junto de leyes que marcan el rumbo de
los años a seguir. En ese contexto, la
educación obligatoria y postobligatoria
queda dirigida por la sanción de la Ley
Federal de Educación N° 24.195 de
abril de 1993 en la que el financia
miento educativo (arculos 60 a 65 in
clusive) aparece ligado a un dicil y
complejo interjuego entre provincias,
nacn y uso de recursos provenientes
de diversas fuentes de financiamiento.
El financiamiento será objeto entonces
en ese mismo año de un pacto de polí
tica educativa bajo el interés de la
concertación educativa entre las par
tes. La firma del Pacto Federal Educati
vo en San Juan el 11 de setiembre de
1993 simbólicamente marcará el inicio
de la etapa de ejecucn de la Ley Fe
deral de Educacn. Participan como fir
mantes del mismo el estado nacional,
los gobiernos provinciales y la munici
palidad de la ciudad de Buenos Aires.
Los recursos que requieran el cumpli
miento de la Ley Federal de Educacn
provendrán, manteniendo el equilibrio
presupuestario, de: 1.- Los créditos
asignados por el presupuesto nacional
destinados al Ministerio de Educación
90
'DióCo^oí Pedayóe/icoi. A ño VII, N° 13, ab ril 2009. Pag. 88-9 7
REFLEXIONES
de la Nación; 2.- Los aportes de los
presu puestos p ro vinciale s y de la
M.C.B.A. destinados al cumplim iento
específico de los objetivos de este pac
to y de utilización exclusiva en las juris
dicciones aportantes; 3.- Los aportes
provenientes del financiamiento obte
nido y por obtenerse de los organis
mos internacionales, destinados a los
diferentes rubros incluidos en el pacto.
A través de la firma del pacto, el Mi
nisterio de Educación de la Nacn se
comprometió, a partir del año 1995 has
ta el año 1999, a dirigir los aportes equi
valentes a los montos dispuestos en el
año 1994 más los aumentos previstos,
con una inve rsión que tota liza ra
$3.000.000.000 en los siguientes cinco
años, hacia las necesidades educativas
provinciales en los rubros de infraestruc
tura, equipamiento y capacitación docen
te. Esta realidad se implementaría me
diante actas complementarias entre la
Nación y cada una de las provincias sig
natarias, en las que se explicarían los
compromisos específicos que asumen
las partes. El desao consistiría en "ape
lar a la concertacn [...] que implica res
guardar la esfera de la política en la
toma de decisiones, ya que obliga a
cada actor social a discutir y a negociar
públicamente sus opciones educativas"
(Tedesco, 2004, p. 21).
La experiencia muestra que en el
financiamiento educativo de esta época
tuvieron preponderancia los actores na
cionales e internacionales. Por un lado,
la Nación desple numerosos progra
mas que acomparon los procesos de
cambio educativo y administró sus recur
sos; y, por el otro, la existencia de acuer
dos bilaterales con financiamiento in
ternacional marcó un horizonte signado
por los recursos extraordinarios que en
parte contribuyeron a aumentar el en
deudamiento público de la Argentina.
Un hito de particular interés para el
tratamiento del tema lo constituye el
"canje de deuda por educacn". A raíz
de la lucha por cumplir con sus enor
mes obligaciones de deuda, los países
latinoam ericanos se ven obligados a
destinar a ese fin una porción im por
tante de sus escasos recursos que, de
modificarse el contexto, podrían asig
narse a la educación. La región está
atrapada en un círculo vicioso, puesto
que los problemas de la educación y
del sobre-endeudamiento se refuerzan
mutuamente. Es necesario investigar
posibles soluciones creativas para salir
de esta trampa. Se inicia entonces un
movimiento iberoamericano para pro
mover canjes de deuda por educacn,
con el objetivo de encarar estos dos
obstáculos al mismo tiempo. Aunque
existe una larga experiencia acumula
da de operaciones de canje de deuda,
la gran innovación ha sido la vincula
ción inequívoca del canje de deuda con
proyectos educativos en un pacto ibe
roamericano por la educación. Este mo
vimiento se inicia con las ministras y los
m in istros de educació n de Ib e ro
américa, reunidos en la XIII Conferen
cia Iberoam ericana de Educación en
Tarija, Bolivia los días 4 y 5 de setiem
bre de 2003 quienes manifiestan:
Decidimos promover un movimien
to iberoamericano en favor de la
educación que tenga como eje la
movilización de actores y la partici
pacn social, que instale la temá
tica educativa en el centro del de
bate público y en la vida y desarro-
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Financiamiento de la educación. Una realidad..
lio de nuestras sociedades. Este
movimiento deberá transformarse
en un m ecanism o de exigencia
mutua y de cooperacn para ase
gurar el cumplimiento de las metas
de Educación de Calidad Para To
dos. Solicitam os a la Secretaría
General de la OEI el apoyo para la
concreción de un plan de acción
para su ¡mplementacn [...] Reafir
mamos que para garantizar la equi
dad, calidad y pertinencia de la
educación que se imparte en todos
los niveles educativos iberoameri
canos, es necesario aum entar y
mejorar la eficiencia de la inversión
en educacn y proteger la ya efec
tuada en programas educativos con
el fin de asegurar su sostenimien
to y profundización. A tales efec
tos, solicitamos a la XIII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Esta
do y de Gobierno que analice me
canismos que permitan la conver
sn de un porcentaje a determi
nar de los servicios de la deuda por
inversión en los sistemas educati
vos. (Organizacn de Estados Ibe
roamericanos, 2003, rr. 10-12)
A partir de allí, el tema cobra renova
do intes para Argentina, ya que el en
tonces m inistro de educación Daniel
Filmus, presentaba ante la conferencia
general de la UNESCO en Pas su pro
yecto de canjear la deuda externa ar
gentina por inversiones educativas en el
país, proyectando aspectos tales como:
el apoyo a los 10 años de escuela básica
o escolaridad obligatoria, otorgando be
cas a chicos sin recursos, y en áreas críti
cas del desarrollo científico tecnogico.
Esas serían puntas del sistema y los re
cursos llegarían por el canje de deuda y
serían fiscalizados por organismos inter
nacionales y ONGs comunitarias. Ellas
podrían ayudar a que esos fondos lle
guen efectivamente (Filmus, 2003). La
conversión o canje de deuda es una can
celacn parcial de deuda que es con
dicionada a que los recursos liberados se
inviertan en el país deudor. Hay conver
siones de deuda, principalmente, de dos
tipos: por inversiones privadas o por in
versiones públicas. En las primeras, se
condiciona que sean las empresas priva
das del país acreedor las que acaben
ejecutando las inversiones, por lo que
éstas resultan ser las principales benefi
ciadas. En las segundas, suelen ser los
mismos gobiernos y/o ONGs locales las
que llevan a cabo los proyectos de desa
rrollo. Por ello, dentro del tercer sector
existe un consenso a nivel internacional
para priorizar estas últimas, ya que con
ellas es mucho más probable que se aca
ben financiando proyectos dirigidos a
paliar las necesidades de las poblacio
nes más desfavorecidas (Organizacn
de Estados Iberoamericanos, 2006).
En junio de 2004, en la reunión de
ministros de educacn del Mercosur ce
lebrada en Buenos Aires, Tarso Genro
(Ministro de Educación de Brasil) y Daniel
Filmus reiteraron su posición favorable al
canje de deuda por Educación. Por su
parte, la OEI organi en agosto de 2004
el taller: "Criterios, estrategias y proce
dimientos de canje de deuda por inver
sión en educación". En él se perfilaron
criterios, recomendaciones y estrategias
de cara a que diferentes países de la re
gión puedan asumir la propuesta. En el
marco de este proceso, uno de los pri
meros Estados acreedores en mostrar
intes la propuesta de condonar deuda
por inversiones en educacn fue el es
pañol. El 26 de enero de 2005, se con
cre la primera operación de canje de
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cumplimiento de los montos y el desti
no de dichos recursos que se disponen
y dispondrán para la educación, como
forma de aseguramiento del cumplimien
to de derechos ciudadanos. Sin una ac
tiva participacn de las organizaciones
sociales e instituciones educativas de los
distintos niveles comprometidas con la
educacn, tanto nacionales como pro
vinciales, se hace muy difícil que se al
cancen las metas previstas, en lo pre
su pu esta rio com o ed uca tivo en el
tiempo estipulado, de allí que no se ha
brá cumplido con el derecho que es el
de sostener el libre acceso a una edu
cacn de carácter público y gratuito. La
misma ley exige a los gobiernos provin
ciales y nacionales
presentar regularmente la informa
ción sobre la ejecucn presupues
taria de los recursos asignados a
la educacn, informando en parti
cular sobre el gasto por alumno, la
participación del gasto en educa
cn, en el gasto público total, el
grado de cumplimiento de las me
tas sicas y financieras comprome
tidas y las inversiones realizadas
en el peodo. Esta información de
berá estar disponible públicamen
te en sus páginas web durante el
año de ejecución presupuestaria,
para corroborar el cumplimiento de
las metas establecidas en la pre
sente Ley. (Art. 16)
Las organizaciones sociales y edu
cativas en comunión de actores pue
den amparase en esta norma con el fin
de conocer, interpretar y exigir a sus
gobiernos el cumplimiento de la mis
m a.1 El carácter federal del sistema
educativo argentino im plica que un
porcentaje muy importante del total de
los recursos para la educación básica
provengan de los presupuestos pro
vinciales. Por eso es fundamental que
en las provincias existan sociedades ci
viles fuertes y responsables capaces
de monitorear el cumplimiento de las
leyes educativas2 que nos atraviesan
1 Es en este sentido que se funda el grupo nacional Compromiso con el financiamiento educativo que reúne
a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil preocupadas por el cumplimiento de las metas
educativas. De esta manera, los integrantes del grupo nacional se encargan, como actores de una
realidad y ejerciendo su derecho ciudadano, de monitorear el cumplimiento de la Ley de Financiamiento
Educativo. Ver todo el detalle de la operatoria de este grupo en http://www.cippec.org/nuevo/mlfe/
2 En el año 2009 en la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba se ha dado inicio a
un Proyecto de Responsabilidad Social en el marco de trabajo de la Responsabilidad Social Universi
taria dependiente del Vicerrectorado del Medio Universitario. Dicho proyecto se denomina "Compro
miso ciudadano con el Financiamiento Educativo: dlogo intersectorial en la Provincia de rdoba" y
esta dirigido por el Prof. Mg. Esteban Cocorda y el Prof. Dea. Marcelo Vltarelll. Hablar del compromiso
ciudadano con el financiamiento educativo significa poder relevar informacn sobre el presupuesto y
la inversión educativa, monitorear, dar a conocer, hacer incidenciablica en funcionarios y legislado-
y educativodesde una mesa de trabajo pluralista y
educativo de Invitar a orgam aciones T r n Z r ' Z d6' 9ru ComPr° ° con el financiamiento
de trabajo a nivel provincial 'i n t e g r i d a d C° n '3 e d u c a c ió n a co n stitu ir sas
realicen squeda d'e in fo rm a ^ m o n lto re o y a c onesd e d i ^ ^ V " '3 JUriSdiC"' Para que
marco de la Ley de Financiamiento Educativo incidencia publica derivadas del
94
V ú i& fU P e Jo y ty tM . A ño VII, N° 13, abríI 2009. Pag. 88-97
REFLEXIONES
con sujetos de la historia, tanto nacio
nales como provinciales.3 De esta ma
nera, por ejemplo, podremos visualizar,
conocer en profundidad, debatir y di
fundir la realidad de la provincia de
Córdoba que constituye un caso rele
vante en el contexto nacional, en tanto
que es la segunda jurisdicción dem o
gráficam ente hablando y concentra
una gran cantidad de recursos econó
micos del total del país. La gran canti
dad de habitantes de Córdoba tiene su
correlato en la matrícula del sistema
educativo provincial, que al año 2000
la ubicaba en el segundo puesto a ni
vel nacional en número de estableci
mientos (4.109) y tercero en su pobla
ción de alumnos (796.542). Desde la
recuperacn de la democracia, el sis
tema educativo de la provincia de Cór
doba ha transitado por diferentes deci
siones de política educativa (Veleda,
2003). Desde 1987 a 1993 transi por
la denominada reforma educativa de
Córdoba. Resultado de ello fue la apro
bación de la Ley General de Educacn
N° 8113/91. La Ley 8525 de 1995 creo
el ciclo sico unificado (CBU) lo cual le
quitó uno (el séptimo) al nivel pri
mario. Ello trajo consecuencias que
perduran hasta hoy de desercn esco
lar y disminución de los niveles de cali
dad educativa. Desde 1999 el sistema
educativo de la provincia de Córdoba
se ubica dets de la provincia de Bue
nos Aires y comparte el segundo y ter
cero lugares con la provincia de Santa
Fe por su magnitud. Un dato de parti
cular interés para nuestra reflexión lo
constituye el aumento significativo en
tre 1999 y el 2001 del gasto educativo
en un contexto de claro deterioro de la
situación económica nacional (Centro
de Estudios de Población y Desarrollo,
2004). No obsta n te esta realid ad,
quienes han observado más detenida
mente el sistema educativo provincial
dan cuenta de una gestión de política
educativa desde el ministerio con alto
profesionalismo en la conformación de
cuadros técnicos y de expertos acom
pañado de fluctuaciones y fragm en
taciones internas que dejan plantea
das dudas en la gobernabilidad del sis
tema educativo provincial. Finalmente
diremos que la ponderación realizada a
principios del 2008 por el barómetro
del financiam iento educativo (Grupo
Compromiso con el financiamiento edu
cativo, 2008) para Córdoba, le otorga
7 puntos en la medición com parativa
entre las provincias argentinas, que en
una escala de 0 - 10 coloca a la provin
cia un punto por encima de la media
nacional (6 puntos).
Como hemos podido apreciar, du
rante todo este tiempo que va desde la
recuperación de la forma democrática de
gobierno en Argentina hasta nuestros
3 Desde febrero de 2009 en la provincia de Córdoba se ha constituido la "Mesa provincial para el
monitoreo del financiamiento educativo”, de la mano del grupo Compromiso con el financiamiento educa
tivo a nivel nacional y coordinada por docentes-investigadores de la Facultad de Educacn de la
Universidad Católica de Córdoba. Esta mesa pluralista de actores está compuesta al presente por:
Fundación La Luciérnaga; Iniciativa Empresarios por la Educación (ExE); Facultad de Educación
(UCC); Fundación Tantal, Argentina-Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba; Fundación Minetti; Funda
cn Instituto para la Cultura la Innovacn y el Desarrollo (INCIDE); Escuela Rural de Nivel Inicial y
Primario "sin nombre", El Diquecito, La Calera, Córdoba y el Instituto de Formación para la Participa
cn Ciudadana (IIMFOPASI), Bel Ville, Córdoba.
Z"í¿oyo4 Pecüiyóy¿co¿. Año VII, N° 13, ab ril 2009. Pág. 8 8-97
95
Financiamiento de la educación. Una realidad..
días, el financiamiento de la educacn
ha sido y es una problemática de inte
rés general de los gobiernos pero tam
bién de prácticas particulares de dife
rentes sectores de la sociedad civil.
Quiera que con estas líneas presenta
das comencemos a hacer más accesible
este objeto de debate del que nos he
mos ocupado teniendo como horizonte
de posibilidad la realidad pública del
conocimiento, su carácter de compromi
so ético y su valor axiogico en el con
texto de pensar una sociedad más jus
ta y equitativa. Sin duda alguna que la
reflexión recién se inicia al modo de
quien arroja la primera pregunta en el
orden de asumir que la educación es un
hecho socialm ente responsable y que
la economía es un asunto de todos y
para todos.
Mgter. Marcelo Vitarelli
San Luis, 20 de abril de 2009
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