Agradezco los comentarios de Catalina Smulovitz, Enrique Peruzzotti y a los evalua-

dores de la revista.

Departament of Political Science/Kellog Institute for International Studies, University

of Notre Dame.

Benjamín García Holgado

Resumen

¿Por qué la Iglesia Católica se opuso al gobierno peronista en 1955?

¿Cuál fue el impacto causal de este comportamiento en el proceso de

quiebre del régimen político? Para responder estas preguntas, primero

verificamos si la posición de la Iglesia respecto de la deseabilidad del ré-

gimen político (1946-1955) podría ser explicada como la consecuencia

de la radicalización de sus preferencias sobre las políticas públicas im-

De la paz hacia la guerra:

moderación y radicalización de

preferencias entre la Iglesia

Católica y el Gobierno peronista

(1946-1955)

STUDIA POLITICÆ Número 42 invierno 2017 – pág. 5-46

Publicada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales,

de la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, República Argentina.

Código de Referato: SP.213.XLII/17

http://dx.doi.org/10.22529/sp.2017.42.01

42 invierno 2017

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Un informe de la CIA de marzo de 1954 sostenía que “Perón hoy domina a la Argenti-

na de forma más completa que nunca. Tiene el soporte político activo de la mayoría sus-

tancial de la población, incluyendo la mano de obra rural y urbana, la numerosa burocra-

cia y los industriales. También tiene control seguro de las fuerzas armadas, la policía, las

principales organizaciones de trabajadores, el aparato del Partido Peronista, el Congreso

nacional y los Gobiernos provinciales. El decreto extensivo y los poderes policiales lo

habilitan a interferir en cualquier aspecto de la vida nacional. Tiene, en efecto, un mono-

polio de todos los medios de información pública. No existe oposición efectiva a su ré-

gimen” (B

OSOER, 2005, p. 170-186).

plementadas por el Gobierno (Mainwaring y Pérez Liñán, 2013). Segun-

do, el conflicto entre estos actores generó el surgimiento de la coalición

golpista dentro de las Fuerzas Armadas que llevó al establecimiento de

un nuevo régimen autoritario.

Palabras Claves: Regímenes Políticos – Process Tracing – golpe de Es-

tado – Peronismo – Radicalización

Abstract

Why did the Catholic Church challenge the Peronist government in

1955? Which was the causal impact of this behavior on the breakdown

of the political regime? To answer this questions, we first verify if the

Church position regarding the desirability of the political regime (1946-

1955) could be explained as a consequence of the radicalization of its

preferences about the public policies implemented by the government

(Mainwaring and Pérez Liñán, 2013). Second, the conflict between these

actors generated the upsurge of the coup coalition inside the Armed

Forces that led to the establishment of a new authoritarian regime.

Key Words: Political Regime – Process Tracing – Coup d’état – Pero-

nism – Radicalization

Parte I: Enfoque Teórico y Diseño Metodológico

N Argentina, a mediados de 1954, Juan Domingo Perón había con-

solidado un régimen político estable

(Zanatta, 2009). Perón cons-

truyó una coalición muy sólida a favor de su régimen: nunca tuvo

dificultades para derrotar electoralmente a los partidos opositores (García

Sebastiani, 2005), mantenía bajo control a los actores políticos que lo

apoyaban (Waldmann, 1985), forjó una sólida alianza con el movimiento

obrero (Schiavi, 2013) y mantuvo bajos niveles de conflicto con empresa-

rios y productores rurales (Belini, 2014). Asimismo, evitó que el Congre-

so, el Poder Judicial y los gobernadores le impusieran límites y controles

(Waldmann, 1985; Halperin Donghi, 2000) y neutralizó sin inconvenien-

tes diferentes conspiraciones militares en 1951 y 1952 (Potash, 1981;

Rouquié, 1986). Modificó su equipo económico para superar la crisis que

se desarrolló entre 1949 y 1952 (Rougier, 2012), en un contexto interna-

cional que dejó de ser adverso y estuvo marcado por una paulatina mejo-

ra de las relaciones con Estados Unidos (Rapoport y Spiguel, 2009; Escu-

dé, 1996, 2007; González, 1992: 45-217).

Sin embargo, Perón no pudo evitar que una facción minoritaria dentro del

Ejército se aliara con la Marina y terminara en septiembre de 1955 con el

régimen político vigente. El objetivo de este trabajo consiste en explicar

por qué la Iglesia Católica decidió incorporarse a la coalición opositora al

régimen político en 1955 y cuál fue el impacto de su conflicto con el Go-

bierno sobre las Fuerzas Armadas y, de esta forma, sobre la estabilidad del

régimen político (Mainwaring y Pérez-Liñán, 2013: 64-65).

Esta pregunta resulta teóricamente interesante y empíricamente relevante

dado que la Iglesia había sido un actor fundamental en la coalición a favor

del régimen político desde 1946. Si bien entre junio de 1946 y noviembre

de 1954 se produjeron diversas y crecientes tensiones entre ambos, la Igle-

sia no se sumó, antes de noviembre de 1954, a diversas coaliciones golpis-

tas lideradas por otros actores del sistema político (Potash, 1981; Ruiz Mo-

reno, 1994). Asimismo, los diferentes conflictos entre la Iglesia y el

Gobierno antes de noviembre de 1954 no motivaron a que diversos milita-

res católicos dentro del Ejército y la Marina se sumaran a coaliciones gol-

pistas dentro de las Fuerzas Armadas (Ruiz Moreno, 1994; Potash, 1981;

García Holgado, 2015, 2016).

Sin embargo, para comprender el surgimiento del conflicto que se desen-

volvió entre ambos actores a partir de noviembre de 1954 es fundamental

explicar por qué y cómo se fueron produciendo enfrentamientos ya desde

los comienzos de la primera presidencia de Perón. En la primera sección

de este trabajo, se desarrollan los crecientes enfrentamientos que existie-

ron antes de noviembre de 1954 con el objetivo de evitar una interpreta-

ción que contrastaría equivocadamente un período de absoluta armonía y

cooperación con otro de conflicto y radicalización de preferencias.

La teoría de Mainwaring y Pérez Liñán permite explicar el cambio de ré-

gimen en 1955 ya que sostiene que las transiciones entre regímenes son

consecuencia del comportamiento de los actores más importantes del sis-

tema político (Mainwaring y Pérez Liñán, 2013: 30-32; Linz 1978a: 4).

BENJAMÍN GARCÍA HOLGADO

42 invierno 2017

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La estabilidad de un régimen depende de que los actores decidan formar

parte de una coalición a favor o en contra del mismo. Este se quiebra

cuando una cantidad suficiente de actores se movilizan en su contra y su-

peran el poder de la coalición que lo sostiene (Mainwaring y Pérez Liñán,

2013: 33-34; García Holgado, 2015). La teoría afirma que los actores for-

man parte de una coalición como consecuencia de tres causas que afectan

su comportamiento. La primera, el “nivel de radicalización de las prefe-

rencias sobre políticas públicas”, se refiere a cuán diferentes y distantes

son sus preferencias respecto de varias políticas públicas (“polarización”)

y cuán impacientes e intransigentes son para alcanzar sus metas (“intensi-

dad”). La segunda causa, el “tipo de preferencias normativas respecto del

régimen político existente”, consiste en si perciben que el régimen políti-

co existente es legítimo. Por último, el “tipo de influencia internacional

sobre la estabilidad del régimen político” es la última causa que consiste

en el impacto del contexto internacional en beneficio o perjuicio de las

coaliciones a favor y en contra del régimen vigente (Mainwaring y Pérez

Liñán, 2013; García Holgado, 2015).

Nuestra metodología es un estudio de caso ya que definimos un fenóme-

no temporal y espacialmente delimitado con el objetivo de realizar una

inferencia explicativa (Gerring, 2007: 19; Levy, 2008a: 2). Aunque expli-

car un caso signifique comprender en profundidad un fenómeno que es

una instancia particular de una clase general de eventos, esto no implica

que se debe aportar algún tipo de conocimiento sobre la población a la

cual pertenece el caso (George y Bennett, 2005: 17-18; Goertz y Maho-

ney, 2012; Blatter y Haverland, 2012; Beach y Pedersen, 2013; Levy,

2008a; Waldner, 2012). En particular, hemos utilizado process tracing

para rastrear cómo las interacciones entre las entidades que realizaron de-

terminadas actividades transmitieron la “fuerza causal” hacia el resultado

(Beach y Pedersen, 2013; George y Bennett, 2005; Bennett y Checkel,

2015). En particular, evaluamos evidencia proveniente de nuestro caso

individual sobre procesos, secuencias y coyunturas de eventos, con el

propósito de testear una teoría y desarrollar un mecanismo causal (Ben-

nett y Checkel, 2015). Este método nos permite conocer las percepciones

de los actores, las motivaciones que los llevaron a actuar de una forma

determinada y los resultados que produjeron sus comportamientos. He-

mos aplicado un theory-testing process tracing ya que la búsqueda de

evidencia sobre las causas que explican el resultado se realiza a partir de

un marco teórico que postula variables independientes que explican el

comportamiento de los actores (Beach y Pedersen, 2013: 13-15, 56-60).

Asimismo, también utilizamos un theory-building process tracing ya que

formulamos inductivamente el mecanismo causal (Beach y Pedersen,

2013: 16-18, 60-63).

Entendemos por mecanismos causales una secuencia temporal de eventos,

dividida en partes, que produce un resultado. Dentro de cada parte existen

entidades (actores) que, como consecuencia de ciertas propiedades que po-

seen (recursos), llevan a cabo actividades (acciones) a través de las cuales

transmiten fuerzas causales hacia el resultado (Beach y Pedersen, 2013:

23-44). Los principales actores analizados en nuestro caso son el Gobierno

peronista, el presidente Perón, diversos actores que apoyaban al Gobierno

(como el Partido Peronista y los legisladores peronistas), miembros oposi-

tores dentro de las Fuerzas Armadas, grupos de laicos católicos opositores

al Gobierno que actuaban en la Capital Federal y la Iglesia Católica Argen-

tina. Respecto de este último actor, este estudio de caso se centra en la rela-

ción entre el Gobierno peronista y la Iglesia Católica Argentina, a nivel na-

cional, cuya dirección es colegiada y descansa en la Conferencia Episcopal

Argentina. A menos que se indique lo contrario, cuando utilizamos los sus-

tantivos “Iglesia” o “Iglesia Católica” nos referimos a la postura de la Igle-

sia Católica Argentina y a los principales actores que ocupaban los cargos

jerárquicos más altos. Por ende, en este trabajo no se busca realizar infe-

rencias o extrapolaciones a otras regiones del país a partir de hechos que

sucedieron básicamente en la Ciudad de Buenos Aires.

La evidencia utilizada (“causal-process observations”) para explicar el me-

canismo causal (Goertz y Mahoney, 2012: 90-94; Blatter y Haverland,

2012: 20-23, 105-119), consistió en numerosas “confesiones” que provie-

nen de los protagonistas que formaron parte de las diferentes coaliciones

opositoras al régimen político y, también, de actores que lo defendieron

(Blatter y Haverland, 2012: 117). Esta evidencia fue extraída de fuentes

primarias, como memorias, testimonios y entrevistas, y de minuciosos tra-

bajos de historiadores sobre el período; fue analizada siguiendo las reco-

mendaciones de la literatura metodológica (Milligan, 1979; Lustick, 1996;

Beach y Pedersen, 2013: 120-143).

Parte II: Análisis del caso (1946-1955)

La hipótesis de este trabajo sostiene que la posición de la Iglesia respecto

del régimen político entre 1946 y 1955 se explica como consecuencia del

nivel de radicalización de sus preferencias. El mecanismo causal se divide

BENJAMÍN GARCÍA HOLGADO

Sobre las especificidades y particularidades de la relación entre la Iglesia Católica y el

peronismo en otras provincias ver los excelentes trabajos sobre el desarrollo del conflic-

to en Tucumán (S

ANTOS LEPERA, 2015) y Córdoba (BLANCO, 2012).

42 invierno 2017

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en dos etapas temporales. En el primer apartado se desarrolla la dinámica

de la primera parte del mecanismo. La evidencia señala que la Iglesia se in-

corporó a la coalición a favor del régimen político en 1946 como conse-

cuencia de la moderación de sus preferencias con el Gobierno. Sin embar-

go, las coincidencias respecto de numerosas políticas públicas coexistieron

con diversos y crecientes conflictos que se sucedieron desde el comienzo

del régimen político.

La segunda parte del mecanismo, desarrollado en el segundo apartado, ex-

plica por qué y cómo se intensificó el vertiginoso proceso de la radicaliza-

ción de preferencias respecto de diversas políticas públicas entre ambos ac-

tores a partir de noviembre de 1954. La evidencia indica que el Gobierno

inició el proceso de radicalización de preferencias al modificar todas las

políticas públicas que la Iglesia apoyaba. En consecuencia, la Iglesia reac-

cionó oponiéndose al régimen político vigente. Sin embargo, diversos testi-

monios señalan también que la modificación del comportamiento de Perón

respecto de la Iglesia había sido consecuencia de que él interpretaba que

facciones importantes de la Iglesia estaban conspirando en contra del régi-

men político. Asimismo, en ese apartado se analizan numerosos testimo-

nios que sostienen que el conflicto entre ambos actores tuvo un impacto di-

recto sobre las preferencias y acciones de sectores del Ejército y la Marina.

En este sentido, la decisión de numerosos militares golpistas de sumarse a

una coalición opositora fue directamente influenciada por las preferencias

y comportamiento de la Iglesia.

II.1. De los acuerdos y la cooperación hacia las tensiones y

los conflictos: la relación entre la Iglesia Católica y

el Gobierno peronista (1946-1954)

Desde que comenzó el régimen político en junio de 1946, el apoyo de la

Iglesia fue consecuencia de la moderación de preferencias sobre políticas

públicas del Gobierno y no de preferencias normativas a favor del nuevo

régimen. A finales de 1945 a pesar de la existencia de sectores minorita-

rios dentro de la jerarquía eclesiástica que rechazaban la candidatura del

vicepresidente Perón, el Cardenal Santiago Copello (líder de la Iglesia Ar-

gentina) y la gran mayoría de los obispos, tuvieron amplias coincidencias

con las preferencias sobre políticas públicas que sostenía Perón

(que se

IVEREIGH (1995, p. 148) sostiene que el apoyo de la Iglesia a Perón podría ser inter-

pretado como una serie de acuerdos respecto de un conjunto de “issues” (políticas pú-

blicas).

mostró siempre como el “candidato católico”) y rechazaban la plataforma

de la Unión Democrática (Bianchi, 2001, pp. 65-73; Zanatta, 1999a: 413,

426-135; Caimari, 2002: 447-448; Ghio, 2007: 129-133). En consecuen-

cia, la Iglesia decidió incorporarse a la coalición electoral del candidato

Perón: “salvo excepciones, en los medios católicos hubo una consciencia

aguda de las ventajas que podrían obtenerse con este nuevo Gobierno. Las

reservas manifestadas eran los matices de una aprobación ampliamente

predominante” (Caimari, 2010: 100). En la “Pastoral Colectiva del Ven.

Episcopado Argentino sobre los deberes de los cristianos en el momento

actual” del 15 de noviembre de 1945 (Frigerio, 1990: 45; Ghio, 2007:

132-133) la Iglesia sostenía que respecto de las elecciones de febrero de

1946 “ningún católico puede afiliarse a partidos o votar candidatos que

inscriban a sus programas los principios siguientes: (1) la separación de la

Iglesia y el Estado; (2) la supresión de las disposiciones legales que reco-

nocen los derechos de la religión y particularmente del juramento religio-

so y de las palabras en que nuestra Constitución invoca “la protección de

Dios, fuente de toda razón y justicia”, porque tal supresión equivale a una

presión pública y positiva de ateísmo racional; (3) el laicisimo escolar; (4)

el divorcio legal” y consideraba que “la introducción de la enseñanza reli-

giosa en las escuelas marcó un gran paso en el progreso de la educación

nacional. Es esta una conquista definitiva que, en el futuro, solo podrá

confirmarse y perfeccionarse” (Lubertino Beltrán, 1987: 171-177). La mo-

deración de preferencias entre la Iglesia y Perón implicó que el conjunto

de políticas públicas que formarían parte de los cuatro puntos señalados

en la pastoral se mantuvieron hasta noviembre de 1954 (cuando se profun-

diza la radicalización de preferencias entre ambos actores). Asimismo, la

coincidencia de preferencias sobre políticas públicas entre Perón y la Igle-

sia tuvo el efecto de incorporar a la mayoría del Ejército a la coalición a

favor del nuevo régimen político. Según Zanatta (1999a: 428), Perón era

visto como el protector de la “nación católica”, quien podía reunir nueva-

mente a su alrededor a gran parte del Ejército, que parecía haber perdido

cohesión disciplinaria.

No obstante, este apoyo al nuevo régimen no implicó que existieron pre-

ferencias normativas a favor del mismo. La Iglesia no solo consideraba a

Perón como el “mal menor” dentro de una coyuntura electoral, sino que

su apoyo estaba condicionado a la obtención y mantenimiento de las po-

líticas públicas indicadas en la pastoral antes citada (Di Stefano y Za-

natta, 2009: 453; Ghio, 2007: 128; Ivereigh, 1995: 162; Kennedy, 1958:

205-207). En este sentido, la Iglesia identificó el comienzo de un nuevo

régimen político en 1946 como una coyuntura crítica para promover la

“causa católica” e “institucionalizar las conquistas obtenidas” (Di Stefa-

no y Zanatta, 2009: 459).

BENJAMÍN GARCÍA HOLGADO

42 invierno 2017

STUDIA POLITICÆ

Por otra parte, la situación interna de la Iglesia y de los laicos católicos

mostraba cierta heterogeneidad ya que existían sectores “antifascistas, li-

berales y democráticos” que tenían preferencias normativas en contra de

un futuro régimen controlado por Perón, ya que creían que sería autorita-

rio y, por ende, apoyaron a la Unión Democrática a través del “Manifies-

to de los Demócrata Cristianos”

(Bianchi, 2001: 39-51; Lida, 2013: 179-

210; Zanca, 2013: 111-152; Ivereigh, 1995: 149-152). Un representante

de esta facción minoritaria era el padre Agustín Luchía Puig, párroco de

la Iglesia San Martín de Tours y colaborador de las revistas católicas libe-

rales Orden Cristiano y Estrada. Él pronunció el 18 de febrero de 1945

un sermón donde le pedía a Dios que salve a la Patria de los dictadores y

que el próximo presidente no promoviera el conflicto entre las clases so-

ciales y regenerara “la pacífica convivencia de días mejores”. También

cuestionaba a aquellos católicos que sostenían al candidato oficialista

como consecuencia de una coincidencia de preferencias de políticas pú-

blicas: “¡Que por ventajas inmediatas ningún hijo de la Iglesia ose com-

prometer la indispensable libertad de su Santa Madre!”

(Luchía Puig,

1959: 105-106). Como consecuencia de que la Iglesia no estaba dispues-

ta a generar ningún conflicto con Perón, el padre Luchía Puig debió inte-

rrumpir sus comentarios matutinos en Radio El Mundo y, pocos meses

después, fue “invitado a salir del país” por orden directa de Copello (Lu-

chía Puig, 1959: 107). Con el mismo objetivo, el cardenal primado Cope-

llo prohibió la lectura del semanario Estrada “bajo pena de pecado gra-

ve”, publicación antiperonista dirigida por los “católicos democráticos”

(Luchía Puig, 1959: 108).

En igual sentido, el párroco José María Dumphy de la Iglesia Corpus

Domini reaccionó en diciembre de 1945 a las declaraciones públicas del

padre Virgilio Filippo y sostuvo que la Iglesia “no acepta las dictaduras y

sistemas totalitarios”

, criticando duramente la candidatura de Perón (De

Hoyos, 1970: 55-6; Zanatta 1999b: 122; Santos Martínez, 1988: 173;

Caimari, 2010: 133). En septiembre de 1948, como consecuencia de un

conflicto con el Gobierno, Dumphy también debió abandonar el país ya

que Copello lo privó de su cargo en la parroquia Corpus Domini: “Cope-

llo en persona me pidió que dejara la parroquia y fuera a dar un paseo

Primera Plana, 8 de noviembre de 1966.

Primera Plana, 1 de noviembre de 1966.

fuera del país”.

En síntesis, el poder de la facción “antiperonista” dentro

de la Iglesia era casi inexistente: “aunque la corriente democrática y libe-

ral del catolicismo se obstinara en remar contra la corriente, muy poco

pudo hacer para obviar su consolidada marginalidad en el mundo católi-

co y por detener la inercia que hacia gravitar a su mayoría hacía el cam-

po peronista” (Zanatta, 1999a: 422). Es plausible afirmar que desde el

comienzo del régimen político la Iglesia estaba no solo decidida a apo-

yarlo, sino que también querían evitar cualquier tipo de conflicto con el

Gobierno.

La moderación de preferencias entre ambos actores fue consecuencia de

que el Gobierno peronista sancionó la ley de enseñanza obligatoria en to-

das las escuelas, el catolicismo tenía un rol privilegiado en los mensajes

de los funcionarios y del Presidente, y la Iglesia recibió un presupuesto

muy generoso del Estado. En particular, fue enormemente beneficiada por

diversos tipos de subsidios económicos para la refacción y construcción

de nuevos seminarios, el financiamiento de pasajes y la realización de

eventos, estuvo exonerada de cargas impositivas y recibió aumentos consi-

derables no solo de los salarios de los eclesiásticos, sino también en la

cantidad de puestos de la jerarquía que eran sostenidos financieramente

por el Estado (incluyendo sacerdotes con funciones administrativas y do-

centes) (Caimari, 2010: 126-127; Di Stefano y Zanatta, 2009: 457; Bian-

chi, 2001: 90-91; Ivereigh, 1995: 153-154).

Por su parte, la Iglesia auspiciaba las misas oficiales, aceptaba celebrar mi-

sas de campaña en los actos políticos peronistas y, en particular, Copello

asistía a numerosos actos de Gobierno, incluso aquellos que tenían una

fuerte connotación política (Lubertino Beltrán, 1987: 36; Bianchi, 2001:

85; Caimari, 2010: 124). Asimismo, numerosos “curas peronistas”

y mi-

litantes laicos católicos ejercieron importantes funciones en el Poder Ejecu-

tivo o en el Legislativo (Ghio, 2007: 137; Lubertino Beltrán, 1987: 37).

Los deseos de Perón de mantener sus preferencias sobre políticas públicas

cercanas a la de la Iglesia se evidenciaron también cuando a finales de

1948 rápidamente desautorizó un proyecto de ley de “Profilaxis”, defendi-

do por su Ministro de Salud Dr. Carrillo, luego de las objeciones de Cope-

llo (Caimari, 2010: 126; Perón, 1973). Otro hecho que permite inferir la

BENJAMÍN GARCÍA HOLGADO

Primera Plana, 8 de noviembre de 1966.

Para conocer las causas de las preferencias normativas a favor del régimen político

de un sector dentro de la Iglesia ver Pedro B

ADANELLI (1959) y Hernán BENITEZ

(1953).

42 invierno 2017

STUDIA POLITICÆ

moderación de preferencias fue la realización, durante octubre de 1947 en

Luján, del Primer Congreso Mariano, organizado con todo el apoyo del

Gobierno quien declaró feriado el día de su inauguración (Caimari, 2010:

126-127; Bianchi, 2001: 96).

En particular, desde 1946 la Iglesia implementó una campaña pública a fa-

vor de una ley que institucionalizara el decreto de enseñanza religiosa san-

cionado por la dictadura de 1943 (Bianchi, 2001: 107-108). En particular,

junto con la Acción Católica Argentina organizaron el Congreso de la Ju-

ventud, entre el 15 y 17 de agosto de 1946, con el objetivo de mantener la

enseñanza religiosa

(Lida, 2013: 213-214). Dos meses después, el Go-

bierno financió el Segundo Congreso Interamericano de Educación Católi-

ca que tuvo como objetivo la defensa de la educación católica. Las mani-

festaciones públicas de organizaciones laicas católicas a favor de esta

política pública incentivó a que Perón considerara su institucionalización

(Lida, 2010: 11). En enero de 1947 comenzó una campaña desde el Go-

bierno a favor de la legalización de la enseñanza religiosa en las escuelas

(Bianchi, 2001: 108-109). La ley 12.987 fue sancionada el 29 de abril de

1947 indicando que el Gobierno quería mantener las políticas públicas

que la Iglesia consideraba fundamentales (Ghio, 2007: 137; Lubertino

Beltrán, 1987: 41-43). Esta decisión del presidente de mantener la política

pública de enseñanza religiosa en todas las escuelas fue decisiva para ex-

plicar la ausencia de cuestionamientos de la Iglesia tanto al régimen como

al Gobierno (Caimari, 2002: 452; Lubertino Beltrán, 1987: 36-43; Ghio,

2007: 135).

El episcopado reaccionó con una enorme efusividad, apoyando la nueva

ley. Al día siguiente de su sanción, la Comisión Permanente del Episcopa-

do tuvo una entrevista personal con el presidente para expresarle su pro-

fundo agradecimiento (Caimari, 2010: 162). Sin embargo, respecto de esta

política pública existían actores minoritarios dentro de la Iglesia que dis-

crepaban con la posición de la conducción de la Iglesia Argentina. Por

ejemplo, Monseñor Miguel de Andrea pronunció un discurso, el 1 de ene-

ro de 1947, donde reclamaba la plena vigencia de la libertad y de la Cons-

titución (Bianchi, 2001: 94-95; Lida, 2013: 215-217). La Prensa lo repro-

dujo en su tapa bajo el título “Debemos someternos a la Constitución” y

los diarios peronistas, en particular El Líder y Democracia, reaccionaron

Durante el momento de mayor radicalización de preferencias en 1955, la Iglesia sos-

tuvo, a través de una pastoral, que la “promesa de la enseñanza religiosa” fue uno de los

“motivos fundamentales de la colaboración de los católicos con el Gobierno surgido de

la revolución” (L

UBERTINO BELTRÁN, 1987: 201).

acusándolo de ser un “nervioso obispo alborotado”, “perturbador político”

y “agitador profesional”, reclamando que la curia tome “medidas”. Esta

situación generó malestar en la conducción de la Iglesia ya que la misma

estaba interesada en que el Gobierno peronista sancionara la ley de educa-

ción religiosa. Este hecho permite inferir que la Iglesia tenía una fuerte

preferencia a favor de mantener las mejores relaciones posibles con el Go-

bierno (Bianchi, 2001: 96).

Un mes después de la sanción de esta Ley, se creó la Dirección General

de Instrucción Religiosa que confeccionaría los programas de enseñanza

católica, autorizaría los manuales oficiales y seleccionaría el personal do-

cente, siempre previa consulta con la autoridad eclesiástica. Asimismo, la

educación privada fue beneficiada en septiembre de 1947 con la sanción

de la ley 13.047 que otorgaba numerosos subsidios y beneficios económi-

cos a las escuelas privadas (Frigerio, 1990: 57; Lubertino, 1987: 43-50).

Por último, la orientación general de los contenidos generales de toda la

educación pública presentaba una enorme valoración de los principales

dogmas del catolicismo (Plotkin, 2013: 165-169). Sin embargo, las coinci-

dencias entre ambos actores respecto a esta política pública durarían poco

como consecuencia de la paulatina “peronización” de la enseñanza, que

generaría tensiones crecientes entre ambos

(Bianchi, 2001: 118-133;

Tcach 2006: 177-180; Plotkin, 2013: 169-211; Bosca, 1997; Walter,

2002). En particular, diferentes acciones del Gobierno en el área educati-

va, como la introducción de libros “justicialistas” como lecturas obligato-

rias (por ejemplo, La Razón de Mi Vida) y la incorporación de materias

como “Justicialismo Argentino”, indicaron una paulatina radicalización de

preferencias frente a la Iglesia Católica desde mucho antes de 1954.

Existe un consenso en la literatura respecto de la proximidad de preferen-

cias entre la Iglesia y el Gobierno en lo que respecta a numerosas políticas

públicas desde 1946 (Bianchi, 2001: 92-93, 97; Caimari, 2010). Sin em-

bargo, desde el establecimiento del nuevo régimen político comenzaron a

surgir tensiones cada vez más fuertes entre el Gobierno y la Iglesia. En

primer lugar, la intervención de la Sociedad de Beneficencia de la Ciudad

de Buenos Aires generó una confrontación con la elite católica laica porte-

ña, aunque el episcopado decidió no pronunciarse (Caimari, 2010: 225-

226). En segundo lugar, en noviembre de 1947, el presidente promovió un

reconocimiento a Monseñor Nicolás De Carlo, obispo de Resistencia, un

BENJAMÍN GARCÍA HOLGADO

En este sentido, el peronismo podría ser conceptualizado como un movimiento polí-

tico que adoptó características de una “religión cívica” (BELLAH, 1967).

42 invierno 2017

STUDIA POLITICÆ

actor con preferencias normativas a favor del régimen. Perón lo presentó

como el modelo de conducta que deberían seguir los obispos, señalando

que los curas debían tener una vida de renunciamiento y colaboración con

el Gobierno, al cual debían apoyar sin ambigüedades (Bianchi, 2001: 99-

100; Ghio, 2007: 138; Santos Martínez, 1988: 170-173). Asimismo, Perón

diferenció el “clero bueno y popular”, que apoyaba activamente al Gobier-

no del “clero oligárquico”, que reclamaba la autonomía de la Iglesia fren-

te al Gobierno (Di Stefano y Zanatta, 2009: 460). Según Perón, la Iglesia

debía preocuparse menos por sus posesiones materiales y más por el pue-

blo (Caimari, 2002: 458). Dado que Copello no fue consultado sobre este

homenaje, decidió no asistir a la ceremonia y se sintió molesto por las re-

ferencias que Perón realizó sobre quiénes eran los “buenos” y “malos” ca-

tólicos y por considerar al peronismo como “cristianismo práctico” (Bian-

chi, 2001: 99-100; Ivereigh, 1995: 158-159). Resulta interesante que

Perón señaló, muchos años después de derrocado, que el origen del con-

flicto con la Iglesia fue consecuencia de que la misma estaba dividida en-

tre aquellos que querían evitar la confrontación (Zanin y Copello) y un

sector “oligárquico” (Tato y Novoa), que promovió la conspiración con

los políticos antiperonistas y la Marina (Luca de Tena, Calvo y Peicovich,

1976: 218).

Un año después, durante el mes de septiembre de 1948, se produjeron dos

nuevas situaciones de conflicto. Por un lado, existió una denuncia sobre un

supuesto complot para asesinar al presidente y a su esposa, donde tres ca-

pellanes militares fueron señalados como conspiradores por la prensa ofi-

cialista. Copello y el Arzobispado de Buenos Aires condenaron a la conspi-

ración y suspendieron a los curas denunciados (Bianchi, 2001: 100-101).

Por otro lado, la prensa peronista comenzó un ataque sistemático al padre

Dumphy, quien desde 1945 pronunciaba numerosos sermones antiperonis-

tas (Zanatta, 1999 b: 122). Días antes de la denuncia del atentado, publicó

en el diario católico El Pueblo una fuerte acusación a Perón por “no ser

cristiano al promover una guerra civil entre los argentinos” y criticando la

condescendencia de la Iglesia frente a sus acciones violentas contra la opo-

sición

(Santos Martínez, 1988: 173). El cardenal Copello decidió que

Dumphy debía abandonar su parroquia y mantenerse en silencio (Caimari,

2010: 133). Esto permite inferir la voluntad de la Iglesia por mantener las

mejores relaciones posibles con el Gobierno. De hecho, los católicos anti-

peronistas, ya sean laicos o sacerdotes, debieron acallar sus críticas (Cai-

mari, 2010: 134; Lida, 2013: 211-232).

Primera Plana, 8 de noviembre de 1966.

BENJAMÍN GARCÍA HOLGADO

En el marco de la reforma constitucional en 1949 también se produjo cier-

to distanciamiento entre las preferencias de ambos actores ya que Perón

quería preservar el status quo en lo que respecta a la relación jurídica entre

la Iglesia y el Estado argentino, manteniendo la vigencia del “Patronato

Nacional” (Zanatta, 1999; Lida, 2005: 142-143). Este le permitía al Estado

argentino preservar controles administrativos sobre la Iglesia católica,

como su derecho a limitar la selección de los candidatos del episcopado

para ocupar las diócesis.

Por su lado, la Santa Sede quería eliminar esta

figura para aumentar la autonomía institucional y la libertad de la Iglesia

Argentina frente al Estado. Probablemente como consecuencia de que no

se incorporaron en la Constitución la autonomía de la acción pastoral de la

Iglesia y diversas leyes, como la enseñanza religiosa o la indivisibilidad del

matrimonio, la Iglesia Argentina no desarrolló una preferencia normativa a

favor del régimen (Zanatta, 1999b: 113). Por ende, su posición respecto del

régimen político continuó dependiendo exclusivamente de que se mantu-

viera un bajo nivel de radicalización de preferencias (Bianchi, 2001: 101-

104; Di Stefano y Zanatta, 2009: 464-466). Las preferencias de la Iglesia

no se referían solamente a ciertas políticas públicas, sino a la preservación

de sus espacios de autonomía político-institucionales en la sociedad civil

(Di Stefano y Zanatta, 2009: 462).

Las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia continuaron un proceso de

distanciamiento en 1950 ya que el peronismo comenzó a proponer al

“cristianismo peronista” como una nueva forma de actualizar las enseñan-

zas evangélicas de Cristo (Caimari, 2002: 460; Ivereigh, 1995: 158-159).

Mostrándose como el verdadero heredero del mensaje social del cristianis-

mo, incluía una crítica explícita a la jerarquía de la Iglesia Católica, en

tanto institución, proponiendo regresar a los principios del cristianismo

original:

“El cristianismo peronista era mejor porque era más puramente cristiano

que el catolicismo de la Iglesia pero, sobre todo, porque era peronista. Y

eran los líderes del peronismo, no los de la Iglesia, quienes definirían el

buen cristianismo, así como a los buenos y malos cristianos” (Caimari,

2002: 461).

De esta forma, identificó a la doctrina justicialista con la esencia cristiana

de la nación católica, de naturaleza popular, frente a la religiosidad clerical

de la Iglesia (Di Stefano y Zanatta, 2009: 467).

El patronato, como figura jurídica, fue utilizada por el Gobierno para premiar obis-

pos peronistas y para penalizar a aquellos párrocos opositores al Gobierno (D

I STEFANO

y ZANATTA, 2009: 461).

42 invierno 2017

STUDIA POLITICÆ

Según Oscar Albrieu, diputado peronista y ministro del interior en 1955,

alrededor de 1950 el Gobierno comenzó a distanciarse de su actitud pro-

católica de 1946

(Makin, 1984: 172). En particular, dos sucesos ocu-

rrieron durante 1950 que evidenciaron tensiones crecientes entre la Igle-

sia y el Gobierno. En primer lugar, el Estado reconoció la personería

jurídica de la Escuela Científica Basilio y la autorizó para realizar un

Congreso Espiritista en el Luna Park el 15 de octubre de 1950, bajo el

lema “Jesús no es Dios”

(Bianchi, 2001: 250-251; Santos Martínez,

1988: 177-178; Ivereigh, 1995: 166; Caimari, 2010: 268-269). Numero-

sos militantes de la Acción Católica, arengados por el diario católico El

Pueblo, acudieron para llenar el Luna Park de volantes donde cuestiona-

ban que el Gobierno apoyara esa celebración “blasfema” (Lida, 2012:

152). Mientras los organizadores leían un telegrama de adhesión en nom-

bre del presidente Perón y su señora, los católicos respondieron con silbi-

dos y la policía interrumpió la ceremonia y detuvo a numerosos militan-

tes. El Cardenal Copello estuvo muy molesto por este acto, ofició una

misa de “desagravio a Jesucristo” y elogió el accionar de la acción cató-

lica.

Pocos días después, el 20 de octubre de 1950 llegó el enviado del Papa,

Cardenal Ruffini, para presidir la celebración del Quinto Congreso Euca-

rístico Nacional en Rosario.

Perón y su esposa no lo recibieron, decidie-

ron irse de vacaciones y no acudir a la ceremonia religiosa (Bianchi,

2001: 252; Ivereigh, 1995: 166; Caimari, 2010: 270-276). Asimismo, el

Gobierno no colaboró en diferentes cuestiones logísticas, la prensa oficia-

lista prácticamente no cubrió la celebración y muchos funcionarios que

habían participado del Congreso Mariano de 1947 estuvieron ausentes en

esta oportunidad. Finalmente, Perón evitó una escalada en el conflicto,

asistió a la celebración religiosa y pronunció un discurso donde se apro-

piaba de referencias católicas para defender su “cristianismo práctico jus-

ticialista” (Ghio, 2007: 140-42). En este contexto, el Cardenal Ruffini,

luego de una larga entrevista con Perón, realizó elogiosas declaraciones

respecto del presidente

(Bianchi, 2001: 253).

Sin embargo, Albrieu sostiene que hasta 1954 el Gobierno continuaba implementan-

do políticas públicas que la Iglesia consideraba esenciales (M

AKIN, 1984, p. 174).

Primera Plana, 8 de Noviembre de 1966.

Entrevista al Ing. Florencio José Arnaudo.

Primera Plana, 8 de Noviembre de 1966.

Desde ese momento hasta noviembre de 1954 se produce un paulatino

distanciamiento entre las preferencias del Gobierno peronista y la Iglesia

Católica (Ivereigh, 1995: 159-162). Algunos meses antes del radicaliza-

do discurso de Perón del 10 de noviembre de 1954, ocurrieron algunos

hechos que podrían haber sido posibles “desencadenantes” del cambio

de posición del presidente (De Hoyos, 1970: 99-142; Gambini, 2007:

307-311). En primer lugar, durante mayo y junio de 1954 se produjeron

diferentes asambleas y reuniones protestantes organizadas por el predi-

cador norteamericano Thomas Hicks. La Iglesia interpretó que el Go-

bierno lo apoyó y cuestionó que el presidente lo haya recibido en la

Casa Rosada denunciando “a las autoridades complacientes que otorgan

facilidades y permisos” (Bianchi, 2001: 255, 258-259). En segundo lu-

gar, el 21 de septiembre de 1954 el obispo Monseñor Laffite y la Acción

Católica organizaron en Córdoba una celebración con motivo de la “se-

mana estudiantil católica”, cuestionando implícitamente a la celebración

organizada por la peronista Unión de Estudiantes Secundarios (Tcach,

2006: 225-226; Ruiz Moreno, 1994: 89-91; Caimari, 2010: 310). Por

otro lado, en el Congreso se presentó un proyecto de ley que otorgaba

derechos a los hijos nacidos fuera del matrimonio que desencadenó nu-

merosas movilizaciones de diferentes grupos laicos católicos en Buenos

Aires (Lida, 2012: 164).

Por último, en 1954 un grupo de laicos promovió la fundación del Partido

Demócrata Cristiano

(Bianchi, 2001: 286-290; Ivereigh, 1995: 172;

Gambini, 2007: 307-311; Tcach, 2006: 228-229). A partir del testimonio

de Parera (1967: 78-90), miembro fundador del Partido Demócrata Cris-

tiano, se puede afirmar que sus integrantes eran antiperonistas católicos,

que condenaban el régimen político de la argentina por el cercenamiento

de las libertades y derechos individuales. El surgimiento de la Democra-

cia Cristiana Argentina fue un hecho significativo ya que el presidente la

consideró, en su discurso del 10 de noviembre de 1955 y en múltiples de-

claraciones posteriores, como una organización que iba a nuclear a la

oposición al régimen político

(Ghio, 2007: 151).

BENJAMÍN GARCÍA HOLGADO

Entre 1946 y 1954 se produjeron diferentes debates dentro de la Iglesia Católica so-

bre la fundación de un Partido Demócrata Cristiano, respecto del contenido ideológico

del mismo y su posición frente al régimen político (BIANCHI, 2001, pp. 276-286). Sobre

el surgimiento del PDC y su oposición al régimen vigente consultar los testimonios de

ARERA (1967, p. 77-99; 1986, p. 79-104), GHIRARDI (1983, pp. 75-89) y CERRO (1983,

pp. 9-24).

Ver el testimonio de Manuel V. ORDÓNEZ en GAMBINI (2007 b, p. 314).

42 invierno 2017

STUDIA POLITICÆ

Sobre una crónica de los hechos más relevantes en la conformación de esta coali-

ción golpista desde noviembre de 1954 ver RUIZ MORENO (1994, pp. 83-420), LUNA

(1986, pp. 195-328), GAMBINI (2007b, pp. 305-415) y el testimonio de ZABALA

(1955).

Diversos testimonios de la época permiten sostener esta afirmación. Ver, por ejem-

plo, IRAZUSTA (1956, pp. 211-221), SÁNCHEZ ZINNY (1958, pp. 452-459) y BUSTOS FIE-

RRO (1969, p. 173).

Aunque es posible identificar una coyuntura crítica en el proceso de radica-

lización de preferencias entre la Iglesia y el Gobierno en noviembre de

1954 como consecuencia de la modificación de diferentes políticas públi-

cas, a partir de los conflictos analizados previamente se podría sostener que

el proceso de radicalización comenzó inclusive antes de ese momento. Si

bien la Iglesia, a diferencia de sectores dentro de las Fuerzas Armadas y de

los partidos políticos, no formó parte de las coaliciones opositoras que

existieron antes de 1955, el vínculo entre la Iglesia y el Gobierno en los

meses previos a noviembre de 1954 distaba enormemente del existente en

1946 y 1947.

II.2. El impacto de la radicalización de preferencias entre el

Gobierno y la Iglesia católica sobre el proceso de

quiebre del régimen político (1954-1955)

A finales de 1954, el Gobierno peronista no pudo impedir el surgimiento

de diferentes coaliciones golpistas ya que militares leales comenzaron a

oponerse al régimen político como consecuencia del proceso de radicali-

zación de preferencias sobre diferentes políticas públicas.

Este proceso

de radicalización dentro de las Fuerzas Armadas principalmente fue con-

secuencia del intenso y acelerado proceso de radicalización de preferen-

cias entre el Gobierno y la Iglesia Católica

(Potash, 2002: 114-116;

Makin, 1984: 166-170; Spinelli, 2005: 21-51; Rubé, 2012: 100-106; Gar-

cía Holgado, 2015, 2016).

¿Cuáles fueron las causas que modificaron las preferencias y el compor-

tamiento del Gobierno peronista a partir de noviembre de 1954? ¿Por qué

Perón impulsó el cambio de numerosas políticas públicas? A partir de di-

versos testimonios del propio Perón luego de 1955, es posible identificar

posibles causas que explican sus acciones desde noviembre de 1954 (Pe-

rón, 1958, 1973; Luca de Tena, Calvo y Peicovich, 1976). Según Perón,

la “cuestión clerical” formó parte del proceso que finalizó con su Gobier-

no: “los curas no solo han tomado parte activa en la lid política, sino que

BENJAMÍN GARCÍA HOLGADO

han luchado abiertamente en la revolución contra el pueblo” (1958: 61).

Perón afirma que los orígenes del conflicto se encuentran en distintas de-

cisiones que se tomaron desde la Iglesia. Por un lado, la enseñanza reli-

giosa fue “desvirtuada y convertida en una cátedra política para el Partido

Demócrata Cristiano”, desde donde se criticaba a la educación pública

laica, se nombraron sacerdotes como profesores y se defraudó fiscalmen-

te al Estado (Perón, 1958: 62). Aunque Perón sostiene que esto generó

mucho malestar en el peronismo, él decidió continuar las relaciones cor-

diales con la Iglesia (idem). Sin embargo, se vio obligado a cambiar de

actitud cuando facciones dentro de la Iglesia decidieron dar un paso más

allá: “hasta que su intervención abierta en la política los colocó violenta y

beligerantemente frente a fuertes sectores del pueblo” (ibid.: 63).

Respecto de sus causas, el conflicto se desató como consecuencia de que

sectores de la Iglesia “tomaron el camino equivocado”

(Perón, 1973:

51). En particular, Perón indica que el conflicto fue producto de la “infil-

tración” de la Iglesia y del Partido Demócrata Cristiano en diversas aso-

ciaciones de la sociedad civil, lo que generó grandes “inquietudes” en el

peronismo (1958, p. 63). Luego de convocar a las autoridades de la Igle-

sia para señalarles que debían terminar con esto (Idem), Perón se vio

obligado a formular una serie de cuestionamientos a la Iglesia como con-

secuencia de que había verificado que algunos curas se habían infiltrado

en diversas “organizaciones del pueblo”. Según Perón, el conflicto fue

consecuencia de que una minoría de curas “trataron de infiltrarse en

nuestras organizaciones sindicales y universitarias” (1973: 51). A partir

de ese momento, Perón sostiene que numerosos panfletos contrarios al

Gobierno comenzaron a distribuirse en Iglesias y escuelas, llamando

abiertamente a “la revolución y el desorden” (1958: 64). Según el ex pre-

sidente numerosos sacerdotes colaboraron directamente en la gestación de

la coalición golpista “mediante el Partido Demócrata Cristiano ordenado

por Roma” (1958: 63-64, 135; 1973: 45). En particular, obispos como La-

fitte, quien “dirigió todo” en Córdoba, tuvieron un rol destacado: “En

Córdoba los curas salieron con fusiles. Iban también con ametralladoras

en los camiones. Iban de sotana” (Luca de Tena, Calvo y Peicovich,

1976: 218).

Sobre la reconstrucción de los conflictos anteriores a noviembre de 1954 que po-

drían haber motivado la decisión de Perón de confrontar con la Iglesia consultar DE HO-

YOS (1970, p. 99-142), BIANCHI (2001, pp. 255, 258-259, 276-290), TCACH (2006, pp.

225-226), RUIZ MORENO (1994, p. 89-91), Lida (2012, p. 164), IVEREIGH (1995, p. 172),

GAMBINI (2007b, p. 307-311) y GHIO (2007, p. 151).

42 invierno 2017

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Respecto del testimonio ofrecido por Perón, si se mide el nivel de radica-

lización de preferencias de la Iglesia antes de noviembre de 1954 utilizan-

do los indicadores que Mainwaring y Pérez Liñán (2013, pp. 76-80) con-

feccionan para operacionalizar esta variable independiente,

no se podría

concluir que este actor estaba radicalizado. Sin embargo, resulta muy rele-

vante que los diferentes conflictos que se produjeron antes de noviembre

de 1954, hayan sido interpretados por Perón como la radicalización de

preferencias de sectores relevantes dentro de la Iglesia Católica. En con-

clusión, Perón interpretó que el proceso de radicalización de preferencias

fue iniciado desde la Iglesia Católica y que el Gobierno debió reaccionar

frente a ello.

El 10 de noviembre de 1954, Perón realizó el primer discurso público

donde cuestionaba y criticaba directamente a numerosos curas de la Igle-

sia Católica y a la Acción Católica por estar infiltrados en “diversas orga-

nizaciones” del pueblo, aliados con los partidos opositores para lograr el

derrocamiento del Gobierno nacional (Kennedy, 1958: 209-210; de Hoyos,

1970: 114-120; Ruiz Moreno, 1994: 91-93; Gambini, 2007b: 312-313;

Santos Martínez, 1988: 187-190; Luna, 1986: 206-211). Le solicitó a la

Iglesia que “pusiera en su lugar” a 30 religiosos opositores (algunos de

gran envergadura en la jerarquía, como Lafitte y Fasolino) que hacían po-

lítica y estaban “descarriados”. De esta forma, el Gobierno percibía que

existían sectores importantes dentro de la Iglesia que habían adoptado un

rol opositor frente al régimen político. Por otra parte, criticó duramente a

la Acción Católica, al Partido Demócrata Cristiano y a las asociaciones

profesionales de católicos, que tenían como “propósito oculto” la desesta-

bilización del Gobierno (Ruiz Moreno, 1994: 177; Page, 1984: 46-47).

Afirmó que estos grupos estaban creando un clima subversivo y actuaban

en consonancia con los partidos opositores. En conclusión, su crítica cen-

tral era la participación de la Iglesia en los “asuntos políticos” en calidad

de protectora de los opositores al Gobierno (Bianchi, 2001: 293).

Testimonios de actores involucrados en el conflicto

sostienen que la re-

acción inicial de la jerarquía eclesiástica fue moderada frente a un repenti-

Ver las reglas de codificación disponibles en ttp://kellogg.nd.edu/democracies/

Actors_Coding_Rules.pdf

Por restricciones de espacio no podemos extendernos en otras teorías que conjetu-

ran posibles causas que explicarían el cambio del comportamiento del Gobierno frente

a la Iglesia Católica en noviembre de 1954 (S

TACK, 1976; CAIMARI, 2010, pp. 254-

261; DE HOYOS, 1971, pp. 124-142; GAMBINI, 2007b, pp. 341-344; FRIGERIO, 1990,

pp. 73-97).

no e inesperado cambio de posición en las preferencias del Gobierno

(Bianchi, 2001: 293; Lida, 2010: 13). En este sentido, Miranda Lida (2010:

10) sostiene que antes de noviembre de 1954 “no había nada capaz de pre-

decir la tormenta que no tardaría en avecinarse entre el catolicismo y el pe-

ronismo”. Por su parte, el diputado radical Oscar Alende, testigo directo de

este conflicto, señala que “nada hacía prever que precisamente en este no-

viembre de 1954, cuando teníamos el Congreso reunido, el presidente, al

término de una reunión de gobernadores, se pronunciaría contra algunos

obispos” (1988: 194).

El 11 de noviembre, un día después del discurso de Perón, el nuncio Mario

Zanin tuvo una reunión con el presidente y, una semana más tarde, los

obispos le enviaron al presidente una carta pública “conciliadora” para lo-

grar una solución al conflicto (Bianchi, 2001: 293-294). La Iglesia estaba

dispuesta a colaborar para sancionar a aquellos obispos que fueron denun-

ciados, aclarando que exigían, como condición necesaria, pruebas contun-

dentes de las acusaciones (Ibíd.: 294). A partir de esta primera respuesta, se

infiere que la Iglesia quería negociar con el Gobierno

(de Hoyos, 1970:

166-168).

El 22 de noviembre se emitió una nueva Carta Pastoral, que sería leída en

todas las iglesias seis días después, donde se mantenía un tono moderado,

pidiéndole a los fieles evitar un “punto de no retorno” y no entrometerse en

cuestiones políticas (Gambini, 2007b: 317; de Hoyos, 1970: 175). No obs-

tante, sostenía que los derechos de la Iglesia debían ser respetados y que

ningún sacerdote ni ningún católico podía permanecer indiferente ante los

ataques a la religión (Bianchi, 2001: 295). El objetivo de la Iglesia era con-

vencer a Perón de su inocencia frente a las acusaciones que el presidente

había enunciado en su discurso del 10 de noviembre (de Hoyos, 1970:

176). Por último, a fines de ese mes, el cardenal Copello y el nuncio Zanin

se reunieron con el canciller Remorino, quien junto a otros católicos que

formaban parte del gabinete (Cafiero) y de la Cámara de Diputados (Díaz

de Vivar y Bustos Fierro), intentó evitar la profundización del conflicto

mediando entre el presidente y el Arzobispado de Buenos Aires (de Hoyos,

1970: 172; Gambini, 2007b: 317).

El Gobierno continuó el proceso de radicalización de preferencias en di-

ciembre de 1954 (Ivereigh, 1995: 175-177; Bianchi, 2001: 295; Gambini,

Entrevistas al Ing. Florencio José Arnaudo y al Dr. Julio E. Álvarez.

Testimonios como el del dirigente Juan José REAL (1962, pp. 156-157) permiten

sostener esta interpretación.

BENJAMÍN GARCÍA HOLGADO

42 invierno 2017

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2007b: 315-317; Santos Martínez, 1988: 190-192; Ruiz Moreno, 1994:

93-94). Específicamente, el Gobierno modificó casi la totalidad de las po-

líticas públicas que habían incentivado la cercanía programática entre am-

bos actores y, por ende, el apoyo eclesiástico al régimen político vigente

(Ghio, 2007: 153; Lubertino Beltrán, 1987: 81-127). Comenzó la seculari-

zación legal, administrativa y educativa, con distintas medidas para neu-

tralizar el poder de la Iglesia sobre la sociedad civil (de Hoyos, 1970:

151-159). En términos de nuestra teoría, la Iglesia ejerció una defensa in-

transigente del statu quo, mientras que el Gobierno modificó sus preferen-

cias radicalmente.

El Gobierno, con el objetivo de reducir “los espacios eclesiásticos”, sus-

pendió el 2 de diciembre la intervención de la Iglesia en el dictado de las

asignaturas de religión católica en las escuelas y disolvió la Dirección

Nacional de Enseñanza Religiosa (Lubertino Beltrán, 1987: 90-91; Bian-

chi, 2001: 297-298). Una semana después, prohibió la celebración de la

Misa de Clausura del Segundo Congreso Mariano Universal en la Plaza

de Mayo (de Hoyos, 1970: 162; Santos Martínez, 1988: 193-194). En

consecuencia aunque la Iglesia Católica había decidido mantener su posi-

ción moderada, la misma se modificó ligeramente: decidieron no realizar

la procesión por la celebración del Día de la Virgen de la Inmaculada

Concepción. Sin embargo, el Arzobispado de Buenos Aires convocó a

numerosos militantes y activistas de la Acción Católica y de otros grupos

laicos para que promovieran una enorme asistencia a la misa que se cele-

braría en la Catedral de Buenos Aires.

Estas organizaciones imprimie-

ron y distribuyeron clandestinamente miles de volantes en todas las parro-

quias de la ciudad para aumentar la concurrencia. El éxito de la

celebración fue enorme (la totalidad de la Plaza de Mayo se llenó de fie-

les y de opositores al peronismo) y por primera vez no estuvo presente

ningún representante del Gobierno argentino (Bianchi, 2001: 297; de Ho-

yos, 1970: 179).

Como consecuencia de esta celebración religiosa, no solo se prohibieron a

partir del 21 de diciembre todas las procesiones y actos religiosos en los

espacios públicos, sino que los actos políticos solo estaban permitidos en

períodos electorales. El Poder Ejecutivo podía evitar cualquier reunión si

creía que el orden público sería alterado (Lubertino Beltrán, 1987: 101-

106; Bianchi, 2001: 298). Asimismo, frente a la sanción del divorcio el 14

de diciembre, la Iglesia reaccionó nueve días después emitiendo una Car-

ta Pastoral que cuestionaba duramente la medida (Lubertino Beltrán,

Entrevista al Ing. Arnaudo.

BENJAMÍN GARCÍA HOLGADO

Perón justifica mediante diferentes argumentos la conveniencia de la eliminación de

feriados religiosos, de la equiparación legal de los derechos de hijos naturales y legíti-

mos y del divorcio (P

ERÓN, 1958, p. 64, 1973, pp. 52-53; LUCA DE TENA, CALVO y PEI-

CHOVICH, 1976, p. 177). Tomando como excusas estas leyes, Perón sostiene que “mu-

chos sacerdotes se lanzaron a una abierta campaña opositora, pero no era ésta la

verdadera causa, sino el pretexto. A los curas, ¿qué carajo les importaba eso? Lo hacían

por política. Porque estaban metidos en política y trabajaban políticamente contra mí”

UCA DE TENA, CALVO y PEICHOVICH 1976, p. 177).

La misma se reproduce en su totalidad en MARSAL (1955, p. 82-84).

Sobre este punto consultar MAKIN (1984, p. 166), los panfletos compilados en LA-

FIANDRA (1955) y las memorias de FLORES (1956).

1987: 91-101; Bianchi, 2001: 298-299). También se eliminó la asimetría

de derechos entre los hijos legítimos y aquellos nacidos por fuera del ma-

trimonio. Respecto de las purgas administrativas, numerosos laicos católi-

cos debieron renunciar a sus cargos, tanto a nivel nacional como provin-

cial. Por último, el 30 de diciembre se legalizó la prostitución

(Lubertino Beltrán, 1987: 106; Bianchi, 2001: 299).

A comienzos de diciembre, la Iglesia buscaba evitar una mayor confron-

tación y, para ello, debía “inmovilizar cualquier reacción de los laicos”

(Caimari, 2010: 253). En consecuencia, emitió un comunicado el 2 de di-

ciembre firmado por el cardenal Copello donde se les prohibía participar

de cualquier acto público de carácter religioso que no fuera autorizado

por la Iglesia (de Hoyos, 1970: 170-176). Si bien el objetivo era prevenir

manifestaciones de católicos que se opusieran al Gobierno para evitar que

se profundizara aún más el conflicto, muchos reaccionaron frente a la ac-

ción de Copello (de Hoyos, 1970: 171). Un grupo de laicos, autodenomi-

nados “católicos argentinos”, distribuyeron como panfleto una “carta

abierta” a Copello. Allí cuestionaban su “silenciosa” y “prudente” reac-

ción al comportamiento del Gobierno y sus reuniones secretas con Perón

y Borlenghi.

Advertían que la “tiranía anticristiana” no sería derrotada

con “cabildeos a espaldas de sus hermanos en el episcopado”, y que fren-

te a los “planes divisionistas del Gobierno” solamente una “postura varo-

nil, sólida, unánime” de todos los católicos podría frenar el ataque. Esta

posición de un grupo de laicos frente a la Iglesia también puede observar-

se a comienzos de enero de 1955, en un panfleto donde les reclamaban a

los sacerdotes que no fuesen “cobardes” frente al Gobierno: “Si un cléri-

go o religioso tiene miedo, ¿qué valor puede pedírsele a un laico que tie-

ne mujer, hijos, empleo?” (Lafiandra, 1955: 44-47).

En este contexto, el surgimiento de la “campaña de panfletos” tuvo un

impacto en las preferencias de los militares,

aumentando las “inquietu-

42 invierno 2017

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des revolucionarias” (Potash, 1981: 237, 245-246; Ruiz Moreno, 1994:

350-351). El diputado peronista Raúl Bustos Fierro (1969: 169-170) se-

ñala que las modificaciones legislativas y el ataque hacia la Iglesia gene-

raron una peculiar reacción entre diferentes grupos de católicos laicos en

Buenos Aires y Córdoba, quienes iniciaron la “campaña de panfletos”.

En diciembre de 1954, numerosos jóvenes católicos pertenecientes a la

clase media y alta se comenzaron a organizar espontáneamente para de-

fender a la religión católica, imprimiendo y haciendo circular panfletos

para denunciar las medidas del Gobierno (Lafiandra, 1955: 15-20; Gam-

bini, 2007b: 322-324; Santos Martínez, 1988: 198-200). Existen testimo-

nios

que sugieren que fueron las acciones del Gobierno peronista las

que impulsaron a estos jóvenes, hasta ese momento sin interés en la polí-

tica, a comprometerse con la defensa de la Iglesia primero y con el fo-

mento de un golpe de Estado después, intentando modificar las preferen-

cias de los militares (Ivereigh, 1995: 180). Respecto de la incorporación

de este actor a la coalición golpista, Luna recuerda que “la feligresía ca-

tólica” fue “un aliado nuevo y poderoso” de los antiperonistas: “la agre-

sión de Perón a la Iglesia movilizó por reacción a una enorme cantidad de

gente que hasta entonces había mirado el proceso político con indiferen-

cia o con un sentimiento más bien opositor pero sin secuelas operativas”

(1996: 479).

El Ing. Florencio José Arnaudo, quien era uno de los principales actores

de ese grupo, sostiene que todos los laicos antiperonistas que él conoció

tuvieron un comportamiento completamente “reactivo” ya que decidieron

organizarse para editar Verdad

como consecuencia de que el Gobierno

cerró El Pueblo, que había publicado las fotos de la misa y concentración

del 8 de diciembre en la Catedral (Lida, 2012: 166-168; Sáenz Quesada,

2010: 71-74). El primer objetivo de la campaña de panfletos,

que según

Arnaudo estaba organizada por más de 100 grupos de católicos laicos en

Capital Federal, fue informar a la población sobre la persecución que esta-

El análisis de este actor de la sociedad civil se basa en los testimonios de FLORES

(1956) —quien es, en realidad, el Ing. Florencio José Arnaudo—, ARNAUDO (2005), GA-

LLARDO (2011, p. 76-98), SEIJO (2002, p. 102-112), DE HOYOS (1970), LAFIANDRA

(1955), y entrevistas al Ing. Arnaudo y al Dr. Julio E. Álvarez.

Entrevistas al Ing. Florencio José Arnaudo y al Dr. Julio E. Álvarez.

La edición, impresión y distribución de este panfleto está descripta en Arnaudo

(2005). En Lafiandra (1955, p. 378-418) se encuentran reproducidos todos los números

de Verdad.

Ver primer número de Verdad (Navidad de 1954), especialmente el apartado “Hay

una campaña antirreligiosa” (L

AFIANDRA, 1955, p. 378-380).

ba sufriendo la Iglesia, puesto que el Gobierno controlaba todos los me-

dios de comunicación (de Hoyos, 1970: 181). En particular, reaccionaron

frente a la radicalización de preferencias del Gobierno (Lafiandra, 1955:

34-37, 41-45, 53-52, 61-67). Sin embargo, a medida que el Gobierno

avanzó aún más con la radicalización de sus preferencias, este objetivo

inicial comenzó a modificarse hacia una argumentación en contra de la

“campaña maligna y antirreligiosa que se promueve desde el Gobierno”

que amenazaba la “libertad religiosa” en un régimen político autoritario

(de Hoyos, 1970: 181-185). A partir de diciembre de 1954 estos católicos

laicos se sumaron a la coalición opositora al régimen y se destacaron

como un actor fundamental de la misma. En este sentido, Luna recuerda

(1996: 480) que “la oposición fuerte, atrevida y fervorosa, la llevaba ade-

lante la feligresía católica”. Parte de esta estrategia requería que ellos ac-

tuaran de forma autónoma sin consultar ni pedir autorización al Arzobis-

pado de Buenos Aires, bajo la conducción del Cardenal Copello (de

Hoyos, 1970: 186). De hecho, el citado panfleto “Carta Abierta de los Ca-

tólicos Argentinos al Cardenal Copello”, reclamaba un liderazgo más deci-

dido contra el Gobierno peronista y evidenciaba una voluntad de acción

autónoma de los laicos.

Numerosos testimonios que provienen de actores que apoyaron o forma-

ron parte de la coalición golpista en 1955 coinciden en el efecto negativo

que tuvo la radicalización de preferencias entre Perón y la Iglesia sobre la

estabilidad del régimen político. Bonifacio del Carril (2005: 67-70), cola-

borador del general Julio A. Lagos en la sublevación en Mendoza, men-

ciona que este conflicto fue el error estratégico más grave de Perón ya

que en 1954 “el Gobierno había logrado frenar la inflación y estaba en

serias tratativas con los grupos financieros norteamericanos más podero-

sos a fin de resolver el problema de la explotación del petróleo en la Ar-

gentina. Sus opositores políticos estaban prácticamente pulverizados” (del

Carril, 1959: 38-40). Por otro lado, Mario Amadeo, miembro de los Co-

mandos Civiles en 1955,

figura relevante dentro del nacionalismo ar-

gentino y primer ministro de Relaciones Exteriores de la Revolución Li-

bertadora, cree que el conflicto con la Iglesia fue “la causa inmediata del

definitivo aniquilamiento” del régimen político ya que “hasta los más es-

cépticos comprendieron que solo quedaba abierto el camino de la revolu-

ción” (Amadeo, 1956: 35). Luis Ernesto Lonardi, hijo de Eduardo Lonar-

di y actor fundamental en las operaciones militares de septiembre de

Sobre la participación de Amadeo en los Comandos Civiles, ver AMADEO (1956, p.

37-60) y SÁENZ QUESADA (2010, p. 76-79).

BENJAMÍN GARCÍA HOLGADO

42 invierno 2017

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1955, también coincide en que el conflicto le produjo enormes dificulta-

des a Perón: “Por primera vez el Gobierno enfrentó una oposición con las

condiciones de coherencia y continuidad indispensables para constituir

una real amenaza” (Lonardi, 1958: 19-20). Su hermana, Marta Lonardi,

considera que el conflicto con la Iglesia tuvo un efecto positivo sobre la

coordinación entre diferentes grupos dentro de la coalición golpista: “Fue

el principio del fin. La lucha por la libertad se elevó al tono heroico de

cruzada, por encima de banderas políticas [...] la rebeldía agitaba los co-

razones ahora inflamados por el ataque a la fe católica. La resistencia ais-

lada en cada rincón de la República fue uniéndose por los hilos invisibles

del ideal supremo y nació una férrea voluntad de vencer o morir. No se

trataba de una oposición constreñida a credos políticos, pues por torpeza

del dictador había sido proyectada al plano en el que Dios es soberano, a

la conciencia íntima de cada uno, allí precisamente donde no hay miedos

invencibles” (Lonardi, 1980: 44-45). Por su parte, Julio Irazusta, repre-

sentante de un sector de intelectuales nacionalistas, también comparte

esta visión: “el ataque anti-religioso estuvo mal programado. Para tener

algún éxito, aunque fuese temporario, debió producirse después, y no an-

tes de que la sociedad tradicional hubiese sido completamente destruida”

(Irazusta, 1956: 12-13).

El coronel Juan Francisco Guevara (1970), estrecho colaborador de Lo-

nardi en 1955, afirma que cuando Perón se enfrentó a la Iglesia entró en

una “confusión ideológica” ya que si bien “mantenía en alto las banderas

nacionales y católicas, se alejaba de ellas en los hechos” (Guevara, 1970:

59). Según Guevara, el conflicto con la Iglesia fue una condición necesa-

ria para el incremento de la cantidad de actores que se sumaron a la coali-

ción contra el régimen vigente: “cuando Perón se enfrentó abiertamente

con la Iglesia Católica, selló su destino como gobernante. La oposición

antiperonista encontró el motivo espiritual, místico, indispensable para en-

frentar a tan poderoso adversario [...] la sacrílega quema de los templos [el

16 de junio de 1955] terminó por lanzar a la oposición a miles de indeci-

sos, haciendo pedazos a la vez la lealtad de muchísimos buenos peronistas

que obligados a optar, en la práctica, por Dios o por el Gobierno, optaron

por Dios” (Guevara, 1970: 59-60). Por otra parte, Guevara sostiene que

los civiles aumentaron su cooperación con la coalición golpista desde que

estalló el conflicto con la Iglesia: “los partidos políticos antiperonistas, me

refiero al Conservador, al Radical y al Socialista, mantenían estrechos

contactos y procuraban firmes acuerdos con los principales hombres que

estaban encabezando la conspiración” (Guevara, 1970: 71). Por último,

Guevara indica que el conflicto entre la Iglesia y el Gobierno fue tan agu-

do que permitió la conformación de una coalición golpista heterogénea

(Guevara, 1970: 61).

Existen diversos testimonios que permiten sostener que este proceso de ra-

dicalización tuvo un impacto sobre tres generales que nunca habían for-

mado parte de una coalición golpista antes de 1954, fundamentales en el

proceso de cambio de régimen político en 1955

(Sáenz Quesada, 2010:

16). En primer lugar, Dalmiro Videla Balaguer que siempre había tenido

un excelente vínculo con Perón. Sobre este punto, Bonifacio del Carril

(1959: 55) afirma que “nadie lo consideraba adversario de Perón. Su pro-

funda fe religiosa le llevó, no obstante, a pronunciarse contra el dictador

cuando arreció la campaña de este contra la Iglesia”. Su hijo, Patricio Vi-

dela Balaguer, sostiene que “el aprecio de mi padre por Perón duró hasta

que Perón inició la persecución religiosa [...] A la noche del 16 de junio

de 1955 se produjeron los incendios de las Iglesias. Fue un hito en la per-

secución religiosa. Para un católico y hombre de armas ya no había otra

posibilidad que actuar en defensa de la fe” (Rubé, 2012: 116-117, 146-

147). Por su parte, el propio Videla Balaguer sostiene que él era un “gran

peronista” hasta este conflicto (Ruiz Moreno, 1994: 376-379). La decisión

de abandonar su lealtad hacia Perón, con quien lo unía una gran amistad,

se produjo finalmente luego de los bombardeos del 16 de junio y de la

quema de las iglesias en Buenos Aires: “Yo quise visitar las iglesias in-

cendiadas [...] Yo en todas me hincaba y le preguntaba a Dios si tenía de-

recho a producir más muertes que las que había visto el 16 de junio [...] si

podía o no seguir en la revolución en que estaba empeñado (Ruiz Moreno,

1994: 377).

Otro de esos generales fue Julio A. Lagos (Olgo Ochoa, 1988: 72-73). Has-

ta poco antes de julio de 1955, Lagos era considerado un férreo defensor

del régimen, afiliado al Partido Peronista. Cuando a comienzos de ese año

Aramburu lo consultó sobre su participación en una coalición golpista, solo

recibió respuestas evasivas (Ruiz Moreno, 1994: 370). De hecho, como su-

cedió con otros militares nacionalistas, solamente el proceso de radicaliza-

ción de preferencias del Gobierno respecto de la Iglesia lo hizo cambiar de

coalición (Ruiz Moreno, 1994: 379-380). Lagos solicitó su retiro como

consecuencia directa de la radicalización de las preferencias del Gobierno

(Olgo Ochoa, 1988: 72-90) y, en particular, de su inacción frente a la que-

ma de las iglesias en junio de 1955: “Yo a raíz de la quema de la bandera y

de las Iglesias me presenté al Ministro de Guerra, que era Lucero, para ex-

BENJAMÍN GARCÍA HOLGADO

Oscar Albrieu señala que el golpe de 1955 estuvo encabezado por “oficiales nacio-

nalistas católicos” como los generales Videla Balaguer, Lagos y Bengoa, que habían sido

peronistas hasta que estalló el conflicto con la Iglesia. Entrevista a Oscar Albrieu, Archi-

vo de Historia Oral, Universidad Torcuato Di Tella

42 invierno 2017

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presarle mi desagrado por ello y para preguntarle qué medidas se iban a to-

mar. La conversación resultó tensa y entonces le hice presente al Sr. Minis-

tro que no me encontraba en condiciones de espíritu como para apoyar al

Gobierno”.

Lucero afirma que en esa reunión Lagos le manifestó su hon-

da preocupación como consecuencia de la quema de la bandera y de las

Iglesias: “no dejó entrever otra preocupación que la religiosa” (Lucero,

1959: 130). El 27 de julio de 1955, reunido con Bonifacio del Carril y con

el general Bengoa, habló con el coronel Eduardo Señorans, principal ayu-

dante de Aramburu, y se sumó definitivamente a la coalición golpista (Ruiz

Moreno, 1994: 379-380).

Por último, Justo León Bengoa, general nacionalista, decidió sumarse a la

coalición golpista en febrero de 1955 principalmente “por razones religio-

sas” (Ruiz Moreno, 1994: 109; Amadeo, 1956: 38-39). Bengoa justificó su

participación en la coalición golpista a partir de sus preferencias normati-

vas en contra del régimen político y de la radicalización de políticas públi-

cas contra la Iglesia: “el estado de guerra interno que subvertía las garan-

tías de la Constitución Nacional, tornando en una falacia el sistema

republicano de Gobierno por la sumisión del Estado ante la voluntad del

Poder Ejecutivo [...] la persecución declarada oficialmente contra la Iglesia

Católica, significando el ataque a una de las instituciones públicas del país,

y a las creencias íntimas de la mayoría de la población argentina” (Ruiz

Moreno, 1994: 115-116).

La radicalización de preferencias del Gobierno respecto de la Iglesia tam-

bién tuvo impacto sobre el comportamiento de oficiales del Ejército de

menor rango. Respecto de la sublevación en Córdoba, que tendría al gene-

ral Lonardi como su principal líder en septiembre de 1955,

el coronel

Ramón Molina, actor fundamental en la misma, afirma que “cuando se

produce el golpe contra la Iglesia un grupo de capitanes dijo que no podía

ser así, se conectaron cuatro o cinco capitanes, tomaron contacto con la

Fuerza Aérea y luego había que buscar un jefe, lo más acertado era Osso-

rio Arana” (Rubé, 2012: 142). Sobre la situación en la guarnición Curuzú

Cuatiá, desde la cual Aramburu intentó coordinar una sublevación,

Entrevista al Gral. Julio A. Lagos, Archivo de Historia Oral, Universidad Torcuato

Di Tella.

Una detallada descripción de los hechos puede encontrarse en Primera Plana, 10 y

17 de junio, 1 y 7 de julio de 1969. En la edición del 7 de julio también se incluye la su-

blevación en Cuyo a cargo de Julio Lagos.

Sobre el fracaso de la sublevación de esta guarnición en septiembre de 1955, ver

Primera Plana, 27 de mayo y 3 de junio de 1969, y Rolando HUME (1962).

coronel Picciuolo sostiene que el “ambiente de hostilidad” comenzó a fi-

nales de 1954 “cuando se inició una campaña contra la Iglesia, casi diría

más que campaña una persecución” (Rubé, 2012: 156).

Por otra parte, existen testimonios de políticos opositores que no provie-

nen de sectores nacionalistas y católicos que coinciden sobre el impacto

que tuvo este proceso de radicalización sobre la estabilidad del régimen

político. El diputado unionista radical Miguel Ángel Zabala Ortiz indica

que las “circunstancias favorables” para que surgiese la coalición que ter-

minó con el régimen “se hizo posible cuando el Peronismo empezó la

campaña contra la Iglesia y con el plan entreguista de petróleo, sumada a

sus constantes amenazas a la oposición y el control de los medios de di-

fusión” (Makin, 1984: 168). Félix Luna, miembro de la Juventud Radical,

recuerda de la siguiente forma su reacción inmediata al discurso de Perón

del 10 de noviembre de 1954: “esa tarde de primavera de 1954, escu-

chando la voz de Perón acusando a tal o cual obispo de ‘contreras’ o in-

filtrados, no dudé un instante en saber que el fin del régimen estaba

próximo, que Perón caería pronto” (Luna, 1996: 479). Alejandro Gómez

considera que el conflicto con la Iglesia fue determinante para la caída

del régimen político: “la intolerancia totalitaria de Perón —hoy diríamos

fundamentalista— hizo que la Iglesia lo enfrentara, defendiendo el dere-

cho a su fe y a su interpretación [...] Perón fue derrocado por un levanta-

miento militar inspirado por la Iglesia Católica” (Gómez, 2001: 105-108).

Luego de la quema de las iglesias en junio de 1955, Gómez fue “visita-

do” por tres oficiales de la Fuerza Aérea que le comunicaron que “el

Arma estaba lista para salir en defensa del país” (Gómez, 2001: 106). El

presidente del partido desde 1954, Arturo Frondizi, sostuvo que el “aisla-

miento del Gobierno”, que finalmente llevó al fin del régimen político,

fue consecuencia del “conflicto religioso” y de “otros episodios” como el

rumor de la “formación de las milicias obreras” y de varios episodios que

“erosionaron su relación con las Fuerzas Armadas” (Frondizi, 1983: 21).

El dirigente comunista Juan José Real afirma que el conflicto tuvo un

efecto “unificador” sobre la coalición opositora: “sobrevino el conflicto

con la Iglesia, que, además de exacerbar y cohesionar a la oposición, con-

movió las filas de las fuerzas armadas, exaltó el celo religioso del nacio-

nalismo ‘neutral’ y arrojó al viejo nacionalismo septembrino a la conspi-

ración” (Real, 1962: 1955).

Por último, algunos testimonios de actores que formaban parte de la coali-

ción a favor del régimen coinciden con las perspectivas antes señaladas.

En primer lugar, Perón (1973: 44-45, 51) afirma que sus opositores dentro

y fuera de la Iglesia “crearon un problema que en la Argentina no había

existido nunca, como era el de la separación entre la Iglesia y el Estado”.

BENJAMÍN GARCÍA HOLGADO

42 invierno 2017

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Asimismo, Perón (1973: 20) señala que el conflicto con la Iglesia fue in-

tensificado como consecuencia de la acción de sus opositores quienes se

aprovecharon de este contexto: “Olvidando cuanto de bueno había hecho

yo por la Iglesia e ignorando voluntariamente el respeto que el Gobierno

había tenido por la institución, agrandaron en forma artificiosa la cuestión

de la famosa desavenencia y no vacilaron en transformar una cuestión

esencialmente política, limitada por ello a los hombres, en una insalvable

contradicción entre peronismo y catolicismo”.

En segundo lugar, políticos como Antonio Cafiero (1983: 50-53, 2011, pp.

132-151; Makin, 1984: 169), Raúl Bustos Fierro (1969: 159-191), Hipólito

Paz (1999: 251-259), Raúl Mende (2010), Benito Llambí (1997: 263, 269-

270) y Oscar Albrieu

señalan el efecto negativo que tuvo el proceso de

radicalización de preferencias sobre la estabilidad del régimen político (de

Hoyos 1970: 407). Joaquín Díaz de Vivar sintetiza esta posición cuando

afirma que “el régimen no hubiera sido abatido jamás si Perón no hubiera

cometido la torpeza de dejarse involucrar en la pugna con la Iglesia”.

Asimismo, Ricardo Obregón Cano, quien formaba parte del gabinete del

Gobierno de Córdoba, también sostuvo que el éxito de la coalición golpis-

ta fue consecuencia de que el conflicto con la Iglesia afectó duramente a

los cuadros superiores de las Fuerzas Armadas y dejó a Perón sin sostén

militar efectivo.

Los militares peronistas compartían esta interpreta-

ción.

Por ejemplo, el general José Humberto Sosa Molina, con claras

preferencias normativas a favor del régimen vigente, sostuvo en una con-

versación con Perón durante el intento de golpe de Estado del 16 de junio

de 1955 que “la acción antirreligiosa había producido mucha inquietud” y

que “era sumamente inconveniente la campaña de insultos y denuestos que

desarrollaban los diarios contra los sacerdotes”

(Ruiz Moreno, 1994:

176; Olgo Ochoa, 1988: 59). Por otra parte, el general Lucero sostiene que

“los conspiradores aprovecharon el conflicto con la Iglesia, la quema de la

bandera y el proyecto sobre el petróleo para crear al Gobierno una verdade-

ra crisis espiritual” (Lucero, 1959: 123).

Entrevista a Oscar Albrieu, ARCHIVO DE HISTORIA ORAL, Universidad Torcuato Di

Tella.

Entrevista a Joaquín Díaz de Vivar, ARCHIVO DE HISTORIA ORAL, Universidad Tor-

cuato Di Tella.

Ver Primera Plana, 17/6/69.

Existe evidencia de numerosos conflictos de preferencias que tuvieron militares que

eran católicos y, al mismo tiempo, defensores del régimen peronista desde 1954 (R

UIZ

MORENO, 1994, p. 290-291).

Ver Primera Plana, 16/6/70.

La radicalización tuvo una influencia decisiva en las preferencias normati-

vas y de políticas públicas del conjunto de la Marina

y, en particular, de

Aníbal Olivieri,

Ministro de Marina desde finales de 1951 (Olivieri,

1958: 104-105), quien nunca permitió que se suspendiera un acto religioso

en la Marina para reforzar su autonomía institucional (Olivieri, 1958:

100). Por su parte, Perren (1997: 60-62) también sostiene que el conflicto

del Gobierno con la Iglesia Católica contribuyó a que la Marina se sumara

a la coalición golpista: “El ministro Olivieri, jaqueado entre su adhesión al

Gobierno y sus convicciones religiosas, que habían entrado en colisión, se

decidió por estas últimas, y la recomendación de no concurrir a misa era

solo una cortina de humo para no debilitar su posición, hasta que llegara el

momento de cambiar de frente” (Perren, 1997: 62). El almirante Teodoro

Hartung también afirma que Olivieri se sumó a la coalición golpista desde

el momento en el cual “Perón se enemistó con la Iglesia. Ferviente católico

y además nacionalista, se había adherido al peronismo con todo fervor”

(Rubé, 2012: 109).

A partir de febrero de 1955 el Gobierno implementó nuevas políticas en

contra de las preferencias de la Iglesia. Se produjeron “purgas administrati-

vas” en el área educativa, donde cientos de curas que ejercían como profe-

sores debieron renunciar (de Hoyos, 1970: 195). Asimismo, no solo se ce-

rraron colegios católicos en Buenos Aires, sino que también el Ministerio

de Educación impuso “consejeros espirituales” en todas las escuelas para

inculcar “moralidad” (de Hoyos, 1970: 196). A mediados de marzo, el Po-

der Ejecutivo prohibió exhibir cualquier tipo de símbolos religiosos en las

escuelas y trasmitir por radio programas y audiciones católicas (de Hoyos,

1970, : 97). El 20 de marzo se removieron 5 feriados nacionales que co-

rrespondían a celebraciones religiosas

(Lubertino Beltrán, 1987: 106-

107; Bianchi, 2001: 300). Durante los últimos días de ese mes, todas las

escuelas católicas fueron acusadas de defraudación fiscal al Estado, respec-

to de lo cual la Iglesia respondió que se estaba lesionando su derecho cons-

titucional a la enseñanza y, finalmente, el gobierno determinó que se sus-

BENJAMÍN GARCÍA HOLGADO

Aunque nunca había existido una coincidencia de preferencias particularmente in-

tensa entre ambos actores, la radicalización de las preferencias del Gobierno respecto de

la Iglesia le dio una ventana de oportunidad única a la Marina para conformar una coali-

ción golpista (S

AHNI, 1991, p. 62).

Sobre este punto consultar la abundante evidencia contenida en su declaración ante

el Honorable Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el 19 de junio de 1955 (OLIVIE-

RI, 1958, p. 135-149).

El Arzobispo de Santa Fe, Monseñor Nicolás Fasolino, dirigió una carta al canciller

Remorino cuestionando esta decisión (LAFIANDRA, 1955, p. 103-106).

42 invierno 2017

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pendiera la enseñanza de la religión católica el 15 de abril de 1955 (Bian-

chi, 2001: 303; de Hoyos, 1970: 198).

Los obispos reaccionaron enviando dos cartas al presidente y al ministro de

Educación (16 de marzo) y emitiendo una pastoral (19 de marzo) que fue

leída en todas las iglesias nueve días después

(de Hoyos, 1970: 195-207;

Lubertino Beltrán, 1987: 106-107; Bianchi, 2001: 300-301). La Iglesia de-

nunció la violación de sus derechos constitucionales por el intento guber-

namental de “monopolizar” la escuela, que ignoraba la libertad religiosa en

la enseñanza. En particular, cuestionaba la imposibilidad de acceder a los

medios de comunicación, la prohibición de procesiones y concentraciones

religiosas, el apoyo estatal a cultos disidentes, la expulsión inconstitucional

de funcionarios públicos católicos, la inclusión de consejeros espirituales y

el ataque deliberado a la potestad eclesiástica de tener establecimientos

educativos (Lafiandra, 1955: 72-90, 394). La amenaza que percibía la Igle-

sia consistía en que la enseñanza católica estaba siendo “corrompida, fal-

seada en sus dogmas y principios morales” por un Gobierno que la contro-

laba con total autonomía de la autoridad eclesiástica, designando docentes

y confeccionado planes de estudio: “a los ojos del pueblo sencillo la ense-

ñanza religiosa no se suprimía. Pero, de hecho, no sería la Iglesia Católica

la que enseñaría ‘su religión’. Sería el Estado el que sustituiría a la Iglesia”

(Lafiandra, 1955: 89).

Durante abril la CGT y la prensa oficialista impulsaron la reforma de la

constitución nacional para separar a la Iglesia del Estado (de Hoyos, 1970:

199-200). La Iglesia reaccionó con una declaración episcopal denunciando

los intentos de sectores del gobierno de “negar la existencia de mutuos de-

beres entre la soberanía espiritual y la soberanía moral de los pueblos cató-

licos” (Bianchi, 2001: 303). Mientras que los diarios denunciaban “conspi-

raciones” lideradas por los católicos a favor de finalizar con el régimen

político, los panfletos católicos anunciaron que ambos “complots” fueron

organizados desde el Ministerio del Interior con el objetivo de inculparlos y

crear un “clima” para proponer la reforma constitucional y “destruir a la

Iglesia”

(Lafiandra, 1955: 138-143).

En mayo no solo se derogó la ley que había implementado la educación ca-

tólica en las escuelas, la Cámara de Diputados eliminó de su reglamento la

jura por “Dios y los sagrados evangelios”, sino que también se sancionó la

ley de necesidad de reforma parcial de las partes de la Constitución vincu-

En el número 3 de Verdad se denunciaban todas las políticas públicas sancionadas

por el Gobierno durante el mes de marzo de 1955 (LAFIANDRA, 1955, p. 392-397).

ladas a la religión católica (específicamente los artículos 2, 68, 77 y 83) (de

Hoyos, 1970: 203; Lubertino Beltrán, 1987: 206-258). La ley 14.404, que

afirmaba la necesidad de la “reforma parcial de la constitución, en todo lo

relativo a la Iglesia y sus relaciones con el Estado”, fue promulgada el 23

de mayo de 1955 (Lubertino Beltrán, 1987: 116-119; Bianchi, 2001: 206).

En consecuencia, cuatro días más tarde el presidente firmó el decreto con-

vocando a una Asamblea Constituyente para que modifique la Constitución

y establezca la separación absoluta entre el Estado y la Iglesia. Asimismo,

el 27 de mayo otro decreto eliminó todas las excepciones tributarias de las

instituciones religiosas, sus escuelas e Iglesias (Lubertino Beltrán, 1987:

120-121; de Hoyos, 1970: 204).

La Iglesia rechazó la posibilidad de una reforma porque “los católicos

proclaman la necesidad de que sus dos soberanos estén moralmente uni-

dos” (Lafiandra, 1955: 137; Bianchi, 2001: 303). Monseñor Manuel Tato

denunció que “la libertad de expresión ya no existía en Argentina” y que

“la Iglesia estaba siendo brutalmente atacada” (de Hoyos, 1970: 190; La-

fiandra, 1955: 151-153). La decisión de reformar la Constitución para que

la Iglesia fuera subordinada al Estado generó una fuerte reacción entre los

grupos laicos de católicos. El grupo de laicos que publicaba Fides Intrépi-

afirmaba que los católicos estaban “en guerra total y a muerte” y ad-

vertía sobre lo que sucedería si se permitía la reforma: “si aflojamos un

paso, nada quedará en pie, todo será destruido: educación, familia, culto,

congregaciones religiosas, colegios. ¡¡¡Todo!!! [...] ¡Adelante, cristianos,

Dios lo quiere! ¡Hay un solo crimen: la cobardía disfrazada de prudencia!

Hay un solo camino: ¡la pelea! Hay un solo grito: ¡¡¡Guerra!!!” (Lafian-

dra, 1955: 167-170). Esta radicalización de posiciones de los católicos

laicos se explica por la percepción que tenían sobre el futuro de la situa-

ción de la Iglesia y de la religión católica en Argentina. Luego de la san-

ción de la necesidad de reforma de la Constitución, el número 7 del pan-

fleto Verdad

se tituló “HACIA EL EXTERMINIO DE LA FE

CATÓLICA” (Lafiandra, 1955: 406-413). Asimismo, la campaña de pan-

fletos fue acompañada por la planificación de acciones subversivas de sa-

BENJAMÍN GARCÍA HOLGADO

En el panfleto Verdad correspondiente a Abril-Mayo 1955, también se denunció el

complot del gobierno para inculpar a los católicos.

Este panfleto fue ampliamente distribuido entre distintos miembros de las Fuerzs Ar-

madas, en particular, dentro del Ejército. Entrevistas al Ing. Florencio José Arnaudo y

Dr. Julio E. Álvarez.

Al igual que Fides Intrépida, este número de Verdad fue ampliamente distribuido

entre distintos miembros de las Fuerzs Armadas, en particular, dentro del Ejército. En-

trevistas al Ing. Florencio José Arnaudo y Dr. Julio E. Álvarez.

42 invierno 2017

STUDIA POLITICÆ

botaje que debían implementarse simultáneamente con una eventual suble-

vación militar de la Marina.

En sus inicios la campaña de panfletos tenía un objetivo informativo ya

que querían que los ciudadanos estuviesen conscientes del cambio de pre-

ferencias del Gobierno nacional. Además, su contenido se refería exclusi-

vamente a la persecución religiosa del Gobierno nacional y, aunque evi-

denciaban una enorme distancia de las nuevas preferencias del Gobierno,

nunca habían promovido el cambio de régimen político por medio de la

violencia. Sin embargo, desde abril de 1955 el contenido de los panfletos

buscaba denunciar al régimen vigente considerado como “autoritario” por

atentar contra las libertades y derechos de todos los argentinos (y no solo

contra los católicos) (Lafiandra, 1955: 109-112, 114, 120-121). Su objeti-

vo ya no era modificar algunas políticas públicas que implementó Perón,

sino cambiar el régimen político (de Hoyos, 1970: 191). Mientras que en

febrero de 1955 aún no se hacían referencias explícitas en los panfletos al

respecto, desde marzo de 1955 comenzaron a aparecer críticas directas al

presidente llamándolo “traidor”, “sacrílego” y recomendándole que re-

nuncie “mientras pudiera” (de Hoyos, 1970: 192-193). El régimen vigen-

te comenzó a ser considerado una dictadura donde los derechos y las li-

bertades eran inexistentes y los ciudadanos eran ilegalmente arrestados:

“la única salida a la situación era la expulsión de Perón [...] cientos de

militares de alta graduación recibían uno o dos panfletos semanales” (La-

fiandra, 1955: 18-19).

El conflicto se profundizó cuando los obispos decidieron realizar el Corpus

Christi el sábado 11 de junio a pesar de no contar con la autorización del

Ministerio del Interior

(Bianchi, 2001: 308-309; Rabinovitz, 1956: 181-

182: Gambini, 2007b: 331-341; Santos Martínez, 1988: 213-225; Lafian-

dra, 1955: 187-188). Esa festividad religiosa evidenció el efecto de “unifi-

cación” que tuvo el proceso de radicalización entre la Iglesia y el Gobierno

sobre diferentes grupos de opositores. Juan José Real recuerda ese momen-

to de la siguiente forma: “todo el laicismo argentino, que había fulminado

la enseñanza religiosa, que había señalado al de Perón como un Gobierno

de pura esencia clerical, se volvió en defensa de la Iglesia, no sólo bajo la

consigna de la libertad de cultos, sino también de los demás derechos [...]

era un frente antiperonista más vasto que el de 1945 y 1946. Los que en-

Entrevista al Ing. Florencio José Arnaudo.

Perón vincula como parte de la misma conspiración golpista a la procesión del Cor-

pus Christi con la preparación del bombardeo de la Marina el 16 de junio (P

ERÓN, 1958,

p. 65).

tonces habían lamentado la ausencia de los conservadores en la Unión De-

mocrática podían estar satisfechos; allí estaban todos. Lo que no imagina-

ron nunca fue que en tan estupenda amalgama entrara también la Iglesia”

(Real, 1962: 157).

Una vez finalizada la misa del Corpus Christi el sábado 11 de junio, una

gran cantidad de personas se dirigieron al Congreso de la Nación. El Go-

bierno nacional denunció que los católicos habían quemado allí una ban-

dera argentina

(de Hoyos, 1970: 290-294; Ruiz Moreno, 1994: 124-

130). Al día siguiente cuando un grupo intentó quemar la Catedral y la

Curia Perón declaró que el “Gobierno se ha ganado el derecho de hacer

justicia contra los malos jerarcas de la Iglesia y contra sus organizacio-

nes” (Bianchi, 2001: 308-309; de Hoyos, 1970: 295). Asimismo, decretó

la exoneración de los cargos de los monseñores Tato y Novoa, y dispuso

su expulsión del país. Luego de recibir a los religiosos e informarse de lo

ocurrido, el Vaticano respondió con la Excomunión del presidente Pe-

rón

(Bianchi, 2001: 312; Bosca, 1997: 379-380). Este era el contexto

de los días previos al bombardeo del 16 de junio, que tuvo un impacto

muy fuerte sobre la adhesión de los militares al régimen vigente (Luna,

1986: 273-274).

El 16 de junio a la mañana, la Marina decidió bombardear Plaza Mayo, con

la intención de matar a Perón y cambiar el régimen político.

Diversos

grupos peronistas reaccionaron quemando, esa misma noche, diferentes

iglesias en Buenos Aires

(de Hoyos, 1970: 314-316; Ruiz Moreno, 1994:

303-318; Rabinovitz, 1956: 185; Ancarola, 2005: 43-51). Sin embargo, so-

bre este hecho Perón sostiene que “las iglesias habían sido quemadas desde

adentro. Ese fue un acto de provocación para mí. Quemaron las iglesias

para luego hacer las campañas en mi contra. Mi impresión personal es que

todo eso fue dirigido por Tato y Novoa” (Luca de Tena, Calvo y Peicovich,

1976: 217).

BENJAMÍN GARCÍA HOLGADO

Los católicos laicos realizaron numerosos panfletos, de gran difusión dentro de las

Fuerzas Armadas, donde denunciaban que el Gobierno era el responsable de la quema de

la bandera y de las iglesias (LAFIANDRA, 1955, p. 198-203, 208-210, 217-222, 366-368).

En particular, el número 7 de Verdad (julio de 1955) se enfocó en ambos temas (Lafian-

dra, 1955, p. 413-418).

El Decreto de excomunión puede ser consultado en LAFIANDRA (1955, p. 200-201).

Respecto de los detalles de la conspiración y de la sublevación, consultar la crónica

de los hechos en RUIZ MORENO (1994, p. 159-302).

Ver el panfleto El llanto de las ruinas… La Historia, el Arte, y la Religión ultraja-

dos en los templos de Buenos Aires. 16 y 17 de junio de 1955 (sin autor).

42 invierno 2017

STUDIA POLITICÆ

La declaración completa puede consultarse en LUBERTINO BELTRÁN (1987, p. 188-

205) y ANCAROLA (2005, p. 81-96). La misma había sido redactada el 7 de junio (BUSTOS

FIERRO, 1969, p. 174-175).

Por su parte, la Iglesia reaccionó con la publicación el 13 de julio de una

pastoral denominada Nuestra contribución a la paz de la patria. Declara-

ción Episcopal denunciando la persecución religiosa en la Argentina

con el objetivo de dar a conocer al pueblo “la real y verdadera situación

de la Iglesia Católica”, que estaba siendo víctima de un ataque “por parte

de las Autoridades Nacionales”. La Iglesia conceptualizaba el conflicto

con el Gobierno como consecuencia del aumento del nivel de radicaliza-

ción de preferencias sobre diferentes políticas públicas: la supresión de la

Dirección General de Enseñanza Religiosa, la ley de reuniones públicas

según la cual “los católicos perdían la libertad para realizar manifestacio-

nes públicas de carácter religioso”, la Ley del Divorcio Absoluto que ata-

caba “la santidad de la familia cristiana, hiriendo el corazón de la Iglesia”,

la Ley de Profilaxis, la supresión de festividades religiosas, la derogación

de la enseñanza religiosa y la exención de impuestos, y la separación

constitucional de la Iglesia y el Estado (Ruiz Moreno, 1994: 121-123;

Gambini, 2007b: 395-397). Identificaba una política pública y la propues-

ta de reforma constitucional como causas fundamentales del proceso de

radicalización.

En primer lugar, la derogación de la enseñanza religiosa constituía un “des-

pojo de un derecho inalienable del pueblo” que el Estado no podía trans-

gredir, un “ataque a la familia cristiana y a la Iglesia”, y una violación de la

confianza del pueblo ya que “fue promesa y bandera del programa con que

el Partido Peronista solicitó los votos del electorado”. En segundo lugar,

“no contentos los propulsores del laicismo en haber expulsado a Dios de

las escuelas y de la familia”, el proyecto de reforma constitucional buscaba

“dominar las consciencias en su aspecto más sagrado”, con el objetivo de

que la Iglesia careciera de libertad para poder llevar a cabo su “misión divi-

na”. También se manifestaba la ausencia de evidencia que sustentara “la

imputación de una conjuración político-clerical o de un contubernio oligár-

quico-clerical” y se sostenía que los sacerdotes encarcelados fueron “pues-

tos en libertad por falta de pruebas”. La pastoral concluía en que el objeti-

vo final de todas estas políticas públicas y de las denuncias en su contra era

“crear un cristianismo auténtico para sustituir a la Iglesia Católica [...] hay

que comenzar por desprestigiar a la Iglesia, combatirla, reducirla por todos

los medios a la impotencia para que así pueda surgir el cristianismo autén-

tico que creará el Estado”.

III. Conclusiones

Diferentes testimonios analizados y la bibliografía secundaria sugieren

que el comportamiento de la Iglesia durante 1955 respecto del régimen

vigente fue consecuencia del nivel de radicalización de sus preferencias

respecto de diversas políticas públicas que implementó el Gobierno a

partir de los meses de noviembre y diciembre de 1954. Hasta ese mo-

mento, la jerarquía eclesiástica y los grupos católicos laicos no habían

apoyado, por ejemplo, los intentos de golpe militar que existieron en

1951 y 1952, las candidaturas de partidos políticos antiperonistas ni las

críticas al Gobierno en los enfrentamientos con los partidos opositores en

abril y mayo de 1953. En igual sentido, los laicos que organizaron la

campaña de panfletos en contra del régimen a partir de diciembre de

1954 no habían tenido actuación política opositora anteriormente. Cuan-

do el conjunto de políticas públicas comenzaron a modificarse rápida-

mente a partir de noviembre de 1954, la Iglesia reaccionó defendiendo

intransigentemente el statu quo frente a la radicalidad de los cambios im-

puestos por el Gobierno (Mainwaring y Pérez Liñán, 2013: 37). Sin em-

bargo, tal como se indica en el primer apartado, los conflictos y tensio-

nes entre ambos actores se sucedieron desde la primera presidencia de

Perón. Por ende, si bien es posible afirmar que la moderación de prefe-

rencias entre ambos actores fue erosionándose paulatinamente, el co-

mienzo del proceso de radicalización puede ser identificado en noviem-

bre de 1954 ya que a partir de ese momento adoptó una dinámica

cualitativamente distinta a la anterior.

Por otra parte, la presencia de este conflicto tuvo un impacto causal direc-

to sobre el proceso de quiebre del régimen político: generó una reacción

en actores muy importantes dentro del Ejército (Julio Lagos, Justo León

Bengoa, Dalmiro Videla Balaguer) y la Marina (Aníbal Olivieri) que antes

no se habían opuesto al régimen político.

A medida que aumentaron las

modificaciones a las políticas públicas defendidas por la Iglesia, crecieron

las manifestaciones donde se les solicitaba a las Fuerzas Armadas que in-

tervinieran para destituir al Gobierno (Lafiandra, 1955: 196-368). En

mayo, luego de que el Gobierno promulgara la ley que declaraba la nece-

sidad de la reforma de la Constitución, la Iglesia y los católicos creían que

su propia existencia estaba en juego. La campaña de panfletos sugiere que

el nivel de radicalización fue tan intenso que los católicos les solicitaron a

BENJAMÍN GARCÍA HOLGADO

Sobre la relevancia de estos militares en la coalición golpista ver Ruiz Moreno

(1994).

42 invierno 2017

STUDIA POLITICÆ

los militares que finalizaran con un régimen político “ilegal e ilegítimo”

(Lafiandra, 1955: 253-255).

El mecanismo causal tuvo una dinámica “reactiva”: un actor produjo un

cambio de las preferencias de otros actores y, por ende, una modificación

de sus comportamientos (Hedström, 2008: 328). La forma de interpretar

los hechos fue fundamental ya que tanto el comportamiento del Gobierno

como el de sus opositores era consecuencia de la interpretación que se

hizo de las acciones que estaba llevando a cabo su adversario (Falleti y

Lynch, 2009: 1150). Resulta relevante señalar que la teoría presentada per-

mite explicar este conflicto y su impacto causal sobre el proceso de quie-

bre del régimen político independientemente de quién haya comenzado el

proceso de radicalización de preferencias. Desde la perspectiva de la Igle-

sia, de los sectores golpistas dentro de las Fuerzas Armadas y de los parti-

dos políticos antiperonistas, el Gobierno impulsó el proceso de radicaliza-

ción de preferencias a partir de noviembre de 1954 y la Iglesia tuvo un

comportamiento reactivo frente al mismo. En cambio, según los testimo-

nios de Perón, el Gobierno debió reaccionar frente a una serie de compor-

tamientos radicalizados de diversos grupos de la Iglesia anteriores a no-

viembre de 1954. Independientemente de qué interpretación podría ser

denominada como la “objetivamente correcta”, lo relevante es que ambos

actores afirman que su comportamiento fue “reactivo” frente a las decisio-

nes del otro, dando inicio a un proceso de confrontación que tuvo un im-

pacto negativo sobre la estabilidad del régimen político.

En conclusión, un alto nivel de radicalización sobre diferentes políticas

públicas como la causa principal

(aunque no la única) para explicar la

oposición de los actores al régimen también se observa durante otros pro-

cesos de quiebre de regímenes políticos: la Segunda República Española

entre 1931 y 1936 (p. ej., el Partido Socialista y la Confederación de De-

rechas Autónomas Españolas) y la democracia chilena entre 1970 y 1973

(p. ej., el Partido Demócrata Cristiano) (Linz, 1978b; Valenzuela, 1978).

En este sentido, la dinámica “reactiva” de este mecanismo causal no di-

fiere de lo ocurrido en esos procesos de cambio de régimen político don-

de las acciones de un actor generaron una reacción y cambio de compor-

tamiento en otros actores que dejaron de apoyar al régimen vigente

(Linz, 1978a; Valenzuela, 1978). Teniendo en cuenta que numerosos au-

Esto no significa que los actores golpistas dentro de las Fuerzas Armadas no conta-

ran con preferencias normativas en contra del régimen, sino que las mismas tuvieron un

impacto menor que la radicalización de preferencias en las coaliciones golpistas de 1955

ARCÍA HOLGADO, 2015, p. 71-72; 2016).

tores (Levy, 2008b; Tetlock y Belkin, 1996; Reiss, 2012) consideran que

los argumentos contrafácticos son útiles para contribuir en la explicación

de los estudios de caso, podríamos afirmar que si no se hubiese intensifi-

cado el proceso de radicalización de preferencias entre la Iglesia y el

Gobierno desde noviembre de 1955, las coaliciones golpistas habrían

quedado reducidas a algunos sectores dentro de la Marina, a minorías en

el Ejército y a los partidos políticos opositores y difícilmente se habría

producido el golpe de Estado

(Levy, 2008b; Tetlock y Belkin, 1996;

Reiss, 2012).

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Los intentos de formar una coalición en las Fuerzas Armadas con capacidad de des-

estabilizar el régimen entre 1952 y finales de 1954 fueron escasos, desarticulados y es-

porádicos, como consecuencia de las medidas de control y vigilancia que se implementa-

ron desde el Gobierno (G

ARCÍA HOLGADO, 2015, 2016).

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BENJAMÍN GARCÍA HOLGADO

42 invierno 2017

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Fecha de recepción: 26/11/2015

Fecha de aceptación: 31/10/2016