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STUDIA POLITICÆ Número 40 primavera~verano 2016~2017
Publicada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales,
de la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, República Argentina.
*
Sociólogo, Profesor Titular de Sociología Política en la UBA. Director de FLACSO
Argentina.
¿Estamos dispuestos a renunciar a
la igualdad?
Luis Alberto Quevedo
*
Resumen:
Explorar la tensión entre la libertad y la igualdad, tal como fueron idea-
das y legadas por la revolución francesa parece ser hoy una tarea tan ne-
cesaria como inevitable en el campo de las ciencias sociales. El mandato
que dejó aquella revolución no funcionó en la mayoría de las experien-
cias políticas posteriores y durante el siglo XX y las naciones trataron de
apaciguar los conflictos gestionando la igualdad, a través de las distintas
experiencias del Estado de Bienestar. Pero en el siglo XXI estos concep-
tos entran en crisis por la tensión entre los intereses de los desposeídos
frente al de los poderosos hasta volverlos irreconciliables: la dinámica
del capitalismo —dominado por el capital financiero— entra en colisión
con ciertas políticas sociales basadas en principios de equidad que intro-
duce este modelo de Estado de Bienestar.
En un informe del año 2016 de la UNESCO, la desigualdad vuelve a po-
nerse en agenda, ya que puede poner en peligro la sostenibilidad socie-
dades. Se desarrollan siete dimensiones de la desigualdad y se las pone
en contexto para explicar su crecimiento. Por esto la Agenda de las Na-
ciones Unidas adopta los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, cuya
finalidad específica es “reducir la desigualdad en y entre los países”, te-
niendo en cuenta las particularidades de cada caso.
Algunos de estos temas tienen que ver con la agenda política y económi-
ca que está hoy presente en la Argentina. Luego de la elección de un
nuevo gobierno en el 2015, ya no aparecen políticas de redistribución
del ingreso que no estén ligadas a la teoría del derrame —hecho negado
en el informe de la UNESCO—. Entonces vuelve el interrogante por los
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principios que inspiran a las políticas públicas y la pregunta por la acep-
tación de la sociedad de un modelo donde la desigualdad se acentúa. El
marketing político toma un lugar central en la constitución de un nuevo
poder y un nuevo modelo comunicacional y, al mismo tiempo, se produ-
ce un corrimiento del debate económico al cultural, para solidificar un
pacto ideológico que rechace el regreso de cualquier pasado populista.
Se desmantelan así los principios rectores de la tradición liberal y revo-
lucionaria, vivimos en una posdemocracia, donde se instala la desigual-
dad como un valor natural o, al menos, como un principio deseable para
nuestras sociedades.
Palabras clave: Libertad – Igualdad – Posdemocracia – Política argen-
tina
Abstract:
Explore the tension between freedom and equality, as they were
devised and bequeathed by the French Revolution seems to be as
necessary as inevitable in the field of the social sciences today. The
mandate that left the revolution didn’t work in most of the subsequent
political experiences and during the 20th century and the Nations tried
to appease conflict managing equality, through the different
experiences of the welfare state. But in the 21st century these concepts
come into crisis by the tension between the interests of the poor face of
the powerful to make them irreconcilable: the dynamics of capitalism
—dominated by financial capital— comes into collision with certain
social policies based on principles of equity introduced by this model
of welfare state. A report of the year 2016 of UNESCO, the inequality
back to agenda, since it may endanger the sustainability of societies.
Seven dimensions of inequality are developed and made in context to
explain its growth. Why the Agenda of the United Nations adopted
targets for sustainable development, whose specific purpose is to
«reduce inequality within and between countries», taking into account
the particularities of each case.
Some of these issues have to do with the political and economic agenda
is today present in the Argentina. After the election of a new Government
by 2015, are no longer income redistribution policies that are not linked
to the theory of the spill —fact denied the report of UNESCO—. Then
again the question by the principles underlying public policy and the
question by the acceptance of society from a model where the inequality
is accentuated. Political marketing takes a central place in the
Constitution of a new power and a new communication model and, at
the same time, there is a shift in the economic debate to the cultural, to
solidify an ideologically Pact that rejects the return of any populist past.
The guiding principles of the liberal and revolutionary tradition was thus
dismantled, we live in a post-democracy, where inequality as a natural
value settles, or at least, as a desirable principle for our societies.
Keywords: Liberty – Equality – Post-Democracy – Argentina Policy
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1. La tensión entre libertad e igualdad
E
L año 2016 marcó nuestro segundo centenario ligado a una gesta
militar que se vivió en el territorio americano, pero también fue un
momento de cambio y debate institucional, económico, cultural y
político. En el siglo XIX, en varios puntos de nuestra América los fundado-
res de la libertad fueron los “libertadores” en el doble sentido de romper
con la corona española y también de fundar otra libertad. El debate por la
autonomía política y las condiciones de la independencia no fue menor, sin
embargo, no pusieron en el mismo rango la idea de igualdad o fraternidad
que venían de la Revolución francesa.
En Europa, en cambio, el siglo XIX fue vivido de otro modo y se lo con-
sideró como el siglo del Colonialismo y de las Revoluciones (conservado-
ras y obreras), pero sobre todo fue el gran siglo de la “cuestión social” en
los viejos y nuevos Estados europeos. También fue el siglo donde nació
la idea del Estado Benefactor, como una respuesta a los reclamos sociales
y políticos de los obreros: un Estado que al mismo tiempo que daba res-
puestas a las demandas que provenían de las condiciones de trabajo del
capitalismo, regulaba, ordenaba, distribuía y clasificaba a los ciudadanos.
Se abría así otra “igualación” que haría historia: la era del control social
minucioso de las burocracias estatales, de las rutinas en las fábricas, de la
vida social y también del sistema de expectativas que el Estado tenía res-
pecto de los ciudadanos.
Durante el siglo XIX se pusieron en juego la capacidad que tenían (o
no) de producir efectos sociales y políticos los principios que inspira-
ron a la Revolución francesa y que quedaron como un emblema de la
revuelta política que fundó la modernidad, no solo por haber instituido
el principio democrático (y el demos como protagonista de la escena
pública), sino por el legado de sus tres palabras clave: libertad, igual-
dad, fraternidad.
Allí nació el concepto moderno de igualdad, más como un horizonte,
como una idea política revolucionaria que como una realidad. Pero ese
concepto —colocado al lado del objetivo siempre presente de la con-
quista de la libertad y del muy francés concepto de la fraternité— fun-
daron una forma de la política que tiñó buena parte del siglo XIX y XX
y que llegó a América de manera muy diversa. Al continente americano
y no solo a América del Sur. Esa revolución se impuso conceptualmen-
te en Europa, pero también en buena parte del mundo occidental como
un modelo (a seguir o a repudiar) y dejó sus marcas en nuestra cultura
política.
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Un gran lector de esa revolución, de esas marcas y de esa relación difícil y
conflictiva entre libertad e igualdad fue, sin lugar a dudas, Alexis de Toc-
queville, quien estará más preocupado por las tensiones que se establecen
entre esos conceptos que por su solidaridad. O en todo caso, por las conse-
cuencias simbólicas, institucionales y políticas que deja esa tensión en cada
una de nuestras sociedades.
En su obra La democracia en América dirá el vizconde de Tocqueville
que el proceso de igualación de condiciones que se puede constatar en los
últimos siglos se debe a la acción del principio democrático de la igualdad
que opera en el seno de nuestras sociedades. Este principio actúa, en bue-
na medida, como un “motor de la historia” que tracciona a los hombres a
producir cambios en sus condiciones de vida, en sus representaciones y en
los entramados instituciones que han sido capaces de crear. No sabe por
qué Dios ha puesto a prueba a los hombres haciéndoles creer que son
iguales, pero esta convicción no deja de producir cambios en las socieda-
des modernas.
Por supuesto, no cree Tocqueville que los hombres han devenido iguales
ni tampoco que esta igualdad se dé en los hechos. Solo le asombra que
este principio esté operando en nuestras sociedades con tal fuerza que
puede competir incluso con el principio de libertad. Los hombres posre-
volución francesa han asumido como propio un principio imaginario: que
todos pueden ocupar en la sociedad cualquier posición y que tanto la ri-
queza como el mando pueden cambiar de titular al caer todos los princi-
pios trascendentales que fundaron la desigualdad entre los hombres. Dice
Tocqueville:
La igualdad de condiciones sociales hace, tanto del señor como del sier-
vo, unos seres nuevos y establece entre ellos nuevas relaciones. (...) En
vano la riqueza o la pobreza, el mando o la obediencia, distancia acci-
dentalmente a dos hombres; la opinión pública, que se funda en el orden
normal de las cosas, los aproxima a un nivel común y crea entre ellos una
especie de igualdad imaginaria, a pesar de la desigualdad real de sus con-
diciones sociales.
Allí queda expresada toda la fuerza que le atribuye Alexis de Tocqueville
a las convicciones, a la opinión pública, a las creencias de los sujetos que
habitan una misma sociedad. Tocqueville no cree que los hombres se han
vuelto iguales, sino que está sorprendido de que estén convencidos de
esto y piensa que el funcionamiento de este principio de igualdad puede
cambiar la fisonomía de nuestras sociedades. No fue la Revolución fran-
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cesa la que inventó la igualdad, pero fue allí donde se la volvió un princi-
pio asociado al de la libertad y la fraternidad que operaban como un man-
damiento irrenunciable de la nueva ciudadanía, un credo laico que debía
volverse dogma en las nacientes democracias. Aunque no funcionó así en
la mayoría de las experiencias política europeas y menos aún en los inci-
pientes estados nacionales de América del Sur.
Sin embargo, como dijimos antes, en la primera mitad del siglo XX, mu-
chas naciones buscaron apaciguar los conflictos sociales gestionando la
igualdad. Como lo dijimos más arriba, las experiencias del Estado de Bien-
estar son buenos ejemplos de ello, pero no los únicos. Hay instituciones
que nacieron en el siglo XIX que se forjaron con este principio, como lo
fue la Escuela Pública o el Hospital Público (ligado a todos los modelos de
salud pública que conocimos y que fueron resultado de la “fiebre higienis-
ta” de fines de ese siglo y comienzos del XX).
El siglo XXI se está presentando muy distinto en este aspecto: la igualdad,
el motor de la igualdad, la convicción sobre la igualdad, las culturas insti-
tucionales basadas en la igualdad, están en crisis. Los Estados Nacionales
han decidido desentenderse de la igualdad, del acceso a los derechos para
todos.
Pero además de esto, está la enorme experiencia de la desigualdad que
vive el capitalismo de hoy, desconocido en toda la historia del capitalis-
mo. Muchos autores han enfatizado esto desde el punto de vista económi-
co (Thomas Piketty, entre otros) pero también están quienes han enfatiza-
do el modo en que el capitalismo se ha tensionado con la democracia
liberal justamente en este punto que supone sostener el principio de
igualdad.
En Requiem for the American Dream, Noam Chomsky recuerda que, en
el debate constitucional norteamericano, los representantes de los Estados
que buscaban conformar la Federación se encargaron de colocar en ma-
nos del Senado un poder mayor a fin de garantizar los privilegios de los
más ricos (recordando que los senadores no eran elegidos por voto popu-
lar, sino que era un privilegio de los ricos que elegían a estos represen-
tantes). James Madison —considerado como el Padre de la Constitu-
ción— dejó escrito en las actas de la Convención de Filadelfia que “la
mayor preocupación de la sociedad tiene que ser proteger a las minorías
opulentas de las mayorías”. Por este motivo, Madison sostuvo que el sis-
tema constitucional debía ser concebido para contener a la democracia,
para evitar cualquier exceso de las mayorías pobres ante las minorías po-
derosas.
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Esta otra tensión también ha transitado durante todo el siglo XIX y XX:
la inevitable tensión entre los intereses de los más desposeídos que pre-
tenden “democratizar” los bienes que se producen en una sociedad, fren-
te al interés de los más poderosos que necesitan una democracia que les
garantice la propiedad y sus riquezas dejando en el mercado cualquier
principio de distribución. En realidad, la democracia siempre convivió
con estos dos extremos: o protegemos al demos de las inequidades del
mercado o protegemos a los propietarios de los peligros que supone aten-
der las demandas del demos; o se reduce la desigualdad o se reduce la de-
mocracia.
El siglo XXI parece haber resuelto este dilema a favor de la desigualdad.
Las experiencias de Estado de Bienestar no solo están en retroceso sino
que son atacadas sistemáticamente por los aparatos ideológicos de los par-
tidos políticos conservadores, por los medios masivos de comunicación
(que cada vez se han globalizado más, se concentran y sus dueños están
asociados o pertenecen a los sectores más poderosos y conservadores de la
sociedad), los líderes emergentes (que suelen provenir también de los sec-
tores más ligados a la riqueza y el poder) y de las organizaciones de la so-
ciedad civil que están financiadas también por los grandes centros de poder
global. Todo este aparato de legitimación se está inclinando en el siglo XXI
hacia un solo costado: el costado que repudia la intervención de la política
en las reglas de mercado, que considera que el destino de cada individuo
depende de sí mismo y que la intervención Estatal en cualquier materia que
suponga alguna redistribución de bienes, servicios u oportunidades es un
populismo repudiable.
El mismo N. Chomsky sostiene que los movimientos políticos y sociales de
los años sesenta y setenta, que fueron movimientos importantes por la
igualdad de derechos, de acceso a los bienes simbólicos y materiales de
una sociedad, tuvieron una importante reacción de parte de los sectores
más poderosos:
Ha habido una enorme ofensiva empresarial bien concentrada y coordi-
nada, que comenzó en los mismos años setenta, para intentar combatir los
esfuerzos por la igualdad. (...) El primer informe de la Comisión Trilate-
ral, por ejemplo, trata sobre esto y se llama “La Crisis de la Democra-
cia”. Esta Comisión Trilateral está formada por internacionalistas libera-
les y formaban parte de la administración Carter. (...) La década de los
sesenta fue un desafío general a los sistemas de autoridad existentes y a
éstos les preocupaba que se estuviera desarrollando un exceso de demo-
cracia.
Una vez más, de lo que se trata es de contener a la democracia.
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2. Las profundidades de la desigualdad
En el año 2016, la UNESCO junto al CICS (el Consejo Internacional de
Ciencias Sociales) produjo un informe mundial titulado Afrontar el reto de
las desigualdades y trazar vías hacia un mundo justo que justamente rea-
liza un diagnóstico sobre el estado actual de la desigualdad en el mundo.
El punto de partida es la crisis económica del año 2008 y sus repercusio-
nes prolongadas, las insurrecciones populares de la denominada “Primave-
ra árabe”, los conflictos en México y los movimientos sociales en España
y el movimiento de los “ocupas” (“occupy”) en Wall Street: todos ellos fi-
guran entre los numerosos acontecimientos que han vuelto a colocar a la
desigualdad en el temario de la agenda política mundial durante el segun-
do decenio del siglo XXI.
El informe destaca que diversas evaluaciones han llegado a la conclusión
de que la desigualdad solo ha crecido y que esta tendencia parece difícil
de revertir si no se producen políticas activas en este sentido. En 2015, el
1 % de la población mundial concentraba en sus manos casi la mitad de
la riqueza poseída por el conjunto de las familias del planeta. Asimismo,
las 62 personas más ricas del mundo poseen por sí solas tantos bienes
como la mitad más pobre de la humanidad.
En el Informe Mundial sobre Ciencias Sociales de 2016 se llega a la con-
clusión de que la desigualdad puede poner en peligro la sostenibilidad de
las economías, sociedades y comunidades. No se trata solo de un tema
ético o de posicionamiento sobre la distribución de los bienes y servicios
que hoy están disponibles en el planeta como sino de un tema mayor: la
sostenibilidad de nuestra vida en común. Por este motivo, dice el informe
que es necesario conocer los rasgos fundamentales de la desigualdad para
pensar las políticas que pueden modificar esta tendencia hasta hoy irre-
versible. La creación de sociedades más equitativas exige un mejor cono-
cimiento de la desigualdad en general, así como de los vínculos existen-
tes entre la desigualdad económica y otras formas de desigualdad, por
ejemplo, las que se dan en materia de género o en los ámbitos de la edu-
cación y la salud.
Por eso, haríamos mal en pensar que el problema político que le presenta
la desigualdad al mundo actual está centrado en los bienes materiales ex-
clusivamente. El problema es más complejo y compromete diferentes di-
mensiones de la vida social y cultural. En el Informe se examinan siete
dimensiones de la desigualdad y cómo su interacción llega a conformar la
vida de las personas, creando un círculo vicioso de desigualdad.
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En cualquier sociedad, las desigualdades, además de ser económicas, son
también políticas, sociales, culturales, ambientales, territoriales y cogniti-
vas. Y por eso abordar este tema requiere un tratamiento integral del pro-
blema. Y hay en este terreno una preocupación que ha crecido tal vez más
—en los ámbitos académicos que entre los responsables de las políticas pú-
blicas— por lo que sabemos que, desde 1992, los estudios centrados en in-
vestigar y poner el acento en el crecimiento de las desigualdades (y la jus-
ticia social) se han quintuplicado.
El informe de UNESCO-CICS dice el origen del aumento de las desigual-
dades económicas en los últimos años parece remontarse a los decenios de
1980 y 1990, cuando el modelo neoliberal llegó a ser predominante en los
países occidentales y se fue extendiendo paulatinamente a otras partes del
mundo, en el contexto de la globalización y el dominio del capital financie-
ro de la economía tras el desmoronamiento del bloque de los países del
Este.
Pero no podemos dejar de subrayar que este viraje económico que trajo la
globalización fue acompañado por una ideología que seguía sosteniendo
el liberalismo del siglo XIX: la riqueza de los ricos, la acumulación de los
bienes y recursos en manos de los más favorecidos terminaría favorecien-
do a todos. François Guizot, quien fuera parte del gobierno durante la mo-
narquía de Luis Felipe de Orleans en la Francia restauradora del siglo XIX
(y líder de los doctrinarios liberales de la época) fue consultado en una
oportunidad por un grupo de hombres poderosos: “¿cómo podemos contri-
buir con la grandeza de Francia?”, preguntaron. A lo que Guizot respon-
dió: “Enrichissez-vous!” (¡enriquézcanse!), lo que pasó a la historia como
una de las “frases malditas” de la política francesa y una de las fórmulas
más simples de explicar la llamada “teoría del goteo” que pregona el li-
beralismo.
No es menor esta lectura ideológica sobre la forma de crear el bienestar de
los otros: simplemente maximizando el bienestar propio, las riquezas pro-
pias. Esta idea partía de la hipótesis de que, en última instancia, las pobla-
ciones pobres y vulnerables sacarían provecho de la lenta filtración de los
beneficios del crecimiento económico generados por las fuerzas del merca-
do. Sin embargo, sostiene el mismo informe de la UNESCO – CICS, esa
hipótesis no ha llegado a plasmarse en los hechos en ningún lugar ni en
ningún momento de la historia.
Es más, lo que registra el informe es que, aunque en algunos países —tan-
to desarrollados como emergentes— se registraron altos índices de creci-
miento económico —a veces como consecuencia de la liberalización de sus
economías—, la desigualdad en general, y más concretamente la desigual-
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dad de ingresos, aumentó rápidamente. Esto ha sido muy claro en algunas
economías latinoamericanas que en los últimos 10 o 12 años vivieron pro-
cesos virtuosos de crecimiento. Sin embargo, la distribución de esas rique-
zas sigue siendo un déficit de las democracias.
Pero las cifras de los organismos internacionales ponen de relieve el au-
mento considerable de la desigualdad de ingresos a lo largo de las últimas
tres décadas no solo en las economías latinoamericanas, sino también en
países del hemisferio norte como los Estados Unidos, el Reino Unido y Ca-
nadá. En ese periodo se han registrado incluso aumentos sustanciales de la
desigualdad en algunos países como Suecia (que fue la cuna de los mode-
los de Estado de Bienestar con alta regulación de la economía y sobre todo
de la vida social), donde el nivel de disparidad de ingresos era poco eleva-
do antes de la década de 1980.
Para los países de economías emergentes, en algunos de ellos —como Co-
lombia, Brasil y la India— se observan niveles de desigualdad de ingresos
más elevados que en los países del hemisferio norte, sostiene el Informe.
Hoy en día, Sudáfrica es el país del mundo con el índice de desigualdad de
ingresos más alto, aunque haya experimentado una reducción en estos últi-
mos años.
Estos señalamientos con respecto al crecimiento de la desigualdad fueron
retomados por muchos organismos internacionales. El 25 de septiembre de
2015, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y consigna entre sus objetivos centrales aca-
bar con la pobreza, afrontar el cambio ambiental y luchar contra la des-
igualdad y la injusticia. Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS)
forman parte de un nuevo programa de desarrollo sostenible que se ha
comprometido a garantizar “que nadie se quede atrás”, una especie de con-
signa de época tendiente a promover políticas de equidad.
Por este motivo, los ODS se proponen como finalidad específica “reducir
la desigualdad en y entre los países” y otros puntos de estos objetivos tie-
nen como propósito contribuir a la reducción de las desigualdades y pro-
mover la integración social de aquí al año 2030. “En y entre los países”
son empresas convergentes, pero bien distintas, pero ambos quedaron plas-
mados en este documento de las NU también porque son difíciles de diso-
ciar. En resumen, el tema de la desigualdad y las formas de cambiar esta
tendencia estuvieron muy presentes entre los que redactaron estos objetivos
del desarrollo en las próximas décadas.
Vale la pena recoger dos objetivos del Informe que están vinculados direc-
tamente con el tema que estamos tratando:
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• Trascender la desigualdad estrictamente económica para examinar las in-
teracciones que se dan entre las múltiples dimensiones de la desigualdad.
• Analizar las consecuencias de las desigualdades en diferentes países y
regiones, así como en diversos grupos de población.
Estos dos puntos son fundamentales y ponen el énfasis en considerar las
desigualdades de modo plural. Es decir, resulta necesario complejizar y po-
ner en valor los vínculos que existen entre las múltiples dimensiones de la
desigualdad al tiempo que, tanto a nivel regional como de países, es im-
prescindible realizar un mapeo de estas desigualdades para mostrar las he-
terogeneidades que allí se presentan.
En el Informe también se reconoce que la pobreza, la desigualdad y la jus-
ticia social guardan una estrecha relación entre sí. Estos tres conceptos
suelen presentarse de manera disociada y muchas veces ni siquiera pare-
cen estar en el mismo escalón de las consideraciones: los gobiernos neoli-
berales se proponen muchas veces enfrentar la pobreza sin considerar las
condiciones estructurales que la provocan y solo la consideran como un
efecto no deseado del sistema económico. Lo que hace el informe es mos-
trar la estrecha relación que guarda la pobreza con la desigualdad y con la
ausencia de políticas que se basen en principios de redistribución, equidad
y justicia social.
Por este motivo, la desigualdad debe ponerse en contexto y se debe anali-
zar en sus diferentes dimensiones. El informe examina justamente sus di-
mensiones (diversas pero que operan de manera articulada) y también los
diferentes contextos en los que se registra la desigualdad. He aquí algunas
distinciones que están presentes en el informe y que resulta imprescindible
señalar:
• La desigualdad económica: diferencias entre niveles de ingresos, bienes,
patrimonio y capital, estándares de vida y empleo.
• La desigualdad social: diferencias entre el estatus social de distintos gru-
pos de población y desequilibrios en el funcionamiento de los sistemas de
educación, salud, justicia y protección social.
• La desigualdad cultural: discriminaciones basadas en el género, la etnia
y la raza, la religión, la discapacidad y otras identidades grupales.
• La desigualdad política: capacidad diferenciada de los individuos y gru-
pos para influir en los procesos de elaboración de decisiones en materia de
políticas, así como para beneficiarse de esas decisiones y tomar parte en
la acción política.
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• La desigualdad territorial: disparidades territoriales y regionales entre
núcleos centrales y periferias, entre zonas urbanas y rurales, y entre regio-
nes con mayor o menor diversidad de recursos.
• La desigualdad en los riesgos: grado de exposición a contaminaciones
y riesgos; y diferencias en los medios necesarios para adaptarse a esos
riesgos.
• La desigualdad de conocimientos: disparidades en el acceso y la contri-
bución a distintos tipos y fuentes de conocimiento, así como las consecuen-
cias de esas disparidades.
Para terminar, vale la pena destacar algunas de las consecuencias que seña-
la este informe y que se vinculan con la democracia y la cohesión social. Si
bien las desigualdades tienen su origen en las estructuras básicas de la eco-
nomía, la distribución de los recursos y el acceso a los bienes y servicios
disponibles en una sociedad, lo cierto es que si el poder económico y polí-
tico se concentra cada vez más en manos de un número muy reducido de
personas —dice el Informe— esto puede hacer peligrar no solo el creci-
miento económico, sino también los lazos sociales más básicos y el buen
funcionamiento de nuestras democracias.
Por otro lado, la reducción de las desigualdades es un imperativo ineludi-
ble en el campo de los derechos humanos y la justicia social, pero al mismo
tiempo es un factor esencial para conseguir éxitos en otros ámbitos priori-
tarios globales como la sustentabilidad ambiental, la solución de conflictos
a nivel nacional y regional y también al acuciante tema de las migraciones.
No se debe entender entonces que las desigualdades se limitan a las dispa-
ridades en materia de ingresos o riqueza y que se deben tratar exclusiva-
mente en esos ámbitos. Se da una interacción de las desigualdades en siete
dimensiones clave, a saber: económica, política, social, cultural, ambiental,
territorial y cognitiva y por ello las respuestas que la sociedad debe dar a
este problema son múltiples, complementarias y necesariamente coordina-
das. Sin dejar de reconocer que en las respuestas que dé una sociedad al
tema de las desigualdades se deben reconocer y abordar tanto los legados
históricos específicos como las prácticas culturales profundamente arraiga-
das que refuerzan estas estructuras.
3. De las desigualdades globales a las políticas locales
El diagnóstico que acabamos de presentar en torno al tema de las desigual-
dades (como tema global y de época) necesita ser tratado con la especifici-
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dad del caso en cada uno de nuestros países. Reconociendo siempre los
rasgos comunes que tienen los procesos políticos latinoamericanos, en
nuestros países tiene su color propio y su especificidad. Y también sus his-
torias de resistencia a los procesos ya conocidos que operan en el capitalis-
mo (y más en esta etapa de capitalismo financiero) que consisten en pro-
fundizar la concentración y la desigualdad como dos procesos
complementarios.
Nuestra región vivió un ciclo de más de diez años en los que las políticas
públicas apuntaron a reposicionar al Estado en el centro de la escena políti-
ca y económica y con ello proteger el empleo y la industria local, proteger
el mercado interno, desendeudarse y distanciarse de los organismos inter-
nacionales que ordenaban nuestra economía, promover cadenas de valor en
las que nuestros países fueran competitivos en los mercados globales, desa-
rrollar las instituciones que promueven el conocimiento, la ciencia y la tec-
nología propias y volverse menos dependientes de los grandes centros in-
ternacionales.
Pero lo que hoy se registra en Argentina —aunque no solo aquí— es que
nos encontramos ante un evidente cambio de ciclo que comenzó a produ-
cirse a fines del año 2015 cuando se concretó un cambio de gobierno, y
junto con ello un brusco cambio en las políticas económicas y sobre todo
una nueva concepción del Estado en cuanto a sus funciones, vínculos con
el mercado y la economía más en general. Paralelamente se comenzó a di-
bujar un nuevo mapa de relaciones donde se concibe a la Argentina en otro
lugar tanto en la región como en el orden mundial. Todo esto se produce de
la mano del ascenso de un nuevo gobierno democrático (que contó con el
consenso de más de la mitad de los ciudadanos argentinos) y que luego de
doce años de gobiernos que enfatizaron el rol del Estado y la intervención
en la economía para producir políticas de equidad, se perfila como un nue-
vo ciclo político, económico y social donde será el mercado el ordenador
de la economía y del destino de los ciudadanos.
Tal vez una de las variables de mayor contraste tenga que ver con el retiro
de la acción pública de las esferas de la economía, un diagnóstico negativo
sobre cualquier intervencionismo estatal, una distancia con las políticas de
asistencia a las emergencias sociales y donde se renueva la confianza en las
fuerzas de la economía de mercado para resolver los temas financieros, las
demandas de las empresas (grandes, pequeñas y medianas) y los problemas
que se plantean en el mundo del trabajo.
Estos nuevos parámetros nos hacen ver que este es un cambio profundo y
estructural y no puede interpretarse como una política de “correcciones”
sobre el modelo que estaba en vigencia hasta el año 2015. En efecto, desde
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el Estado, en los primeros meses de la nueva gestión, se impulsa otro mo-
delo de acumulación basado en las expectativas de inversión externa, creci-
miento del perfil exportador de bienes primarios y el endeudamiento con
los organismos internacionales de financiación y sobre todo con una mira-
da muy diferente al modelo anterior (que podemos denominar neodesarro-
llista) que se basaba en la protección del empleo y que claramente estaba
orientado al mercado interno y al consumo.
El nuevo ciclo que se abre en Argentina concibe al Estado como instru-
mento que debe garantizar el buen funcionamiento de las iniciativas de las
empresas y de los emprendedores privados, que favorezca la transparencia
y la eficiencia en la gestión pública con el fin de mejorar las metas de infla-
ción, reducir el gasto público, atraer a las inversiones extranjeras, reducir el
empleo público (que se considera como incrementado artificialmente por el
empleo de la militancia política) y modernizar las funciones estatales intro-
duciendo tecnologías y modelos de gobierno abierto y distintas herramien-
tas que provienen del “new public management”.
La ruptura es bien clara con relación a los conceptos rectores de la econo-
mía que proponen un mercado interno activo y un modelo de crecimiento
basado en la protección del mercado propio y en el apoyo a las empresas
que operan tanto en la sustitución de importaciones, como en el mejora-
miento de la competitividad en aquellas cadenas de valor donde la Argenti-
na puede mostrar un perfil competitivo (o un perfil complementario con
otras economías de la región y del mundo). Este modelo se sostuvo aún
ante la crisis en el sector externo y propuso como alternativa para crecer el
apoyo al mercado interno y tal vez por eso, en uno de sus peores años, la
economía argentina creció en un 2,4 % durante el 2015.
Para el gobierno que asumió en diciembre de 2015, por el contrario, la al-
ternativa es “fortalecer” el sector externo vía devaluación y la quita de re-
tenciones a los exportadores de bienes primarios (incluyendo a la minería),
disminuyendo drásticamente el consumo para volver a “superar” la restric-
ción externa y apuntar a un control de la inflación basado en una mirada
monetarista que simplemente produzca una retracción del circulante (que
los ciudadanos tengan menos dinero en sus bolsillos y que las empresas
restrinjan cualquier tipo de expansión) y un Estado que deje de gastar o in-
vertir en obra pública o asistencia social.
La estrategia de arranque del nuevo gobierno fue bajar el consumo y pro-
mover superávit en el sector externo, confiando además en que las inver-
siones vendrían luego de acordar con los fondos buitre el pago de todo lo
que reclamaban, recomponer las relaciones con el FMI y los organismos in-
ternacionales de crédito y volverse confiables para los inversores interna-
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cionales que deberían ver a la Argentina como un nicho de negocios nuevo
y con una economía en expansión. Este modelo descree de la potencia que
podría tener el mercado interno y se aleja de aquella concepción que supo-
ne su estímulo vía el gasto público.
Pero tal vez lo más importante para lo que estamos analizando en materia
de crecimiento de las desigualdades esté centrado en la instalación exito-
sa de la creencia de que si se le quitan trabas a los sectores más concen-
trados de la industria, del comercio exterior y sobre todo del sector finan-
ciero, la reactivación de la economía estaría asegurada y la Argentina
viviría una etapa de expansión basada en la inversión externa y el bienes-
tar de los trabajadores (para los que no se han registrado políticas que los
protejan o favorezcan específicamente) dependería, una vez más, de la
“teoría del derrame”. Justamente la teoría del derrame a la que hace refe-
rencia el Informe de UNESCO – CICS: debemos aceptar que cualquier
redistribución de los bienes disponibles en una sociedad se habrá de pro-
ducir como resultado del consumo de los sectores sociales más poderosos
o de las inversiones que se produzcan como resultado de una apertura
económica que favorezca a los capitales internacionales que se radiquen
en el país.
Pero este nuevo ciclo supone también la puesta en marcha de una nueva
política —en clara discontinuidad con los últimos 12 años— en lo que se
refiere a la inserción regional y global (el “abrirse al mundo”) de la Argen-
tina: habrá que romper el tejido de alianzas, inversiones y valores que se
vinculaban a la cooperación sur-sur, o con los nuevos bloques de países
emergentes (el BRICS, por ejemplo) y asociarse a las grandes alianzas
transoceánicas de libre comercio, lideradas por los Estados Unidos y dejar
atrás la institucionalidad de integración forjada en la última década (MER-
COSUR, UNASUR, CELAC). Aunque este panorama puede cambiar, no
por un cambio en las políticas locales, sino justamente por los cambios que
se pueden producir en las economías de los países centrales como resultado
de las últimas elecciones en los EE.UU.
Entre las incertidumbres que se perciben, la que más parece preocupar a
los sectores más desprotegidos de la sociedad es el temor a la pérdida del
trabajo y a un futuro donde habrá bajo crecimiento con una inflación que
parece moderarse, pero no disminuir drásticamente y una nueva matriz de
la economía a partir de la apertura a los productos internacionales y la
caída de la producción local de productos manufacturados en el país. Lo
que no se registra luego de un año del nuevo gobierno es una baja en la
pobreza (todos los indicadores la muestran en alza) y no aparecen en el
horizonte políticas de redistribución del ingreso como no sean las ya
mencionadas anteriormente y que solo se ligan a la teoría del derrame,
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que opera más bien como una ucronía: en algún momento futuro (y no en
algún lugar) los beneficios económicos nos alcanzarán a todos.
Pese a este drástico cambio y a la caída en las expectativas de los sectores
asalariados, el gobierno de Cambiemos cierra su primer año con una ima-
gen positiva más que aceptable. La pregunta es, nuevamente, por qué la
sociedad acepta un modelo político y económico donde la desigualdad se
acentúa y las políticas no apuntan a solucionarlas, y lo que denominamos
la cuestión social tiende a agravarse, la suba de la indigencia, pobreza
junto con el desempleo y subempleo parece conformar una primera fractu-
ra social, caracterizada por un primer escalón descendente y si no se to-
man medidas proactivas se puede descender otro escalón en los próximos
meses.
El informe de la UNESCO enfatiza dos o tres variables que se constatan
en este nuevo panorama: por un lado, la preeminencia del sector financie-
ro, un conjunto de medidas que se encaminan a favorecer a los sectores
más concentrados de la economía (el sector agroexportador y de commo-
dities de las agroindustrias) y por otro lado la desprotección (y el bajo in-
centivo) para los mercados locales que redunda en consecuencias muy
negativas para las PyME (que además tienen un alza de las tarifas de los
servicios básicos, apertura de la economía y reducción de los incentivos
fiscales) y que no pueden competir con la agresividad de la oferta de pro-
ductos manufacturados en los mercados globales.
Tal vez sea necesario complementar este análisis con otro “cambio de ci-
clo” del capitalismo tardío y de lo que muchos autores han denominado
“posdemocracia”. Esto es, un esquema político donde el poder se ejerce
desde un proyecto que no solamente se basa en alentar las iniciativas del
ámbito privado, desactivar los mecanismos de intervención estatal en
todo lo que tiene que ver con redistribución, sino también en un cambio
cultural que ve al ciudadano como un emprendedor privado y que enfati-
za el camino de vida personal por sobre cualquier proyecto de solidari-
dad social. Esta posdemocracia significa también que estamos en un pe-
ríodo donde la vieja y tradicional democracia no se percibe ni con
aquella fórmula roussoniania de “deliberación en la plaza pública” ni de
las teorías de la representación provenientes de la Revolución francesa y
del liberalismo del siglo XIX. Más bien se trataría de eso que Jacques
Rancière definió como una “democracia sin demos”, sin pueblo, sin par-
ticipación, sin principios del Bien Común, sin la instancia hegeliana de
“lo general”, sino más bien una democracia que alienta al ciudadano a
seguir su camino de vida personal y que acepta la desigualdad como un
resultado de los éxitos o fracasos que cada uno ha logrado en su trayecto
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de vida. Esta concepción es solidaria también con la desactivación de los
mecanismos de seguridad social (que el modelo de Estado de Bienestar
había impuesto) y que deja también en manos privadas los servicios bási-
cos que solía prestar el Estado. El tema de nuestro tiempo es que este
otro “cambio de ciclo” se está produciendo con un importante consenso
de la sociedad.
En la posdemocracia actual, complementaria con todas las características
del capitalismo tardío que venimos conociendo, el pueblo desaparece de la
escena política y su rol y peso en la toma de las decisiones es sustituida por
una élite corporativa de clase y tecnocrática (muchas veces provenientes de
los cuadros empresariales), donde la soberanía del pueblo es reemplazada
por la soberanía y el poder del mercado y desaparece la política tal como la
conocimos en el siglo XIX y XX. “El poder vuelve al poder”, ha dicho Da-
niel García Delgado.
De esta forma, la nueva política se reduciría a la interacción entre los go-
biernos, los electores y las élites corporativas por fuera de las escenas
clásicas del espacio público, con gran preeminencia de los medios masi-
vos de comunicación, desactivando la calle y la plaza como espacios de
expresividad política y desactivando las demandas sociales sobre los go-
biernos. De manera complementaria, se profundizaría el vínculo y el diá-
logo entre las organizaciones que representan intereses económicos direc-
tos (al tiempo que cae el sistema de mediaciones clásico que supone la
estructura de partidos políticos) y con una activa participación de los or-
ganismos multilaterales de crédito y de organismos internacionales como
el FMI o la OCDE.
Este predominio de las fuerzas del mercado en la política, paradójicamen-
te, no es considerado escandaloso, como lo fuera en el pasado, como algo
que debía ser ocultado de alguna forma. Por el contrario, es abiertamente
normalizado y de hecho las instituciones públicas quedan subordinadas a
esta dinámica. El pueblo (el demos) es registrado en la esfera política no
como “ciudadanos con derechos” sino como conjunto o número de indivi-
dualidades a ser administrado y ordenado por los poderes públicos. En
este esquema, también hay un gran cambio en el papel que juega el mar-
keting político que toma un lugar central en la constitución del nuevo po-
der, y vemos cómo el nuevo modelo comunicacional reemplaza al repre-
sentativo. Se forja de esta manera una nueva cultura ciudadana, un nuevo
sistema de expectativas que el ciudadano debe tener ante la política o los
poderes públicos.
La dinámica más llamativa, tal vez a la que debamos prestar más aten-
ción, radica justamente en este corrimiento del debate económico al cul-
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tural: cuando más se posterguen los logros económicos que favorezcan a
las mayorías, más se necesita la cultura, para solidificar un nuevo pacto
ideológico que rechace el regreso a cualquier pasado populista (al que se
lo responsabiliza de todos los males actuales) y se espere menos de las
políticas públicas y más de las iniciativas personales. Estamos viviendo la
construcción de un nuevo perfil de Estado, pero también una nueva ciu-
dadanía.
En esta etapa de posdemocracia, la magnitud del debate político se trans-
forma en un espectáculo controlado, manejado por expertos y regulado
por los medios de comunicación dominantes, donde se tratan temas selec-
cionados por ellos y donde la ciudadanía queda reducida a los estudios
de opinión y a la participación en las redes sociales. El ciudadano que se
expresa en las redes no es un problema para los poderes fácticos, sino
que, tal vez, es el ejercicio de la ciudadanía que más le conviene a un
Estado que pretende desactivar las escenas políticas que forjaron la mo-
dernidad. El uso intensivo y profesional de las redes (Instagram, Twitter,
Snapchat, etc.) se transforman en un nuevo lenguaje (que combina imá-
genes, pocas palabras y la construcción de escenas políticas no públicas)
que se ajusta bien a un tipo de dirigente posmoderno. Gana fuerza una
idea complementaria que es la que hemos denominado “comunicación
política posmasiva” y que es solidaria con los rasgos esenciales de la
posdemocracia.
En esta posdemocracia también cambian los parámetros de ciudadanía y
la consideración que la política hace del demos. El político se vuelve un
técnico que valida su expertis en un campo lejano a la gestión pública, el
Estado promueve y administra, pero no amplía ni crea derechos y el ciu-
dadano se transforma en un vecino cuyos problemas específicos no nece-
sariamente se pueden sumar a los intereses o demandas de otros vecinos.
A este ciudadano de puertas para adentro se llega o bien por los medios
de comunicación o tocándole el timbre de su casa. Este modelo no admi-
te ninguna referencia a activos comunitarios, a valores y a derechos que
vayan más allá de los que propone el ideario del individualismo neolibe-
ral. Por este motivo, el cambio de época no solo remite a una concepción
del Estado y de las políticas públicas, sino a un nuevo modelo de cultura
política que sea capaz de calar hondo en los ciudadanos desencantados
con los gobiernos populares.
Por este motivo, cuando volvemos a pensar el tema de los modelos eco-
nómicos que profundizan (e incluso apuestan a) las desigualdades, no po-
demos dejar de asociarlo a una serie de valores que tienen que ponerse en
juego y que tienen que ganar espacio en nuestras sociedades que vienen
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de experiencias políticas diametralmente opuestas: no se trata solo de re-
modelar las estructuras del capitalismo tardío y desmantelar el neokey-ne-
sianismo que conocimos con los gobiernos anteriores, sino que vuelve a
estar en juego la necesidad de imponer un nuevo marco de legitimidad en
el campo de la política, una nueva cultura política que sustente a la pos-
democracia.
Todo este proceso supone también desmantelar lo que fueron los concep-
tos rectores y solidarios que nos legó la tradición liberal y revolucionaria
de Francia y que quedaron plasmados en tres principios, en las tres las
palabras que recorrieron el mundo y construyeron imaginarios, utopías e
identidades: libertad, igualdad y fraternidad. Tres palabras que, además,
funcionaban de manera combinada y solidaria. Alexis de Tocqueville,
como hemos dicho, también supuso que funcionaban en tensión, pero
que, sin embargo, no era posible disociarlas de la experiencia democráti-
ca moderna.
En su libro ¿Por qué preferimos la desigualdad?, el pensador francés Fran-
cois Dubet sostiene que vivimos una época donde las solidaridades están
en crisis y en la que nuestras sociedades parecen “elegir” la desigualdad
antes que sostener el viejo principio que forjó la Revolución francesa. Y
este fenómeno no es reciente, se remonta —también como lo hemos dicho
más arriba— a las respuestas conservadoras de los años 80 frente a lo que
fueron los movimientos sociales y políticos de los 60 y 70. Los EE.UU. de
Ronald Reagan y la Inglaterra de Margaret Thatcher llevaron a cabo “revo-
luciones” resueltamente desigualitarias, proclamadas como tales y con un
importante apoyo popular en ambos casos. En nuestros días, muchos movi-
mientos políticos europeos (y nosotros agregaríamos latinoamericanos) es-
tán encaminados a sostener este mismo principio.
Para Francois Dubet vivimos una etapa del capitalismo en la que la con-
centración de la riqueza ha producido las mayores brechas económicas de
toda la historia, pero lo que más le sorprende es que en nuestras socieda-
des comienzan a escucharse discursos (no solo en boca de los dirigentes
políticos y de los medios de comunicación sino del ciudadano común) que
rechazan las políticas de equidad que intentan introducir los gobiernos
inspirados en los principios de la Revolución francesa: los pobres, se dice,
roban a la seguridad social, los desocupados abusan de sus derechos y los
barrios pobres se han convertido “en zonas de no derecho”. Dice Dubet
que “aunque todos lo lamenten, los lazos de solidaridad que nos llevaron a
desear la igualdad social están, al parecer, irremediablemente debilitados”.
Es decir, vivimos en un tiempo de posdemocracia que es también un tiem-
po de construir sociedades, valores, Estados e instituciones surgidas no de
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las “revoluciones” que caracterizaron a la modernidad sino de ideologías,
poderes y organismos globales que están dispuestos a quebrar definitiva-
mente el orden moderno de la política e instalar la desigualdad como un
valor natural o, al menos, como un principio deseable para nuestras socie-
dades.
LUIS ALBERTO QUEVEDO
