Docente en la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

Docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la USAL. Investigadora UBACYT /

IEALC.

Código de referato: SP.207.XXXVIII/16

¿Protegidas o desprotegidas?

La integridad de las mujeres en

relación a las medidas de

protección urgentes establecidas

por la Ley 26.485 en Argentina

Adriana Vicente

María Andrea Voria

Resumen

A veinte años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, nos

proponemos en este artículo reflexionar sobre el estado de situación de

la cuestión jurídica en Argentina en relación a la problemática de la vio-

lencia contra las mujeres, en especial, en relación a las “medidas preven-

tivas urgentes de protección” que prevé la Ley 26485 para mujeres (y ni-

ños/as) en situación de violencia. Diversos informes de reciente

publicación en nuestro país (OVG, 2016, Ministerio Público de la De-

fensa, 2016, Oficina de Patrocinio Jurídico Gratuito, 2016), coinciden en

alertar en que, si bien las medidas de protección cumplen un papel clave,

en el contexto de las situaciones de violencia hacia las mujeres se obser-

van un conjunto de circunstancias referidas a la falta de eficacia e inte-

STUDIA POLITICÆ Número 39 ~ invierno 2016

Publicada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales,

de la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, República Argentina.

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gralidad de las respuestas que se les brinda que complejizan, obstaculi-

zan e inhiben el camino iniciado por las mujeres en búsqueda de superar

la violencia que padecen. Para el caso, analizaremos dichos informes a la

luz de cuatro aspectos centrales: (a) La ruta crítica que recorren las mu-

jeres en situación de violencia y los mecanismos formales de protección;

(b) El (in) cumplimiento de las medidas preventivas urgentes; (c) La si-

tuación de los niños/as en los contextos del dictado de las medidas pre-

ventivas urgentes; (d) La autonomía de las mujeres en situación de vio-

lencia como cuestión candente.

Palabras clave: Violencia contra las mujeres – Medidas de desprotec-

ción – Ruta crítica – Autonomía

Abstract

20 years after the Beijing Declaration and Platform for Action, we

propose with this article to discuss about the current situation of the

argentinean legal aspect in relation to the problematic of violence against

women, particulary in relation to the “measures to ensure the protection

of women subjected to violence” stipulated by 26485 Law for women

(and kids) under violence situation. Many recently published reports in

our country (OVG, 2016, Ministerio Público de la Defensa, 2016,

Oficina de Patrocinio Jurídico Gratuito, 2016) agree to alert that, despite

that protection actions play a key role, in the context of violence

situations against women we can observe a set of circunstances referred

to the lack of efficacy and integrity in the answers provided. This

inhibits the path initiated by women looking to overcome the violence

they suffer. For this, we will analyze those reports under four central

aspects: (a) The critical path of women affected by family violence and

formal protection mechanisms; (b) The (non) compliance of the urgent

preventive actions; (c) The kids situation under the context of the urgent

preventive actions dictation; (d) The autonomy of women under violence

situation as a burning question.

Key words: Violence against women – Lack of protection measures –

Critical path – Autonomy

Introducción

mediados de la década del 80, la violencia hacia las mujeres se

constituye en problema público, incorporándose así a la agenda

institucional argentina (Oliva, 2006; Daich, 2004). En el año 1979,

en el marco internacional en materia jurídica, el sistema de Naciones Uni-

das aprueba la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) firmada por Argentina en 1980.

Posteriormente, en 1994, nuestro país firma la Convención para la Erradi-

cación de la Violencia contra las Mujeres o Convención de Belem do Pará.

Un año después, en septiembre de 1995 se llevó a cabo la Cuarta Confe-

rencia Mundial sobre la Mujer en Pekín, China, producto de la cual nuestro

país suscribe a la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. En la

misma se instituye la equidad de género como un enfoque de todas las po-

líticas de desarrollo y la transversalidad de la perspectiva de género como

un eje orientador para la transformación de las estructuras sexistas y discri-

minatorias. Las principales novedades introducidas en su documento final

fueron el “empowerment” o empoderamiento de las mujeres y el “mains-

treaming”, o transversalidad de las políticas de género para alcanzar un de-

sarrollo humano con equidad.

En lo que refiere especialmente a la violencia contra las mujeres, se instó a

los Estados a adoptar o aplicar las leyes pertinentes, revisarlas y analizarlas

periódicamente a fin de asegurar su eficacia para eliminar la violencia con-

tra la mujer, haciendo hincapié en la prevención de la violencia y el enjui-

ciamiento de los responsables; adoptar medidas para garantizar la protec-

ción de las mujeres víctimas de la violencia, inclusive la reparación de los

daños causados, la indemnización y la curación de las víctimas y la rehabi-

litación de los agresores. En la Declaración se hace mención expresa a la

necesidad de capacitar a todos/as los/as funcionarios/as en derecho huma-

nitario y derechos humanos, se advierte sobre el castigo de quienes come-

ten actos de violencia contra las mujeres y se promueve contribuir a impe-

dir que esa violencia sea cometida por agentes públicos, es decir en

quienes las mujeres en situación de violencia deberían poder confiar (De-

claración y Plataforma de Acción de Beijing, 1995, 95-96)

Un año antes en el ámbito local, se promulga en 1994 la ley Nacional

24.417 de protección contra la Violencia Familiar. Luego de esta primera

intervención, se han sancionado diversas leyes provinciales que abordan la

violencia familiar, para finalmente, en el año 2009, asistir a la promulga-

ción de la ley nacional Nº 26.485 de “Protección Integral para prevenir,

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que

desarrollen sus relaciones interpersonales”. Esta normativa es superadora

de la Ley 24.417 ya que enumera distintos tipos y modalidades de violencia

que afectan a las mujeres y niñas más allá de las que puedan darse en el

ámbito doméstico o familiar, incorporando así modalidades de violencia

propias del mundo público, como la violencia institucional, laboral, obsté-

trica y mediática.

Sabemos a esta altura que la violencia basada en género es una problemática

que vulnera los derechos humanos de las personas en general y de las muje-

res y niñas en particular. En este sentido, la violencia puede ser considerada

como una violencia de raíz estructural, que no guarda relación con los ras-

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gos particulares de las personas que la sufren, sino con la forma cultural de

entender las relaciones entre mujeres y varones, es decir como una violencia

instrumental que se ejerce a través de la dominación y control social, para

mantener el poder de unos sobre otras. En términos de Bourdieu (2000), es

una violencia insensible y amortiguada para sus propias víctimas que se

ejerce a través de los caminos simbólicos de la comunicación y el conoci-

miento o del sentimiento. Encontramos entonces, en el concepto de violen-

cia simbólica, una referencia a este tipo de delimitaciones asimétricas que

genera el efecto de la dominación simbólica (étnica, de sexo, de cultura, de

lenguaje) que se produce a través de los esquemas de percepción y acción.

La fuerza simbólica o poder específico de este ámbito de las relaciones

sociales cristalizadas es una forma de poder que se ejerce directamente

sobre los cuerpos y como por arte de magia, al margen de cualquier coac-

ción física (...) todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que

logra imponer significaciones e imponerlas como legítimas disimulando

las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza

propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza

(Bourdieu, 2000: 18).

Para Rita Segato (2004), la importancia de la violencia simbólica a nivel

social radica en que opera silenciosamente legitimando a través de meca-

nismos difíciles de percibir la jerarquía entre los géneros. Desde esta línea

para Ana María Fernández (1989), los procesos por los cuales desde distin-

tos lugares e instituciones sociales, se hace posible la discriminación, se

vuelven invisibles, en tanto se construye un consenso por el cual se atribu-

ye a la naturaleza lo que ha producido la cultura. A nivel subjetivo, esta

violencia es vivenciada en términos de violencia psicológica, que es la base

sobre la que se sustenta la violencia de género en sus distintas manifesta-

ciones, cuya eficacia se basa en la dificultad para poder identificarla, nom-

brarla, y más aún, denunciarla, lo cual atenta contra la posibilidad de bus-

car ayuda a nivel familiar, comunitario y/o institucional.

Los mecanismos de naturalización de esta desigualdad en el marco de la

pareja se inscriben en un proceso más amplio de naturalización que refiere

a la división antinómica entre mundo público y mundo privado, que operan

desde lógicas opuestas y desiguales. A pesar de que las mujeres se han in-

corporado masivamente al mundo público, lo han hecho en una variada

gama de desigualdades, tanto objetivas como subjetivas. En consecuencia,

“la violencia en todas sus manifestaciones es una violación evidente de los

derechos humanos porque anula la libertad y la autonomía de la mujer

afectando su potencial como persona y miembro de la sociedad” (Teodori,

2015, 58).

En esta línea, y a veinte años de la la Declaración y Plataforma de Acción

de Beijing, nos proponemos reflexionar sobre el estado de situación de la

cuestión jurídica en Argentina, en especial, en relación a las medidas de

protección urgentes que prevé la Ley 26485 para mujeres (y niños/as) en

situación de violencia. Así, la relevancia de plantear esta cuestión radica en

atender a una situación por demás paradójica, según la cual muchas muje-

res en situación de violencia, que han logrado denunciar la vulneración de

sus derechos tanto por parte de sus parejas como ex parejas, y que cuentan

muchas veces con medidas de protección urgentes, ven su vida como la de

sus hijos/as correr especialmente riesgo (OVG, 2016, Ministerio Público de

la Defensa, 2016, Oficina de Patrocinio Jurídico Gratuito, 2016).

¿Cómo afecta a las mujeres en situación de violencia el

incumplimiento de las medidas de protección?

Para poder responder la mencionada pregunta analizamos situaciones de

violencia hacia las mujeres, en el marco de la ley nacional Nº 26.485 de

“Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra

las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersona-

les”, sancionada en el año 2009 y reglamentada a través del decreto 1011/

2010. La misma es una ley de orden público, tiene aplicación en todo el te-

rritorio nacional y es una herramienta que busca hacer valer los derechos

humanos de las mujeres.

A través de esta normativa se entiende la violencia contra las mujeres

como:

toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto

en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual

de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica,

sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad perso-

nal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus

agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley,

toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discrimi-

natoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón (Ley

26.485, Art. 4).

La presente conceptualización no sólo permite visibilizar la violencia

como una problemática social que requiere la remoción de los patrones

socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las

relaciones de poder sobre las mujeres, sino que, además, no la deja cir-

cunscripta al ámbito privado o intrafamiliar. A su vez, la ley identifica di-

ADRIANA VICENTE - MARÍA ANDREA VORIA

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Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o ries-

go de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad

física.

Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perju-

dica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus ac-

ciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostiga-

miento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento.

Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia o

sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos exce-

sivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o

cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodetermi-

nación.

Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin

acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida

sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación,

incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de pa-

rentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavi-

tud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.

Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos

económicos o patrimoniales de la mujer, a través de: a) La perturbación de la posesión,

tenencia o propiedad de sus bienes; b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o

distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes,

valores y derechos patrimoniales; c) La limitación de los recursos económicos destina-

dos a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una

vida digna; d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un sa-

lario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.

Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o sig-

nos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones

sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

Entre las modalidades de violencia, la Ley 26.485 considera además de la violencia

doméstica, la violencia laboral, institucional, obstétrica, mediática y contra la libertad re-

productiva (art. 6).

ferentes tipos

de violencia que pueden darse de manera simultánea o no,

tales como la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimo-

nial y simbólica.

Respecto a las modalidades de violencia,

en el presente trabajo nos foca-

lizaremos en la violencia doméstica, entendida ésta como aquella que se

ejerce contra las mujeres por un integrante del grupo familiar (originado

en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las

uniones de hecho y las parejas o noviazgos), independientemente del lugar

físico donde ésta ocurra, ya se trate de relaciones vigentes o finalizadas y

no siendo requisito la convivencia (Ley 26.485; art. 6), prestando especial

atención a aquellas situaciones en las cuales el agresor incumple con las

medidas preventivas urgentes de protección y las consecuencias que gene-

ADRIANA VICENTE - MARÍA ANDREA VORIA

ra tal acontecimiento tanto para las mujeres como para sus hijos/as si los/

las tuviere.

Asimismo, tal como mencionamos en el párrafo anterior, en la ley se desta-

ca el derecho de las mujeres en situación de violencia a recibir protección

judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnera-

dos sus derechos. En efecto, el/la juez/a interviniente podrá ordenar expre-

samente las medidas preventivas urgentes contempladas en el artículo 26,

Capítulo II, para proteger a las mujeres en situación de violencia domésti-

ca, según el siguiente repertorio:

b.1. Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o

trasladar bienes gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la

pareja conviviente;

b.2. Ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común, in-

dependientemente de la titularidad de la misma;

b.3. Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado,

previa exclusión de la vivienda del presunto agresor;

b.4. Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento de la mujer que pa-

dece violencia, a su domicilio para retirar sus efectos personales;

b.5. En caso de que se trate de una pareja con hijos/as, se fijará una cuo-

ta alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo con los antece-

dentes obrantes en la causa y según las normas que rigen en la materia;

b.6. En caso de que la víctima fuere menor de edad, el/la juez/a, median-

te resolución fundada y teniendo en cuenta la opinión y el derecho a ser

oída de la niña o de la adolescente, puede otorgar la guarda a un miem-

bro de su grupo familiar, por consanguinidad o afinidad, o con otros

miembros de la familia ampliada o de la comunidad.

b.7. Ordenar la suspensión provisoria del régimen de visitas;

b.8. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier for-

ma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los/as hijos/ as;

b.9. Disponer el inventario de los bienes gananciales de la sociedad con-

yugal y de los bienes propios de quien ejerce y padece violencia. En los

casos de las parejas convivientes se dispondrá el inventario de los bienes

de cada uno;

b.10. Otorgar el uso exclusivo a la mujer que padece violencia, por el pe-

ríodo que estime conveniente, del mobiliario de la casa. (Cap. II, art. 26).

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En esta misma línea, para complementar el abordaje de nuestra problemáti-

ca de interés recuperamos el concepto de ruta crítica (Sagot, 2010) que nos

permite dar cuenta de las estrategias que ponen en juego las mujeres para

superar las situación de violencia doméstica. Así, contra el imaginario de la

“pasividad femenina”, la realidad demuestra que las mujeres despliegan di-

versas estrategias de defensa y protección frente a la violencia de género.

Reconocer estas acciones es un camino fundamental que conduce a la des-

victimización (Velázquez, 2003).

A partir de esta perspectiva, la noción de ruta crítica se utiliza para “denun-

ciar falencias en las respuestas institucionales y ejercer reclamos en pos de

garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” (Teodo-

ri, 2015: 69). A su vez se pueden reconocer los factores que impulsan a las

mujeres a buscar ayuda, así como también identificar las dificultades que

encuentran para llevar adelante tal decisión y las respuestas que brindan las

instituciones que intervienen en este proceso. En este marco, se dan situa-

ciones de violencia que, en términos de la Ley 26.485, definimos como

violencia institucional por las dificultades que encuentran las mujeres, fun-

damentalmente, en el ámbito judicial y en las intervenciones a cargo de las

fuerzas de seguridad:

Aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y

agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que

tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan

acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta

ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos po-

líticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la socie-

dad civil (Ley 26.485; art. 6).

Entre los factores que intervienen en la ruta crítica, Sagot (2010) distingue

aquellos de índole interno o subjetivo de aquellos de índole externo, enten-

didos como:

• Factores impulsores de ruta: favorecen que las mujeres inicien, conti-

núen o retomen el proceso de ruta, de orden interno y/o externo.

Los factores impulsores internos refieren a procesos subjetivos, sentimien-

tos, representaciones o mandatos sociales, razonamientos, conocimiento,

actitudes, de las mujeres afectadas por la violencia de género.

Los factores impulsores externos se relacionan con la posibilidad de acce-

der a recursos económicos y/o materiales que fortalezcan su autonomía, ac-

ceso a la información sobre recursos, conocimiento sobre la legislación vi-

gente, calidad de los servicios de atención.

Es importante considerar que en la vida cotidiana de las mujeres afectadas

por la violencia de género, estos dos tipos de factores impulsores están ín-

timamente relacionados y se refuerzan mutuamente.

• Factores inhibidores de ruta: Son aquellos que demoran y frenan las ac-

ciones para iniciar la ruta, o se presentan cuando se ha iniciado. Pueden ser

internos y/o externos.

Los factores inhibidores internos hacen referencia a los mandatos y este-

reotipos de género, representaciones, temores, actitudes, historia previa,

desconocimiento de derechos, así como miedos, culpas, vergüenza, amor.

Los factores inhibidores externos dan cuenta, entre otras cuestiones, de

presiones familiares, limitaciones materiales, respuestas institucionales in-

adecuadas. Justamente, este tipo de factor constituye en general, como ve-

remos, el motivo más común que lleva a las mujeres con medidas de pro-

tección vigentes a comunicarse con la Línea 144.

• Factores precipitantes de ruta: situaciones detonantes por los cuales las

mujeres se deciden a iniciar el recorrido de ruta. La motivación puede pro-

venir de un evento específico o de la conjugación de varios elementos. Es

“la gota que derrama el vaso”. Son factores detonantes, precipitantes vincu-

lados a escaladas de agresión, contactos o apoyos recibidos de su red afec-

tiva, acceso a información a través de campañas de difusión, etc. Entre los

factores que resultan precipitantes para decidir contactarse con la Línea en-

contraremos principalmente la violación de las medidas de protección, o el

vencimiento de las mismas y la urgencia por parte de la mujer por lograr su

renovación, en instancias que las dejan en circunstancias de especial vulne-

rabilidad frente a la violencia del agresor.

• Factores determinantes de la ruta crítica: el proceso seguido por las mu-

jeres para iniciar una ruta crítica es el resultado de una multiplicidad de

factores, que a veces tardan años en articularse y producir un resultado. Sin

embargo, cuando las mujeres llegan a un punto de saturación con la situa-

ción y logran fortalecerse, demuestran que son capaces de emprender mu-

chas y diversas acciones para poner fin a la violencia de género. Podremos

observar, en este sentido, que las mujeres de los casos seleccionados para

su análisis, demuestran una gran tenacidad y resistencia, a pesar de la situa-

ción vivida y de los múltiples obstáculos a los que deben hacer frente.

Entonces, el concepto de ruta crítica nos permite reconstruir las decisiones,

acciones y reacciones de las mujeres en situación de violencia doméstica,

los factores que intervienen en este proceso impulsando la búsqueda de

ayuda y el deseo de cambio, las respuestas encontradas, así como los facto-

res que frenan o retraen dicho impulso. En consecuencia, es un proceso

ADRIANA VICENTE - MARÍA ANDREA VORIA

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complejo, no lineal, que implica avances y retrocesos. Incluso, por lo gene-

ral, las mujeres transitan por múltiples rutas e itinerarios que pueden acti-

varse simultánea o sucesivamente.

Es importante advertir que el inicio de esta ruta implica, en muchas ocasio-

nes, riesgos para las mujeres, incluyendo el aumento de la violencia, el

riesgo sobre el bienestar y la integridad de sus hijos/as y el riesgo de sus

bienes patrimoniales, entre otros. En ese sentido, tras un primer paso, mu-

chas veces sigue un retroceso o la búsqueda de otras vías. Si bien estos

procesos pueden parecer contradictorios o hasta irracionales, es fundamen-

tal tener en cuenta las dificultades subjetivas e institucionales con las que

lidian las mujeres en la búsqueda de alternativas hacia una vida libre de

violencia.

Entonces, analizar la trayectoria de las mujeres, en estos términos, permite

dar cuenta del tránsito continuo por diferentes instituciones (más allá de las

redes sociales o familiares) que dan cuenta de ese proceso, especialmente

la institución policial y el sistema judicial (Teodori, 2015).

Basta citar algunos ejemplos recientes, tomados de la prensa argentina,

para analizarlos en relación con lo expuesto:

• Karina recuerda que “teníamos que llevar a nuestro hijo a misa pero

discutimos quién lo llevaba porque él tenía el auto”. Se subieron los tres

al auto, con el perrito del chico, hasta que en un momento “agarró al pe-

rro y lo tiró por la ventanilla”. Karina lo relata como el punto de quie-

bre. Decidió presentar la denuncia ante la Oficina de Violencia Domésti-

ca mientras dejaba a su hijo de ocho años con una vecina. La denuncia

por violencia abrió su puerta en un juzgado civil. Se trata del juzgado

102, a cargo de la jueza Martha Gómez Alsina, quien dictó una medida

de exclusión del hogar que derivó en problemas de aplicación inmedia-

tos. “La exclusión era sobre mí, pero no sobre mi hijo, con lo que los

días en que no había clases por ejemplo y el padre lo llevaba, como él

no se podía acercar a buscarlo lo tenía que llevar yo a la casa de la ma-

dre y ahí lo pasaba a buscar él”. Hasta que llegó el Día Internacional de

la Mujer de 2016. “Estaba como loco. Se fue con el perro a dar una

vuelta en ojotas y pantalón corto. Me dio miedo y llamé al 911. Él tenía

un programa que sabía a quién llamaba y cuando volvió me dijo que ha-

bía llamado a la policía. Empezó a tironear de la cartera. Ahí tenía el

DNI, las llaves y el documento para presentar por el divorcio. Me sacó

las llaves y tironeaba del documento. Me empezó a golpear. yo estaba en

el piso. Agarró la barreta que usamos para cruzar en la puerta y me la

puso en el mentón y apretaba. Ahí mi hijo fue corriendo a pedir ayuda.

ADRIANA VICENTE - MARÍA ANDREA VORIA

Cuando llegaron los vecinos y se escuchaba la sirena, una hora después

de que los había llamado, él revoleó el palo y salió corriendo. Me había

pateado en el piso y caí por la escalera”. Desde la comisaría se comuni-

caron con el juzgado Correccional 4, a cargo de Francisco Ponte. Con-

tradiciendo todos los protocolos, el secretario, Julio Pedroso, ordenó to-

mar declaración a ambos, víctima y denunciado-denunciante. Para colmo,

en la comisaría 11 decidieron hacer pasar a ambos a declarar a una mis-

ma sala. Como demostración de que la Justicia debe sacudir mucha resa-

ca para sentir empatía por lo que le pasa a una mujer, retuvo a la víctima

de violencia de género durante 6 horas en la comisaría, tras las rejas,

mientras su hijo de 9 años permanecía en lo de una vecina, con el argu-

mento de que debía aguardar la llegada de la médica forense, la única en

horario nocturno para todas las comisarías. Cuando fue liberada, en la 11

adujeron que no había patrullero para devolverla a la casa. Volvió cami-

nando, sola, a las 2 de la madrugada, magullada, estresada, aterrada y

con los lentes rotos. Cuando llegó a la casa, él estaba en la puerta. (Pági-

na 12: 8/3/2016).

• “Un hombre con una restricción perimetral que le impedía acercarse a

su ex pareja violó la medida, se presentó en la casa de la mujer en la lo-

calidad de Tolosa, partido de La Plata, la amenazó y provocó destrozos

en la vivienda. El hombre fue detenido pero a las pocas horas recuperó la

libertad, informó hoy una fuente policial.

El caso de violencia de género se registró ayer, en una casa de las calle

15 entre 521 y 522 de Tolosa, donde una joven de 24 años vive junto a su

hijo de un año y sus padres.

En esas circunstancias se presentó en la casa un joven de 20 años, ex pa-

reja de la joven y padre de su hijo, sobre quien pesaba una medida de

restricción perimetral que le impedía acercarse a la mujer debido a varios

hechos de violencia que obligaron a denunciarlo ante la Justicia.

A pesar de esta medida, el hombre se presentó y furioso comenzó a rom-

per los vidrios de la casa y un portón, y trepando a los techos ingresó con

un arma de fuego con la que amenazó a su ex pareja.

El joven arrebató al bebé de los brazos de su madre, se subió a una bici-

cleta y escapó con el nene, desoyendo los gritos desesperados de la joven

y los padres de ésta, quienes dieron aviso al 911.

La joven alertó a un móvil policial que dos horas más tarde logró locali-

zar al joven y al bebé, que fue reintegrado a la madre.

Si bien el joven fue detenido por el delito de amenazas y daños, a las po-

cas horas recuperó la libertad e incluso volvió a la casa de la joven su-

puestamente “a pedir disculpas”, aunque el hecho fue tomado como una

nueva intimidación” (Clarín, 08/03/2016).

39 - invierno 2016

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Detengámonos en la siguiente nota periodística:

• “La fiscal Carolina Carballido Calatayud, de la Unidad Funcional de

Instrucción de Violencia de Género de Pilar, le imputa a Montenegro el

delito de «homicidio agravado por haber sido cometido contra una mu-

jer y mediare violencia de género», es decir, femicidio, figura que prevé

una pena de prisión perpetua.

El hecho que le imputan al detenido ocurrió el domingo alrededor de las

20, cuando presuntamente Montenegro, pese a tener una prohibición de

acercamiento, fue hasta la casa de su es, Díaz, y la asesinó de al menos

cinco puñaladas delante de sus hijos de 11, 6 y un bebé de un año, éste

último de los dos.

Según las fuentes, Montenegro, unas horas antes del hecho, ya le había

advertido a una hermana de la víctima que la iba a matar cuando pasó por

la casa con una botella de vino en la mano. Montenegro tenía la prohibi-

ción de acercamiento desde el 28 de diciembre último pero era frecuente

que pasara por la cas de su ex para amenazarla, aunque en la fiscalía ya

chequearon que ni la víctima ni sus familiares denunciaron la desobe-

diencia del imputado a esa restricción perimetral que le prohibía acercar-

se a menos de 500 metros de ella” (Zona Norte Noticias, 23/02/2016).

La lectura de las notas periodísticas nos permite plantear cuatro puntos so-

bre los cuales nos interesa reflexionar en el presente trabajo, a la luz de los

últimos informes publicados por distintos organismos públicos (OVG,

2016, Ministerio Público de la Defensa, 2016, Oficina de Patrocinio Jurídi-

co Gratuito, 2016 y CNM, 2016) que marcan un punto de inflexión en tor-

no a:

(a) La ruta crítica que recorren las mujeres en situación de violencia y los

mecanismos formales de protección;

(b) El (in) cumplimiento de las medidas preventivas urgentes;

preventivas urgentes;

(d) La autonomía de las mujeres en situación de violencia como cuestión

candente.

La ruta crítica que recorren las mujeres en situación de violencia y

los mecanismos formales de protección

El marco normativo vigente así como también los mecanismos legales que

ofrece el Estado argentino para proteger a las mujeres en situación de vio-

lencia, se enmarcan, sin lugar a dudas, en la visibilidad que ha adquirido

en los últimos años la violencia que se ejerce contra las mujeres, especial-

mente la que se denomina doméstica (en el marco de la Ley 26.485). Así,

cabe mencionar una multiplicidad de recursos e instituciones que funcio-

nan a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, para brindar apoyo a

las mujeres en situación de violencia, tales como: la Línea telefónica na-

cional 144, la Línea telefónica 137 (funciona en la CABA y en algunas

provincias), líneas 0800 que funcionan en diferentes jurisdicciones del te-

rritorio nacional, 911, Comisarías de la Mujer, Oficina de Violencia Do-

méstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —OVD—, Unida-

des Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Juzgado en

Género (provincia de Santiago del Estero) y Oficinas de Patrocinio Legal

Gratuito, entre otras.

Tomando como ejemplo uno de los recursos de alcance nacional menciona-

dos precedentemente, de acuerdo al informe de la Línea telefónica nacional

144, se han recibido a lo largo del año 2015 un total de 116.468 llamadas

relativas a casos de violencia hacia las mujeres. Valores que dan cuenta de

un promedio diario de aproximadamente 300 llamadas, recibidas desde

todo el país. La Línea 144 está destinada a brindar información, orientación

y contención ante situaciones de violencia hacia las mujeres, lo cual nos

permite inferir que el contacto con la Línea por parte de las personas en si-

tuación de violencia ocurre en un contexto que le suponen a la mujer una

situación personal y familiar por demás delicada. Según el informe del año

2015, 7 de cada 10 llamados los efectuó la propia persona en situación de

violencia, en tanto 3 de cada 10 fueron efectuados por un familiar o perso-

na allegada.

Así podemos decir, recuperando a Sagot (2010), que el momento en que

las mujeres deciden “romper el silencio” y dar cuenta de la situación de

violencia se constituye en una clave para comprender las diferentes instan-

cias que ponen en juego a la hora de enfrentar la violencia.

Otro actor clave, en términos de ruta crítica, está dado por el Estado, a

través del sistema judicial, habilitando a los/as funcionarios/as a interve-

nir en los casos en los que está en riesgo la vida de las mujeres, funda-

mentalmente administrando el conflicto e implementando las medidas

preventivas de protección. Asimismo, la adopción de las medidas cautela-

res se corresponden con una práctica jurídica que, además de haber im-

ADRIANA VICENTE - MARÍA ANDREA VORIA

Respecto a la persona que se ha contactado con la Línea 144, el 72 % es la propia per-

sona en situación de violencia y el 28 % restante es un familiar o allegado a la misma

(CNM,2015).

39 - invierno 2016

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pulsado diferentes dispositivos judiciales y asistenciales, debería promo-

ver el desarrollo de un conjunto de saberes especializados que ha ido

transformando la percepción y las formas de abordar la violencia hacia

las mujeres. No obstante esto, y como se refleja, por ejemplo, en el testi-

monio de Karina A., habitualmente observamos que este tránsito por las

instituciones terminan paradójicamente obstaculizando el camino o ruta

crítica emprendida por las mujeres y no sólo las afectan desfavorablemen-

te sino que incrementan sus riesgos.

Respecto a los/as operadores/as judiciales, observamos cómo interactúan

con los otros agentes sociales amparados en la legitimidad jurídica. Es, es-

pecíficamente, desde esa legitimidad estatutaria que se efectiviza un des-

pliegue de actuaciones que, si bien son el producto de formulaciones lega-

les especializadas, ponen en juego el capital simbólico del derecho

(Bourdieu, citado en Kant de Lima, 2005) instituido a través de la figura de

el/la funcionario/a. La ruta crítica atravesada por estas mujeres involucra

así una multiplicidad de instituciones —policiales, judiciales, etc.—, que

de no lograrse una intervención articulada e integral, no sólo genera una re-

victimización de la mujer, sino incluso una sobreexposición al riesgo de

violencia por parte del agresor.

En este contexto, advertimos las situaciones de violencias a las que se en-

frentan las mujeres, por un lado la violencia institucional, es decir la que

ejercen los/as propios/as funcionarios/as de la justicia o de las fuerzas de

seguridad, reflejados por ejemplo en la situación de Karina A. al ordenarse

tomar declaración de manera conjunta a la propia mujer y al denunciado,

situación que en términos de la ley 26.485 está prohibida. Por otro, el in-

cremento de las amenazas a la integridad de la mujeres (y sus hijos/as, si

los hubiere) por parte de los agresores, tal como se refleja en el caso ocu-

rrido en Tolosa, ya que si bien el joven fue inicialmente detenido, una vez

recuperada la libertad regresa a la casa de la joven supuestamente para

“disculparse”. Comportamientos y actitudes a los que habitualmente recu-

rren los agresores (Walker, 1979) dejando en completo riesgo y desprotec-

ción a la mujer.

Así observamos cómo operan los factores impulsores que, si bien favore-

cen la decisión de denunciar o terminar con la relación violenta, operan

también en contextos que resultan desfavorables y contradictorios afectan-

do la subjetividad de las propias mujeres. En la situación de Karina A. no

bastó con asistir a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), luego de que

el esposo “arrojara al perro por la ventanilla” o llamar al 911 cuando reco-

noció su enojo, ya que las respuestas institucionales demoraron en llegar y

una vez más fue sometida a situaciones de violencia física y psicológica

por parte de su pareja.

ADRIANA VICENTE - MARÍA ANDREA VORIA

En síntesis, a pesar del papel clave que cumplen las medidas de protec-

ción, en el contexto de las situaciones de violencia hacia las mujeres, se

observan un conjunto de circunstancias referidas a la falta de eficacia e in-

tegralidad de las respuestas que se les brinda. Esto complejiza, obstaculiza

e inhibe el camino iniciado por las mujeres en búsqueda de superar la vio-

lencia que padecen.

El (in)cumplimiento de las medidas preventivas urgentes

Los casos de mujeres con medidas de protección vigentes dan cuenta de

cierto recorrido a lo largo de la ruta crítica de la violencia hacia las muje-

res, en tanto su otorgamiento se efectúa en aquellos casos donde las autori-

dades intervinientes constatan la existencia de riesgo para la integridad físi-

ca y psíquica de la persona en situación de violencia.

En este contexto no podemos dejar de mencionar que la finalización del

vínculo con el agresor es, en sí misma, una situación de riesgo grave. Se-

gún estudios previos, “en relaciones de pareja caracterizadas por la presen-

cia de una situación de intenso dominio, la materialización de la decisión

de ruptura y/o separación, o incluso su mero anuncio, es en la actualidad la

principal fuente o factor desencadenante de femicidios de género” (Fernán-

dez Teruelo, 2013: 149).

Si a eso le sumamos la convivencia con la ex pareja, “se genera con ello

una situación de riesgo extremo de muerte violenta” (Fernández Teruelo,

2013: 168). Para dimensionar esta situación recuperamos los datos que

brinda la Línea 144, respecto al vínculo de la mujer con el agresor: “en

más de la mitad de los casos las personas sufren violencia por parte de su

novio o pareja (51 %), seguido de un considerable 36,30% de agresores ex

parejas. Ambas categorías (novio o pareja y ex parejas) agrupan el

87,30 % de llamados relativos a casos de violencia hacia las mujeres”

(CNM, 2015).

Cabe aclarar que no sólo en el marco normativo nacional se hace referen-

cia a considerar las medidas de protección para proteger a quienes sufren

situaciones de violencia. A partir de los compromisos asumidos por nuestro

país, en lo referente al marco normativo internacional, se insta a los estados

“a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y castigar actos

de violencia, (...) y de prestar protección a las víctimas” (Declaración y

Plataforma de Acción de Beijing, 1995: 242). Específicamente en la Con-

vención de Belém do Pará se hace mención expresa a actuar con la debida

diligencia para prevenir la violencia hacia las mujeres y adoptar medidas

39 - invierno 2016

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jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, ame-

nazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que

atente contra su integridad o perjudique su propiedad (Convención de Be-

lém do Pará, art. 7.d).

Destacamos que una dimensión a analizar en el contexto del dictado de

medidas refiere a que las mismas son solicitadas por mención expresa de

la mujer en situación de violencia. Asimismo y coincidiendo con la mayo-

ría de los Informes recientemente publicados (Comisión sobre Temáticas

de Género, Defensoría 2016, Informe Ministerio Público de la Defensa,

2016), las medidas más solicitadas son las que refieren a la exclusión del

hogar y la prohibición de acercamiento o de contacto. Así, observamos

que al desconocer las propias mujeres todas las medidas que ofrece la ley

(tales como el botón antipánico, el secuestro de armas si las tuviere el

agresor, inventario de bienes, cuota alimentaria provisoria, régimen provi-

sorio de comunicación asistida, entre otras), desde la autoridad judicial no

se tienen en cuenta las consideraciones particulares y las necesidades que

cada situación amerita, terminando por dictarse medidas estándares y ge-

nerales que no siempre son acordes a cada caso.

En este contexto cobra envergadura el asesoramiento que pueda recibir la

mujer que acude a denunciar y solicitar una medida preventiva. Según los

datos que brinda la Oficina de Patrocinio Jurídico Gratuito, durante el año

2015, se solicitaron nuevas medidas en 646 casos de violencia (53 % de

los casos), las cuales se concedieron completamente en un 95 % (614 ca-

sos), y sólo en un 3% fueron concedidas parcialmente o rechazadas.

Estos datos indicarían que la falta de asesoramiento y patrocinio a vícti-

mas de violencia suele repercutir de forma negativa en la defensa de sus

derechos, ya que a partir de una intervención profesional y especializada

suelen obtenerse medidas de protección más amplias que las que son so-

licitadas u otorgadas sin ese asesoramiento o patrocinio (Patrocinio,

2016: 46).

No obstante la importancia que adquiere el asesoramiento que reciben las

mujeres, advertimos que las oficinas de Patrocinio Jurídico Gratuito son

recursos muy valiosos pero acotados a la Ciudad de Buenos Aires y a al-

gunas organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, cabe destacar

la sanción, en noviembre del año 2015, de la ley nacional Nº 27.210 que

crea el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de

Género en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia

y Derechos Humanos. Conforme al inciso a de su artículo 2, dicho cuerpo

deberá brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral

en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia de género

ADRIANA VICENTE - MARÍA ANDREA VORIA

(en todos sus tipos y en las modalidades establecidas por la Ley 26.485),

así como la ejercida por razones de identidad de género u orientación

sexual de modo de garantizar su acceso a la justicia de manera oportuna y

efectiva.

Consideramos que la implementación de la Ley 27.210 contribuirá a con-

solidar gradualmente el derecho al patrocinio jurídico gratuito promovien-

do el acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia, en todo

el territorio nacional.

Otro obstáculo que advertimos en relación al dictado de las medidas refie-

re a lo que éstas implican para la propia mujer. En general, una vez que el/

la juez/a libera el oficio, es la propia mujer en situación de violencia quien

debe diligenciarla, es decir, concurrir a la comisaría para que desde allí se

notifique al denunciado la resolución judicial.

A lo ya expuesto, se suma otra instancia que resulta crítica para las mujeres

y es el pedido de renovación de las medidas que, en caso de no lograrse,

las deja especialmente expuestas a situaciones de riesgo. La renovación im-

plica, como requerimiento judicial, la presentación de nuevas pruebas, es

decir, nuevos hechos de violencia, así como también —en varias ocasio-

nes— se solicita la presentación de testigos para confirmar lo ocurrido. So-

bre este punto es importante tener en cuenta que las situaciones de violen-

cia, generalmente, son “intramuros”, por lo tanto no hay testigos o, si los

hay son parte del grupo familiar y las propias mujeres no quieren revictimi-

zarlos testificando ante las autoridades. En este contexto, cabe aclarar que

la Ley 26.485 da cuenta del principio de amplia libertad probatoria, con-

templando la ponderación del testimonio de la persona en situación de vio-

lencia.

Resumiendo, se torna necesario evaluar la modalidad en la que se otorgan

las medidas así como también los plazos de las mismas ya que si estos se

establecen de manera estandarizada pueden estar desconectados de las ne-

cesidades de cada situación. Así, no deberían determinarse por medio de

análisis abstractos o generalizados, sino en relación directa con la gravedad

de los hechos, considerando la situación particular en la cual se encuentra

cada mujer y la magnitud de los reiterados hechos de violencia que provo-

ca el agresor, en efecto, evaluando todos los sucesos y contextos que mere-

ce cada caso en particular.

Ahora bien, más allá de lo mencionado precedentemente, el punto más crí-

tico a la hora de analizar las modalidades de protección remite al incum-

plimiento de las medidas preventivas urgentes. Tal como se menciona en

el informe del Ministerio Público de la Defensa (2016), de un relevamien-

to efectuado sobre 1209 causas, en 2015, aproximadamente 3 de cada 10

39 - invierno 2016

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mujeres asistidas (34 %, 414 casos) han referido que los denunciados in-

cumplieron las medidas de protección dictadas en los procesos de violen-

cia y en el 24 % de los casos patrocinados (288 expedientes)se denuncia-

ron nuevas agresiones. Esta información es coincidente con la relevada en

el 2014, ya que el 29,16 % de las mujeres que recibieron asistencia (lo

que representa 1 de cada 3 casos atendidos) refirieron que los denunciados

incumplieron las órdenes dictadas en los procesos de violencia, y que en

uno de cada cuatro casos patrocinados (25,16 %) se denunciaron nuevas

agresiones.

Estas cifras no son menores, y a la luz de las noticias referidas tanto en la

situación de Karina como en el caso de Tolosa, observamos que es recu-

rrente el quebrantamiento de las medidas por parte de los agresores. En

este sentido es que señalamos que la aplicación de la Ley 26.485, arts. 32 y

34 no se realiza de manera efectiva. Esto es así porque, si bien la ley con-

templa el monitoreo periódico de las medidas establecidas, en la práctica

habitual esto no se cumple. Consecuentemente, no se aplican las sanciones

civiles al agresor como tampoco se denuncia, ante el fuero penal, aquello

que puede conformar un delito.

Así, observamos que ocurren hechos muy graves de violencia hacia las

mujeres, incluso situaciones en las que se han cometido femicidios

(ase-

sinato de una mujer por el hecho de ser mujer), si bien previamente fueron

efectuadas las denuncias y libradas las medidas de protección.

Detengámonos en la siguiente nota periodística:

La fiscal Carolina Carballido Calatayud, de la Unidad Funcional de Ins-

trucción de Violencia de Género de Pilar, le imputa a Montenegro el deli-

to de “homicidio agravado por haber sido cometido contra una mujer y

mediare violencia de género”, es decir, femicidio, figura que prevé una

pena de prisión perpetua.

El hecho que le imputan al detenido ocurrió el domingo alrededor de

las 20, cuando presuntamente Montenegro, pese a tener una prohibi-

ción de acercamiento, fue hasta la casa de su ex, Díaz, y la asesinó de

al menos cinco puñaladas delante de sus hijos de 11, 6 y 1 año, éste úl-

timo de los dos.

Según las fuentes, Montenegro, unas horas antes del hecho, ya le había

advertido a una hermana de la víctima que la iba a matar cuando pasó

En el año 2014, según el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación se registraron 225 femicidios (CSJN, 2015).

por la casa con una botella de vino en la mano. Montenegro tenía la

prohibición de acercamiento desde el 28 de diciembre último pero era

frecuente que pasara por la casa de su ex para amenazarla, aunque en

la fiscalía ya chequearon que ni la víctima ni sus familiares denuncia-

ron la desobediencia del imputado a esa restricción perimetral que le

prohibía acercarse a menos de 500 metros de ella (Zona Norte Noti-

cias, 2016).

En la noticia precedente cabe destacar que si bien existía la “prohibición

de acercamiento”, el alcance y efectividad de la medida fue nula. En este

sentido se torna imprescindible que una vez dictada la medida de protec-

ción el órgano judicial no sólo verifique su notificación, sino también la

evolución de la misma, ya que al no cumplirse con estos mandatos, su

efectividad se torna espuria. Es en este plano que consideramos valiosas

las siguientes recomendaciones:

Desde este OVG, remarcamos que es importante propiciar instancias de

seguimiento luego de dictadas las medidas de protección, a efectos de eva-

luar algunas cuestiones puntuales: la continuidad o el cese de la violencia,

la situación de riesgo, la evaluación del impacto de las medidas, la necesi-

dad de prórroga, etc. (Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos

Aires, 2016, 75-76).

Son las autoridades las que deben tomar una participación activa aseguran-

do la efectividad y el cumplimiento de las medidas judiciales de protec-

ción, ocupándose del seguimiento y monitoreo de las mismas, consecuente-

mente deslindando de esas responsabilidades a las propias mujeres en

situación de violencia. Tal como se observa en la noticia precedente, en la

fiscalía sólo se ocuparon de confirmar que la mujer no denunció el incum-

plimiento de la medida, una vez ocurrido el femicidio. Desde esta perspec-

tiva se responsabiliza y revictimiza a la propia mujer en lugar de reconocer

que son las autoridades judiciales (fiscales, en este caso) las que no cum-

plen con el rol que les demanda el Estado respecto al cumplimiento de la

normativa vigente.

Los/as hijos/as: ¿dentro o fuera de las medidas?

La maternidad de las mujeres que sufren violencia de género y las respon-

sabilidades de cuidado hacia sus hijos/as es un factor clave a tomar en con-

sideración en relación a la trayectoria seguida por ellas, en tanto determi-

nan en gran parte la decisión de denunciar, como la de no hacerlo. La

dependencia económica respecto al agresor y la urgencia de garantizar el

sostenimiento económico de sus hijos/as, así como la creencia de que de-

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nunciar al padre es perjudicial para los/as hijos/as, entre otros factores,

pueden actuar como un desincentivo. Mientras que, muchas veces la vio-

lencia directa hacia sus hijos/as, o en su presencia, puede incidir a precipi-

tar la realización de la denuncia (Patrocinio, 2016).

De acuerdo con los registros disponibles de la Línea 144, la presencia de

niños/as en situaciones de violencia doméstica es muy significativa. Duran-

te el año 2015, una amplia mayoría de los llamados atendidos que refieren

a casos de violencia de género da cuenta de la presencia de niñas/os afecta-

das/os por dicha situación (78,40 %). Esto indica un factor de riesgo clave

que acentúa tanto la vulnerabilidad de las mujeres en situación de violen-

cia, como la de las/os niñas/os involucradas/os (CNM, 2015).

Según la Oficina de Patrocinio Jurídico Gratuito, en 2005 el 86 % de las

mujeres asistidas (739 mujeres) son madres. De ellas, el 70 % tiene uno o

dos hijos/as y el 30 % tres o más. Una alta proporción de las asistidas que

son madres tienen hijos/as en común con la persona denunciada. Así, 601

mujeres (81 % de las madres, 70 % del total de asistidas) respondieron que

la persona señalada como su agresor es padre de al menos alguno/a de sus

hijos/as.

A su vez, de acuerdo con dicho Informe, la mitad de las asistidas (386 mu-

jeres, el 52,23 % de las asistidas que son madres) contó que sus hijos/as su-

fren violencia de forma directa por parte de la persona indicada como agre-

sora: 218 consultantes mencionaron que sus hijos/as sufrían violencia

física, 355 que sufrían violencia psicológica, 22 que sufrían violencia de

tipo sexual y 85 que sufrían violencia patrimonial, siendo las formas de

violencias relevadas como categorías no excluyentes (Patrocinio, 2016).

Incluso, la violencia hacia los/as niños/as se prolonga e incluso se acentúa

una vez finalizada la convivencia de la mujer y sus hijos/as con el agresor.

En general, bajo estas circunstancias constituye una forma de dar continui-

dad a la violencia hacia sus ex parejas a través de una batería de distintos

tipos de violencia, tales como pleitos judiciales por la tenencia de las/os hi-

jas/os; el no pago de alimentos; agresiones a los/as hijos/as durante las visi-

tas y/o a sus madres, incluso incumplimiento del régimen de visita, etc. Se

trata en general de mecanismos que, en última instancia, persiguen hostigar

y agotar a su ex pareja y amedrentarla a que exponga cualquier denuncia,

cuyo contraataque siempre latente es el riesgo de perder la tenencia de sus

hijos/as, bajo el fantasma siempre latente del falso síndrome de la aliena-

ción parental.

Un factor añadido que resulta clave tomar en consideración es, en los casos

de mujeres con medidas de protección, si las mismas comprenden o no a

sus hijos/as. En los casos en que las medidas de restricción comprenden so-

lamente a la mujer, las acciones emprendidas por ésta para tomar distancia

del agresor y poner fin a esa situación pueden convertir también a los/as ni-

ños/as en destinatarios/as directos o indirectos de la violencia, en tanto el

agresor puede valerse de ellos/as como instrumentos: ya sea de presión

(buscando manipularlos/las para lograr que la mujer retroceda en su deci-

sión o desista de seguir adelante con tales acciones) o de represalia (produ-

ciéndoles algún tipo de daño para así causar sufrimiento a la mujer o, en su

defecto, agrediéndoles por percibir a los/as niños/as como “aliados/as” de

ésta).

En el caso de Karina, a partir de un factor desencadenante que ocurre en

presencia de su hijo, decide materializar la denuncia acudiendo a su red in-

formal de contención, en este caso una vecina amiga, para poner a resguar-

do a su hijo. Sin embargo, la medida de exclusión otorgada no incluía a su

hijo. Así la medida se transforma paradójicamente de un factor de protec-

ción a un factor de riesgo, que atenta contra la integridad física y psíquica

de ambos.

Cuando las medidas de protección comprenden solamente a la mujer, a su

vez, el régimen de visitas y la cuota alimentaria suelen convertirse en facto-

res desencadenantes de situaciones de violencia que pueden afectar de dis-

tintas maneras a ella y sus hijos/as.

El no pago de alimentos constituye una violación a los derechos humanos

de los/as niños/as, una violación a la Constitución Nacional, un patrón de

discriminación contra la mujer, las niñas y niños, y violencia económica y

patrimonial contra éstas, tal como establece la Ley 26.485, en su artículo 5,

inciso 4:

La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos

o patrimoniales de la mujer, a través de: a) La perturbación de la pose-

sión, tenencia o propiedad de sus bienes; b) La pérdida, sustracción,

destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos

de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimo-

niales; c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfa-

cer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir

una vida digna; d) La limitación o control de sus ingresos, así como la

percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lu-

gar de trabajo.

El nuevo Código Civil y Comercial establece en el capítulo 5 “Deberes y

derechos de los progenitores. Obligación de alimentos”:

Art. 658.– Regla general. Ambos progenitores tienen la obligación y

el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su

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condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno

de ellos.

La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los vein-

tiún años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad

cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo.

Art. 659.– Contenido. La obligación de alimentos comprende la satisfac-

ción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparci-

miento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los

gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos es-

tán constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son propor-

cionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades

del alimentado.

Incluso, la Ley Nº 26.485 contempla la posibilidad de que los y las Jueces

intervinientes en los procesos de violencia fijen alimentos provisorios a fa-

vor de los/as hijos/as en común, tal como fue mencionado anteriormente,

dentro de la batería de medidas que prevé la Ley.

De acuerdo con los datos disponibles, el 53 % de las mujeres patrocinadas

por la Oficina de Patrocinio Jurídico Gratuito no solicitaron alimentos pro-

visorios al momento de formular la denuncia. Quienes los solicitaron, en el

23 % de los casos 120 los obtuvieron en la primera medida de protección,

en el 69 % de las veces (365 casos) los recibieron cuando el pedido se hizo

con el patrocinio letrado, y en el resto (8 %, 43 casos) no fueron otorgados

en esa instancia y tuvieron que ser reclamados vía recursiva u otras vías

(Oficina de Patrocinio Jurídico Gratuito, 2016).

Para Hasanbegovic (2013), el no pago de alimentos es un fenómeno de gé-

nero muy extendido. A pesar de constituir en términos normativos un dere-

cho de los niños/as y una obligación de los progenitores, en algunos casos

se constata que las madres no dan curso a la demanda judicial por la cuota

alimentaria de sus hijos/as, ante el temor o incluso la amenaza concreta por

perder la tenencia de sus hijos/as.

Por tanto, es importante advertir que la violencia económica y patrimonial,

tal como es configurada por la Ley 26.485, no opera en el vacío sino en pa-

ralelo con otros tipos de violencia como la física, la psicológica e, incluso,

la sexual. Así, la violencia económica se potencia a través de la violencia

psicológica, en tanto opera a través del ejercicio de mecanismos psicológi-

cos de amedrentamiento que obstaculizan dar curso a la demanda judicial

por alimentos. Esto da cuenta de lo crucial que resulta encontrar caminos

que fortalezcan la autonomía económica y emocional de las mujeres para

garantizar una vida libre de violencia para ella y sus hijos/as.

Además de la cuestión candente relativa al pago de alimentos muchas ve-

ces se suma la cuestión del régimen de visitas como una estrategia más de

ejercicio de la violencia— tanto por acción como por omisión —hacia los/

as niños/as como hacia sus ex parejas. Es importante destacar que hay ca-

sos de violencia contra las mujeres donde, a pesar de que la Ley 26.485

prohíbe la instancia de mediación con el agresor, resultan frecuentes las

instancias de mediación familiar para cuestiones relativas a alimentos, te-

nencias, visitas, etc., lo cual desconoce el riesgo que dicha instancia supo-

ne para la mujer afectada.

En algunos casos, los acuerdos relativos a visitas son incumplidos por el

agresor al no devolver a los/as niños/as en el momento acordado, cuya

amenaza de fondo es la sustracción y la retención indebida, el impedimen-

to de contacto con la madre bajo alguna denuncia orientada a quitarle la te-

nencia de sus hijos/as con el fantasma, como decíamos, del falso síndrome

de la alienación parental.

El caso citado de Tolosa así lo demuestra: la amenaza con arma de fuego y

la sustracción de un bebé de brazos de su madre como mecanismo violento

de represalia hacia su ex mujer, a pesar de la medida de restricción perime-

tral que pesaba sobre él.

Las situaciones citadas develan el desconocimiento sobre la necesidad de

obtener medidas preventivas para los/as hijos/as (sobre todo en situaciones

donde corre riesgo la vida de los/as mismos/as) y también, con frecuencia,

en ausencia de personal judicial debidamente capacitado que comprenda la

complejidad de la violencia doméstica y el modo en que los/as hijos/as

pueden resultar afectados/as por los comportamientos de un padre violento.

La autonomía de las mujeres en situación de violencia como

cuestión candente

La maternidad de las mujeres que sufren violencia de género y las respon-

sabilidades de cuidado hacia sus hijos/as son datos relevantes, pues deter-

minan en gran parte la trayectoria a seguir para lograr salir ellas y sus hijos/

as de la situación de violencia. Uno de los puntos candentes suele ser la au-

tonomía de las mujeres en relación a la dependencia/independencia econó-

mica respecto al agresor, lo que la habilitaría o no a sostener en el tiempo

la decisión de finalizar el vínculo con el agresor. En este sentido, incluso

resulta clave distinguir entre la “independencia económica” y la “autono-

mía” para comprender que la independencia económica no se ha traducido

necesariamente para las mujeres en garantía de autonomía (Coria, 1989).

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De este modo, resulta clave tomar en consideración en relación a la ruta

crítica seguida por mujeres en situación de violencia de género, la situación

laboral de ellas, así como la carga de cuidado en relación a sus hijos/as.

Para ello, nos valdremos de los datos presentados por el Informe 2015 de

Patrocinio Jurídico Gratuito que dan cuenta de esto.

De las asistidas a la Oficina de Patrocinio Jurídico Gratuito durante 2015,

seis de cada diez (521 en total) trabajan, tanto en el sector formal como in-

formal, mientras que el 26 % se encuentra desempleada. Incluso, en el

62 % de los casos, es la propia consultante el principal sostén económico

de su hogar. Por su parte, el 78 % se manifestó como responsable del cui-

dado del hogar.

A su vez, entre las asistidas por el Patrocinio, menos de la mitad de ellas es

beneficiaria de algún programa, aun cuando son las que sostienen su hogar

en la mayoría de los casos (62 %). Resulta llamativo que el 49 % de las

asistidas que se encuentran desocupadas refiere no recibir ningún tipo de

prestación de la seguridad social; de ese subgrupo constituido por asistidas

desocupadas y sin acceso a la seguridad social, un tercio (35 casos) respon-

dió que es el principal ingreso del hogar, lo que pone de manifiesto situa-

ciones de vulnerabilidad extrema (Patrocinio, 2016).

Una investigación de ELA encontró que “aunque existen mecanismos

legales de protección, hay una cantidad de situaciones sociales y eco-

nómicas que continúan operando como obstáculos para que las mujeres

puedan estar en condiciones de aprovechar en forma íntegra los meca-

nismos de protección disponibles” (ELA 2012, 45). El mismo estudio

advirtió que,

Es significativa la cantidad de denuncias por violencia que no se conti-

núan más allá de la presentación inicial. La falta de redes sociales de

apoyo y políticas públicas para atender las dificultades económicas y

subjetivas que afectan a las denunciantes operan como un condicionante

importante (ibid., 59).

En más de la mitad de los casos relevados las mujeres denunciantes no

concurren a las audiencias u otras diligencias requeridas con posteriori-

dad y los procesos son cerrados por falta de nuevo contacto con la vícti-

ma. Las razones se vinculan con la falta de políticas públicas que

contribuyan a solucionar los obstáculos materiales (vivienda, sostén eco-

nómico) o subjetivos (sostén emocional) que las mujeres enfrentan. La

falta de esos mecanismos de apoyo, determinarán en muchos casos el

abandono del proceso. Se hace referencia en especial a las dificultades

de articular el Servicio de justicia con los servicios de salud y contención

psicológica; así como la vulnerabilidad económica, en particular las difi-

cultades para el acceso a la vivienda, como condicionantes para resolver

situaciones de violencia.

Por último, los recursos habitacionales también son importantes, en tanto

suelen definir parte de las dinámicas de la violencia, respecto de las po-

sibilidades de presentar la denuncia y de procurarse la independencia

personal y económica. Mientras que el 74 % cuenta con un hogar propio

o alquilado, un 20 % de las asistidas refiere situaciones de precariedad,

por habitar en hogares prestados, compartidos, ocupados o depender de

refugios.

En consecuencia, de acuerdo con este diagnóstico es preciso orientar re-

cursos y servicios que garanticen el acceso a subsidios sociales, a la vi-

vienda y al crédito, así como regular la ejecución de programas de capaci-

tación y de reinserción laboral para mujeres en situación de violencia de

género. Estas intervenciones deben centrarse en la rehabilitación y empo-

deramiento de las mujeres, pero también en su bienestar social y económi-

co por medio de distintas opciones de transferencia de bienes y de recur-

sos. Debe atenderse especialmente a las necesidades de atención de los

niños/as, y ofrecer opciones reales a las mujeres para articular sus proyec-

tos de vida con los roles de cuidado que usualmente tienen a su cargo

(Ministerio Público de la Defensa, 2016).

Comentario final

A veinte años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, si bien

podemos distinguir y reconocer los avances en materia de igualdad de gé-

nero —en especial, en el plano normativo en Argentina, a partir de los

compromisos asumidos en el plano internacional, que fueron muchos de

ellos incorporados a su Constitución Nacional—, la realidad que transitan

día a día las mujeres en situación de violencia en nuestro país dista aún de

corresponderse con los principios de dichas normas que garantizan el dere-

cho de las mujeres a una vida libre de violencias.

En los últimos años hubo diversas iniciativas —tal como dan cuenta los in-

formes analizados— para facilitar la presentación de las denuncias por he-

chos de violencia en las relaciones interpersonales y para obtener medidas

de protección dirigidas a detener el maltrato y evitar su reiteración. Ade-

más, se incrementó la oferta de cursos de sensibilización y capacitación en

temas de género para operadores y operadoras del sistema de administra-

ción de justicia. Sin embargo, estos avances no siempre han sido acompa-

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ñados de políticas públicas que transfieran bienes o recursos económicos

directamente a las mujeres y a sus núcleos familiares, que permitan cortar

relaciones de dependencia con sus agresores. Esta carencia no sólo obtura

la posibilidad de superar en forma definitiva las situaciones de violencia,

sino que incluso atenta contra la posibilidad de accionar judicialmente para

obtener medidas de protección o mantenerse en los procesos una vez que

se han iniciado. De tal forma, los esfuerzos existentes pueden, en la prácti-

ca, verse privados de toda efectividad (Ministerio Público de la Defensa,

2016).

Los procesos de ejecución de medidas de protección revelan falencias, en

contraposición de los objetivos a los que refieren. Los ejemplos que hemos

mencionado dan cuenta de hechos graves de violencia, e incluso la muerte

de las mujeres, sin embargo estaban precedidos de denuncias y órdenes de

protección mal o deficientemente ejecutadas. Como hemos observado, ac-

tualmente las alternativas de política pública preventiva en casos de riesgo

calificado, se fundan más en la restricción de quienes sufren situaciones de

violencia que en la de los agresores. Entonces la enunciación de las medi-

das no es taxativa, quedando a discreción del juez o de la jueza la potestad

de establecer las más adecuadas para cada situación.

En definitiva, se alude al poder que en nombre del derecho tienen las au-

toridades del ámbito judicial que interviene en los casos de violencia do-

méstica. ¿Por qué es pertinente calificar a ese poder como simbólico?

Porque este tipo de poder tiene la capacidad de anular el carácter arbitra-

rio de su distribución. Los efectos del poder simbólico permiten mostrar

las relaciones arbitrarias de clara dominación como relaciones legítimas,

se trata de un proceso de conversión que diluye el efecto de dominación

y que permite que los agentes sociales perciban la situación de desigual-

dad como “natural”. Es en este sentido que, para Bourdieu (2000), quie-

nes poseen el capital simbólico tienen el poder de “hacer cosas con pala-

bras”, es decir construir la “verdad” e imponerla ungidos por la

institución que le ha conferido el poder y le ha brindado la disposición

para actuar.

Así Tamar Pitch plantea que recurrir al potencial simbólico de lo penal co-

labora en sostener la díada víctima-inocente / golpeador-culpable, dejando

en segundo plano el contexto social y cultural y la complejidad de las rela-

ciones en las que el acto violento ocurre. Desde su visión, el estatus de

“víctima” cumple la función de intentar reintroducir sujetos, actores en el

ámbito político como la otra cara del sujeto neoliberal, el cual debe asumir

toda la responsabilidad de las consecuencias que se derivan de sus decisio-

nes y, por tanto, en su capacidad para pagar solo/a los eventuales costes de

las mismas. A priori se asume la libertad de este sujeto y se piensa que no

depende de ningún contexto social, económico, institucional ni político. La

individualización y la privatización de las decisiones y los costes señalan

una ruptura respecto de la racionalidad política propia de los Estados del

bienestar, invisibilizando conceptos como el de opresión que remitía a la

conducta de los sistemas, las estructuras, etc. Más en general, o dicho en

otros términos, se asiste a una privatización y moralización del discurso pú-

blico, en el que se justifica la acción del gobierno como una acción orienta-

da a la defensa de las “víctimas” (Pitch, 2014).

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