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1
Agradezco especialmente a Griselda Ibaña, por haber orientado lúcida y pacientemen-
te la formulación de este ensayo durante el cursado de la asignatura “Filosofía Social”.
También agradezco a Gerardo Avalle, por su lectura crítica y sus valiosos aportes.
*
Estudiante avanzado de la Licenciatura en Ciencia Política (UCC). Becario de grado
del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales (UNC).
Código de referato: SP.208.XXXVIII/16
La lucha de las trabajadoras
sexuales de AMMAR-Córdoba.
Un análisis desde la teoría de la
justicia de Nancy Fraser
1
Fidel Azarian
*
Resumen
Las trabajadoras sexuales de AMMAR-Córdoba reclaman por el recono-
cimiento de sus derechos en un escenario signado por acuciantes situa-
ciones de injusticia: estigmatización, discriminación, precarización labo-
ral, criminalización, violencia policial, entre otras. En este contexto es
que creemos necesario analizar las demandas de Ammar-Córdoba desde
un enfoque de la justicia que reconcilie las reivindicaciones por la igual-
dad económica con aquellas que defienden el reconocimiento de la di-
versidad sexual. Nuestro argumento es que la lucha de las trabajadoras
sexuales de AMMAR-Córdoba impugna un orden social injusto que
asigna de modo desigual derechos y privilegios. Estas desigualdades se
configuran como flagrantes injusticias en la medida que expulsan a un
sector importante de la ciudadanía del espacio público deliberativo, una
organización que busca participación en el debate público sobre un tema
que les concierne más que a nadie: la regulación del trabajo sexual.
STUDIA POLITICÆ Número 38 ~ otoño 2016
Publicada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales,
de la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, República Argentina.
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STUDIA POLITICÆ
Palabras clave: Trabajadoras sexuales – AMMAR Córdoba – Teoría de
la justicia – Desigualdades
Abstract
Sexual workers form AMMAR-Cordoba demand the recognition of
their rights in a scene signed by pressing situations of injustice:
stigmatization, discrimination, precarization at work, criminalization,
police violence, between others. It is in this context where we believe
necessary to analyze the demands of AMMAR-Cordoba from a
standpoint of justice that reconciles the revindication for economic
equality with those that defend the recognition of sexual diversity. Our
argument is that the struggle of sexual workers of AMMAR-Cordoba
refutes an unjust social order that assigns in an unequal way rights and
privileges. These inequalities shape up as flagrant injustices since ther
leave aside, an organization that looks for involvement in the public
debate about a subject than concerns them more tan anyone: the
regulation of sexual work.
Key Words: Sexual workers – AMMAR Córdoba – Justice theory –
Inequalities
Introducción
L
OS debates en torno al trabajo sexual se vinculan a una innumerable
cantidad de asuntos: ética, política, derecho, estudios urbanos,
sexualidad, género, clase, patriarcado, capitalismo. Por otra parte, el
trabajo sexual es, desde hace varios años, uno de los temas más urticantes
y polémicos al interior del feminismo a tal punto que lo ha dividido en (al
menos) dos grupos irreconciliables: feminismo radical o pro sexo, abolicio-
nistas o regulacionistas, anti prostitución o pro prostitución, para citar solo
algunas clasificaciones (Gimeno, 2012). El nivel de radicalidad y encona-
miento del debate es tal que hasta el modo de nominar la comercialización
de servicios sexuales supone un posicionamiento al respecto. Así es como
hay quienes afirman que las trabajadoras sexuales son mujeres con capaci-
dad para asumir en primera persona su propio destino, refiriéndose al “tra-
bajo sexual” como una actividad voluntaria (Osborne, 2004), y hay quienes
dicen que la “prostitución” no es un trabajo realizado libremente, ya que
“prostituir” es un verbo que se conjuga con un sujeto trastocado (Chejter,
2011), por lo que en estas relaciones de mercantilización del sexo hay suje-
tos prostituyentes (los clientes y los proxenetas) y personas prostituidas (las
mujeres sobre las cuales se ejerce la acción prostituyente). Desde nuestro
punto de vista, esta última es una perspectiva determinista, que niega la ca-
pacidad de agencia que las trabajadoras sexuales ponen en juego cuando se
59
organizan para luchar por el reconocimiento de sus derechos, en un proce-
so de autoafirmación como sujetas políticas.
La lucha de las trabajadoras sexuales por su inclusión en el mundo del
derecho laboral con los beneficios que ello implica —prestaciones socia-
les, sindicalización, jubilación— es una estrategia privilegiada por las or-
ganizaciones de meretrices de distintos lugares del mundo. Es por eso
que encontramos diversas asociaciones que reclaman por el reconoci-
miento de derechos laborales para las trabajadoras sexuales: Hetaira en
España, COYOTE en Estados Unidos, Davida en Brasil, EMPOWER en
Tailandia, STELLA en Canadá, entre otras (Fassi, 2013). Lo que se busca
es terminar con la violencia y con la precarización existentes en el nego-
cio del sexo. Esta lucha se inscribe en un movimiento histórico que tiene
a la clase trabajadora como protagonista de las más diversas gestas contra
tantos otros abusos y opresiones en distintas actividades económicas
(Wijers, 2004).
En el presente trabajo analizamos las demandas que plantea AMMAR-
Córdoba, organización que reúne alrededor de mil trabajadoras sexuales
y hace dieciséis años reclama el reconocimiento de derechos laborales
para las trabajadoras sexuales en un escenario signado por acuciantes si-
tuaciones de injusticia: estigmatización, discriminación, precarización
laboral, criminalización, violencia policial, entre otras. En este contexto
es que creemos prioritario reflexionar sobre la lucha de AMMAR-Cór-
doba y argumentar sobre la necesidad de su reconocimiento como traba-
jadoras.
Desde la teoría y filosofía política, nos parece importante abordar la lucha
de AMMAR-Córdoba con un enfoque de la justicia que reconcilie las rei-
vindicaciones por la igualdad económica con aquellas que defienden el re-
conocimiento de la diversidad sexual. Para ello recurrimos a la teoría de la
justicia de Nancy Fraser (1991; 1996; 1997; 2012), quien combina catego-
rías de análisis marxistas y weberianas —como son la clase, el estatus y el
poder— en una clave de lectura que nos permite comprender las injusti-
cias que viven las trabajadoras sexuales como efecto de las distintas mani-
festaciones de la desigualdad social. Nos proponemos representar un de-
bate contemporáneo en la teoría de la justicia a partir del análisis de las
demandas que plantea la Asociación de Mujeres Meretrices Córdoba
(AMMAR-Córdoba). Con ese objetivo, analizamos el discurso de Eugenia
Aravena —secretaria general de la organización— en una clase abierta
que organizó el Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y analizamos
también investigaciones empíricas y documentos públicos de AMMAR-
FIDEL AZARIAN
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2
El relevamiento documental se hizo en el marco del proyecto de investigación:
“Gramática e historia de los conflictos sociales en Córdoba (2003-2013)”, dirigido por
la Dra. María Alejandra Ciuffolini, radicado en la Facultad de Ciencia Política y Rela-
ciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba y financiado por la Se-
cretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica de la Universidad Católica de
Córdoba.
Córdoba y la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual, selecciona-
dos a partir de criterios teóricos
2
.
El enfoque que asume este trabajo es propio del ensayo filosófico en tan-
to procura una reflexión crítica mediante un ejercicio argumentativo y
analítico a partir de las herramientas provistas por las lecturas conceptua-
les escogidas. Así, la pretensión final es aportar un examen juicioso de
una situación que se percibe como injusta desde las distintas dimensiones
del fenómeno (económica, política, cultural) con el estilo propio de la fi-
losofía, que busca continuamente desnaturalizar las opiniones comunes y
emancipar el pensamiento. El ensayo se organiza de la siguiente manera:
en un primer apartado presentamos una breve historia de la lucha de AM-
MAR-Córdoba, en un segundo apartado reflexionamos sobre la situación
de vulnerabilidad en la que se encuentran las trabajadoras sexuales de
AMMAR a raíz de la precarización laboral y la estigmatización social
que pesa sobre el trabajo sexual, en un tercer apartado, hacemos un análi-
sis teórico de las desigualdades estructurales que pone en evidencia la lu-
cha de las trabajadoras sexuales de AMMAR-Córdoba, y por último, ex-
ponemos a modo de conclusión las razones por las cuales creemos
necesario que la posición de AMMAR-Córdoba sea escuchada en el de-
bate público que se realiza hoy en torno a la comercialización de servi-
cios sexuales.
La lucha de AMMAR-Córdoba por el reconocimiento de sus
derechos como trabajadoras
La Asociación Civil AMMAR Córdoba es una organización de trabajado-
ras sexuales de la provincia de Córdoba. Está conformada por mujeres
mayores de edad, para quienes el trabajo sexual es una elección laboral
(Aravena, Figueroa, Mendoza, Suárez y Giménez, 2015). AMMAR Cór-
doba comienza a organizarse en el año 2000, ante la necesidad de luchar
contra la represión, la persecución y la discriminación ejercida sistemáti-
camente por la policía. En la actualidad, la organización nuclea a más de
mil afiliadas, cuenta con una Comisión Directiva y con el apoyo de un
61
Equipo Técnico. La Asociación organiza su trabajo gremial-sindical en
cuatro áreas: educación, política, salud y extensión comunitaria (Red por
el Reconocimiento del Trabajo Sexual, 2016). En concreto, la Asociación
de Mujeres Meretrices Córdoba (2013, s/n) se plantea los siguientes obje-
tivos:
1) Ser reconocidas como mujeres trabajadoras sexuales, contando con le-
yes y políticas públicas que nos protejan como cualquier otra ciudadana
que habita en la Argentina;
2) Como mujeres trabajadoras, queremos tener los mismos derechos, ga-
rantías y obligaciones que corresponden a todas y todos las y los trabaja-
dores, como jubilación y obra social;
3) Luchar frente al maltrato, abuso y detenciones arbitrarias por parte de
la policía;
4) Participar activamente de la toma de decisiones y la formulación de
políticas públicas que generen igualdad de condiciones para las trabaja-
doras sexuales.
La lucha de las trabajadoras sexuales nucleadas en AMMAR Córdoba par-
te del cuestionamiento de las situaciones de injusticia que les toca vivir por
su condición de tales. Según Avalle (2010) en ese proceso colectivo de or-
ganización se van identificando los adversarios contra quienes dar batalla:
la sociedad como un todo (por su doble moral sexual) y el Estado con sus
mecanismos privilegiados de control social: la policía y el sistema jurídico.
En palabras de Eugenia Aravena (2013:24-25), Secretaria General de AM-
MAR-Córdoba:
...A lo largo de estos 76 años de abolicionismo lo único que se hizo es
meternos en cana a nosotras, llenar los calabozos con nosotras. Com-
pañeras nuestras, de AMMAR, han tenido que estar hasta 180 días en
la cárcel del Buen Pastor (cuando todavía estaba ahí) por el Código
de Faltas. No se persiguió jamás a los que explotan, jamás se persi-
guió el negocio que hay detrás de esto. Es más fácil criminalizar. Y en
esto creo que la sociedad tiene parte de la culpa porque de alguna ma-
nera habilita o aplaude que estas cosas sucedan. (...) Entonces, remar-
co esta parte de la hipocresía y de la discriminación en la que nadie
es, porque parece que los clientes son todos fantasmas, no sé de dón-
de los sacamos.
La doble moral sexual refiere a la paradoja entre un discurso público que
juzga, discrimina y criminaliza el trabajo sexual y una práctica de consu-
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mo que se mantiene en el anonimato y en el silencio. Estas contradiccio-
nes aparecen como la base del reclamo que las trabajadoras generan (Ava-
lle, 2015). Frente al rechazo social, estructuran el discurso de la dignidad
que significa organizarse y luchar por sus derechos; frente al consumo de
los clientes plantean al Estado la demanda de reconocimiento como traba-
jadoras, porque negar tal condición aproxima a estas mujeres al mundo de
la ilegalidad.
Cabe destacar que el sistema legal imperante en Argentina considera al
trabajo sexual realizado voluntariamente por personas adultas como una
actividad lícita
3
. Sin embargo, el Estado —en sus distintos niveles— ha
implementado políticas públicas que dificultan su ejercicio, relegando el
trabajo sexual a la clandestinidad total (Aravena, Pereyra, Sánchez y Vag-
gione, 2015).
Particularmente en la provincia de Córdoba, es preocupante que el Estado
responda reiteradamente a las demandas planteadas por AMMAR a partir
de su aparato represivo. Tanto por su intensidad como por su continuidad
en el tiempo, creemos que la represión policial es una política de Estado
orientada a la criminalización de la pobreza, ya que el despliegue policial
se dirige a las trabajadoras sexuales pobres, que prestan servicios en la ca-
lle, fuera del amparo del proxeneta (Avalle, 2010).
Cabe recordar que el antiguo Código de Faltas ha sido históricamente el
dispositivo privilegiado de criminalización del trabajo sexual. El artículo
más problemático del Código contravencional era el 45, llamado “Prosti-
tución molesta o escandalosa. Medidas profilácticas o curativas”. Esta
norma ha sido derogada a fines del año pasado como resultado de la lucha
de AMMAR-Córdoba, ya que su redacción vaga y ambigua habilitaba a la
policía a detener arbitrariamente trabajadoras sexuales en la calle. No obs-
tante, el nuevo Código de Convivencia Ciudadana, sancionado el 2 de di-
ciembre de 2015 por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, tipificó
una sanción para quienes practiquen el nudismo en la vía pública o en es-
pacios privados de acceso público, figura contravencional tan amplia que
podría utilizarse para criminalizar a las trabajadoras sexuales.
Al panorama descripto en el párrafo anterior debe sumarse que en los úl-
timos años los discursos abolicionistas comenzaron a impactar significa-
3
En Argentina rige desde el año 1936 la ley de profilaxis venérea N° 12.331, la cual
prescribe la clausura de casas de tolerancia bajo el pretexto de erradicar focos de infec-
ción. Dicha ley no penaliza el trabajo autónomo e independiente, solo tipifica el delito
de regenteo o administración de la prostitución ajena.
63
tivamente en la agenda pública a partir de un empoderamiento considera-
ble del activismo feminista contra la trata de personas que instaló en el
imaginario colectivo la idea de que toda comercialización del sexo es
igual a trata. (Fassi, 2013). En ese marco deben entenderse el decreto
presidencial 936/2011 que prohíbe avisos de oferta sexual en los medios,
las modificaciones introducidas a la ley nacional de Trata de Personas
26.364 en el sentido de negar valor al consentimiento expreso de las
“víctimas” de la trata, como así también la ley provincial 10.060 que
prescribe la clausura de whiskerías y burdeles. AMMAR-Córdoba viene
denunciado los efectos perjudiciales que estas reformas legales han oca-
sionado a las trabajadoras sexuales: más discriminación, persecución y
abuso policial.
A la intensificación de los discursos abolicionistas y de las prácticas re-
presivas, las trabajadoras sexuales de AMMAR opusieron más lucha y
organización. Cabe destacar al respecto la articulación con académicos,
activistas, otras organizaciones sociales y personas independientes para
la conformación de una “Red por el Reconocimiento del Trabajo
Sexual”, que nació en junio del 2012. La Red por el Reconocimiento del
Trabajo Sexual (2016) se propuso construir un contra-discurso tendiente
a cuestionar las posiciones esencialistas que abordan la sexualidad desde
las concepciones sacralizantes del amor y su finalidad reproductiva, abo-
gando por la ampliación de derechos y la democratización de las prácti-
cas sexuales con el objetivo de erradicar la sistemática violencia que su-
fre el sector. En el marco de las intervenciones políticas que AMMAR
llevó a cabo en este proceso colectivo de organización, resaltamos las
palabras de Eugenia Aravena en una “clase abierta en primera persona”
en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Ar-
gentina:
Lo único que estamos pidiendo es mejor calidad de vida para el sec-
tor, que se respeten nuestros derechos, que se persiga al que se tiene
que perseguir. ¿Por qué no se toma en cuenta la palabra de AMMAR?
¿Por qué el gobierno nos ignora y nos ha ignorado siempre? Porque
hay un negocio detrás que es el que realmente, a nuestro criterio, no
se quiere desbaratar sino cortar el hilo por lo más delgado (...) Por
eso comparto lo que dicen las compañeras de que el feminismo aboli-
cionista lo único que quiere es ponernos trabas en el camino para que
no se escuchen nuestras voces, mezclándonos intencionalmente con la
trata de personas. Es un feminismo de caviar que no conoce la calle ni
la realidad, habla de los libros, escudándose en la lucha contra la tra-
ta, en realidad están luchando intencionalmente contra nosotras (...)
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El abolicionismo, hoy en la Argentina, maneja muchísimo pero mu-
chísimo dinero a costa de la trata de personas (...) La capacidad de
imponer temas e influir en la opinión de la gente es muy desigual
(Aravena, 2013: 26-29).
Si bien es cierto que el feminismo abolicionista ha demostrado tener fuer-
te incidencia política en los últimos años, es importante destacar que la
lucha de AMMAR-Córdoba ha mostrado la enorme capacidad de proble-
matizar la asignación de la categoría “víctima” con que el feminismo abo-
licionista las interpela, para posicionarse en la trama social desde la legiti-
midad que les brinda reconocerse como mujeres trabajadoras y, más
precisamente, como sujetas de derechos.
Trabajadoras precarizadas, sexualidades despreciadas
Un análisis no reduccionista de las demandas que plantean las trabajadoras
sexuales nos lleva a integrar en un marco interpretativo común dos tipos de
reivindicaciones: aquellas que se inscriben en el campo del derecho laboral
con aquellas que refieren a los derechos sexuales y reproductivos. En pri-
mer lugar, y siguiendo la argumentación de Fraser (1996), consideramos
necesario preguntarnos si las trabajadoras sexuales nucleadas en un movi-
miento social como AMMAR se entienden mejor como clases definidas
económicamente o como grupos de estatus definidos culturalmente. En el
primer caso, el origen de la injusticia serían las desigualdades económicas
ancladas a los procesos de producción social, y de este tipo de desigualdad
se desprenderían las injusticias de orden cultural. Un caso ilustrativo de
este tipo de injusticia puede ser la estigmatización que sufren los jóvenes
en situación de pobreza que viven en la periferia de nuestra ciudad, siendo
expulsados del centro cada vez que se acercan a él. Erradicar este tipo de
injusticias requeriría la reestructuración del sistema económico para abolir
la estructura de clases como tal.
En el segundo caso, la raíz de la injusticia sería el no reconocimiento cultu-
ral, y cualquier injusticia de índole económica se derivará de aquella. A
modo de ejemplo, podríamos pensar en la precarización laboral que sufren
las travestis y transexuales hoy a raíz del prejuicio que pesa sobre su vida
sexual. La superación de estas situaciones de injusticia implicaría modifica-
ciones en los modelos culturales sexistas de interpretación, representación y
valoración de las características propias y atribuidas a individuos y grupos.
Es necesario aclarar que la oposición injusticia económica/injusticia cultu-
ral es una distinción analítica, la economía y la cultura no constituyen esfe-
65
ras totalmente diferenciadas de la vida social
4
(Butler, 2000). Dichas cate-
gorías funcionan como tipos ideales en sentido weberiano: son clasificacio-
nes conceptuales que no se corresponden tal cual con las experiencias his-
tóricas y concretas de comunidades que padecen injusticias. Aquí
sostenemos que una asociación como AMMAR presenta características
grupales que lo vuelven un movimiento social complejo y puede ser consi-
derado, nuevamente con fines analíticos, como una “colectividad bivalen-
te”, esto es, “una forma híbrida que combina rasgos de la clase explotada
con rasgos de la sexualidad despreciada” (Fraser, 1996: 26).
Las meretrices pertenecen a la clase trabajadora porque su posesión más
importante es la que reclaman sobre su cuerpo, sobre su deseo y sobre su
sexo; allí radica su fuerza de trabajo. Es importante aclarar que si bien ellas
se autodefinen como trabajadoras y reclaman derechos laborales
—como por ejemplo tener un sindicato independiente con personalidad ju-
rídica— y derechos a la seguridad social —demandan, por ejemplo, la po-
sibilidad de hacer aportes previsionales y jubilarse a cierta edad, incluso
también reclaman programas sociales que dignifiquen el trabajo sexual—
no se perciben como explotadas ya que en su discurso la prostitución apa-
rece como un trabajo autónomo, sin patrón, que responde a una decisión de
vida tomada libremente por mujeres adultas (Avalle, 2010). En todo caso,
creemos que la noción de “precarización” define con mayor precisión la si-
tuación laboral que viven las trabajadoras. Por precarización entendemos
trabajo inseguro, exposición al peligro, falta de previsibilidad. En estos tér-
minos caracteriza Eugenia Aravena (2013:25), la composición del colecti-
vo de trabajadoras:
FIDEL AZARIAN
4
En un intento por superar falsas dicotomías en el seno de la izquierda, Judith Butler
(2000) nos advierte que las apelaciones a una distinción aparentemente estable entre la
vida material y cultural ha servido para identificar a los nuevos movimientos sociales
con lo meramente cultural, y lo cultural con lo derivado y secundario. Butler se remonta
a Engels, quien en “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, afirmaba
que el capitalismo no es solo un modo de producción de mercancías, sino también un
modo de producción de sujetos. En ese sentido debía entenderse la producción misma
del género, conforme a las reglas que reproducían la familia heterosexual normativa. Fe-
ministas que abrevaron en el marxismo y en el psicoanálisis se aliaron para demostrar
cómo el parentesco actuaba para reproducir individuos que fueran útiles para el capital.
Así es como históricamente la regulación de la sexualidad estuvo de manera sistemática
vinculada al modo de producción capitalista, apta para el funcionamiento de la econo-
mía capitalista (Butler, 2000). El supuesto de trabajo del cual nos valemos en el presen-
te ensayo es que analíticamente puede esbozarse un principio de diferenciación entre
economía y cultura no porque estas sean distintas esferas de la vida social sino porque la
clase, el género y la sexualidad presentan cierta autonomía como dimensiones de la des-
igualdad social.
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Yo también quiero el mundo ideal, en donde todo el mundo elija su tra-
bajo y las condiciones para hacerlo. De hecho hay compañeras que eligen
el trabajo sexual y ganan bien, vienen de otros trabajos, tienen estudios y
terminan optando; y hay compañeras que no sé cómo tenemos séptimo
grado. Cuando hablan de nosotras nos ponen en el lugar de “sos prostitu-
ta porque seguramente te violaron cuando eras chica, porque no tuviste
otra oportunidad más que darte para puta”, etc. Nosotros tenemos más de
mil afiliadas y yo hago un esfuerzo para representar al sector lo mejor
posible.
Por otra parte, a la precarización laboral se le suma la discriminación y el
prejuicio social que pesa sobre las trabajadoras sexuales, porque su trabajo
consiste en intercambiar sexo por dinero sin fines procreativos ni romanti-
cismo de por medio como prescribe la moral sexual hegemónica. Por esa
razón, creemos que la “clase” no basta para explicar las injusticias que vi-
ven las trabajadoras sexuales de AMMAR. El grupo de estatus al cual ads-
criben las trabajadoras del sexo podemos llamarlo, parafraseando a Fraser,
“sexualidades despreciadas”. La sexualidad es una construcción sociohistó-
rica, producto y productora de relaciones de poder. De acuerdo con Vag-
gione (2012), decimos que existen fronteras que estratifican el orden sexual
a partir de regulaciones diversas: discursos religiosos, científicos, legales,
entre otros. En las sociedades occidentales, de tradición cristiana, nos en-
contramos con un andamiaje moral fuertemente institucionalizado que solo
legitima el amor y la reproducción como finalidades aceptables del acto
sexual. Este orden sexual viene siendo cuestionado en los últimos años por
organizaciones feministas y movimientos por la diversidad que han logrado
politizar la sexualidad y anclarla a un debate sustantivo en relación a la de-
mocracia y a la ciudadanía. Esta irrupción polémica e impugnatoria ha teni-
do distintas expresiones. En lo concerniente al trabajo sexual, citamos un
texto leído en la ciudad de Neuquén a fines de 2012, a modo de presenta-
ción de la charla debate “Las trabajadoras sexuales toman la palabra. Expe-
riencias de organización en primera persona”, escrito colectivamente por
diversas organizaciones y activistas (trabajadoras sexuales, feministas, les-
bianas, gays, travestis, trans, bisexuales, queer):
En nuestro país, la norma sexual hegemónica se articula sobre la pare-
ja monogámica, heterosexual y reproductora, que se legitima bajo la
institución del matrimonio. En este marco, las relaciones sexuales su-
ponen un vínculo erótico-afectivo basado en el amor y la gratuidad,
estableciéndose una jerarquía erótico-sexual que condiciona y limita
fuertemente lo que se aprehende como deseo legítimo o como práctica
deseable, excluyendo así multitud de prácticas y modos de desear que
son expulsados del campo de lo legítimo. El trabajo sexual aparece
67
como una de las contracaras de ese modelo al situar el sexo en un
marco de actividad comercial (Sin Cautivas, Feministas por la Resis-
tencia, Diversidad de Río Negro y Neuquén, Valeria Flores y Activis-
tas LGTTTB, 2013:10).
Las injusticias actuales como desigualdades estructurales y diversas
El esfuerzo por integrar las injusticias socioeconómicas con las culturales
en un marco comprensivo común nos exige hacer una serie de precisiones
conceptuales. En primer lugar, creemos que las situaciones de injusticia
que hoy sufren las trabajadoras sexuales están ancladas a estructuras socia-
les que distribuyen derechos, beneficios, privilegios y recursos de manera
desigual. En ese sentido, la pregunta por la justicia nos exige pensar, a par-
tir de lo que consideramos deseable, las formas de la igualdad posible.
Como principio, decimos que las luchas por la igualdad no nos pueden lle-
var nunca a la homogeneización social sino más bien al pluralismo y a la
diversidad: las reglas de la igualdad deberían asegurar que cada cual pueda
llevar la mejor vida posible según sus preferencias.
Asumiendo entonces que la pregunta por las injusticias actuales nos llevan
necesariamente a problematizar la desigualdad social, decimos que ésta úl-
tima debe ser pensada de modo relacional, tal como lo han hecho Marx y
Weber. El supuesto aquí es que la realidad social es conflictiva y se carac-
teriza por la existencia de tensiones permanentes entre distintos grupos so-
ciales. No obstante, si bien ambos autores piensan la estratificación social
de manera relacional, existen diferencias importantes entre sus teorías. La
primera gran diferencia gira en torno a la noción de “clase”
5
.
En el presente trabajo, cuando decimos que las meretrices de AMMAR-
Córdoba pertenecen a la clase trabajadora estamos haciendo uso de un
concepto marxista. Aquí es necesario hacer una distinción. La “clase en sí”
es una situación económica que se define por el lugar que ocupan los indi-
viduos en la estructura de producción. La “clase para sí” es un momento
FIDEL AZARIAN
5
Ni Marx ni Weber completaron una descripción analítica detallada de la noción de
clase en sus escritos. No obstante, esta puede inferirse de sus planteos (Guiddens, 1998).
Para Marx (1987), las clases se definen en el proceso de producción, la clase dominante
es la que posee la propiedad de los medios de producción, la clase explotada es la que
solo cuenta con su fuerza de trabajo. Para Weber (1992) la situación de clase de un indi-
viduo depende de la posición que ocupa en el mercado, ubicación que condiciona el ac-
ceso a distintos tipos de bienes.
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político en el cual los miembros de la clase trabajadora identifican intereses
comunes y se organizan, constituyéndose en una clase para sí misma
(Marx, 1987). Esta doble dimensión está presente en AMMAR-Córdoba,
según lo dicen las propias trabajadoras:
A comienzos del año 2000 comenzamos a juntarnos y pensar cómo orga-
nizarnos para resistir. Adheridas a la Central de Trabajadoras de la Ar-
gentina (CTA) conocimos varias luchas sociales y políticas de la clase
trabajadora, con las cuales comenzamos a sentirnos identificadas. Así fue
que empezamos a incluir en nuestras acciones el trabajo por la educa-
ción, la salud, en niñez, apostando siempre a mejorar la calidad de vida
del sector, promoviendo la organización como herramienta política de
cambio y transformación y así comenzó esta historia, nuestra historia
(Aravena, Figueroa, Mendoza, Suárez y Gimenez, 2015).
La lucha que las trabajadoras del sexo protagonizan parte del cuestiona-
miento a la red de relaciones clandestinas que administra el negocio del
sexo, red en la cual la institución policial cumple un rol protagónico. De
hecho, AMMAR-Córdoba surge para frenar la violencia y la persecución
policial. Lo que las trabajadoras sexuales denuncian es que el accionar re-
presivo no se orienta a erradicar la explotación sexual del trabajo ajeno en
whiskerías, cabarets, prostíbulos, sino al ejercicio autónomo y libre del tra-
bajo sexual en las calles. Los policías les piden un porcentaje de lo que ga-
nan o favores sexuales a cambio de dejarlas trabajar en determinadas zonas
bajo amenazas de llevarlas detenidas (Avalle, 2010).
En relación a la organización política del sector, cabe destacar que en estos
catorce años de lucha AMMAR abrió espacios educativos (cursos de alfa-
betización, escuela primaria, jardín de infantes, guardería, cursos de teatro,
biblioteca), realizó actividades sanitarias (campañas de prevención del
VIH, análisis de ETS y atención médica mediante la búsqueda de profesio-
nales de la salud, entrega de preservativos), organizó marchas y radios
abiertas junto a otras organizaciones políticas, colaboró en el diseño de es-
trategias jurídicas con abogados que militan en el uso alternativo del dere-
cho para terminar con detenciones arbitrarias, violencias y abusos, entre
otras actividades relevantes (Fassi, 2013). Dichas acciones políticas contri-
buyeron a un importante empoderamiento y fortalecimiento de la agrupa-
ción, que significó una mejora considerable en las condiciones laborales de
las trabajadoras sexuales afiliadas.
Por otra parte, creemos que la pertenencia de clase es insuficiente para ana-
lizar las injusticias que sufren las trabajadoras sexuales de AMMAR-Cór-
doba. La desaprobación social impregna todos los espacios que habitan las
trabajadoras y la discriminación es percibida a través de múltiples expe-
69
riencias de relaciones sociales: cuando visitan un hospital, cuando las agre-
de la policía, cuando las invisibiliza el poder político (Avalle, 2015). En
este plano cobra centralidad el planteo de Max Weber (1992) en torno al
estatus: Weber distingue la situación de clase de la situación de estamento
o estatus. La situación estamental de un individuo se refiere a las evalua-
ciones que otros hacen de él y de su posición social, atribuyéndole alguna
forma —positiva o negativa— de consideración social. Aquí sostenemos
que aquellos grupos que por distintas razones pueden ser llamados “sexua-
lidades despreciadas” (transexuales, travestis, gays, swingers, sadomaso-
quistas, trabajadoras sexuales, taxiboys, dragqueens, dragkings, etc.) pade-
cen menor estimación, honor y prestigio en relación a otros grupos sociales
que se adecuan más a la cultura sexual hegemónica en una época.
Reflexiones finales
En los últimos años en Argentina se han reconocido derechos sexuales y
reproductivos —matrimonio entre parejas del mismo sexo, ley de identidad
de género— como así también derechos laborales —nuevo régimen de tra-
bajadoras de casas particulares, nuevo régimen de trabajo agrario— que
significaron mejores condiciones de vida para buena parte de la ciudadanía.
No obstante, el reconocimiento del trabajo sexual sigue siendo una deuda
de la democracia (Aravena, Pereyra, Sánchez y Vaggione, 2015). El confi-
namiento del trabajo sexual al mundo de lo ilegal y de lo criminal produce
vulneraciones de derechos humanos inadmisibles en sociedades capitalistas
democráticas, donde el trabajo no sólo garantiza condiciones económicas
de subsistencia sino también el reconocimiento social y el acceso a la ma-
yoría de los derechos de la ciudadanía (Osborne, 2004).
Sostenemos que el silenciamiento y la invisibilización que sufren las traba-
jadoras sexuales constituyen una injusticia inexplicable en un orden demo-
crático. En ese sentido, la pregunta por la justicia nos lleva a problematizar
el ámbito público, entendido éste último como aquel espacio donde los ciu-
dadanos deliberan sobre sus asuntos comunes. De acuerdo con Fraser
(1991), el ámbito público necesita ser repensado sobre la base de una críti-
ca a la democracia realmente existente. Esta última funciona sobre el su-
puesto de que es posible para los participantes de los debates públicos po-
ner entre paréntesis las diferencias sexuales, raciales, de género, de clase, y
deliberar “como si” fueran iguales.
En primer lugar decimos que la desigualdad social real, en todas sus for-
mas, permea los ámbitos públicos deliberativos y expulsa de los mismos a
quienes han resultado desfavorecidos en la distribución de derechos y pri-
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vilegios que las relaciones de poder hegemónicas permiten en un momento
determinado. Creemos que para remediar dicha injusticia, puede sernos de
utilidad la noción de justicia bivalente que defiende Nancy Fraser (1996;
1997; 2012). Dicho concepto abarca la distribución socioeconómica y el
reconocimiento cultural sin tener que reducirse lo uno a lo otro. La “pari-
dad participativa” es el principio que hace posible la justicia. Dicha norma
prescribe arreglos sociales que garanticen que todos los miembros de la so-
ciedad interaccionen entre ellos como iguales. La vigencia de la paridad
participativa supone —además de la igualdad formal— políticas sociales
que garanticen la distribución equitativa de los ingresos y políticas cultura-
les, que respeten las formas de vida de cada ciudadano. La distribución de
los recursos materiales debe ser tal que permita a los ciudadanos gozar de
tiempo y medios suficientes para ocuparse de los asuntos públicos. Este es
un requisito que excluye todas aquellas disposiciones sociales que institu-
cionalizan la pobreza, la explotación y la precarización laboral, como he-
mos visto que hacen las políticas públicas que criminalizan el trabajo
sexual. Por otra parte, la paridad participativa también requiere de patrones
institucionalizados que valoricen a todos los ciudadanos por igual y no des-
precien a ciertas mujeres como hacen las abolicionistas y la sociedad en
general cuando discrimina a las trabajadoras sexuales.
A su vez, creemos que la realización de la justicia no puede plantearse sin
un proyecto emancipatorio, y este es el aporte más significativo que realiza
AMMAR al debate público en torno al trabajo sexual. Las trabajadoras
sexuales defienden un proyecto político colectivo, solidario y propositivo,
que nos incomoda y desafía en la medida en que plantea otras formas posi-
bles de vivir el trabajo y la sexualidad. En relación al carácter propositivo
de la lucha, cabe destacar que AMMAR presentó a la Legislatura de la Pro-
vincia de Córdoba un proyecto de regulación del trabajo sexual, discutido y
elaborado desde las bases, en el que se destaca la necesidad de organizarse
en cooperativas y ser representadas por un sindicato (Fassi, 2013). Por otra
parte, el horizonte colectivo de la lucha puede encontrar en las instancias
de articulación que la asociación integra con otros espacios de resistencia
(por ejemplo, organización de la marcha “de la gorra” contra el código de
faltas u organización de la marcha del “orgullo gay”, por la diversidad
sexual), en el apoyo a reclamos de otros sectores como, por ejemplo, a
quienes luchan por la tierra y la vivienda o incluso en la demanda de parti-
cipación en la políticas que buscan erradicar la trata de mujeres.
La lucha de las trabajadoras sexuales por el reconocimiento de sus dere-
chos las posiciona en un lugar protagónico en el escenario de conflictos so-
ciales que se están produciendo en nuestra provincia en los últimos años.
Las trabajadoras sexuales de AMMAR-Córdoba impugnan un orden social
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injusto que asigna de modo desigual derechos y privilegios (ya sean bienes
materiales o inmateriales, garantías laborales o respeto por las elecciones
sexuales que las personas hacen). Estas desigualdades se configuran como
flagrantes injusticias en la medida que expulsan a un sector importante de
la ciudadanía del espacio público deliberativo; una organización que busca
participación en el debate público sobre un tema que les concierne más que
a nadie: la regulación del trabajo sexual.
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Fecha de recepción: 06/04/2016
Fecha de aceptación: 27/05/2016
