7
Hugo H. Rabbia *
Camila Gianella **
E
N septiembre de 1995 se celebró la Cuarta Conferencia Mundial de
la Mujer en Beijing que, junto con la Conferencia Mundial de Po-
blación de El Cairo de 1994, constituyen hitos para el reconocimien-
to en clave de derechos de las demandas feministas de igualdad y empode-
ramiento de las mujeres.
Las deliberaciones en Beijing concluyeron con la elaboración de una ambi-
ciosa Plataforma de Acción que planteó compromisos en doce temas de
preocupación, siendo responsabilidad de los gobiernos traducir esta plata-
forma en políticas públicas que conllevaran a cambios concretos para al-
canzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres.
Entre los temas abordados por la plataforma se encuentran las desigualda-
des de acceso a la educación, a sistemas de salud y al pleno ejercicio de los
derechos a la salud sexual y reproductiva, desigualdad de participación en
las estructuras económicas y en el ejercicio del poder político, así como
otras formas de violencia y discriminación de mujeres y niñas
1
. Estos ejes,
a su vez, han iluminado la incorporación de las problemáticas de desigual-
dad de género entre los objetivos y metas de desarrollo consensuadas pri-
mero en torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM, 2000-
Editorial: Beijing + 20 y
la igualdad de género. Discusiones
y desafíos pendientes
*
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Católica de
Córdoba, Argentina y CONICET.
**
Universidad de Bergen e Instituto Chr. Michelsen, Noruega.
1
Ver: NACIONES UNIDAS, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, IV Conferen-
cia Mundial de la Mujer, 1995, disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/bei-
jing/pdf/BDPfA%20S.pdf
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STUDIA POLITICÆ
2015) y, más recientemente, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS, 2015-2030)
2
.
Pese a algunos avances importantes, para el 2016 se puede afirmar que nin-
gún país ha logrado alcanzar la igualdad de género en todas las dimensio-
nes de la vida (PNUD, 2015; UNESCO, 2015). Por ejemplo, el ODM 3,
“Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer”, ha mostrado
resultados desiguales, puesto que su seguimiento sólo se ha focalizado en
una de sus metas: lograr paridad de acceso en educación (ONU MUJE-
RES, 2013). A su vez, aunque muchos países han avanzado en legislacio-
nes contra la discriminación y la violencia de género, estas leyes se enfocan
principalmente en sus consecuencias y no se abordan las causas sociales,
económicas y culturales de las mismas (Acosta Vargas, 2015).
En el caso de América Latina, se puede afirmar que, aun con diferencias en
cada uno de los países, lo avanzado desde 1995 es insuficiente. Según la
CEPAL (2015), es en el campo legislativo donde se han logrado mayores
avances en la región, destacando la casi desaparición de leyes abiertamente
discriminatorias y el reconocimiento legal de la igualdad entre varones y
mujeres. En contraposición, han sido lentos e insuficientes los avances en
la implementación de políticas públicas de igualdad, sobre todo en el ámbi-
to económico, a la vez que no se han considerado diferenciados en varones
y mujeres los efectos de las crisis económicas y las políticas de limitación
del rol del Estado desarrolladas en la región durante los noventa (CEPAL,
2015).
En el campo de la violencia de género, algunos países de la región recono-
cen la violencia contra la mujer como figura legal específica
3
, mientras
que otros han invertido esfuerzos en la creación de servicios especializa-
dos, como comisarías y fiscalías especializadas para atender a víctimas de
violencia de género, así como en la creación de casas de refugio para las
mujeres que sufren violencia.
No obstante, la prevalencia de la violencia de género es aún muy alta en la
región. De los diez países del mundo con más alta tasa de homicidios de
mujeres, siete son latinoamericanos (Yagoub, 2016). Un estudio desarrolla-
do en 12 países de la región por la Organización Panamericana de la Salud
en el 2012 reveló que al menos un 15 % de las mujeres entre 15 y 49 años
2
Ver: NACIONES UNIDAS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, disponible en: http://
www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
3
Argentina, Bolivia, Colombia, México, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Venezuela y
República Dominicana.
9
de edad habían sido víctimas de violencia física o sexual por parte de una
pareja alguna vez (CLADEM, 2014). Asimismo, según un informe de la
Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, el tráfico de
mujeres y niñas con fines de explotación sexual ha crecido considerable-
mente en Centro América y el Caribe (UNODC, 2009).
Las mujeres sufren además otros tipos de violencia estructural. Pese al re-
conocimiento formal de la igualdad ante la ley, las mujeres siguen viendo
limitada su autonomía para decidir cuándo y qué métodos anticonceptivos
usar, a la vez que se presentan numerosas trabas en la implementación o
definición de políticas de educación sexual integral. Marcos legales restric-
tivos y punitivos hacen que el aborto inseguro siga causando problemas de
salud y muerte entre las mujeres de América Latina, la región con las tasas
más altas de muertes por abortos inseguros en el mundo, como reporta la
Organización Mundial de la Salud (WHO, 2012).
En síntesis, el camino trazado por el exhaustivo marco global de igualdad
de género que instauró Beijing, no ha sido fácil, y está plagado de marchas
y contramarchas. En particular, se advierten tanto en términos de la discu-
sión de los contenidos y alcances de las normativas nacionales e internacio-
nales relativas a la Plataforma como, sobre todo, en el plano de la exten-
sión del marco normativo y la efectiva implementación del mismo (Krook
y True, 2012). Aun la oposición de las agendas fundamentalistas con base
religiosa así como la reactividad de los sectores conservadores transnacio-
nalizados (Vaggione, 2005) es una constante en cada intento por lograr
avances en la igualdad de género y sexual a nivel global y nacional.
Estos dos números de STUDIA POLITICÆ se abocan a explorar, desde
diversos abordajes, los logros, retrocesos y desafíos, así como los porqués
de las demoras para implementar la Plataforma de Acción de Beijing en la
región. Fruto de una amplia convocatoria, los trabajos incluidos en estos
números reflejan una variedad de discusiones y análisis que permiten reali-
zar un recorrido sobre las principales problemáticas discutidas en el con-
texto de Beijing + 20.
El primer texto de Esquivel y Kaufmann presenta un análisis minucioso de
las aspiraciones antes de Beijing, los desarrollos alcanzados luego de 1995
y de los desafíos pendientes. Las autoras no se limitan a describir los pro-
blemas a veinte años de la Conferencia, sino que presentan un análisis de
las razones estructurales que han limitado el avance en la agenda de Beijing
a nivel global y, luego, en la región. Destacan además el rol que juegan di-
ferentes actores, organizaciones sociales y organismos de seguimiento de
los tratados internacionales en el avance del reconocimiento de los derechos
de las mujeres, y el de las fuerzas conservadoras en sus retrocesos.
EDITORIAL
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STUDIA POLITICÆ
A continuación, el texto de Milisenda promueve un análisis crítico sobre
los alcances de la conceptualización de “derechos sexuales y reproducti-
vos” en el sistema de Naciones Unidas, a partir de reconstruir su genealo-
gía y sus contenidos, así como su examen en términos de gubernamentali-
dad. Para la autora, nos encontramos en “el momento oportuno para
repensar y reflexionar sobre los derechos sexuales”, a partir de cambiar el
enfoque “que celebra los avances en términos de libertad e igualdad, a otra
lupa que da cuenta de la forma en que esos mismos avances funcionan
como dispositivos de poder”.
Por su parte, el artículo de Azarian, ofrece una mirada diferente, al analizar
la trayectoria organizativa y las disputas por el reconocimiento de derechos
de una organización de trabajadoras sexuales, la Asociación de Mujeres
Meretrices de Argentina (AMMAR). A lo largo de su trabajo, el autor invi-
ta a cuestionar(nos) sobre el significado de estas luchas en un contexto
posBeijing.
El segundo número se abre con el trabajo de Rodríguez Gustá y Caminotti,
quienes indagan en los procesos de implementación efectiva del mainstrea-
ming de género en dos casos municipales considerados ejemplares: Rosario
y Montevideo. Las autoras describen que las dos dimensiones del mains-
treaming destacadas por la Plataforma de Beijing, el empoderamiento de
las mujeres y la consolidación de instrumentos y capacidades estatales, se
han desarrollado con muy diversa intensidad en una y otra ciudad.
Bedin, por su parte, realiza un análisis de los procesos políticos por los que
han atravesado diversas iniciativas legales dirigidas a garantizar la partici-
pación de las mujeres en la política. El texto es una invitación al debate en
el contexto argentino actual: algunas provincias discuten actualmente pro-
yectos de ley de paridad de género en la composición de listas de candida-
tos a cargos públicos electivos, a la vez que, desde algunos sectores, se si-
gue cuestionando el impacto en materia de igualdad efectiva de las leyes de
cuotas vigentes.
Frente a la problemática de la violencia contras las mujeres, las manifesta-
ciones convocadas por #NiUnaMenos han demandado, entre otros temas,
mayor responsabilidad y atención estatal integral a las víctimas. El artículo
de Vicente y Voria aborda precisamente esta problemática desde un análisis
de implementación de los marcos normativos. Al diferenciar los avances
normativos de la aplicación práctica de los mismos, las autoras recorren la
ruta crítica seguida por las víctimas de violencia de género, describiendo
una serie de barreras estructurales que impiden la real protección de estas
mujeres.
11
Por último, el trabajo de Safranoff recurre a metodologías cuantitativas y
a datos de la Encueta Mundial de Valores de 2013 para identificar algu-
nos de los factores explicativos de las actitudes individuales hacia la vio-
lencia contra la mujer. El conocimiento de estas actitudes y de sus facto-
res explicativos permitiría, según la autora, identificar en qué contextos y
poblaciones trabajar más intensivamente para poder reducir este tipo de
violencia.
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