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Metodologías de evaluación de la
sustentabilidad en áreas naturales
protegidas.
Estado del arte y propuesta
metodológica para México.
Código de referato: SP.189.XXXIV/15
STUDIA POLITICÆ Número 34 ~ primavera-verano 2014/2015
Publicada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales,
de la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, República Argentina.
*
Doctora en Medio Ambiente y Desarrollo, Universidad Autónoma de Baja California
(UABC) y postulante a estancia posdoctoral.
Laura Rodríguez Cardozo
*
Resumen
Los procesos de evaluación comenzaron a institucionalizarse en México
al inicio del nuevo siglo pero, en materia de medio ambiente, existía ya
un antecedente desde 1996. A partir de 2006 se incrementó el número de
evaluaciones anuales efectuadas a programas federales y el sector no fue
la excepción; sin embargo, no ha logrado tener una fuerte presencia (ni
numérica ni teórico-metodológica) en el conjunto de las evaluaciones
nacionales, probablemente debido a su alta complejidad. En particular,
ha sido difícil que sus trabajos logren un adecuado equilibrio entre los
distintos componentes de la sustentabilidad: ambientales, sociales y eco-
nómicos. Por otra parte, salvo pocas excepciones, las áreas naturales
protegidas (ANP) no han sido objeto de evaluación.
Con el objetivo de fortalecer las debilidades señaladas, en el presente ar-
tículo se retoman trabajos metodológicos internacionales para hacer una
propuesta adaptada al contexto mexicano. Para facilitar su comprensión,
esta se antecede de un mínimo marco teórico y los antecedentes del caso.
Dicha propuesta consiste en la selección de la metodología de Pome-
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92 STUDIA POLITICÆ
roy et al. (2004) debido a su especificidad para áreas protegidas, su
reconocimiento como guía de evaluación y el de las organizaciones
que lo avalan (Unión Internacional para la Conservación de la Natu-
raleza, Fondo Mundial para la Naturaleza y Servicio Oceánico Nacio-
nal de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosféri-
ca), así como los 18 casos mundiales en que fue probada, incluyendo
cuatro mexicanos. La guía incluye tres conjuntos de indicadores (bio-
físicos, socioeconómico y de gestión) que fueron adaptados para re-
alzar al segundo grupo, descuidado en el marco de la sustentabilidad
en México. Ese énfasis se logró recuperando la experiencias de va-
rios organismos internacionales (PNUD, Unión Europea) y naciona-
les (Conapo, Coneval).
Su aplicación en un ANP de México permitió comprobar su viabilidad y
conveniencia para complementar la información disponible para la toma
de decisiones en el sector.
Palabras clave: evaluación – sustentabilidad – áreas naturales prote-
gidas
Abstract
Evaluations processes began to be institutionalized in Mexico at the
beginning of the new century, but in the environmental sector it has
been done since 1996. From 2006 the number of annual evaluations to
federal programs has increased and this sector was not the exception.
However, the environmental evaluations have failed to achieve a strong
presence (neither numerical, theoretical, nor methodologically) in the
national evaluations; probably due to its high level of complexity. In
particular, the appropriate balance between the environmental, social
and economic sustainability components has been elusive. Moreover,
with a few exceptions, the Natural Protected Areas (NPA) have not
been subject to evaluation.
In order to strengthen the identified weaknesses, the international
methodological work is retaken in this article to make a proposal
adapted to the Mexican context. To facilitate understanding, a
minimum theoretical framework is included as well as the case’s
background.
This proposal consists of the selection of the Pomeroy et al
methodology (2004) due to its specificity for protected areas, its
recognition as an evaluation guide and the organizations that support
it (International Union for Conservation of Nature, World Wildlife
Fund and Oceanic National Service of the National Oceanic and
Atmospheric Administration Office), as well as the 18 cases worldwide
in which it was tested, including four in México. The guide includes
three sets of indicators (biophysical, socio-economic and governance)
which were adapted to enhance the second group, neglected in the
sustainability Mexican woks. That emphasis was recovering the
experiences of various international (UNDP, European Union) and
national organizations (Conapo, Coneval).
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Its application in a Mexican NPA allowed to check its feasibility and
suitability to supplement the information available for decision making
in the sector.
Key words: evaluation – sustainability – natural protected areas
Introducción
L
OS procesos de evaluación comenzaron a institucionalizarse en
México al inicio del nuevo siglo pero, en materia de medio am-
biente, existía ya un antecedente desde 1996. A partir de 2006 se
incrementó el número de evaluaciones anuales efectuadas a programas
federales y el sector no constituyó una excepción; sin embargo, no ha lo-
grado tener una fuerte presencia en el conjunto, ni numérica ni teórico-
metodológica, probablemente debido a su alta complejidad. En particular,
ha sido difícil que sus trabajos logren un adecuado equilibrio entre los
distintos componentes de la sustentabilidad. Por otra parte, salvo pocas
excepciones, las áreas naturales protegidas (ANP) no han sido objeto de
evaluación.
Con el objetivo de fortalecer las debilidades señaladas, en el presente artí-
culo se retoman trabajos metodológicos internacionales para hacer una pro-
puesta adaptada al contexto mexicano. Para facilitar su comprensión, se in-
cluye un marco teórico mínimo y los antecedentes del caso.
1. Áreas naturales protegidas y sustentabilidad
Aunque la conservación de espacios naturales es una tradición milenaria de
algunas culturas como las mesoamericanas y andinas precolombinas, el
concepto de ANP y su institucionalización surgen en el siglo XIX, en Euro-
pa, como una importante corriente de pensamiento vinculada al sector fo-
restal, que incorporó la preocupación por la destrucción de los bosques y
propuso acciones de conservación y restauración. Durante el siguiente si-
glo, dicha corriente extendió por toda la región de América Latina y el Ca-
ribe el interés de conservar los espacios naturales con el fin de proteger las
cuencas hidrológicas, los bosques y selvas de potencial forestal, los paisa-
jes y las áreas naturales para la recreación e inició los primeros esfuerzos
importantes de reforestación.
Un antecedente destacable que reconoce a las ANP como la principal he-
rramienta en conservación de especies y de ecosistemas fue la creación
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
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por recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo Humano, celebrada en Estocolmo en 1972.
En 1987, una comisión integrada por varias naciones elaboró un docu-
mento para la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), conocido
como el informe Brundtland. Este popularizó el término de “desarrollo
sustentable” (Sustainable Development) con la idea de que la equidad so-
cial, el crecimiento económico y el mantenimiento ambiental eran simultá-
neamente posibles, si bien reconocía la tensión existente entre ellos. Seña-
laba de esa manera los tres componentes fundamentales del desarrollo
sustentable: el ambiente, la economía y la sociedad (www.un.org/es/co-
mun/docs/?symbol=A/42/427).
En América Latina, los esfuerzos para la administración y del manejo de
áreas protegidas fueron muy escasos y desiguales hasta 1992 en que se
realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo en Río de Janeiro, conocida como Cumbre de la Tierra. Allí
se acordó la firma de un tratado internacional, el Convenio de Diversidad
Biológica (www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/convencion.html),
con el objetivo de promover la conservación in situ, que significó un gran
impulso en el fortalecimiento de las políticas nacionales de ANP en la re-
gión y la incorporación formal de la conservación de la biodiversidad.
Como resultado del proceso descrito, la mayoría de los países ha ido desa-
rrollando sistemas extensivos de áreas protegidas. En México, se iniciaron
formalmente en 1876 en que fue protegido el bosque conocido como De-
sierto de los Leones, en los alrededores de la ciudad de México, pero fue
hasta la publicación de la Constitución Política de 1917 que se incluyeron
regulaciones y limitaciones para el aprovechamiento de los recursos natu-
rales. El esfuerzo se ha intensificado a partir de los años 70 y muy espe-
cialmente a principios de los 90 con la institucionalización de la gestión
ambiental y la creación de importantes organizaciones públicas.
Hoy en día, México ha adoptado como definición de ANP la siguiente:
“porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de
los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esen-
cialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más re-
conocidos y valorados” (http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos). Cuen-
ta con 176 ANP que cubren casi el 13 % (25,394,779 ha) del territorio
nacional y está comprometido con el Plan Estratégico para la Diversidad
Biológica 2011-2020 y las metas de Aichi, Japón, en las que se estableció
que, al menos el 17 % de las zonas terrestres y de aguas continentales, y el
10 % de las zonas marinas y costeras, se conservarán por medio de siste-
mas de ANP.
95
En forma paralela, a partir de 1992 se realizaron diversas conferencias y
programas internacionales sobre desarrollo sustentable, sin vincularlo con
ANP, mientras que en México la política ambiental ha tratado de integrar
el desarrollo sustentable con la estrategia de conservación en ANP, fomen-
tando una cultura de la conservación y el desarrollo sustentable de las co-
munidades asentadas en su entorno (www.conanp.gob.mx).
El desarrollo sustentable es considerado
“El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter am-
biental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la
productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de
preservación del equilibrio, protección del ambiente y aprovechamiento
de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de
las necesidades de generaciones futuras” (Ley General de Equilibrio Eco-
lógico y de Protección al Ambiente, LGEEPA: artículo 3, inciso XI).
La sustentabilidad incluye tanto los aspectos ambientales como la conside-
ración del desarrollo socio-económico de la región y las relaciones socia-
les entre los seres humanos, incluso las intergeneracionales (CEPAL,
2012). Estas interacciones entre naturaleza y sociedad han sido estudiadas
desde los noventa por diferentes aproximaciones interdisciplinarias (eco-
nomía ecológica, economía ambiental, historia ambiental, geografía am-
biental) y los conceptos y sus indicadores han ido evolucionando desde
visiones que integraban los tres aspectos en forma secuencial, su interrela-
ción positivista y su integración armónica (Gómez Laxe, 2007). Un buen
ejemplo actual de integración se ejemplifica con el esquema utilizado por
la UE (Figura N° 1).
La mayoría de los esfuerzos realizados en México miden principalmente
el estatus de las poblaciones de fauna y flora y la calidad o salud de los
ecosistemas, pero la revisión realizada no evidencia que los procesos eco-
nómicos y sociales, también integrantes de la sustentabilidad, sean toma-
dos en cuenta.
2. Estado del arte de su evaluación
La política ambiental fue evaluada inicialmente con el esquema propuesto
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE, 1998), conocido como Presión-Estado-Respuesta (PER) (ver resu-
men de la evolución en Cuadro N° 1). Se basaba en una visión biológica
(la clásica, según la clasificación de Ghimire et al., 1997) y se centraba en
el estado de los ecosistemas protegidos, sin tomar en consideración todo el
LAURA RODRÍGUEZ CARDOZO
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proceso implicado como realizan actualmente los especialistas en políticas
públicas. En la mayoría de los países occidentales, este nuevo enfoque ha
cobrado importancia hasta las últimas décadas. América Latina se ha incor-
porado recientemente a este proceso, aunque con sacar avances aún insufi-
cientes (Cardozo, 2012).
Figura N° 1: Enfoque transversal de los sistemas de tercera generación en la UE
Fuente: Sotelo et al., 2011.
En el año 2000, se identificaron tres trabajos relevantes. El primero corres-
ponde a Cifuentes y colaboradores, quienes desarrollaron un manual para
la medición de la efectividad del manejo de las ANP, que incluye un resu-
men de las diversas metodologías usadas para evaluar y/o monitorear el
manejo de las áreas protegidas de Latinoamérica, entre las que resaltan: a)
reporte de calificaciones: criterios de consolidación de Áreas Protegidas
utilizado por The Nature Conservancy (TNC) para monitorear el avance
del manejo; b) metodología numérica para establecer la sensibilidad intrín-
seca de las áreas naturales e identificar aquellas que requieren pronta aten-
ción (Rivero y Gabaldón, 1992); y c) procedimiento para medir la efectivi-
97
dad del manejo de áreas silvestres protegidas, donde se desarrolla la prime-
ra selección sistemática y metodológica de indicadores básicos para evaluar
el manejo (De Faria, 1993).
El segundo trabajo corresponde a la Comisión Mundial para la Protección
de Áreas (WCPA), que propuso un marco para evaluar la efectividad del
manejo, reconociendo la necesidad de una variedad de respuestas en fun-
ción de las necesidades y los recursos disponibles (Hockings et al., 2000).
Muestra el ciclo de gestión con seis etapas: (a) revisión del contexto y el
establecimiento de la visión del manejo del sitio, b) planeación, c) asigna-
ción de recursos, d) implementación de acciones de manejo, e) producción
de bienes y servicios, e f) impactos o resultados; y recomiendan que cada
etapa sea monitoreada y evaluada independientemente. El método se puede
usar a diferentes niveles de complejidad.
Por último, Kleiman y colaboradores (2000) hicieron un estudio en los Es-
tados Unidos de América (EUA) para mejorar la evaluación de los progra-
mas de conservación. Mencionan que en ese momento la evaluación de los
programas de conservación era excepcional y que sus recomendaciones
eran poco usadas por resistencia de los participantes y por falta de apoyo
financiero. Además, recomiendan que los criterios para medir el éxito de
los programas comprendan parámetros tanto de carácter biológico como
social, e incluyan el aprendizaje y la aplicación de este nuevo conocimien-
to a la administración de los recursos. Por último, resaltan la importancia
de evaluar todo el proceso y que, de preferencia, se realicen evaluaciones
internas y externas.
En la región de América Latina y el Caribe, destaca el estudio efectuado
para el PNUMA por De la Maza y colaboradores (2003) sobre la evolución
de las ANP en 1992-2000. Cubrió 24 países (96 % del territorio de la re-
gión), entre los que se encontraba México, que se destacó por más que du-
plicar su superficie protegida.
En 2004, la Agencia Europea para el Medio Ambiente (AEMA) comenzó
a utilizar un esquema más complejo que el PER para considerar las pre-
siones externas como fuerzas motrices y tomar en cuenta los impactos, por
lo que se transformó en Fuerzas Motrices-Presión-Estado-Impacto-Res-
puesta (FPEIR). El nuevo esquema “identifica las fuerzas generadoras o
motrices (generalmente externas) que motivan actividades que causan pre-
sión sobre el territorio; esta presión se expresa en modificaciones en el es-
tado del ambiente, los cuales, si se intensifican, pasan a ser impactos que
se reflejan en la extinción de especies, en efectos nocivos en la salud hu-
mana y de los ecosistemas, en cuantiosas pérdidas económicas o en serios
problemas de orden social” (Bobadilla et al., 2013: 103).
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Ese mismo año, se publicó por parte de la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN) un manual para la evaluación de la efec-
tividad (Pomeroy et al., 2004), específicamente para Áreas Marinas Protegi-
das (AMP). Su utilidad fue probada en 18 AMP alrededor del mundo, con
características diversas de tamaño, tipo de gestión y localidades geográficas.
Posteriormente, Steam et al. (2005) plantearon que la mayoría de las orga-
nizaciones encargadas de la conservación han intentado desarrollar e im-
plementar una variedad de métodos de evaluación, ya que necesidades di-
ferentes implican también métodos diversos. Concluyen que existen
similitudes conceptuales en todos los métodos, pero fuertes problemas de
comunicación entre los especialistas y que el monitoreo exclusivamente
cuantitativo de información biológica es insuficiente. Identifican cuatro
propósitos generales en la evaluación: investigación básica, aspectos conta-
bles y de certificación, evaluación de estatus y medidas de efectividad.
En 2009, Muthiga retomó el manual de Pomeroy et al. para evaluar el caso
del complejo Malindi-Watamu en Kenia, donde encontró que, en general,
el complejo lograba alcanzar los objetivos de conservación de la biodiver-
sidad; sin embargo, la falta de un manejo adecuado de las pesquerías redu-
cía la capacidad de la reserva para cumplir adecuadamente con el objetivo
relacionado con los medios de subsistencia. Los indicadores de gobernabi-
lidad mostraron los comportamientos más débiles y la necesidad de enfo-
carse a reforzarlos (Muthiga, 2009).
En 2008, Leverington y otros realizaron un análisis global de 6 300 evalua-
ciones efectuadas en el mundo sobre la efectividad en el manejo de áreas
protegidas (Leverington et al., 2008), mismas que utilizaron 40 metodolo-
gías diferentes y encontraron que: a) una de cada tres áreas estaba en su
fase de establecimiento, por lo que aún no se podía determinar su efectivi-
dad, b) el manejo resultó francamente inadecuado en una de cada siete
áreas, y c) la planeación, acciones, investigación, monitoreo y evaluación,
indispensables para el manejo efectivo, recibieron calificaciones pobres en
el estudio (Rivera y del Monte-Luna, 2011).
En años recientes, diferentes revistas sobre evaluación han dedicado núme-
ros especiales enfocados al tema ambiental. En 2009, se produjo la coedi-
ción de un número especial de la Revista New Directions for Evaluation
(2009, N° 122), preparado por la Environmental Evaluators Network
(EEN, por sus siglas en inglés), red integrada por especialistas en evalua-
ción, ciencias ambientales y ciencias sociales, enfocada en los cambios ne-
cesarios en las metodologías de evaluación de políticas y programas am-
bientales en contextos australianos, europeos y norteamericanos. En este
número la UICN propuso dar seguimiento a las seis etapas que debe tener
un proceso de manejo según Hockings et al. (2000). También la revista
99
Journal of Evaluation and Program Planning (2010) publicó un número
dedicado a la evaluación de programas dirigidos a un aspecto específico: la
educación ambiental en América del Norte.
Cuadro N° 1: Síntesis cronológica de los trabajos internacionales de evaluación de ANP
Fuente: elaboración propia.
Año
1998
2000
2000
2000
2003
2004
2004
2005
2008
2009
2010
2011
Trabajo
Presión-Estado-
Respuesta (PER, OCDE)
Cifuentes y
colaboradores
Hockings et al. (WCPA)
Kleiman y colaboradores
(Conservation Biology)
De la Maza y
colaboradores (PNUMA)
Fuerzas Motrices-Presión-
Estado-Impacto-Respuesta
(FPEIR, AEMA)
Pomeroy et al. (IUCN-
WWF-NOAA).
Steam et al.
(Conservation Biology)
Leverington et al.
Revista New Directions for
Evaluation N° 122 (EEN)
Journal of Evaluation and
Program Planning
Sotelo et al (Estudios
Geográficos)
Relevancia
Evaluación del desempeño institucional con base en
la visión clásica de la biología.
Manual para la medición de la efectividad del manejo
de las ANP con resumen de métodos de TNC; Rive-
ro y Gabaldón, 1992; y De Faria, 1993.
Marco para evaluar la efectividad del manejo en fun-
ción de las necesidades y los recursos disponibles.
Recomiendan considerar parámetros tanto de carác-
ter biológico como social y evaluar interna y externa-
mente todo el proceso.
Evolución de las ANP en 1992-2000 en 24 países la-
tinoamericanos (96 % del territorio de la región), in-
cluido México.
El PER se complejiza para considerar factores inte-
rrelacionados con el medio ambiente, pero sigue sin
considerar variables sociales.
Manual para la evaluación de la efectividad en ANP
marinas, usando tres conjuntos de indicadores: biofí-
sicos, socioeconómicos y de gobernabilidad.
Plantean que el monitoreo exclusivamente biológico
es insuficiente. Señalan cuatro propósitos en la eva-
luación: investigación básica, aspectos contables y
de certificación, evaluación de estatus y medidas de
efectividad.
Análisis global de 6 300 evaluaciones distribuidas en
el mundo sobre la efectividad en el manejo de ANP.
Metodologías de evaluación de políticas y progra-
mas ambientales con aportes de ciencias sociales.
Evaluación de programas dirigidos a la educación
ambiental en América del Norte.
Sistema de indicadores de tercera generación que
recuperan los tres ejes de la sustentabilidad.
LAURA RODRÍGUEZ CARDOZO
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100 STUDIA POLITICÆ
En la actualidad, la Unión Europea (UE) utiliza los llamados sistema de
tercera generación (Figura N° 1) que también recuperan los tres ejes de la
sustentabilidad (Sotelo et al., 2011).
A pesar de los diferentes marcos metodológicos existentes, en materia am-
biental todos los trabajos parten del enfoque de sistemas y contienen algu-
nos de los siguientes elementos:
1) generación de una visión de la sustentabilidad, es decir, establecimien-
to de un marco paradigmático que oriente el modelo de evaluación; 2) je-
rarquización de criterios empleados de acuerdo con los objetivos del pro-
yecto de sustentabilidad a evaluar; 3) establecimiento de definiciones
condensadas para cada criterio; 4) delimitación de las fronteras del siste-
ma; 5) definición de indicadores, tanto aquellos que se medirán directa
como indirectamente; 6) establecimiento de una metodología de medi-
ción para cada indicador; 7) establecimiento de las unidades en que serán
medidos los indicadores, escalas nominales, ordinales e intervalos; 8) es-
tandarización que asigne valores de apreciación a los datos obtenidos que
implica la jerarquización de cada criterio de acuerdo con el contexto del
proyecto analizado; y 10) síntesis de los valores de apreciación mediante
su comparación para los diferentes criterios empleados (Bosshard, 2000;
citado en Torres et al., 2004: 120).
3. Situación en México
En México, las preocupaciones en torno a la evaluación se observan desde
finales de los 60; sin embargo, salvo el Programa de Desarrollo Regional
Sustentable (PRODERS) que tiene evaluaciones desde 1996 (ver síntesis
en cuadro N° 2), el proceso de evaluación de programas gubernamentales
recién comenzó a instrumentarse de manera sistemática a partir de 1997
con la creación del Programa de Educación, Salud y Alimentación (PRO-
GRESA, luego Oportunidades y actualmente Prospera) y se generalizó en
forma obligatoria para todos los programas gubernamentales por decisión
de la Cámara de Diputados en el año 2000 (Cardozo, 2012).
En consecuencia, a partir del 2001 se empezó a realizar un mayor número
de evaluaciones y los programas ambientales no fueron la excepción. Estas
estuvieron a cargo de la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) hasta el
2006 en que fue creado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
Social (CONEVAL). Tan solo en la gestión de 2010-2011, la SEMARNAT
contó con 18 evaluaciones de programas ambientales, entre las que desta-
can las de Proárbol y del Programas de Conservación para el Desarrollo
101
Sostenible, continuador del PRODERS (CONEVAL, 2009). Actualmente
CONEVAL evalúa todos los programas y acciones de desarrollo social in-
cluidos en su inventario, de los cuales el 7 % se vincula al medio ambiente
(www.coneval.gob.mx/evaluacion/ipfe/Paginas/default.aspx).
También en el año 2001, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das (CONANP) creó el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación
para la Conservación (SIMEC), al que se integran datos geográficos, indi-
cadores y estadísticas bajo la metodología de Presión-Estado-Respuesta,
con el propósito de evaluar los cambios y la condición ambiental de las
ANP, a fin de contar con diagnósticos de las causas y efectos potenciales
de los problemas presentes, así como predecir los futuros impactos de las
actividades humanas en las áreas. Su objetivo ha sido “establecer un siste-
ma que incorpore indicadores biológicos, geográficos, sociales y económi-
cos que permitan analizar la efectividad e impacto en la aplicación de polí-
ticas públicas en las Regiones Prioritarias para la Conservación”
(www.conanp.gob.mx).
El SIMEC ha sido organizado para operar en tres ejes: información, moni-
toreo y evaluación. Cada uno de estos puede visualizarse como un subsiste-
ma que implica actividades diferentes, pero que al final intenta la integra-
ción de los componentes en un solo sistema. Los tres ejes fueron
establecidos para determinar la efectividad en la instrumentación de los
programas institucionales y su impacto en la conservación de las ANP.
Por otro lado, en 2008, Figueroa y Sánchez-Cordero hicieron una evalua-
ción de la efectividad de algunas ANP para prevenir el cambio de uso de
suelo, considerándolo como la mayor causa de otros procesos de degrada-
ción, y encontraron que aún hay una porción significativa de ANP que son
poco efectivas o no efectivas. Sin embargo, como ellos mismos lo mencio-
nan, hicieron solo una evaluación parcial o un diagnóstico preliminar.
En 2011, la CONANP elaboró 42 estudios sobre la valoración de la pérdi-
da de ecosistemas naturales, que incluyeron 29 ANP decretadas entre 1937
y 2010; encontraron que de las 16 ANP que tuvieron únicamente un estu-
dio, en 12 (75.0 %) la velocidad de transformación resultó negativa y solo
en 4 (25.0 %) fue positiva; mientras únicamente el 23.1 % de las que tuvie-
ron dos estudios pasaron de transformación negativa a positiva. (ASF,
2011).
Adicionalmente al trabajo realizado por la Administración Pública Federal
que se relató, la Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico de la
Cámara de Diputados, realiza auditorías de desempeño de los programas
públicos. En particular, en 2011 analizó la política ambiental en diversos
rubros, incluida la biodiversidad y más concretamente las ANP. En esta úl-
LAURA RODRÍGUEZ CARDOZO
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102 STUDIA POLITICÆ
1
Información confirmada en la entrevista a los funcionarios de la Dirección de Evalua-
ción y Seguimiento.
tima revisó la evolución del territorio protegido comparándola con las me-
tas internacionales asumidas en el Plan Estratégico para la Diversidad Bio-
lógica 2011-2020 de Aichi, Japón, y los estudios realizados por la CO-
NANP que se acaban de referir.
Cuadro N° 2: Síntesis cronológica de los trabajos de
evaluación institucional de ANP en México
Fuente: elaboración propia.
Ninguno de los trabajos antes mencionados alude a la evaluación de los
programas rectores de las ANP de los últimos períodos de gobierno: el Pro-
grama de Trabajo (PT 2001-2006) y el Programa Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas (PNANP) que le dio continuidad en 2007-2012. El Cone-
val no los ha incluido por considerar que se trata de Programas Especiales.
Sin embargo, en 2004 se planeó una evaluación de mediano término al PT,
que actualmente no está disponible,
1
pero con base en la información ofre-
cida por el PNANP, se puede determinar que no se trató de una verdadera
evaluación que analizara información sobre el estado de las ANP, menos
aún en relación con el impacto logrado por el PT, sino de un ejercicio sobre
Años
1996
2001
2001-
2006
2006 en
adelante
2010-
2011
2011
2011
Trabajos
Evaluación del
PRODERS
Instalación del SIMEC
por la CONANP
Evaluaciones anuales
Evaluaciones anuales
18 evaluaciones de
programas ambientales
42 estudios de la
CONANP
Auditoría Superior de
la Federación
Relevancia
Primera evaluación gubernamental.
Sistema de indicadores biológicos, geográficos,
sociales y económicos para analizar la efectividad e
impacto en la aplicación de políticas públicas.
Coordinación de SEMARNAT.
Coordinación del CONEVAL.
Destacan las de Proárbol y Programa de Conser-
vación para el Desarrollo Sostenible.
Valoración de la pérdida de ecosistemas naturales.
Análisis de la política ambiental en diversos rubros,
incluida la biodiversidad y las ANP.
103
2
Se trata de tan solo de 56 páginas, de las cuales las últimas 20 incluyen un glosario,
una lista de acrónimos y varias de participantes en las reuniones efectuadas.
la pertinencia y valoración de los 53 indicadores presentados por dicho
programa (evaluación de indicadores).
En consecuencia, se vuelve fundamental el análisis del informe correspon-
diente a la evaluación de mediano término del PNANP, realizada en 2009.
Pero se trata de un nuevo ejercicio de valoración y rediseño de indicadores
y de replaneación de metas para 2010-2012, sin mostrar ninguna informa-
ción de las ANP, en un documento muy reducido.
2
No obstante, en la in-
troducción se afirma que una buena evaluación ayuda a conocer si el pro-
grama ha tenido o no impacto, quiénes se han beneficiado con él y permite
introducir correcciones; salvo que en este caso no se incluye ningún ele-
mento que permita alcanzar esos objetivos.
El informe comienza con la mención de la contratación del estudio “Revi-
sión y Análisis de las Metas e Indicadores del PNANP 2007-2012” para
analizar las fortalezas y debilidades de sus seis líneas estratégicas. Sintéti-
camente el estudio recomendó: precisar su significado y alcance, especial-
mente en materia de protección, manejo y restauración; modificar la ten-
dencia a la elaboración y aplicación de programas por acciones más
concretas para obtener impactos; y verificar la congruencia interna de su
diseño (misión, visión, objetivos generales, particulares, etc.).
El estudio también sugirió modificar el número y contenido de los indica-
dores, lo que fue analizado en el Taller de Revisión y Evaluación de Me-
diano Término sobre la Ejecución del PNANP 2007-2012, realizado en no-
viembre de 2009, que contó con la participación de 29 miembros de la
CONANP y 21 invitados entre académicos, integrantes de los gobiernos fe-
deral y estatales, y de organizaciones de la sociedad civil. El producto fue
un nuevo sistema más preciso de 30 indicadores, desglosados por líneas: 6
en materia de protección; 6 en manejo; 2 en restauración; 3 en conocimien-
to; 4 en cultura y 9 en gestión. Si bien esta no había sido la distribución su-
gerida en el estudio, guardó el énfasis en materia de gestión y descuidó los
resultados e impactos.
El informe reporta la realización de una nueva reunión para rediseñar las
metas de 2010-2012, pero se trata ya de un ejercicio de planeación, no de
evaluación. El resto del documento desglosa detalladamente los indicado-
res, con sus fórmulas, unidades de medida, etc.
En síntesis, no se muestra ninguna información que alimente los indicado-
res para monitorear la situación en 2007-2009, mucho menos hubo un eva-
LAURA RODRÍGUEZ CARDOZO
34 - primavera-verano 2014/2015
104 STUDIA POLITICÆ
luador externo, independiente de la CONANP, que analizara y valorara in-
formación. Incluso, al finalizar el informe, se menciona que la Dirección
General de Evaluación y Seguimiento de la CONANP diseñará para 2010
una estrategia nacional de monitoreo, que se aplicaría en el resto del perío-
do, lo que no se sabe que se haya concretado. Además, deja la impresión de
que su concepto de evaluación se reduce al monitoreo de indicadores.
Cuadro N° 3. Revisión y evaluación de medio término del PNANP 2007-2012
Aspecto
evaluado
Gestión
Resultados
Indicador
Presencia para la vigilancia, prevención y control
Superficie en proceso de restauración
Porcentaje de APF con programas de monitoreo, etc.
Porcentaje de APF costeras con programa de ordena-
miento ecológico
Porcentaje de APF con manuales de atención a contin-
gencias
Porcentaje de APF con programa de manejo integrado
del fuego en operación
Porcentaje de APF con programa de monitoreo, pre-
vención, control y saneamiento de plagas y enfermeda-
des forestales
Localidades que participan en acciones de conservación
Porcentaje de APF con infraestructura de apoyo a la
atención del visitante
Empresas turísticas comunitarias sustentables
Número de APF con cobro de derechos
Monto recaudado anualmente mediante el cobro de de-
rechos
Programas de Acción para la Conservación de Espe-
cies en Riesgo (PACE) en ejecución
Porcentaje de monitoreo de especies emblemáticas en
operación
Porcentaje de los proyectos de investigación registra-
dos en las APF dedicados a conservación
Número de APF que implementan alguno de los elementos
de Programa Nacional de Cultura para la Conservación
A*
x
x
x
x
x
S*
x
x
x
D*
x
x
x
G*
X
X
X
X
X
X
X
105
* Nota: A=ambiental, S=social, E=económico y G=gestión
Fuente: elaboración propia con base en la evaluación del PNANP, 2009.
Como consecuencia de esta situación, solo se pudo ser analizar el diseño
de los indicadores (Cuadro N° 3) para prever cuáles de ellos podrán brin-
dar información (necesaria, pero no suficiente para considerarse una eva-
luación) de las áreas protegidas federales (APF) sobre la gestión, los resul-
tados y el impacto en los tres ejes de la sustentabilidad.
El ejercicio efectuado arrojó el siguiente resultado: los 30 indicadores dise-
ñados para 2009-2012 se concentran en el eje ambiental (45 %), el 30 % en
Impacto
Número de actividades anuales que fomentan la con-
servación de las APF
Número de personas que participan en acciones de
conservación
Número de acciones de conservación con participación
efectiva de instancias formales e informales
Porcentaje del territorio nacional protegido
Número de ANP y otras modalidades de conservación
decretadas por los estados y municipios en coordina-
ción con la CONANP
Montos captados de fuentes adicionales a las fiscales
Porcentaje de ANP que realizan gestiones para el pago
de servicios ecosistémicos a los propietarios de los
predios
Superficie de ANP que cuenta con personal que realiza
acciones de conservación.
Superficie de tierras adquiridas para la conservación
Número anual de nuevas designaciones internaciona-
les en ANP y otras modalidades de conservación
Número de acuerdos y proyectos interinstitucionales de
cooperación
Porcentaje de APF con Programas de Conservación y
Manejo formulados
Porcentaje de APF con prácticas de uso y manejo sus-
tentable
Porcentaje de APF donde se evalúa la pérdida de eco-
sistemas naturales
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
LAURA RODRÍGUEZ CARDOZO
34 - primavera-verano 2014/2015
106 STUDIA POLITICÆ
el social y el 25 % en el económico, lo que muestra la pérdida de interés en
los aspectos sociales y económicos, en comparación con el PT. Miden so-
bre todo resultados (87 %), aunque muchos también podrían formar parte
del nivel de procesos de gestión, pero solo dos indicadores (7 %) se acer-
can a realizar la medición de impacto y únicamente uno recupera los tres
ejes de la sustentabilidad. En consecuencia, el análisis muestra una incon-
gruencia entre el objetivo que la LGEEPA señala para la creación de ANP
(sustentabilidad y no solo aumento de la superficie protegida) y su equili-
brada recuperación en los instrumentos de programación; así como una de-
bilidad de los indicadores de monitoreo diseñados en materia de impacto.
Los funcionarios entrevistados manifestaron que el indicador de impacto
más robusto que se utiliza a la fecha es la tasa de cambio de uso de suelo o
de transformación del hábitat que se aplica en más de 30 ANP. Además,
confirmaron que el monitoreo y las auditorías aplicadas por la Auditoría
Superior de la Federación se dirigen solamente a la gestión, al cumplimien-
to de metas y a la realización de actividades.
Finalmente, el trabajo analizado no puede ser considerado una evaluación
efectiva de la gestión, resultados e impactos del PNANP en los términos en
que los organismos internacionales esperan que se aplique para conocer lo
que sucede en las ANP y su entorno inmediato, ni lo que a nivel nacional
se solicita a otros programas públicos.
4. Propuesta metodológica para México
Frente a la situación planteada, el presente artículo se propuso partir de una
posición epistemológica clara y seleccionar, adaptar y probar un método
que permitiera avanzar hacia el desarrollo de una evaluación integral de las
actividades, resultados e impactos de los programas mencionados en las
ANP, destacando los ejes de la sustentabilidad que se han ido descuidando:
los relativos a las condiciones económicas y sociales de vida de la pobla-
ción vinculada a las mismas.
Existen dos enfoques epistemológicos con mayor presencia en la investiga-
ción evaluativa actual, el positivista y el constructivista. El primero se pre-
ocupa por la objetividad, la validez interna del diseño metodológico, la re-
presentatividad de la muestra y su poder de generalización, privilegia la
cuantificación, la estandarización y la experimentación. El trabajo es reali-
zado por expertos, de preferencia con formación econométrica, que consi-
deran que el método experimental (Campbell y Stanley, 2005; Weiss, 1991)
es el más riguroso para medir impactos, al verificar relaciones de causa-
efecto estables entre ciertas acciones (ej.: creación de ANP, programas
107
aplicados) y sus supuestas consecuencias (impactos). No obstante, su cons-
trucción presenta dificultades técnicas, problemas de carácter ético y limi-
taciones en su alcance (Monnier, 1995).
El constructivismo toma en cuenta los distintos puntos de vista de los ac-
tores relacionados con el programa; se preocupa más por la participación
social, la credibilidad y la utilidad del trabajo; utiliza la estadística pero
también los métodos cualitativos que permiten profundizar en las explica-
ciones, mediante el trabajo de equipos multidisciplinarios. Como su nom-
bre lo indica, “construye” la evaluación a realizar en función del tipo de
programa, sus problemas, objetivos, recursos, etc. para promover el apren-
dizaje social, en lugar de tender a su estandarización u homogeneización
(Cardozo, 2010). Cuando la experimentación no es viable o deseable se
puede proceder a considerar los factores ecológicos y socioeconómicos
que covarían con el programa, estimar la dirección de los sesgos potencia-
les al interpretar la efectividad de la intervención, construir grupos de con-
trol simple de los no beneficiarios y recoger datos de los recursos e impac-
tos previos y posteriores a la intervención (Ferraro et al., 2006) y sustituir
los estudios atributivos por los contributivos (Forss et al., 2011).
En este trabajo se optó por la alternativa constructivista y no experimental,
combinando metodología cuantitativa y cualitativa de análisis de las series
de tiempo disponibles y de las percepciones de los funcionarios y la pobla-
ción, cuidando que se aplicara con todo el rigor necesario: validez, confia-
bilidad, interdisciplinariedad, reducción de sesgos, etc. (Niremberg et al.,
2005; Cortés et al., 2008).
En cuanto a la selección de indicadores, se revisaron las propuestas que in-
cluían indicadores económicos y sociales y se eligió la de Pomeroy et al.
(2006) debido a su especificidad para AMP, su reconocimiento como guía,
el de las organizaciones que lo avalan (UICN; Fondo Mundial para la Na-
turaleza, WWF; y el Servicio Oceánico Nacional de la Oficina Nacional de
Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA) y los 18 casos mundiales
en que fue puesto a prueba, incluyendo cuatro mexicanos.
Su propuesta implica una evaluación a posteriori e integral de la efectivi-
dad de la gestión en AMP que incluye los procesos de determinación de
objetivos y de estrategias para alcanzarlos (planeación), de definición de
metas, recursos, plazos (diseño), las acciones de su puesta en práctica (eje-
cución), el control durante la anterior (monitoreo o seguimiento), la valora-
ción de la gestión realizada (evaluación), la retroalimentación con sus re-
sultados (información o comunicación), y la reformulación de las políticas
o el rediseño de los programas (adaptación). Incluye tres conjuntos de indi-
cadores que permiten realizar una evaluación integral: de gobernanza, bio-
físicos y socioeconómicos. Sin embargo, para enfatizar nuestro interés es-
LAURA RODRÍGUEZ CARDOZO
34 - primavera-verano 2014/2015
108 STUDIA POLITICÆ
3
POMEROY et al. (2004) proponen 10 indicadores biofísicos: abundancia de especies
clave, estructura poblacional de las especies clave, distribución y complejidad del hábi-
tat, composición y estructura de la comunidad, éxito del reclutamiento dentro de la co-
munidad, integridad de la trama trófica, nivel, tipo y retorno del esfuerzo pesquero, cali-
dad del agua, áreas que muestran señales de recuperación y área con reducido o nulo
impacto humano. Ellos se redujeron a dos: protección de recursos marinos, diversidad
biológica, especies individuales y hábitat, y restauración de áreas degradadas.
pecial en la efectividad y el impacto alcanzados en la calidad de vida de la
población y hacer viable el trabajo (un número de indicadores más reduci-
do que los 42 de la propuesta original) fue necesario hacerle adaptaciones.
Estas son reconocidas como válidas por el propio Manual, que además afir-
ma: “La experiencia demuestra que son los factores sociales, culturales,
económicos y políticos, más que los factores biológicos o de otro tipo, los
que dan forma al desarrollo, la gestión y el desempeño de las AMP” (Po-
meroy et al., 2004: 113).
Se incluyeron así un conjunto de indicadores socioeconómicos en los que
la actividad gubernamental puede incidir: físicos (salud, medioambiente),
materiales (vivienda), y de desarrollo (educación, productividad). Existe
mucha información disponible en fuentes secundarias que puede ser utili-
zada para ellos (CONAPO, SIMEC, informes trimestrales, etc.), pero re-
quiere complementarse con información local, especialmente las percep-
ciones de la población, que como bien señalan Pomeroy et al., podrán ser
más imprecisas que los datos estadísticos “duros” pero son necesarias para
una toma de decisiones que respete equilibradamente los tres ejes de la
sustentabilidad y que pretenda responder al concepto de gobernanza parti-
cipativa.
Sin embargo, tampoco quiso perderse la integralidad de la evaluación, por
lo que también se analizó brevemente el impacto ambiental logrado y la
efectividad de la gestión, aunque poniendo énfasis en los aspectos so-
cioeconómicos por haber mostrado previamente que estos han sido muy
poco considerados en el contexto de la CONANP y el SIMEC. Más allá
del conocimiento obtenido en el caso de estudio, se buscó probar la factibi-
lidad y la utilidad de la metodología seleccionada y adaptada.
En concreto, las modificaciones realizadas incluyeron:
a) Sintetizar el conjunto de indicadores, trabajando a partir de los temas y
objetivos en que Pomeroy et al. los agrupan. Ej.: los 10 indicadores biofísi-
cos propuestos corresponden a cinco temas y objetivos, que se redujeron a
dos
3
, ya que en materia ambiental existe información recabada por el SI-
MEC para llevar a cabo su evaluación.
109
4
El citado manual incluye 16 indicadores socioeconómicos: patrones de uso de los
recursos marinos locales, valores y creencias locales sobre los recursos marinos, ni-
vel de entendimiento de los impactos humanos sobre los recursos, percepciones so-
bre la disponibilidad de alimentos provenientes del mar, percepciones sobre la ex-
tracción de recursos locales, percepciones sobre valores no asociados al mercado ni
al uso, estilo material de vida, calidad de salud humana, distribución del ingreso fa-
miliar según su fuente, estructura ocupacional de los hogares, infraestructura y ne-
gocios de la comunidad, número y naturaleza de los mercados, conocimiento de los
usuarios sobre historia natural, distribución del conocimiento con base científica ha-
cia la comunidad, porcentaje de usuarios en condiciones de liderazgo, y cambios en
las condiciones de los sitios, rasgos y/o monumentos ancestrales e históricos. Estos
se redujeron a seis (seguridad alimentaria, actividades de sustento, beneficios no
monetarios a la sociedad, equidad en la distribución de los beneficios, compatibili-
dad entre la gestión y la cultura local, y conciencia y conocimiento del medioam-
biente); sin embargo, el primero de ellos se amplió para incluir expresamente educa-
ción, vivienda y servicios básicos.
5
Los indicadores de governance sugeridos fueron 16: nivel de conflicto por lo re-
cursos, existencia de un cuerpo de gestión y toma de decisiones, existencia y adop-
ción de un plan de gestión, entendimiento local de las normas y regulaciones de
AMPs, existencia y suficiencia de legislación que posibilite la función del AMP, dis-
ponibilidad y asignación de los recursos administrativos del AMP, existencia, apli-
cación y aporte de investigación científica en el AMP, existencia y nivel de actividad
de organizaciones comunitarias, grado de integración entre administradores y usua-
rios, proporción de usuarios capacitados en uso sustentable de recursos, nivel de ca-
pacitación proporcionado a los usuarios sobre participación en la gestión, nivel de
participación y satisfacción de los usuarios en las actividades y proceso de gestión,
nivel de participación de los usuarios en la vigilancia, monitoreo y fiscalización,
procedimiento de fiscalización claramente definidos, cobertura de la fiscalización y
grado de divulgación de la información para fomentar el cumplimiento por parte de
los usuarios. Estos se concentraron en cuatro (estructuras y estrategias de gestión,
marco legal, participación, representación y cumplimiento del plan de gestión por
los usuarios y manejo de conflictos en el uso de los recursos), donde el primero se
desglosa en planeación e implementación, recursos financieros y humanos, y toma
de decisiones, monitoreo y evaluación.
b) Ampliar algunos indicadores socioeconómicos (ej.: agregando educa-
ción, seguridad social, vivienda y servicios básicos)
4
debido a su importan-
cia y a la falta de información disponible en esa materia en el SIMEC, reto-
mando la experiencia del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde 1990, del
Índice de Marginación (IM) del Consejo Nacional de Población (CONA-
PO) desde hace 20 años y del CONEVAL para medir la pobreza multidi-
mensional desde 2008.
c) Invertir el orden de la presentación de los indicadores de gobernanza,
5
es decir, ponerlos al inicio por referirse a la planeación y su ejecución en
LAURA RODRÍGUEZ CARDOZO
34 - primavera-verano 2014/2015
110 STUDIA POLITICÆ
6
El ANP tendría que hacer una propuesta a la CONANP, esta canalizarla a la Cámara
de Diputados y que fuera aprobada.
las AMP, que son anteriores y parte de la explicación de los resultados e
impactos obtenidos, tanto biofísicos como socioeconómicos.
d) Al interior del conjunto de indicadores de gobernanza, en el tema de es-
tructuras y estrategias de gestión, comenzar por el marco legal, por ser el
aspecto más general que deben respetar las ANP en su gestión y en el que
es casi nula su posibilidad de incidencia;
6
posteriormente se pasa a las de-
cisiones y acciones que efectivamente le competen en materia de planea-
ción, asignación de recursos, etc. (Ver Cuadro N° 4):
Una vez elegida el ANP de trabajo y seleccionado y adaptado el Manual de
Pomeroy et al., los pasos concretos que se siguieron fueron:
1.– Se analizó, con base en la información estadística disponible a nivel
agregado, la evolución de los recursos, las acciones, los resultados y sus
efectos, especialmente los sociales y económicos en el período seleccio-
nado.
2.– Se visitó el ANP y las localidades cercanas para realizar la observación
in situ de su situación actual en torno a los mismos conjuntos de variables
ya mencionados.
3.– Se realizaron entrevistas a la población para conocer su situación actual
y compararla con la información estadística disponible de períodos anterio-
res (triangulación), así como sus percepciones, opiniones, grado de satis-
facción y sugerencias respecto de la evolución del ANP.
4.– Se efectuaron entrevistas a los funcionarios que organizan, coordinan y
dirigen el ANP, para identificar, entre otros, los principales problemas que
enfrentan en su operación y su opinión fundamentada sobre la calidad del
trabajo realizado, los indicadores utilizados, los informes de cumplimiento
de metas de los programas anuales, la evaluación de los programas nacio-
nales aplicados.
5.– A partir de la información analizada, se midió la efectividad de la ges-
tión, especialmente en materia de bienestar socioeconómico, de manera de
aproximarse a la estimación y valoración cualitativa del impacto del ANP,
así como de la aplicación del PT y el PNANP. Se utilizó un modelo de pro-
medios simples, otorgando el mismo peso a cada indicador.
6.– Se obtuvieron las conclusiones finales sobre la factibilidad y utilidad de
la aproximación metodológica propuesta.
111
LAURA RODRÍGUEZ CARDOZO
Cuadro N° 4: Modificaciones de la propuesta de Pomeroy et al. (2006)
Propuesta de Pomeroy et al.
Indicadores de gobernanza
1. Estructuras y estrategias de
gestión (6 ind.)
2. Estructuras y estrategias
legales (5 ind.)
3. Participación y representación
de los usuarios (3 ind.)
4. Cumplimiento del plan de
gestión (6 ind.)
5. Conflictos por el uso de los
recursos (1 ind.)
Indicadores biofísicos
1. Sustento o protección de los
recursos marinos (6 ind.)
2. Diversidad biológica (7 ind.)
3. Protección de especies
individuales (4 ind.)
4. Protección del hábitat (4 ind.)
5. Restauración de áreas
degradadas (5 ind.)
Indicadores socioeconómicos
1. Seguridad alimentaria (2 ind.)
2. Actividades de sustento (4
ind.)
3. Beneficios no monetarios a la
sociedad (6 ind.)
4. Equidad en la distribución de
los beneficios (3 ind.)
5. Compatibilidad entre la
gestión y la cultura local (2 ind.)
Síntesis y reordenamiento
realizados en el trabajo
Indicadores de gobernanza
1. Marco legal (1 ind.)
2. Estructuras y estrategias de
gestión (3 ind.)
3. Participación,
representación y cumplimiento
del plan de gestión por los
usuarios (1 ind.)
4. Conflictos en el uso de los
recursos (1 ind.)
Indicadores biofísicos
1. Protección de recursos
marinos, diversidad biológica,
especies individuales y hábitat
(1 ind.)
Restauración de áreas
degradadas (1 ind.)
Indicadores socioeconómicos
1. Seguridad alimentaria (1 ind.)
2. Actividades de sustento. Se
sintetizaron algunos
indicadores de Pomeroy et al.
en “ocupación y empleo”, y a
“salud” se le integró con
seguridad social (2 ind.)
3. Beneficios no monetarios a
la sociedad (1 ind.)
4. Equidad en la distribución
de los beneficios (1 ind.)
5. Compatibilidad entre la
gestión y la cultura local (1 ind.)
Complemento
agregado en el
trabajo
Se agregó
educación y
vivienda y
disposición de
servicios y bienes.
(2 ind.)
34 - primavera-verano 2014/2015
112 STUDIA POLITICÆ
Conclusiones
El trabajo realizado permite extraer las siguientes conclusiones:
1.– Si bien México ha tratado de integrar la evaluación de las ANP con el
desarrollo sustentable, ha enfatizado el componente medioambiental de
este último junto con un creciente descuido de las condiciones económicas
y sociales en que habita la población ligada las mismas.
2.– A nivel internacional existen diferentes métodos para evaluar la sus-
tentabilidad y varios específicos para ANP (Hockings et al., Pomeroy et
al., Leverington, etc.), algunos incluso probados en el contexto latinoame-
ricano.
3.– En México no existe aún una tradición de evaluación de las ANP ni de
los programas que impulsan su desarrollo; en particular, del PT y PNANP
en 2001-2012. Sus llamadas evaluaciones de medio término se han limita-
do a analizar el diseño de su sistema de indicadores para posteriores aplica-
ciones de monitoreo y evaluación. Dicho sistema pone énfasis en la medi-
ción de la gestión y los resultados pero casi no prevé la evaluación de
impacto; lo mismo sucede con la gestión del eje ambiental en detrimento
del socioeconómico.
4.– Ante la seria carencia de trabajos evaluativos en las ANP se realiza una
propuesta basada en el enfoque constructivista que recupera el diseño de
indicadores específicos para áreas protegidas en tres ejes, dos de los cuales
son el social y el económico que interesa realzar ante el descuido antes ma-
nifestado. Para lograrlo, este conjunto de indicadores es reforzado en tema
de salud, vivienda, educación, seguridad social y servicios básicos con base
6. Conciencia y conocimiento del
medioambiente (4 ind.)
Total 42 indicadores
6. Conciencia y conocimiento
del medioambiente (1 ind.)
Total 15 indicadores con un
cambio en el orden de los
dos primeros *
Se amplía el
contenido de 1
indicador y se
agregan 2
nuevos.
* Nota: Muthiga en su aplicación del mismo manual redujo a nueve el total de indicado-
res considerados en su trabajo de evaluación del ANP Malindi-Watamu en Kenia.
Fuente: elaboración propia a partir de la propuesta de Pomeroy et al. (2006).
113
en experiencias internacionales (PNUD, UE) y nacionales (CONAPO, CO-
NEVAL) reconocidas. El diseño alcanzado fue probado en un ANP mexi-
cana.
5.– El trabajo demuestra que la evaluación puede realizarse y que brinda
información útil para la toma de decisiones, lo que implica la conveniencia
de que las propias ANP estén generando la información que se ha utilizado,
mediante un monitoreo adecuado, complementado con entrevistas o en-
cuestas periódicas a la población.
6.– Finalmente, el trabajo realizado podría mejorarse si el SIMEC, además
de contar con información socioeconómica, ampliara la información sobre
impacto ambiental que dispone, complementándola con observaciones di-
rectas en cada ANP y contara con series completas de datos que permitie-
ran hacer los cortes relevantes para analizar evoluciones e impactos. Ade-
más, el modelo de valoración final que se utilizó se enriquecería de contar
con las opiniones y criterios de valor de un grupo de expertos y su contri-
bución para mejorar el modelo de promedios simples utilizado, atribuyendo
distintos pesos relativos a los indicadores (o al menos a sus grupos) para
obtener un índice ponderado.
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LAURA RODRÍGUEZ CARDOZO
34 - primavera-verano 2014/2015
116 STUDIA POLITICÆ
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Fecha de recepción: 02/03/2015
Fecha de aceptación: 30/04/2015
