Los hilos del modelo securitario
cordobés: desde “Mi Casa, Mi Vida”
hasta el Plan Integral de Seguridad
Ciudadana
The threads of the de Córdoba
security model: from “Mi Casa,
Mi Vida” to the Plan Integral de
Seguridad Ciudadana
Ana Clara Caccia*
STUDIA POLITICÆ Número 63 invierno 2024 pág. 74–93
Recibido: 02/10/2024 | Aceptado: 25/02/2025
Publicada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
de la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, República Argentina.
* Licenciada en Relaciones Internacionales, becaria doctoral CONICET –Unidad Asocia-
da Conicet– Universidad Católica de Córdoba y doctoranda en Ciencias Antropológicas de
la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Investiga-
dora del Colectivo de Investigación “El Llano en Llamas”, Córdoba, Argentina. anicaccia@
gmail.com. https://orcid.org/0000-0001-6712-5009
http://dx.doi.org/10.22529/sp.2025.63.04
Resumen
Este artículo tiene por objetivo analizar las estrategias de producción del
espacio urbano en la ciudad de Córdoba, Argentina, a partir del análisis
de las políticas de seguridad implementadas en la actualidad, teniendo en
cuenta su rol fundamental en ese proceso. Resulta relevante considerar su
dimensión económica, dado que –en la fase del capitalismo actual y con la
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consecuente mercantilización de la totalidad de las esferas vitales– las ciu-
dades han sido atravesadas y transformadas por una racionalidad neoliberal.
Esto se expresa en dinámicas tales como la segmentación, fragmentación
y gentricación, cuyos mecanismos se conjugan paralelamente en aquellas
zonas con tendencias hacia el embellecimiento estético y estratégico. Allí,
se concentran los intereses inmobiliarios del capital frente a una segrega-
ción socio-habitacional de zonas periféricas, que son controladas, funda-
mentalmente, por el aparato policial cordobés. En el nuevo Plan Integral de
Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, implementado en 2016, se
introdujo una división socio-geográca del espacio urbano, fragmentándolo
y clasicándolo mediante la técnica del “semáforo”. Con este método, se
delimitan zonas rojas, amarillas y verdes que denen de qué modo debe
ser la intervención policial y la cantidad de agentes que se destinarán en
cada cuadrante territorial. Es por esto que nos proponemos reconstruir de
manera crítica los procesos de conguración y fragmentación del espacio
urbano que se produjeron en la ciudad de Córdoba. A partir de identicar
una primera expresión de este proceso en el programa “Mi Casa, Mi Vida”,
trazaremos los hilos del modelo securitario hasta el Plan Integral de Seguri-
dad Ciudadana para analizar la división en cuadrantes de seguridad verdes,
amarillos y rojos de la ciudad.
Palabras claves: seguridad - fragmentación - espacio urbano - políticas de
seguridad
Abstract
The purpose of this article is to analyze the strategies for the production
of urban space in the city of Córdoba, Argentina, by analyzing the securi-
ty policies implemented at present, understanding that they have played a
leading role in this process. It is relevant to pay attention to its economic
dimension; understanding that, in the current phase of capitalism and the
consequent commodication of all vital spheres, cities have been crossed
and transformed under a neoliberal rationality. This is expressed in dy-
namics such as segmentation, fragmentation and gentrication; in which
parallel mechanisms are conjugated where there are movements towards
aesthetic and strategic beautication in some areas where the real estate
interests of capital are concentrated against a socio-habitational segregation
of those peripheral areas that are controlled, fundamentally, by the Cordo-
ba police apparatus. In the new Plan Integral de Seguridad Ciudadana y
Prevención del Delito, implemented in 2016, a socio-geographic division
of urban space was introduced, fragmenting and classifying it in a trafc
light where there are red, yellow and green zones that dene how the police
intervention is and the number of police ofcers that will be assigned in
each territorial quadrant. It is for this reason that we propose to critically
reconstruct the processes of conguration and fragmentation of urban space
that took place in the city of Córdoba. From tracing a rst expression of
this process with the “Mi Casa, Mi Vida” [My House, My Life] program,
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we will trace the threads of the security model up to the Plan to analyze the
division of the city into green, yellow and red security quadrants.
Keywords: security - fragmentation - urban space - security policies.
Introducción
Durante las primeras décadas del siglo XXI, el espacio urbano de la
ciudad de Córdoba ha experimentado transformaciones signicati-
vas que nos proveen claves para comprender el modelo de seguridad
actual. En este capítulo describiremos los procesos a partir de los cuales el
Estado, el mercado y el aparato policial han ido fragmentando el espacio
urbano capitalino.
Es importante destacar que Córdoba representa un caso particular que debe
ser analizado en el contexto latinoamericano. La producción urbana neoli-
beral, según Delgadillo (2017), se maniesta de manera similar en estas re-
giones:
El urbanismo neoliberal instala una lógica de mercado, de costo-benecio
en la intervención y realiza un ajuste en la planicación urbana, ajustándo-
lo a los intereses y funcionalidades de la especulación inmobiliaria del ca-
pital privado.… la ciudad neoliberal se caracteriza por promover acciones
gubernamentales concomitantes con el mercado. La entrada en escena del
mercado torna más crítica la accesibilidad al espacio urbano, construye en-
tornos residenciales, embellecidos, clasistas (elitistas) generalmente favo-
recidos por proyectos de rehabilitación y renovación urbana y, en paralelo
la ciudad reproduce estructuras urbanas muy precarias, proceso que ahonda
la distancia entre clases en la ciudad. (p.271)
Henri Lefebvre (2020), en La producción del espacio, sostiene que el territo-
rio no se reduce solamente al entorno físico, natural o geográco, sino que es
un producto de procesos históricos y políticos, atravesado por relaciones de
poder y de ideologías que lo conguran constantemente:
El espacio ha sido conformado y moldeado a través de elementos históricos
y naturales, pero siempre ha sido un proceso político. El espacio es político
e ideológico, es un producto lleno de ideologías. El espacio que parece ser
homogéneo, que parece ser completamente objetivo en su forma pura, así
como lo estimamos, es un producto social. (p.135)
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Este concepto nos permite analizar la red de relaciones que se articula entre
el territorio y sus agentes, los cuales reaccionan e interactúan “ante el impac-
to del resultado de sus acciones en las estructuras y la infraestructura urbana,
produciendo nuevos cambios y la introducción de nuevas formas de interac-
ción” (Shimbo y Lopes, 2013, p. 9).
Una breve historización nos permitirá entender de qué manera el Estado,
el mercado y el aparato policial han intervenido para regular la circulación,
apropiación y uso del espacio urbano. Sostenemos que la conguración so-
cioespacial de la ciudad forma parte de un proceso donde políticas de segu-
ridad y de infraestructura urbana se retroalimentan mutuamente, rompiendo
la unidad del espacio urbano –si es que alguna vez existió como tal–, profun-
dizando geográcamente las desigualdades sociales, y reordenando la pobla-
ción según “anidades”, “riesgos” y “vulnerabilidades”.
Argumentamos que existe un hilo conductor que se inicia con el programa
de vivienda “Mi Casa, Mi Vida”, el cual constituye el primer hito político
en el que Estado, Mercado y aparato policial trabajaron conjuntamente para
reordenar la población según los requerimientos del capital en el espacio
urbano. Entendemos que este programa posibilitó las condiciones para un
fuerte proceso de fragmentación del espacio urbano en la ciudad de Córdoba,
el cual derivó en la posterior división en cuadrantes de seguridad. Este meca-
nismo “soft”, sosticado y ecaz, se cristaliza en un semáforo que demarca
las vulnerabilidades existentes, institucionalizando la existencia de zonas ro-
jas donde habitan los sectores populares y desplegando allí la intensidad del
aparato policial.
Analizar este plan, y especícamente la espacialidad urbana delimitada –
semaforizada– a partir de criterios de riesgo, peligrosidad y vulnerabilidad,
permite pensar sobre la existencia de jerarquías ciudadanas. Algunas zonas
rojas, se interpretan como degradadas y riesgosas, frente a otras verdes que
se deben proteger y preservar de un eventual “contagio”. La seguridad que se
presenta como ciudadana, requiere –según el Gobierno de la provincia– de la
proactividad de cada uno de los miembros de dicha ciudadanía. Es necesario
tensionar esta categoría, que tiene en su naturaleza una pretensión de igualdad
ante la ley y ante la capacidad de incidir en la coproducción de la seguridad.
Cada uno de los miembros que conforman estas ciudadanías acceden a de-
rechos de manera desigual y, especícamente, se ven perjudicados por el
dispositivo securitario de diversas maneras (García García, 2012). De este
modo, existen formas de ciudadanía consideradas más riesgosas, que no solo
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conviven con riesgos urbanos sino que sus propios modos de vida constitu-
yen riesgos en sí mismos; mientras otras se interpretan como ciudadanías
que deben ser protegidas. Algunos ciudadanos participan junto a la policía
en la coproducción securitaria y otros son los destinatarios de las actuaciones
ilegales, violentas y hostigadoras de la fuerza.
Para lograr los objetivos propuestos en el presente artículo, analizaremos
documentos centrales de esta política pública, entre los que se destacan el
documento programático de implementación de la Policía Barrial, los proto-
colos de actuación de la fuerza policial y la versión taquigráca del debate
legislativo sucedido durante la aprobación de la Ley de Seguridad Provin-
cial 10437. Además, se realizaron entrevistas en profundidad e instancias
de observación participante junto a funcionarios públicos del Gobierno Pro-
vincial. En esta etapa, se incluyeron áreas como la Secretaría de Gestión de
Proximidad y asesores del equipo de urbanismo creado en el marco del Plan
Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito1. En cuanto al pro-
cesamiento del material trabajado, desde un abordaje cualitativo, la propues-
ta consistió en dar cuenta de la “presencia de temas, palabras o de conceptos
en un contenido y su sentido dentro de un texto en un contexto” (Arbeláez y
Onrubia, 2014, p. 19) generando, a su vez, un diálogo con estudios previos
que han abordado el fenómeno local y regionalmente.
1. “Mi Casa, Mi Vida” como hito de fragmentación
Una política novedosa y entramada con esta lógica de conguración del es-
pacio urbano es el Programa “Mi Casa, Mi Vida”, implementado en 20032.
El documento programático establece como objetivo “contribuir al mejora-
miento integral del hábitat y las condiciones de vida de las familias bene-
ciarias” (Gobierno de la Provincia de Córdoba, 2003, p. 17).
Su implementación se produce en un contexto de reactivación de la economía
cordobesa en el que se revaloriza el suelo urbano y los inmuebles, dicultan-
do –y en algunos casos imposibilitando– el acceso a la tierra y a la vivienda
por parte de los sectores populares. En el año 2000 se aprobó el “Programa
de Apoyo a la Modernización del Estado” (PAME), con el aval del Banco
1 Este artículo constituye un resultado parcial de la tesis doctoral de la autora.
2 Es importante destacar que la provincia de Córdoba ha sido gobernada desde 1999 hasta
la actualidad por la misma fuerza política: Unión por Córdoba en sus inicios y Hacemos
por Córdoba en la actualidad.
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Interamericano de Desarrollo. A partir de ello, se puso en marcha el progra-
ma “Mi Casa, Mi Vida”, mediante el cual se relocalizaron más de 35 barrios,
desplazándolos hacia las periferias de la ciudad (De la Vega y Hernández,
2011). Esta política se fundamentó en la necesidad de reubicar asentamientos
populares que se encontraban en zonas “inundables” de la ciudad y consistió
en la construcción de 12000 viviendas en 12 barrios-ciudades. Los barrios
ubicados en zonas céntricas y sus alrededores fueron relocalizados, lo que
habilitó una liberación de tierras para el mercado y posibilitó tanto el ingreso
del sector inmobiliario como la “eliminación de obstáculos a la circulación
de ujos y mercancías, y valuación de los terrenos adyacentes a las ex villas”
(Hernández, 2020, p. 95). Estos barrios fueron reubicados en las zonas peri-
féricas de la ciudad, donde los pobres –o lo que algunos autores denominan
“población excedente”– fueron segregados y controlados en esos territorios
(Avalle y Hernández, 2019; Ferrero y Gallego, 2012; Ciuffolini, 2011).
Figura 1
Mapa de la ciudad de Córdoba con los barrios-ciudad señalizados
Fuente: Elorza (2019)
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Esta política de relocalización de poblaciones y de fragmentación del es-
pacio urbano como una totalidad implicó, a su vez, estrategias de control y
exclusión de los sectores populares en relación con los espacios que podían
habitar en la ciudad. Conjuntamente con movimiento de relocalización, se
construyeron en cada barrio un centro administrativo municipal, un centro
de salud, una posta policial y un establecimiento educativo (De la Vega y
Hernández, 2011). La disposición de las cuadrículas de viviendas, los ser-
vicios allí dispuestos para que la población no necesite salir del barrio, y la
recurrente presencia policial, más que ilustrarnos acerca de las políticas de
vivienda e infraestructura urbana, nos muestran los hilos del modelo secu-
ritario. En este sentido, apelando a los conceptos de peligrosidad y riesgos,
“la omnipresencia de las fuerzas de seguridad en los barrios-ciudad viene a
mantener y perpetuar el ‘orden público’ urbanística y arquitectónicamente
previsto y diagramado” (Ferrero y Job, 2011, p. 173).
Al mismo tiempo que se producía un desplazamiento de los barrios popula-
res hacia los barrios-ciudades, el centro de la ciudad sufría modicaciones
orientadas a “embellecer” esos espacios. El programa “Mi Casa, Mi Vida”
nos muestra una primera fragmentación tosca y abrupta: la expulsión de la
población excedente –los sectores populares– hacia el “fondo”, hacia aque-
llas zonas más periféricas de la ciudad, mientras que la zona céntrica se me-
joraba y revalorizaba. Esta conguración del espacio urbano responde a las
exigencias del capital, es ordenada por el Estado y garantizada por el aparato
policial. En este sentido, “las zonas gentricadas están sometidas a una pla-
nicación y vigilancia totales (además de ser, cómo no, zonas de inversión de
capital y especulación agresiva)” (Stravides, 2016, p. 117).
A partir de esta primera fragmentación y dislocación del espacio urbano en
tanto unidad, el aparato policial fue dispuesto para organizar y regular la cir-
culación de los habitantes de los barrios desplazados hacia los márgenes de la
ciudad, desempeñando un rol clave en este nuevo esquema espacial:
Barrios diseñados para el mejor control de la población. Barrios relocali-
zados/dislocados hacia las afueras de la ciudad. Rodeados de alambres....
Barrios que a pesar de su escasa población poseen todos y cada uno su
propia comisaría, o sub-comisaría, o al menos un destacamento policial.
(Ferrero y Job, 2011, p. 158)
El programa “Mi Casa, Mi Vida” representa la primera manifestación en la
historia reciente de Córdoba en la que se implementan políticas que, en apa-
riencia, se presentan como iniciativas de infraestructura urbana o de hábitat,
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pero en realidad están concebidas desde una perspectiva securitaria. Esta es-
trategia establece una conexión entre la seguridad y el diseño espacial, gene-
rando una relación rígida y estática entre ambos elementos. Como resultado,
se produce una dislocación y fragmentación del espacio urbano, que posibi-
lita un control desproporcionado a través de la presencia y la fuerza policial.
Siguiendo esta línea de análisis, es fundamental destacar que este proceso de
fragmentación, que se ha venido gestando desde el año 2003, adquiere una
mayor dinamicidad y eciencia –o al menos lo pretende– a través del Plan
Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito. En el próximo
apartado, ahondaremos en un análisis detallado de este plan y exploraremos
sus implicancias en mayor profundidad.
2. Cuadrantes de seguridad como fragmentación dinámica
En este apartado, nos centraremos en el análisis de la conguración del espa-
cio urbano que se produjo con la implementación del Plan Integral de Segu-
ridad Ciudadana y Prevención del Delito (PISCyPDD). A partir de la sanción
de la Ley 10437 en el año 2017 que modicó la Ley de Seguridad Pública
9235 del año 2005 –con la cual se gestionaba la seguridad en Córdoba y la
consecuente puesta en marcha del PISCyPDD–, se produce una fragmen-
tación del espacio urbano, “las ciudades son subdivididas en subunidades
territoriales de acuerdo a una subdivisión jurisdiccional (Secciones/ Centros
Vecinales/ Barrios) y a la vez son clasicadas según criterio de vulnerabili-
dad y tamaño” (Ministerio de Gobierno, 2016, p. 15). A partir del cruce de
diversas variables sociodemográcas, tales como la deserción escolar, la re-
incidencia carcelaria, el nivel de desempleo, y el índice de delitos, la ciudad
en su totalidad se dividió mediante la utilización de un semáforo que indica
el nivel de vulnerabilidad presente en cada cuadrante: rojo (vulnerabilidad
alta), amarillo (vulnerabilidad media) y verde (vulnerabilidad baja).
Estos cuadrantes no se corresponden con las delimitaciones históricas ba-
rriales –los distritos–, sino que en su interior aglutinan diferentes barrios
que comparten, según el diagnóstico realizado, características socio-urbanas
similares. En la primera delimitación territorial realizada por el Ministerio
de Gobierno, se identicaron 119 cuadrantes: 41 rojos, 35 amarillos y 43
verdes. Siguiendo el paradigma de proximidad y la centralidad otorgada a la
participación de la ciudadanía en la producción de seguridad, se creó tam-
bién un Consejo Barrial en cada cuadrante. Inicialmente, se lleva a cabo una
fragmentación del espacio urbano mediante la delimitación de cuadrantes,
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y luego se pone en marcha el enfoque de proximidad, en conjunto con los
consejos barriales correspondientes. Dentro de este escenario, los cuadrantes
delimitados como rojos son los primeros en ser intervenidos, ya que se con-
sideran los territorios más urgentes de abordar (Elorza et al., 2019).
Figura 2
Mapa de cuadrantes de seguridad confeccionado en el marco del Plan
Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito
Fuente: Secretaría de Políticas Comunitarias (2017).
Los cuadrantes de seguridad se establecen como el ámbito de actuación de
todo el aparato policial, pero puntualmente de la Policía Barrial –la nue-
va fuerza creada en el marco del PISCyPDD–, que se encarga de poner en
acción el paradigma de proximidad y la reconstrucción de la relación poli-
cía-comunidad. De este modo, el documento programático del Ministerio
de Gobierno (2016), que indica los lineamientos para la incorporación de la
Policía Barrial, conceptualiza los cuadrantes de la siguiente manera:
…el espacio geográco, unidad de gestión territorial del PISCyPDD, que
recibirá las intervenciones del Equipo Interministerial y de la Policía Ba-
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rrial, posee un Consejo Barrial, coordinado por un Promotor. En cuanto
al servicio policial los cuadrantes serán la unidad de trabajo de la Patrulla
de Policía Barrial a cargo de un Líder de Cuadrante. Es el escenario de
despliegue táctico y operacional en el que conuyen todas las especiali-
dades del servicio de policía, la barrial, la preventiva, la investigativa y la
reactiva. (p. 15)
En este marco, la fragmentación del espacio urbano provocada por la lógica
de los cuadrantes se fundamenta –desde los documentos producidos por el
Gobierno provincial– en una necesidad de adecuar y ecientizar la interven-
ción de la fuerza policial según las prioridades y demandas de cada cuadran-
te. Tal como arma el Ministerio de Gobierno (2016), “la delimitación terri-
torial es dinámica, puesto que se irá modicando según los resultados de las
aproximaciones diagnósticas y la modicación de las variables resultantes de
las intervenciones en el sector” (p. 15).
Figura 3
Mapa de Cuadrantes de Seguridad y Barrios - Ciudad
Fuente: Elaboración propia en base al mapa de cuadrantes de seguridad (2025).
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En este mapa podemos observar de qué manera aquellos barrios-ciudad (se-
ñalados con color negro) que fueron desplazados hacia la periferia durante el
desarrollo del programa “Mi Casa, Mi Vida”, en el Plan Integral de Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito aparecen coloreados como cuadrantes ro-
jos. Esto implica, a su vez, la incesante producción de datos e información
acerca de cada cuadrante, que redene constantemente las prioridades en con-
junto con los territorios. El énfasis en la producción de información para la
posterior adecuación de la intervención policial en cada cuadrante nos permite
identicar una transformación en el modo de aplicación de las políticas de
seguridad. Estas ya no se concentran en los individuos, sino que se enfocan de
manera territorializada: el objeto de la política es el control del espacio.
Según Elorza et al. (2019), se asume “una correlación entre áreas donde resi-
de la población en condiciones de pobreza con mayor inseguridad e índices
de criminalidad” (p. 17). Por lo tanto, la seguridad no se limita a la aplicación
estricta de medidas policiales para el control del delito, sino que se considera
en consonancia con las políticas de infraestructura urbana. Estas políticas se
diseñan y adaptan a cada espacio geográco especíco y demuestran cierta
continuidad con el programa “Mi Casa, Mi Vida”, en el cual los sujetos no
tenían “necesidad de salir de los barrios-ciudad y la intervención policial se
adecuaba, en ese caso de manera más estática, según cada territorio.
De este modo, la seguridad no se interpreta únicamente en términos policia-
les o de control del delito, sino que también se la concibe en relación con
políticas de infraestructura urbana. En este plan, las políticas que podría-
mos identicar como socio-urbanas se presentan en clave securitaria (Boito
y Peano, 2018). La versión taquigráca de la sesión en la cual se aprobó la
Ley 10372 especica en un anexo cuáles serán los aspectos de infraestructura
urbana a implementar:
…creación de las rutas seguras, la reactivación de plazas y parques, los pun-
tos verdes de reciclado de basura, los faros barriales de seguridad y los Do-
mos [sic], centros deportivos-culturales de legalidad. Se suma a esto la recu-
peración y mejoramiento de Playones [sic] deportivos dentro del programa
‘Somos Equipo’. (Legislatura de la Provincia de Córdoba, 2017, p. 31)
La novedad en este plan, es que la actuación policial no es la misma en todos
los cuadrantes, sino que se dinamiza para intervenir ecientemente según
las necesidades particulares de cada uno. La intensidad de la intervención
dependerá del color asignado a cada cuadrante y en función ello se estable-
cerá la asignación de recursos, personal policial (en términos de cantidad y
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tipo de fuerza policial que interviene) y tecnología (como cámaras, domos de
videovigilancia y postas policiales). Se propone este esquema para optimizar
el presupuesto estatal y reducir los costos de cada intervención.
En esa misma línea, el programa “Rutas Seguras” consiste en la instalación
de luces en el espacio público y se inscribe en el PISCyPDD3. El concepto
de vigilancia natural nos permite inscribir este tipo de iniciativas de diseño
urbano como una política de seguridad. La premisa radica en que la mejora
de la visión del espacio urbano desalienta los comportamientos delictivos y
ecientiza la intervención en los conictos, tanto de la fuerza policial como
de los vecinos vigilantes; es decir, permite ver y ser visto (Hernando Sanz,
2008). El énfasis se ubica en el entorno y en la infraestructura urbana para
generar un ambiente propicio que eleve los costos del delito, entendiendo
que la actuación estatal debe ser eciente y económicamente rentable. A par-
tir de la misma idea de sujetos-empresas, el objetivo es producir un entorno
que aumente los costos de delinquir.
Es así que, en esta política de seguridad, la arquitectura urbana ocupa un
papel central. La segmentación de la totalidad del espacio urbano permite
adecuar dinámicamente los mecanismos de control y vigilancia, administrar
los riesgos territorialmente y disminuir la probabilidad de hechos violentos y
delictivos, manteniéndolos bajo control, pero sin atacar las múltiples causas
de conictividad social y, fundamentalmente, ecientizando y reduciendo
los costos de la intervención urbanístico-policial. En este sentido:
Más que los sucesos reales, son los riesgos de violencia el objeto de los
cálculos y de las intervenciones: conociendo las correlaciones estadísticas
entre factores (espacios, momentos, características de los sujetos, etc.), así
como escuchando a los vecinos en su ‘colaboración ciudadana’, se pue-
de prevenir la aparición del peligro y contenerlo espacio-temporalmente.
(García García y Ávila Cantos, 2014, pp. 3-4)
Este modelo securitario funciona como un modo más de inclusión diferen-
ciada. Interviene de manera distinta en cada cuadrante, considerando a los
3 “Las rutas seguras buscan conectar comercios, espacios verdes, centros asistenciales y las
líneas de transporte, entre otros lugares más concurridos, donde se incorporarán mejoras
viales y de iluminación. Se comenzaron a implementar en 2016, como parte del Plan Inte-
gral de Seguridad Ciudadana [cursivas añadidas] impulsado por la Provincia, que incluyó
la creación de la Policía Barrial y de consejos de seguridad ciudadana integrados por repre-
sentantes de la sociedad civil y la fuerza policial” (Noticias Gobierno de Córdoba, 2019).
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sujetos mayormente por su lugar de residencia que por lo que hacen. Esto
estructura, en términos de Hathazy (2014), “distintos modos de relación con
la administración en general y con la policía en particular.... [impulsando]
una seguridad ciudadana diferencial mediante la cual la policía ejerce un
trato u otro en función del grado de ciudadanía de la persona en cuestión” (p.
6). Los cuadrantes funcionan como un mecanismo diferenciador de ciudada-
nías y espacios, y es a partir de esa diferenciación (presentada en términos de
jerarquía) que se despliegan actuaciones distintas.
2. a. Producción de datos y diagnósticos para adecuar la intervención
Para adecuar la intervención de la policía según los factores de riesgo que
se relevan, el Gobierno provincial produce diagnósticos, estadísticas e infor-
mación acerca de cada uno de los cuadrantes. En el PIScyPDD estas tareas
recaen sobre dos organismos: el Observatorio de Estudios sobre Convivencia
Social y Seguridad Ciudadana (OECSySC) y la Policía Barrial. Su objetivo
reside en:
Tener un diagnóstico preciso, permanente y evaluable sobre la problemáti-
ca de la inseguridad en base a la identicación de las prioridades que jen
los representantes del barrio y el seguimiento que ejerzan los mismos sobre
la resolución de tales prioridades, con una perspectiva multidisciplinaria de
la seguridad. (Ley de Seguridad Pública 10732, 2017)
El primero constituye un organismo creado en el marco de la Ley 10732 y
se estableció como un ente autárquico donde distintos/as académicos/as de
universidades públicas y privadas de la provincia producen estudios estadís-
ticos anuales acerca de los distintos delitos que se cometen en la provincia.
Se presenta como un espacio ocupado por profesionales “técnicos” y traba-
jadores independientes del gobierno y la fuerza policial, que participan en la
toma de decisiones y aportan herramientas para mejorar las políticas públicas
de seguridad ciudadana. El ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, lo
denía de esta manera en el año 2018:
Este es un ente autárquico, integrado por muy calicadas universidades del
ámbito provincial, que nos proveen la información necesaria para adoptar
medidas y decisiones públicas en materia de seguridad, y les he manifes-
tado, en representación del ministro de Gobierno, la garantía más absoluta
de la libertad que tienen que contar todos quienes integran este estamento,
porque nosotros consideramos, sin ninguna duda, que una buena planica-
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ción estadística es donde se terminan las demagogias. (Alfonso Mosquera,
citado en Noticias Gobierno de Córdoba, 2018)
El OECSySC, sin embargo, trabaja con datos semestrales proporcionados
por el Ministerio Público Fiscal4 y la Policía de Córdoba, procesa estos regis-
tros y analiza cifras de homicidios, muertes viales, hurtos y robos. Además,
considerando que no todos los delitos se denuncian, también implementan
desde 2017 una “Encuesta de Victimización y Percepción Social del Temor
al Delito”, que indaga aspectos más subjetivos relacionados con la insegu-
ridad y los hechos delictivos. Esta encuesta se produce anualmente y tiene
como objetivo captar la “cifra negra” de delitos. Esto se enmarca en un modo
de leer el espacio urbano en tanto “sistema de ujos de información”, lo que
establece la necesidad de abordar datos objetivos y relatos subjetivos (García
García y Ávila Cantos, 2016).
A su vez, la Policía Barrial –en su faceta de fuerza policial encargada de
la prevención y materialización del concepto de proximidad de este plan–,
ejerce tareas de recolección de datos a partir del diálogo con los vecinos de
los barrios de cada cuadrante. La Policía Barrial, al ser una fuerza preventiva
y no especícamente reactiva, también debe relevar información y elaborar
diagnósticos que luego servirán de base para la intervención de la fuerza
en cada territorio. Una de las funciones que se le asigna es la captación de
información de cada cuadrante, que se protocoliza de la siguiente manera:
…obtener información argumentada de necesidades, deciencias y demás
condiciones de la comunidad en materia de seguridad y convivencia ciu-
dadana para identicar las posibles causa-factores de los problemas de-
lictivos, contravencionales y de convivencia, así como las deciencias en
mobiliario y servicios urbanos. Esta captación de información se aplica
a través de entrevistas, contactos ciudadanos a pobladores o mediante la
observación (Ministerio de Gobierno, 2016, p. 19)
El enfoque preventivo desde el cual se enuncia esta política implica la ne-
cesidad de contar con niveles de profesionalismo y conocimiento experto, e
incluso “técnico”. Para ello se procesan datos, información, relevamientos,
4 El Ministerio Público Fiscal (2025) “tiene a su cargo la investigación de los delitos y la
promoción de la acción penal pública contra los autores o partícipes. Le corresponde la
carga de la prueba y debe probar en el juicio oral y público los hechos que fundamenten su
acusación”.
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encuestas y entrevistas. Estas herramientas, puestas al servicio de la produc-
ción de información, permiten leer el espacio urbano, identicar riesgos y
anticipar los desbordes de violencia y conictividad social. Estas técnicas
hacen que sea posible dinamizar la intervención y establecer objetivos dife-
renciados para cada cuadrante, lo que se traduce en una utilización eciente
de los recursos del Estado (García García y Ávila Cantos, 2016). Se pone
de maniesto una tendencia a indizar la vida social en términos de cifras,
códigos y cálculos de rentabilidad, lo que implica una serie de operaciones
de abstracción que pretenden racionalizar el espacio urbano y los sujetos que
lo habitan en función de indicadores económicos y de eciencia a partir de
lógicas empresariales.
2. b. Gestión de riesgos
La identicación de factores de riesgos conforma una de las tareas de la Po-
licía Barrial: “Durante los patrullajes el personal deberá observar los factores
de riesgos ambientales y sociales que favorecen la consumación de conictos
violentos o delictivos identicados en el cuadrante” (Ministerio de Gobierno,
2016, p. 57). Los agentes de la Policía Barrial están formados para identicar
dichos riesgos, previamente delimitados en el documento del PISCyPDD.
Entonces, su tarea consiste en identicar riesgos urbanos relacionados direc-
tamente con cuestiones de infraestructura de la ciudad, tales como diculta-
des de acceso o décit en los servicios públicos, décits en la infraestructura
urbana y en escenarios ambientales.
El documento del Ministerio de Gobierno (2016) profundiza aún más al ca-
racterizar los riesgos sociales que se deben relevar: dicultades de acceso o
permanencia en el sistema educativo; dicultades de acceso al sistema de
salud y al mercado laboral; desconanza en las instituciones de justicia y se-
guridad; debilidad en las redes o lazos comunitarios; presencia de poblacio-
nes vulnerables –como jóvenes en conicto con la ley sin contención social,
personas socialmente estigmatizadas, entre otras–; relaciones violentas entre
vecinos, grupos o hacia el interior de las familias; consumo problemático de
alcohol y drogas y tenencia de armas.
La noción de riesgo asociada a los cuadrantes en lugar de a los sujetos repre-
senta uno de los conceptos más relevantes del PISCyPDD. En este sentido, la
intervención policial también se centra mayormente en los cuadrantes y esti-
ma un cálculo de costo-benecio a partir de los datos del observatorio y los
diagnósticos de la Policía Barrial, con el objetivo de ecientizar y dinamizar
su actuación: “la distancia con respecto a un modelo disciplinario, que busca
ANA CLARA CACCIA 89
homogeneizar la ciudad, es la virtud que se le atribuye a esta exibilidad de
la intervención” (García García y Ávila Cantos, 2016, p. 57). Esta política se
propone relevar los riesgos y calcular su probabilidad de ocurrencia, con el
n de controlar los hechos de violencia y conictividad social. Todo esto se
desarrolla a partir de un modelo interagencial, en el que el Gobierno Provin-
cial (a través de la Secretaría de Seguridad), la institución policial y los/las
vecinos/as de los Consejos Barriales van deniendo las prioridades de cada
cuadrante.
Es necesario tensionar qué implicancia tiene el riesgo en esta política y qué
nos indica acerca de los modos de gestión de la conictividad que propone el
Gobierno provincial. Adecuar la intervención de la fuerza policial alrededor
de este concepto supone enfatizar en la administración de esos riesgos (rele-
vados, es decir, que existen previamente) más que en las causas que los pro-
vocan. No es el n atacar las estructuras de desigualdad y exclusión social,
sino únicamente reforzar los dispositivos de la sociedad civil creados para
contenerlas.... es una condición previa, del discurso del riesgo, la de evitar,
en la medida del posible, representar las tensiones, contradicciones y los
conictos subyacentes al peligro. De manera que el riesgo absorbe ecaz-
mente la energía que, de otro modo, podría dedicarse a la construcción de
alternativas. (Curbet i Hereu, 2006, p. 16)
El documento del PISCyPDD establece que
la pobreza no desencadena necesariamente la violencia, pero la favorece en
ciertas circunstancias. La pobreza, sumada a la desigualdad, generan [sic]
un proceso grave de marginación y exclusión social, producen conictos
entre individuos y grupos sociales en el escenario de la ciudad. (Ministerio
de Gobierno, 2016)
Entonces, existe un reconocimiento de la pobreza y violencia, pero única-
mente como riesgo, en ningún momento se cuestiona la injusticia de esa
situación. Más bien, se la reconoce como un peligro para la política, dado
que resulta necesario administrar los índices tolerables de violencia y aplicar
protocolos para contenerla, controlarla y evitar su desborde.
Si bien se presenta como una política de seguridad preventiva más que reac-
tiva, de proximidad más que represiva-punitiva, este esquema de organiza-
ción policial no implica el abandono de la fuerza en los territorios, sino una
sosticación de los mecanismos de su intervención. Junto con la participa-
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ción ciudadana, la fragmentación del espacio urbano y la dinámica división
de cuadrantes, se instalan domos de videovigilancia, cámaras en las ”zonas
calientes del delito y controles vehiculares en los puentes que conectan las
distintas zonas de la ciudad, construyendo fronteras móviles en su interior.
Siguiendo esta lógica de organización policial denominada como “preven-
ción situacional” (Garnier, 2015; Dammert, 2007) la policía interviene sin
que necesariamente se haya producido un delito.15;
Entonces, mientras se construyen polideportivos sociales pretendiendo apor-
tar a la reconstrucción del “tejido social” en el marco del PISCyPDD –en pa-
labras del propio gobernador– se instalan postas de vigilancia a intervalos re-
gulares rodeando la construcción. A pesar de hacer hincapié en la necesidad
de un “trabajo mancomunado” y la participación ciudadana para terminar
con el “agelo de la inseguridad”, todos los accesos a los cuadrantes rojos de
la ciudad están controlados mediante pasos fronterizos que funcionan como
un sistema de control de entrada y salida, obligando a ciertos ciudadanos a
identicarse para cruzar.
Reexiones nales
Según el mandato de seguridad, se gobierna la violencia y se mantienen índi-
ces tolerables de delito para la sociedad y el mercado. Se vigila y controla el
espacio urbano a través de una diversidad de mecanismos y técnicas: domos
de videovigilancia, cámaras de seguridad, un centro de monitoreo dedicado
a observar los riesgos y evitar que los índices de violencia se disparen. El
espacio urbano se fragmenta y se instalan fronteras en el interior de la ciudad
con controles policiales en cada puente que la conecta.
El programa de vivienda “Mi Casa, Mi Vida” en la ciudad de Córdoba fue
el punto de partida para la fragmentación del espacio urbano y la implemen-
tación de los cuadrantes de seguridad. Este programa, presentado como una
iniciativa de infraestructura urbana, en realidad tenía una perspectiva secu-
ritaria y estableció una conexión entre la seguridad y el diseño espacial. El
enfoque securitario del programa generó una dislocación en el espacio urba-
no, dividiéndolo y ejerciendo un control a través de la presencia policial. Los
cuadrantes de seguridad funcionaron como un mecanismo de diferenciación
de ciudadanías y espacios.
La división en cuadrantes se basa en una noción de riesgo asociada con áreas
geográcas en lugar de sujetos, lo cual constituye uno de los conceptos más
relevantes del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito
ANA CLARA CACCIA 91
(PISCyPDD). La intervención policial se centra en los cuadrantes y se basa
en datos y diagnósticos para ecientizar y dinamizar su actuación. Tanto “Mi
Casa, Mi Vida” como el PISCyPDD representan una estrategia que utiliza
el diseño espacial como herramienta de control y diferenciación social, ge-
nerando una fragmentación del espacio urbano y estableciendo una relación
estrecha entre seguridad y diseño urbano.
Con el Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, la
fragmentación del espacio en cuadrantes de seguridad permitió intervencio-
nes estatales, asistencialistas y policiales más dinámicas, gracias a la semafo-
rización del espacio y la producción de datos sobre cada cuadrante. A su vez,
las categorías de “vulnerabilidad” y “riesgo” funcionaron como clasicato-
rias, entrecruzando saberes y valores morales que conciben a los cuadrantes
rojos como amenazas que se deben controlar y, simultáneamente, como zo-
nas vulnerables que es necesario proteger.
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