47
*
Este trabajo es el cierre de un ciclo de debates y problematizaciones personales y co-
lectivas provenientes de mi participación en el grupo de investigación “Redes regionales
de governance; democracia y desempeño”. Agradezco particularmente los aportes reali-
zados por Victor Mazzalay y Hernán Camps, y subrayo la trascendental contribución de
mi compañero en esta empresa, el (doble) Lic. Cristopher Kiessling. Párrafo aparte a los
intercambios y afectos de familiares, cercanos y amigos, sin los cuales nada de lo hecho
sería posible.
**
Licenciado en Ciencia Política (UCC, Córdoba – Argentina). Maestrando del progra-
ma Planejamento e Gestão de Territorio por la UFABC (Santo André) y becario CAPES
(Brasil).
Damian Andres Lobos
**
Resumen
En la actualidad asistimos a la emergencia de una gran cantidad de proce-
sos políticos y económicos de re/des articulación de las matrices espaciales
tradicionales. Desde la regionalización supranacional y las regiones tras-
fronterizas, hasta el ciberespacio y una creciente metropolización, las rela-
ciones económico-políticas del siglo XXI parecen estar especialmente sig-
nadas por una novedosa puesta en cuestión del espacio como objeto y
como sujeto del modelo de producción capitalista.
Las narrativas escalares y la
producción del espacio;
reconfiguraciones y resistencias en
torno a la política de regionalización
subprovincial cordobesa
*
Código de referato: SP.166.XXVIII.13.
STUDIA POLITICÆ Número 28 ~ primavera-verano 2012/2013
Publicada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales,
de la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, República Argentina.
28 - primavera/verano 2012-2013
48
STUDIA POLITICÆ
En el presente artículo se busca hacer frente al dilema político y econó-
mico del re-escalamiento desde el análisis de las discursividades existen-
tes. Con miras a ello se inicia la exposición presentando el concepto de
escala como un espacio de disputa político-hegemónica sobre el carácter
espacial de la dinámica política. A continuación se introduce la noción
de narrativa de la globalización como una forma de articulación discursi-
va de los objetos y sujetos políticos, para luego presentar las principales
narraciones actuales en torno al espacio económico. Finalmente se pre-
senta el caso de la política de regionalización de la provincia de Córdoba
en torno al análisis de las narrativas intervinientes en el marco normativo
provincial de la misma y en dos Comunidades Regionales (Colón y San-
ta María). Se finaliza con algunas conclusiones particulares del caso ana-
lizado.
Palabras clave: regionalización – gobiernos locales – espacio – narra-
tivas.
Abstract
Nowadays, we assist to the emergence of a large amount of political and
economic processes of re/disarticulation of the traditional spatial
matrixes. From supra-national regionalization and cross-border regions,
to cyberspace and increasing metropolization, economic and political
relations in the twenty-first century seem to be particularly marked by a
new problematization of space as an object and subject of the capitalist
mode of production.
This article seeks to address the political and economic dilemma of re-
scaling based on discourse analysis. With this in mind, the exposition is
started by presenting the concept of scale as a space of hegemonic-
political dispute about the spatial nature of the political dynamic. Then it
introduces the notion of the narrative of globalization as a form of
discursive articulation of objects and political subjects, and the main
narratives about the current economic space. Finally, the case of the
regionalization of the Province of Córdoba is exposed with an analysis
of the narratives related to the regulatory framework present in Cordoba
and in two regional communities (Colón and Santa Maria). It finishes
with some conclusions on this case-study.
Key words: regionalization; local governments; space; narratives.
I. Escala y globalización: el conflicto discursivo del espacio
L
A relación entre la totalidad económico-social y su dimensión neta-
mente espacial es un campo abierto recientemente en las ciencias so-
ciales. Sólo después de la crítica (y posterior crisis) de los esquemas
políticos y económicos centrados en el Estado nacional es que se hace po-
sible el retiro parcial de la venda que la teoría política clásica —con el
49
maestro Weber a la cabeza— impuso a las conceptualizaciones sobre el es-
pacio como resultante, condicionante, reproductor y lugar primigenio y
principal de conflicto en las relaciones sociales (Brenner, Jessop, Jones y
MacLeod, 2003).
En un primer momento el rol del espacio yacía subsumido al macro-con-
cepto de dominación racional-legal y, por consiguiente, al paradigma Esta-
do-territorial. Según éste el carácter espacial de la economía queda total-
mente circunscripta a “aquel Estado (entendido en sus órganos, poderes,
divisiones administrativo-jurídicas, etc.) que, como actor/sujeto político
particular, en el ejercicio de sus funciones jurídicamente delimitadas y ha-
ciendo uso de la racionalidad organizativa, modifica las escalas políticas de
su actividad administrativa” (Kiessling y Lobos, 2010).
Actualmente concurrimos al nacimiento del debate sobre el espacio como
momento social intervenido e interventor de la dinámica social. La apari-
ción de nuevas aproximaciones que dejan de lado visiones neutralistas y
naturalistas
1
de la producción del espacio lo demuestran. Ejemplo de ello
son los abordajes espaciales desde los enclaves culturales (Claval, 2001),
las formas identitarias (Martínez González, 2007); (Pepin Lehalleur, 2006),
las relaciones de cooperación e intercambio (Mazzalay, 2011), entre mu-
chos otros.
Alain Lipietz propone asumir a la espacialidad como una parte integrante e
indivisible de la realidad social. En ese sentido advierte que “every practi-
ce and social relation figures within a concrete totality that is always al-
ready given and that determines that relation as its condition of existence.
This totality, to the extent that it has materiality, carries a spatial dimen-
sion.” (Lipietz, 1994)
Desde este punto de vista se propone entender a la dimensión espacial de
la realidad social en una dialéctica de condicionante-condicionado de la
totalidad social, y, consecuentemente, como la capacidad de trasformar esa
totalidad, al tiempo que es su contexto de trasformación. En este último
sentido es que Lipietz diferencia entre lo que él entiende por región eco-
nómica, como un espacio-en-sí donde se articulan coherentemente modos
DAMIAN ANDRES LOBOS
1
Bob JESSOP (2004) critica la noción de los “territorios económicos naturales” con la
que se intenta explicar el resurgimiento de los antiguos bloques comerciales postsoviéti-
cos tras la finalización de la Guerra Fría, diciendo que los TEN “son espacios económi-
cos que han sido naturalizados discursivamente, así como construidos económica y po-
líticamente (...) Más que buscar un elusivo criterio económico objetivo para definir una
región, se debería tratar a las regiones como un fenómeno emergente socialmente cons-
truido”.
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50
STUDIA POLITICÆ
y formas de producción con sus respectivos regímenes de acumulación, y
el armazón regional, como un espacio-para-sí donde las clases dominantes
del bloque hegemónico local concentran los aparatos ideológicos y políti-
cos con los que logran regular algunos conflictos de escala local (Lipietz,
1994).
Dentro del campo de estudio de la teoría del estado el concepto de escala
hace referencia a una región económica, mientras que el re-escalamiento
es la construcción político-hegemónica de un armazón regional. El objeto
último de todo proceso de re-escalamiento es la generación de coherencia
estructural entre procesos diversos (identitarios, económicos, culturales,
políticos, etc.), tomando como pivote las configuraciones espaciales que
los articulan entre sí (Jessop, 2004). A la variedad de escalas en disputa en
un proceso de re-escalamiento se le suma la coexistencia de formaciones
complejas y enredadas de diferentes manifestaciones escalares en un mis-
mo espacio. Las expresiones del conflicto político por la dominación espa-
cial se manifiestan en un doble plano de (1) discursividades escalares dife-
renciadas y (2) materializaciones institucionales de las resoluciones
históricas. Así, las políticas y discursos de re-escalamiento implican visio-
nes diferenciadas de los patrones políticos y económicos de distribución
del poder a nivel espacial.
En el presente trabajo se dará centralidad a la disputa discursiva por el
re-escalamiento político a nivel subnacional, con lo cual los conceptos de
lo local y lo regional se entenderán como correlacionados. Para abordar
el plano discursivo del conflicto espacial se avanza sobre el concepto de
narrativa escalar y sus dos principales manifestaciones a nivel local/re-
gional.
II. Narrativas escalares de la globalización
Por narrativa se entiende, siguiendo a Ewick y Silbey, una articulación de
nociones del mundo, de los sujetos y de la realidad circundante de las
que se sirven a los agentes sociales para referenciar sus prácticas, objeti-
vos e identidades. Los tres componentes de toda narrativa son (a) una
apropiación selectiva de fuerzas y eventos pasados, (b) una sucesión tem-
poral con un comienzo, un medio y un fin; y (c) una graficación relacio-
nal de los eventos y las fuerzas, y una estructura elevada que permite ex-
traer algunas lecciones causales y elevadas (Ewick y Silbey, 1995 en
Jessop, 1999).
Partiendo de esta definición se propone abordar las narrativas en torno a
los modelos políticos de re-escalamiento del espacio subnacional. En torno
51
a los mismos se identifican dos narrativas principales, nacidas y propagas
en el imaginario europeo de la posguerra y que toman como referencia a la
metanarrativa de la globalización; a la ya identificada por la bibliografía
como narrativa empresarial (Harvey, 2007; Jessop, 1999) se le suma otra de
tipo gerencial.
Narrativa empresarial
La primera narrativa es la denominada por Jessop (1999) como empresa-
rial y se encuentra principalmente articulada con las nuevas teorías de la
governance. En torno a la misma los eventos subrayados son la debacle
del estado fordista y la subsiguiente internacionalización del capital y del
proceso productivo todo. Con la caída del Estado fordista caen también
los patrones de producción y consumo mercadointernistas. El estado na-
cional se ve impedido de contener —en su dinámica de circulación con-
trolada debido a sus rigideces normativas y compromisos corporativos—
al capital acumulado de esta primaria industrialización y su tendencia al
flujo (Lefebre, 2003). Aparece así la necesidad de generar nuevos imagi-
narios para la actividad económica (principalmente en torno al pujante
sector financiero).
Según Angust Cameron y Ronen Palan (1999) la economía privada nacio-
nal (nacional private economy) es el nuevo espacio de regulación e inter-
vención territorial directa del Estado en la economía, que se opone al nue-
vo espacio económico transnacional (offshore economy), donde el
imaginario de su intervención es mínima y no se haya territorializado. La
economía privada nacional recibe las tendencias de la globalización no di-
rectamente, sino mediadas por la hegemonía discursiva de la “competitivi-
dad” como paradigma de la administración, discurso cuya profundización
llama a la promoción de la competitividad interna, entre entes políticos y
administrativos subnacionales. En ese sentido el capital trasnacional entra
en relación con las autoridades locales y regionales por las mejores condi-
ciones de inversión en competencia (estructuradas en torno a características
espaciales, de recursos y fiscales), relevando de esta obligación al estado
nacional (Cameron y Pala, 1999).
La resonancia diferencial que tal discursividad tiene sobre el actor local o
regional tiene algunas particularidades. En primer lugar queda claro que el
sujeto ante el cual se debe responder desde la gestión local/regional es al
capital transnacionalizado y a su imperativo de competitividad. Luego cabe
resaltar que la idea y la práctica de la governance traen consigo un esque-
ma de relacionamiento entre escalas muy flexible, por cuanto las obligacio-
DAMIAN ANDRES LOBOS
28 - primavera/verano 2012-2013
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STUDIA POLITICÆ
2
La falta de lineamientos económicos y políticos sostenidos en el tiempo —debido a
las constantes interrupciones al sistema político—, los bajos niveles (comparados) de
nes no están normativamente dadas y se entrecruzan constantemente. Los
patrones de estos relacionamientos están más signados por requisitos estra-
tégicos y espacio-temporalmente situados que por segmentaciones adminis-
trativo-normativas de la actividad estatal.
Narrativa gerencial
La segunda narrativa es la que se denomina gerencial y se propone que la
misma emerge del mismo contexto y se correlaciona fuertemente en varios
supuestos de la anterior, pero sus resultantes de prácticas espaciales son
sustancialmente distintas. La selectividad de eventos en este caso subraya
más los patrones de consumo que los regímenes productivos, en donde se
destacan la tecnificación de la vida diaria (y el consiguiente aumento en la
calidad de vida) y la profundización del mercado de servicios. Por el lado
de lo público se hace hincapié en la crisis fiscal y política del Estado de
bienestar y/o keynesiano; la primera por un alto nivel de gasto público sos-
tenido durante dos décadas y la segunda por una mala administración —o
gestión ideológica populista— en términos de dar respuesta a las demandas
ciudadanas. Los caminos seguidos son lógicos; la disminución del gasto y
el aumento de la tecnificación administrativa de la gestión pública.
Esta narrativa coloca a los actores locales y regionales en un lugar muy
importante. Tomando como sujeto al ciudadano-cliente de la escuela del
rational choice se identifica al Estado local como el más cercano y capaz
de responder a las demandas sociales (Olson, 1971). Esto, sumado a la
crisis fiscal del Estado nacional, crea las condiciones del desarrollo de po-
líticas de descentralización. Estas últimas hacen aumentar las obligaciones
gerenciales del Estado local y/o regional —tesis gerencial— y disminuir
su espacio de producción política en aras de un esquema de relaciones es-
calas verticalista y rígidamente planificado —tesis de la nacionalización—
(Brugué y Gomá, 1998)
Resonancia de las narrativas de la globalización en América Latina
La metanarrativa de la globalización como la nueva realidad empírica a la
que el Estado de la postguerra debiera amoldarse de allí en más no fue re-
producida de modo espejo en América Latina
2
. La mediación entre las na-
rrativas escalares europeas y los contextos latinoamericanos vino de la
53
mano de la ideología de la reforma económica, ampliamente reproducida
por los Estados del subcontinente.
Los procesos de reforma latinoamericanos no fueron diagramados directa-
mente para modificar el modelo productivo del país (como en el caso euro-
peo), sino para reposicionar a lo público con un carácter netamente estatal y
a lo privado en su nuevo sentido internacionalizado. Así es como las dos
narrativas escalares se logran ver expuestas en los dos enfoques de reforma
económica que Bresser Pereira (1995) encuentra en los 80 y principios de
los 90 en América Latina. La narrativa empresarial va de la mano del enfo-
que neoliberal o del consenso de Washington, mientras que la narrativa de
la gerencia se asemeja a la visión pragmática o centrada en la crisis fiscal.
El siguiente cuadro esquematiza estas dos narrativas en torno a sus princi-
pales atributos espaciales.
DAMIAN ANDRES LOBOS
consumo y la disputa entre sectores agrarios e industriales, ponen en duda la existencia
(antes de la década de los 80) tanto de un régimen fordista de acumulación como de un
mercado nacional consolidado dentro de las fronteras de los Estados latinoamericanos.
En este sentido, menos aún pudiera pensarse en la producción autónoma de narrativas
escalares similares a las europeas en este contexto.
Cuadro 1: Narrativas de la globalización, enfoques latinoamericanos y
atributos espaciales
Foco
Selección de eventos
Lineamientos
conceptuales
Sujeto
Objetivo del agente local
Esquema de relaciones
escalares
Narrativa Empresarial
(enfoque neoliberal)
Internacionalización de la
circulación del capital
¬ Crisis del fordismo
¬ Internacionalización del
proceso productivo
Perspectivas de la
governance
Agente económico externo
Imperativo de la
competitividad
¬ Flexible
¬ Indefinido
¬ Estratégico
Narrativa Gerencial
(enfoque pragmático)
Nuevos patrones de
demanda social
¬ Tecnificación de la vida
¬ Crisis fiscal y política del
Estado de bienestar
Escuela de la rational
choice
Ciudadano-cliente
Proveedor de servicios
¬ Rígido
¬ Normativo
¬ Planificado
Fuente: Elaboración propia
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STUDIA POLITICÆ
4
En este sentido la agencia no debiera ser entendida sólo como la producción de cierto
tipo de modificación/sesgo en las estructuras de (re)producción, sino también como un
subproductos específico de esas selectividades estructurales que se desean cambiar. En
palabras de Jessop: “it is impossible to conceptualize structural constraints outside spe-
cific time horizons and spatial scales of action because any constraint could be rende-
red inoperable through competent actors´ choice of longer-term and/or spatially more
appropriate strategies” (JESSOP, 2008; 44).
III. Presentación del caso de análisis y explicitaciones metodológicas
Caso de estudio
Con miras a poner en juego estos herramentales conceptuales se presenta a
continuación el caso de la política provincial de regionalización de Córdo-
ba. La misma se encuentra plasmada en la Ley 9206 del año 2005 y consis-
te en la creación, por parte de la provincia de Córdoba, de entes político-
administrativos de carácter territorial —las Comunidades Regionales— con
miras a un re-escalamiento del territorio provincial.
Lo que se discute en el siguiente desarrollo es la existencia, conveniencia y
competencia de una nueva escala intermedia entre la provincia y los muni-
cipios y comunas, la llamada región. La dialéctica estructura-agente que
plantea el Enfoque Estratégico Relacional (Jessop, 2008) aporta la idea de
que las estrategias en general —y la producción discursiva en particular—
de los gobiernos locales que participan del proceso decisorio en las Comi-
siones de las Comunidades Regionales no pueden ser enteramente explica-
das por los marcos normativos e institucionales que rigen el esquema regio-
nal desarrollado por la provincia (plasmado en la ley 9206). No es posible
esta reducción analítica (característica de la gran mayoría de los análisis
sobre el tema), porque son estas mismas estrategias y discursos de los acto-
res involucrados las que buscan modificar ese esquema en beneficio de los
intereses de los intendentes y presidentes comunales
3
.
En este sentido se propone la hipótesis de que las características de los ac-
tores intervinientes —la provincia como articuladora global del proceso de
regionalización y los gobiernos locales como articuladores particulares de
cada región— hacen emerger narrativas diferenciadas y, con ello, desaco-
ples y entrecruzamientos de procesos de re-escalamiento diferenciados en
la regionalización provincial de Córdoba.
Elecciones metodológicas
Como marco temporal del objeto de estudio —política provincial de re-
gionalización de Córdoba— se toma desde la aprobación de la ley 9206
55
DAMIAN ANDRES LOBOS
de Regionalización de la provincia de Córdoba en 2005 (segundo año de
la segunda gestión del gobernador José Manuel de la Sota), hasta la fina-
lización de la gestión del gobernador Juan Schiaretti en 2011. El ciclo
2005-2011 no sólo toma en consideración dos gestiones gubernamentales,
sino que referencia cabalmente el marco temporal que materialmente se
requirió para la aplicación plena de los lineamientos de la ley 9206 (como
se verá en el caso de los conflictos por la constitución de la Comisión Re-
gional de Santa María).
Para analizar la política provincial de regionalización de Córdoba desde
la perspectiva de las disputas entre narrativas escalares se expondrá pri-
mero la narrativa (llamada global) que ejerce la provincia de Córdoba en
torno a su política. Posteriormente se analizarán en profundidad dos casos
de departamentos/regiones, como disputas narrativas particulares inmer-
sas dentro de la política global. Se concluirá con un análisis comparado
cruzado.
Esta forma de abordar el caso de estudio permite observar tanto la imposi-
ción de escalaridades en torno a la verticalidad de los agentes intervinien-
tes (provincia - municipios), como las formas de resistencia escalar de los
actores locales de cada departamento/región.
4
El universo de estudio son las narrativas de la provincia y de las autorida-
des locales sobre la rearticulación escalar del emergente regional.
5
Para
identificar la narrativa de la provincia se analiza la ley de regionalización
n° 920. Para los casos de los dos departamento/región se utilizará una base
de datos de entrevistas a Intendentes y Presidentes Comunales, a quienes se
les aplicó un cuestionario semiestructuado en profundidad.
6
En este último
caso la decisión metodológica de centrar el análisis en las autoridades loca-
4
Siguiendo a Bob Jessop, es en el marco de este tipo de constreñimiento estructural
en el cual los actores (locales) desarrollan sus estrategias relacionales, con las cuales
buscan producir aquellas modificaciones a las selectividades del objeto institucional
en cuestión (la región) que más les convengan, según sus preferencias.
5
En los casos de estudio no se encontró una conceptualización unificada en torno a
este proceso, por lo cual se relevaron nociones muy disímiles (tales como región, co-
munidad regional, departamento, cooperación inter-municipal y otras) que son toma-
das en el presente estudio como variantes estratégico-conceptuales para el discurso de
la región.
6
Los datos utilizados en el presente trabajo pertenecen a la base de datos del pro-
yecto PICT 3374 “Redes regionales de Governance. Democracia y desempeño” diri-
gido por el Dr. Víctor Mazzalay y radicado en la Facultad de Ca. Política y Relacio-
nes Internacionales - UCC. Para mayor información revisar el apéndice de este
trabajo.
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56
STUDIA POLITICÆ
les se debió a su posición estructural de decisores colectivos en sus respec-
tivas Comisiones Regionales.
7
En el primer caso basta con la realización de un análisis de contenido de la
ley ya mencionada, pero en el segundo la metodología se complejiza bas-
tante. Con miras a la composición de un compendio sistemático y abarcati-
vo de las discursividades particulares (de cada autoridad local) y colectivas
(de la comunidad regional toda) en torno a la producción del espacio regio-
nal en los departamentos/regiones, se decide realizar una doble estrategia.
La misma comienza con la identificación de la presencia o ausencia de los
componentes del poder regional que identifica Michael Keating (1997) en
el discurso de cada gobierno local, para luego realizar un análisis de conte-
nido de las narrativas en torno a la discursividad colectiva (tomando al de-
partamento/región como una unidad). De este modo se obtendrá no sólo la
presencia/ausencia diferencial de los componentes del poder regional en
los discursos (y con ello de las percepciones de efectividad material-institu-
cional de la región), sino también la existencia/ausencia de una escala re-
gional autónoma de regulación y de su tipología particular de governance
en los imaginarios de las autoridades locales.
8
Esta maniobra analítica im-
plica una doble triangulación; primero se identifica la presencia o no de de-
terminados ítems conceptuales en torno a las lecturas comprensivas de las
entrevistas realizadas a las autoridades locales, para luego otorgarle a la re-
lectura de las mismas una nueva aproximación más global desde las nocio-
nes de disputa hegemónico-narrativa.
Atributos del poder regional de Keating
Para la identificación de selectividades regionales en cada caso se toma
como base las definiciones que propone Keating en el apartado de la región
como actor en su trabajo “The invention of region: political restructuring
and territorial goverment in Western Europe” (1997), las cuáles son re-
conceptualizadas y complejizadas para articularse con el marco teórico de
escala y región antes expuesto. En este sentido se considera que la presen-
cia de una región como espacio en sentido integral (Brenner, Jessop, Jones
y MacLeod, 2003) implica la presencia de los siguientes componentes en
los discursos de los agentes estatales;
7
Artículo 11 de la ley 9206.
8
Asumiendo la fuerte correlación de los siete atributos de Keating, cabe destacar que
su independencia para este estudio será sólo asumida en su aspecto analítico-conceptual
y nunca en un sentido empírico o material.
57
– Instituciones: consiste en la percepción de la existencia (actual o
potencial) de redes, relaciones, prácticas y canales de acción gene-
ralizados entre los actores regionales, que se condigan con los ob-
jetivos y finalidades del espacio regional. Lo importante en este
sentido no son tanto las formas que adopten las prácticas regulari-
zadas, sino su efectividad imaginada por los actores que las ponen
en práctica.
– Capacidad para formular política: pone el acento en la eficacia po-
lítica (planificación satisfactoria) de los mecanismos y sistemas
institucionales de decisión para las finalidades y objetivos del es-
pacio regional.
– Competencias: objetos particulares de regulación y governance en
torno a los cuales la región tiene o debiera tener plena autonomía
de acción.
– Coordinación horizontal (o poder de integración): las regiones, al
ser niveles intermedios tanto territoriales como funcionales, re-
quieren de mecanismos y habilidades que promuevan la integra-
ción y una cooperación regular y racionalizada entre las corpora-
ciones, la sociedad civil y los entes gubernamentales implicados.
Las restricciones políticas de los nuevos espacios administrativos
hacen de este poder de integración el factor principal para la efec-
tividad estratégica de la planificación regional.
9
– Recursos Financieros: la identificación y asignación de recursos fi-
nancieros son un aspecto clave de la autonomía regional. La deli-
mitación de materias tributarias (a ser cedidas por el municipio o la
provincia) y la creación de sistemas de asignación y distribución
de recursos centralizados (coparticipación regional en la 9206 y
aportes provinciales y locales varios) son sus principales ejes de
debate.
– Coordinación vertical (o sistema intergubernamental): mecanis-
mos, lógicas y prácticas de relaciones verticales entre niveles de
gobierno.
10
DAMIAN ANDRES LOBOS
9
En el siguiente análisis de los casos se toma al poder de integración como la capaci-
dad (o incapacidad) de la coordinación intergubernamental local horizontal (es decir en-
tre los intendentes y presidentes comunales entre sí).
10
En este caso se lo toma como la capacidad (o incapacidad) de la coordinación inter-
gubernamental entre el nivel local y el nivel provincial y nacional.
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58
STUDIA POLITICÆ
– Relaciones con el mercado: a la producción semiótica del perfil
económico de la región —y de los lineamientos políticos y econó-
micos que este objetivo conlleva— se la denominará relaciones
con el mercado. Este es el ítem donde está más claro el vínculo en-
tre los discursos particulares de lo regional y la narrativa de la glo-
balización.
IV. Política provincial de regionalización en Córdoba
Una de las características más relevantes de la provincia de Córdoba es
que es la provincia argentina con mayor cantidad de gobiernos locales re-
conocidos. Según datos recientes de INDEC la provincia cuenta con 427
gobiernos locales, de los cuales 249 son municipios y 178 comunas (me-
nos de dos mil habitantes), divididos administrativamente en 26 departa-
mentos. A las dificultades que estos enormes números traen a la coordina-
ción horizontal (gobiernos locales entre si), se suma una casi imposible
coordinación vertical (gobiernos locales y gobierno provincial) unificada
que logre dar respuesta a 249 realidades diferentes. Para complejizar el
panorama la provincia de Córdoba no tiene un perfil económico claramen-
te definido, sino una gran diversidad de actividades productivas que pro-
vienen de su enorme cantidad y variedad de recursos. A las clásicas agri-
cultura y ganadería y el pujante sector turístico como las más relevantes,
se suman la industria (principalmente en el área urbana de su ciudad capi-
tal y zonas aledañas) y las actividades extractivas. Esto, sumado a la hi-
per-municipalización mencionada, hace prácticamente imposible pensar en
una producción escalar única y homogénea desde el estado provincial ha-
cia las espacialidades locales.
Con miras a saldar estos constreñimientos y a lograr llevar adelante planifi-
caciones territoriales tendientes a la inserción internacional de los recursos
(naturales y técnicos) cordobeses, el gobierno provincial (a cargo de J. M.
De la Sota como gobernador con mayoría automática en la legislatura)
aprueba en el año 2005 la Ley 9206 de Regionalización de la Provincia de
Córdoba.
Ley 9206 de Regionalización de la Provincia de Córdoba
La misma, en su artículo 1 declara lo siguiente; “REGIONALÍZASE el te-
rritorio de la Provincia de Córdoba sin modificar el actual sistema de De-
partamentos y, a ese efecto, créanse tantas regiones como Departamentos
actualmente existen”. Esta enunciación pone de manifiesto la emergencia
59
de una propuesta de re-escalamientos administrativos de los departamentos
de la provincia de Córdoba. La ley se propone crear una entidad político-
administrativa nueva en cada región/departamento, la cual tendrá como ór-
gano político una Comunidad Regional (CR).
Las CR son aquellas entidades decisorias no definidas por la ley, pero am-
pliamente caracterizadas en sus objetivos, funciones, jurisdicción y sistema
de gobierno
11
. La jurisdicción y espacio de competencia de las CR sería
todo el territorio de su región/departamento, con excepción del territorio
contenido en los ejidos municipales y comunales (con salvedad de conve-
nios previos para casos puntuales).
12
Es decir, las denominadas zonas gri-
ses de previa competencia provincial, para lo cual la provincia delega el
poder de policía (sólo en aquellas materias propias de la competencia de
los gobiernos locales) en dicho territorio.
13
Aquí se observa claramente cómo la producción de una nueva escala impli-
ca la delegación de atribuciones que pertenecían a la escala político-admi-
nistrativa superior. La selección estratégica de ceder competencias tiene
por objetivo último una re-diagramación del mapa estatal a nivel territorial;
al ceder las zonas grises el Estado provincial otorga unicidad económico-
política al espacio departamental (previamente signado por la infranquea-
ble multitud de municipios y comunas) creando así las condiciones mate-
riales y discursivas para una nueva escala económica.
Narrativa escalar presente en la Ley 9026
El perfil empresarial de la narrativa de la regionalización de la provincia
de Córdoba queda expuesto en los objetivos y funciones de la Comunidad
Regional. Los primeros son “contribuir a hacer más efectiva la gestión de
la Provincia y de los Municipios y Comunas en las regiones, generar po-
los de desarrollo, facilitar la descentralización de funciones y la transfe-
rencia de competencias y lograr las demás finalidades establecidas en el
Artículo 175 de la Constitución Provincial”.
14
Mientras que las funciones,
expresadas en el artículo 10 inciso e), son la “La planificación y genera-
DAMIAN ANDRES LOBOS
11
Artículo 3. El artículo 4 agrega al principio departamental la posibilidad de alterar
tanto la delimitación de las CR como su conformación, excepciones sólo fundadas en
características económicas, geográficas y de desarrollo de la zona.
12
Artículo 7.
13
Artículo 8.
14
Artículo 9.
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ción del desarrollo de la Región, la ejecución de planes y proyectos a ese
efecto, el control del territorio, el control del mantenimiento de las vías
de comunicación, el control del manejo de las aguas, el control de la pro-
tección del medio ambiente, la ejecución de obras y la prestación de ser-
vicios que trasciendan los límites de un municipio o comuna y afecten o
interesen a la Región o a una zona de ella”. Para ello las atribuciones re-
conocidas a las CR son el ejercer jurisdicción normativa (delimitada por
sus objetivos, las restricciones constitucionales, la normatividad municipal
y comunal y la no contradicción con la misma ley) y territorial (proveer
servicios, generar políticas y cobrar impuestos, en el marco de las mismas
restricciones) en su espacio de competencia.
15
Es decir que el objeto últi-
mo de las CR es la gestión competitiva y “racionalizada” del territorio
subprovincial, con miras a su inserción económica en un contexto de eco-
nomía global.
Este mandato es depositado en una Comisión Regional, gobierno de las
CR, integrada por todos los intendentes y presidentes comunales —autori-
dades ejecutivas locales— del territorio de la región/departamento y el le-
gislador departamental —autoridad legislativa provincial—. Se explicita la
creación de una Mesa Ejecutiva y una Sindicatura, al tiempo que se esta-
blece un sistema democrático de participación universal de los integrantes
de la Comisión y mayoría simple en la toma de decisiones.
16
En este sen-
tido podría decirse que la principal regla sobre la cual se imprime este
proceso de regionalización es el cruce de atribuciones y objetos de admi-
nistración.
V. Política de regionalización subprovincial en Córdoba; los casos
de las Comunidades Regionales de Colón y Santa María
Justificación de los casos seleccionados
Las regiones/departamentos seleccionados para este estudio son Colón y
Santa María. Las mismas (como se expone en este apartado) comparten
algunos atributos estructurales, pero se diferencian fuertemente en
otros.
17
15
Artículo 10; inc a), b), c) y d).
16
Artículos 11, 12, 13 y 14.
17
Para una caracterización más pormenorizada de Colón y Santa María remito al lector
a la producción del proyecto PICT 33749.
61
Los principales atributos compartidos por la CRC y la CRSM son: (1) ser
las únicas regiones/departamentos colindantes territorialmente con la ciu-
dad de Córdoba, capital provincial (Colón hacia el norte y Santa María ha-
cia el sur); (2) tener un importante y similar patrón de diversidad de activi-
dades económicas
18
; (3) encontrarse entre los departamentos cordobeses
con menor superficie territorial
19
; y, (4) formar parte de las regiones/depar-
tamentos con mayor cantidad de gobiernos locales.
20
Estos aspectos desta-
cados hablan de dos espacialidades regionales de muy reducida escala te-
rritorial, con una articulación compleja entre los modos de producción
urbana y rural, y caracterizadas por una alta fragmentación político-admi-
nistrativa. En este sentido cobran principal relevancia regional, para el aná-
lisis de ambos casos, las problemáticas de colindancia interlocal, la coordi-
nación en la provisión de servicios, las disputas político-partidarias y la
selectividad en la distribución y promoción de la ganancia entre sectores
económicos.
Las diferencias principales son; (1) la resultante política de la gestión de
las zonas grises en el seno de las comunidades regionales, (2) una marcada
diferencia en el tipo de gobiernos locales que concentran
21
, y que (3) a la
simple colindancia de ejidos municipales se le suma, en la región/departa-
mento Colón, que la pedanía Río Ceballos tiene una fuerte colindancia ur-
bana con el área urbana de la Municipalidad de Córdoba, formando el lla-
mado Gran Córdoba (Villa Allende, Saldán y Unquillo), lo que no se da en
Santa María donde sólo existen colindancias de ejidos municipales y zonas
grises.
A continuación se expondrán los resultados del análisis de las entrevistas
sobre la evaluación del primer año de las Comunidades Regionales para
cada departamento/región, seguido de un sucinto análisis comparado que
incluye al actor provincial desarrollado más arriba.
DAMIAN ANDRES LOBOS
18
Tomando la incidencia de cada actividad sobre el PBG al 2003 tenemos que en Co-
lón el turismo tiene un 15,6 %, la industria un 19,2 % y las actividades agropecuarias un
20,5 %, mientras que en Santa María el turismo se lleva un 18,4 %, la industria un
12,3 % y la actividad agropecuaria un 19,7 % (Mazzalay, 2012).
19
CRC tiene 2.588 km² y CRSM 3.427 km², siendo la media de superficie de los de-
partamentos en la provincia de Córdoba de 6.359 km²
20
Colón con 20 y Santa María con 24, ambos muy por encima de la media de 17.
21
En torno al departamento Colón se concentran 14 municipios y 6 comunas, mientras
que en Santa María las comunas son mayoría con 18 gobiernos locales, encontrándose
solamente 6 municipios.
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Región / departamento Santa María
El primer aspecto destacado en las evaluaciones de los gobiernos locales
sobre la CRSM fue la problemática conformación del ente regional:
“Surgió, en su puesta en marcha, un período en donde había una divi-
sión marcada entre cómo se debía hacer el gobierno de la Comunidad.
Algunos pensábamos que lo podíamos integrar con un Presidente, un
Secretario, un Vicepresidente y Vocales. Y otros pensaron en coordina-
dores, y esa división hizo que no nos pusiéramos de acuerdo.(…) Al fi-
nal se decidió por dos coordinadores, un tesorero, un secretario, va-
rios vocales, un síndico y todo lo demás. Esto no era lo recomendable,
porque ya se había producido una división interna” (Pte. Comunal de
CRSM)
Como surge de este comentario se observa un conflicto en torno al tipo de
dinámica decisoria y a la posición que debiera ocupar cada minoría en la
Comisión Regional. Mientras que un grupo político sostiene un esquema
institucional jerárquico e integralista, afín al modelo de gobierno propuesto
por la ley provincial de regionalización, otro conjunto de autoridades loca-
les propone con un sistema de representación y gobierno bicéfala.
La polaridad de intereses, sumado a los acuerdos políticos previos, resol-
vieron por el segundo esquema de poder. La práctica de esta modalidad de
Comisión Regional terminó por desgastar, primero, las relaciones entre los
gobiernos locales y, luego, a la institución misma de la Comisión Regional:
“no veo motivo de haber tardado un año para conformarla porque fue
un litigio en nuestro departamento conformar la comunidad (…) creo
que para lo único que sirvió fue para medir fuerzas políticas dentro de
los propios intendentes (…) entonces hemos perdido el interés unos
cuantos en participar. Se llega a un punto donde se va a sesionar con la
cantidad de personas que haya, antes tenía que estar el 50 %. Hoy ya si
van cuatro, ya” (Pte. Comunal de CRSM).
Un cambio de autoridades año y medio después de su conformación dejó
a una de las dos coordinaciones acéfalas, lo que dio lugar a la creación
de una nueva mayoría y a la unificación de la Comisión en un solo cuer-
po jerárquico. Este antecedente no implica un mero conflicto resuelto,
dado que en torno al mismo se generó una inscripción institucional
22
re-
22
En este sentido, se registró una muy baja consideración del atributo regional
“capacidad” de integración (41,18 %) en las evaluaciones de las autoridades respon-
dientes.
63
DAMIAN ANDRES LOBOS
levante, la cual terminó condicionando fuertemente los patrones de inter-
cambio y relacionamiento de los gobiernos locales.
23
La falta de integración horizontal trajo como resultante una configuración
de identidades políticas opuestas entre las autoridades locales en torno a
los distintos aspectos de la conformación regional. Así es como se obser-
van dos narrativas escalares colectivas muy enfrentadas en los principales
puntos de debate (competencias, recursos, coordinación vertical y horizon-
tal). Las mismas yacen principalmente expresadas en un nosotros y un ellos
que regula la distribución de posiciones políticas de las autoridades locales
en el seno de la Comisión Regional. A continuación vemos expuesto lo an-
terior en dos posiciones sobre las competencias y el rol ejecutivo de la Co-
munidad Regional:
“En las reuniones de la comunidad regional prácticamente comparti-
mos estos conceptos de regionalizar el departamento, de diversificar
su actividad económica, de la complementariedad (…) [la diversidad
de perfiles productivos dentro de la CRSM] no se contraponen si
pensamos en el primer principio de la complementariedad, o sea que
las reuniones del ente yo lo considero más que una oficina para tra-
mitar o gestionar es un foro donde vamos y hablamos cada uno de
nosotros, de nuestras problemáticas de manera que no tenemos dis-
crepancias, pensamos que somos complementarios” (Intendente de
CRSM)
“Ceder cosas a la Comunidad Regional, no, al contrario… tengo que te-
ner más cosas acá,
nosotros vamos para ser municipio. ¡No les voy a
dar nada a ellos!” (Pte Comunal de CRSM)
24
Se destacan unas primeras líneas de caracterización de estas dos pro-
puestas políticas de producción espacial. La primera de ellas se nuclea
en torno a los órganos institucionales de la CRSM (en este caso la nue-
va Comisión Regional), y explicita una noción colectiva del proceso po-
23
Dentro del Enfoque Estratégico Relacional la acción de los actores, constreñida
externamente por los marcos estructurantes en los cuales se desarrolla, tiene una do-
ble opción (orientada por un cálculo estratégico); la adecuación de la misma a la es-
tructura social o el ejercicio de su potencial estructurante o inscripción estructural.
La primera opción se realizará cuando la selectividad estructural de la forma social
responda a los intereses del actor, la segunda se da ante la incongruencia entre estos
dos imperativos, con el correlato de la creación de un espacio para que entren en
competencia proyectos políticos alternativos. (BERMÚDEZ, GROISMAN y MAZZALAY,
2007).
24
El subrayado nos pertenece.
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lítico y entiende al contexto de re-escalamiento como una intervención
política y económica racionalizada sobre una región económica (región-
en-sí). La segunda se posiciona desde la marginalidad de las institucio-
nes creadas por la ley 9206, desestimando a éstas desde una identidad
localista reaccionaria y entendiendo a todo este contexto como la impo-
sición externa —sea la provincia, sea las fuerzas regionales— sobre un
espacio interno (el local). Podríamos decir que la primera responde a
una narrativa más cercana a una visión empresarial de lo regional,
25
mientras que la otra niega la existencia de la región desde una visión
gerencial localista.
Es ciertamente en torno a la discusión sobre la escala económica que
debe primar en dónde estas dos posiciones manifiestan sus principales
matices. Este aspecto salta a la luz cuando las autoridades son consulta-
das sobre las competencias y atribuciones que debe asumir la Comunidad
Regional:
“(…) esta organización [la Comunidad Regional] se basa en una organi-
zación que propone un organismo supramunicipal que se entiende que
tiene que tener un organismo jurídico muy amplio y abundante que no lo
tiene nadie (…) las Comunidades Regionales tienen sobre las zonas gri-
ses jurisdicción regional, donde la Comunidad Regional debería, por
ejemplo, dictar normativas impositivas, para regular todas las activida-
des que se desarrollan fuera de las radios municipales y eso no existe,
existe en la voluntad, en la idea y en la ley, pero es más declarativa que
realmente ejecutiva (…)” (Int. de CRSM)
“Todo lo de la regionalización, de establecer los radios municipales,
tratar de una vez por todas de eliminar las famosas zonas grises que tie-
ne el territorio, a mí me parece que nos han ido, los problemas en sí, lle-
vando a fijarnos metas y objetivos” (Int. de CRSM)
25
Haciendo uso de la oposición de modelos espaciales productivistas caracterizada
por Alain LIPIETZ (2004) como “area productiva especializada” y “sistema especializa-
do local”, se podría intentar argumentar que esta propuesta de generar (desde la Co-
munidad Regional) prácticas de complementación productiva entre las distintas activi-
dades económicas responde a una noción de modelo productivista muy propia de los
ámbitos de la explotación turística e industrial de bajo impacto (porque asegura recur-
sos y beneficios para una alta flexibilidad/producto). Esta visión claramente choca con
la idea de competitividad por profesionalización, más universalizada en el sector agra-
rio (centro en economías de escala). Hacer uso del imperativo institucional y simbóli-
co de la región en este primer sentido puede pensarse como una estrategia de inscrip-
ción institucional de la CR en torno a los intereses del sector urbano por sobre el
rural.
65
“De las competencias municipales o comunales (a delegar) ninguna,
porque uno ha sido siempre defensor de las autonomías, recién hablá-
bamos de descentralización y si uno lee lo que está escrito, con la glo-
balización uno de los elementos positivos para poderla manejar son
los gobierno municipales, no existen otro niveles, todos los autores di-
cen que los límites de las naciones son muy difusos actualmente y los
provinciales también y que el futuro político de seguir la tendencia
económica mundial es a partir de los municipios…” (Int. de CRSM)
Si bien se puede hablar de un consenso generalizado sobre la existencia de
competencias propias por parte de la Comunidad Regional como ente insti-
tucional,
26
el contenido de las mismas se halla en disputa.
– Por el lado de la gestión de las zonas grises existe un debate abier-
to entre quienes quieren eliminarlas (del mismo modo que se hizo
en Colón y en otros departamentos) y quienes quieren asumir su
regulación dentro de la coordinación conjunta de la Comunidad
Regional.
– Por el lado de las competencias de orden más ejecutivo se encuen-
tra ampliamente aceptado que la CRSM debe dar respuesta a los
déficits de servicios de los gobiernos locales, ya sean éstos por
problemáticas de incidencia común (basura, medio ambiente) o por
actividades de bajo costo presupuestario (tribunal de faltas, dispen-
sarios, etc).
Lo que yace por detrás de todo esto es una fuerte discusión sobre hacia
dónde deben enfocarse los esfuerzos de la Comunidad Regional: hacia una
nueva escala regional o hacia la escala local. En el primer caso se interpre-
ta que el emergente económico regional (región-en-sí) requiere la produc-
ción de una escala de regulación política nueva (región-para-sí) que atienda
a su particular dinámica de acumulación. En el segundo yacen divididas las
posiciones sobre una narrativa de lo local como la única escala que puede
dar respuesta a las necesidades de la libre circulación del capital, y otra
centrada en el rol proveedor de lo local.
En resumen, al tiempo que se encuentra una importante disputa escalar (en-
tre localistas y regionalistas) el carácter empresarial de la gestión se en-
cuentra bastante generalizado. En disidencia a esta mayoría se encuentra
un pequeño sector localista y gerencialista.
DAMIAN ANDRES LOBOS
26
71 % de las autoridades locales evaluaron que la CRSM tiene competencias autóno-
mas de toda otra escala político-institucional.
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Región/departamento Colón
En el análisis de las narrativas colectivas encontradas en los discursos de
las autoridades locales de la región/departamento Colón se percibe una
fuerte crítica a la conformación institucional de la CRC según la ley 9206.
Así lo ejemplifican los siguientes extractos sobre la demarcación territorial
de los límites regionales y las críticas al criterio departamental:
“(…) nos pasa en la comunidad regional que las realidades de las co-
munidades que colindan hacia el norte no son las mismas de las que co-
mienzan el territorio hacia el inicio (…) hay problemas que pueden ser
comunes, pero el desarrollo económico son distintos (…) Ahora pero
dentro de la problemática que va a tener la provincia analizando todas
las Comunidades Regionales me parece que ahí sí hay que dividir por
comisiones de trabajo” (Intendente de CRC)
“(…) se hace difícil de ordenar una Comunidad Regional con esta dis-
persión de problemas; que en una punta tenemos un sector que no tie-
ne afinidad con la cabecera del departamento y que mi problema debe
ser muy parecido al problema de X. Yo creo que la regionalización se
tendría que haber realizado y haberse sentado a todos los intendentes
y haberles dicho con quién tienen afinidad unos y otros (…)” (Inten-
dente de CRC)
“Acá tenemos (…) realidades económicas distintas, tendríamos por lo
menos que haber subdividido el departamento lo que acá llamamos el
alto y el bajo (…) De Calera, Villa Allende, Saldán, o sea a lo mejor
entre ellos, lo nuestro sería Unquillo, Río Ceballos, Salsipuedes hasta
La Granja de ahí el alto, el bajo y Calera Villa Allende que están tam-
bién más pegados a la ciudad de Córdoba es distinto” (Pte. Comunal
de CRC).
Se destacan dos aspectos; en principio se encuentra una unicidad discur-
siva que critica al departamental como un criterio de demarcación válido
para la escala regional, pero luego se subraya una fuerte apropiación se-
lectiva del rol que tiene la polarización económica como articuladora es-
pacial. Se podría hablar de la existencia de un enfrentamiento corporativo
horizontal por parte de las autoridades locales de la CRC contra el mode-
lo de regionalización del estado provincial. En este sentido no es de sor-
prender ni el alto nivel asignado a la Comunidad Regional como espacio
de integración horizontal (9 de 15, para un 60 %), ni tampoco el bajo ni-
vel asignado como sistema de coordinación vertical (5 de 15, para un
33 %).
67
Por otro lado, es en torno a las propuestas de criterios alternativos al de-
partamental en donde encontramos las principales diferencias narrativas.
En las citas de arriba se explicitan diversas propuestas en este sentido, ta-
les como la de creación de comisiones de trabajo, las relaciones interper-
sonales de afinidades y los perfiles socioeconómicos. Si se intentara trans-
polar lo dicho al lenguaje de la medicina se diría que existe un importante
consenso en torno a las consideraciones sobre la enfermedad (el cuestio-
namiento al principio departamental) y sobre el diagnóstico (la polaridad
de prácticas productivas), pero el criterio único desaparece a la hora de
pensar el tratamiento (propuesta de territorializaciones regionales alterna-
tivas).
Al momento de evaluar la regionalización devenida de la ley 9206, apare-
cen reiteradas menciones a experiencias previas de coordinación sobre te-
mas puntuales y la existencia de entes interlocales en funcionamiento (ente
radical, ente de emergencia hídrica, reuniones de la mesa prov-municipios,
etc.). Se puede hablar de la existencia de una fuerte dinámica de coordina-
ción e intercambio previa y actual entre los gobiernos locales del departa-
mento Colón, incluso al margen de la CRC.
“(…) nosotros creemos mucho en los procesos asociativos de los munici-
pios que involucran distintas temáticas que ponen a gran escala proble-
mas menores o de los municipios. Problemas de un municipio, que pare-
cieran menores pero que sumados en escala, trabajados en conjunto,
nosotros entendemos que son de más fácil solución, y de una mayor op-
timización de los recursos en tanto compartir los problemas y buscar al-
ternativas de solución.” (Intendente de CRC)
Esto último deviene en la emergencia de una identidad comunitaria generali-
zada entre las autoridades locales, como se explicita en el siguiente comen-
tario:
“Es una Comunidad muy participativa. Somos un grupo de intendentes
que, a pesar de tener realidades muy distintas comulgamos en la parti-
cipación, y somos muy homogéneos a pesar de ser de tres partidos dis-
tintos y que si en realidad vos te pones a ver es muy fuerte política-
mente. Estamos los radicales que somos históricos, los radicales
jóvenes y los del justicialismo peronistas, pero que en definitiva cuan-
do nos sentamos a la mesa vemos los problemas de cada uno y trata-
mos de llevarle a la provincia los problemas en serio (…)” (Intendente
de CRC)
Es desde esta afinidad y reciprocidad mutua, sumadas a esta última na-
rrativa del cooperativismo, que las autoridades locales de la región/depar-
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tamento Colón logran articular al Comité Regional como un genuino es-
pacio institucional de producción política deliberativa y horizontal.
Es bajo este contexto macro que se hace posible la identificación y re-
solución del principal objetivo político de la CRC: la eliminación de las
zonas grises. Los lineamientos de esta planificación regional consistie-
ron en la producción de consensos entre las autoridades locales para de-
limitar límites municipales y comunales colindantes entre los gobiernos
locales. Cada gobierno local debía entrar en diálogo con sus pares más
cercanos para decidir (a) sobre la redemarcación concertada de sus
fronteras ya colindantes, o (b) sobre el acuerdo de la extensión mutua
de sus ejidos hasta la eliminación de las zonas de incidencia provincial.
El objetivo último consistió en hacer desaparecer la presencia territorial
de la provincia en el departamento Colón. El rol de la CRC para este
objetivo fue el uso de las prerrogativas institucionales —pleno poder de
policía— que las Comunidades Regionales tienen sobre los territorios
de jurisdicción provincial. Asimismo, para la demarcación de las líneas
de frontera también se recurrió al asesoramiento técnico del que la mis-
ma dispone por ley.
Este proceso (que duró aproximadamente un año) tuvo una resolución por
demás satisfactoria para los actores implicados. Al tiempo que se elimina-
ban los espacios que generaban mayores disgustos a los gobiernos locales,
emergió un nuevo imperativo de articulación entre ellos; la coordinación
de políticas territoriales entre intendentes y presidentes comunales, sin la
injerencia directa de la escala provincial.
Con posterioridad aparece una fuerte contradicción: con la eliminación de
las zonas grises la Comunidad Regional su principal objeto de regulación.
Así es como se observa le emergencia de un progresivo debate sobre el
nuevo rol de la CRC en la configuración actual (y, eventualmente, de su
necesidad). La idea generalizada (pero en este caso no universalizada) es
que la eliminación de las zonas grises deja sin fundamentos a la existencia
misma de la Comunidad Regional tal como la misma se encuentra expre-
sada en la ley provincial.
“Las comunidades Regionales actuaban tomando decisiones donde que-
daba el radio fuera, que no dependía de ningún municipio. Al aprobarse
en poco tiempo los nuevos radios, estas comunidades quedan sin margen
de acción. Salvo casos muy puntuales ¿que van a decidir? y van a pasar
ya a ser una decisión municipal o comunal que de la comunidad regio-
nal” (Intendente de CRC)
De todos modos esto no implica la eliminación de la CRC, sino la nece-
sidad de (re)pensar nuevos usos y competencias para la misma. Cuando
69
las autoridades locales tuvieron que enumerar las nuevas competencias
de la Comunidad Regional salió a la luz la principal narrativa presente
entre las mismas: las colaboraciones para la gestión local en un sentido
gerencial.
“Tiene importancia porque la Comunidad Regional más allá de que te-
nemos autonomía (…) cada comuna tiene que dependerse de sus propios
medios pero lograr consensuar o medianamente tirar una idea de lo que
puede ocurrir en un pueblo y el resto opinan (…) porque a veces les ha
pasado a ellos que [determinado problema ha ocurrido] en ese pueblo y
bueno, uno ahí va acordando criterios para que no ocurra si lo hizo mal
el otro; y si lo hizo bien copiar el ejemplo de quien lo hizo bien” (Pte.
Comunal de CRC)
Se encuentra, en este punto, una noción de espacio regional que debiera
servir de soporte cooperativo y colectivo para el mejor desarrollo de la ges-
tión local. No se encuentra presente la idea de competitividad o inserción
global de la escala regional, sino que la producción escalar de un espacio
de diálogo en torno a las necesidades de los gobiernos municipales y co-
munales. Es decir, una narrativa gerencial centrada en la escala municipal y
comunal.
VI. Consideraciones finales en torno al caso analizado
A continuación se propone destacar algunas posibles líneas de interpreta-
ción comparada de los aspectos estudiados en los casos.
Lo primero para decir es que la regionalización de la provincia de Córdo-
ba fue una propuesta del gobierno provincial para sesgar la política local
hacia un modelo gubernamental de tipo empresarial, promocionando una
escala económico-política regional supra-local. El esquema discursivo en
este sentido es por demás explícito en el cuerpo mismo de la ley 9206,
articulando de manera particular una diversidad de elementos jurídicos,
económicos y socio-espaciales para producir un armazón regional par-
ticular.
La clara resultante del análisis de las evaluaciones de dos Comunidades
Regionales estudiadas es que no se consiguió llegar a dicha hegemonía es-
calar. En Santa María una facción aplicó las nociones empresariales en sus
narrativas particulares, pero en el seno de la misma se debatía sobre si la
escala más propicia para estos objetivos era la escala regional o la local
(municipio/comuna). Enfrentados a éstos apareció otra facción más cercana
a una narrativa gerencial totalmente asentada en una escala local. En cam-
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bio, en Colón sí se logró concretar una hegemonía espacial, pero de carac-
terísticas totalmente enfrentadas a la propuesta provincial; una narrativa ge-
rencial de escala local.
En el siguiente cuadro se busca exponer estas incongruencias:
Cuadro 2: Disputa hegemónica por la escala y la narrativa escalar en la
regionalización de Córdoba. Agentes analizados
Fuente: Elaboración propia
Nivel de Gobierno
Provincial
Municipal/ Comunal
Municipal/ Comunal
Agente
Provincia de Córdoba
Región/ departamento Santa
María
Región/ departamento Colón
Narrativa
Empresarial
Gerencial
Escala
Regional
Local
Por otro lado, las formas particulares que adoptó el proceso de re-escala-
miento a nivel de las Comunidades Regionales analizadas, y la efectividad
política de las mismas, provinieron de inscripciones institucionales dife-
renciales en cada caso. La disputa política que impidió la conformación
inicial de la CRSM, y generó una división fundante en el seno de los acto-
res intervinientes, hizo de la misma una entidad poco pensada y poco
apropiada por las autoridades locales. Mientras tanto, los antecedentes de
cooperación y la identidad comunitaria nacida de la crítica generalizada a
la ley marco, propició una CRC con fuerte incidencia en cuanto a coordi-
nación y efectividad política en lo que fue el proceso de eliminación de
las zonas grises.
De esto surge que la ley no creó formas o prácticas de cooperación e inter-
cambio novedosas a nivel horizontal; los rasgos distintivos de cada CR
analizada responden más a inscripciones institucionales previas y a las es-
trategias de sus actores intervinientes.
71
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Por último, se plantea la duda sobre cómo se hubieran articulado las fuer-
zas intervinientes ante una propuesta regional con recursos políticos y
económicos más regulares y consolidados. La amplia mayoría de las auto-
ridades locales entrevistadas han manifestado la falta de horizonte regio-
nal devenida de la falta de recursos.
27
Ciertamente todo el aparato norma-
tivo e institucional que puso en funcionamiento la aplicación de la ley
9206, sumado a mínimas expectativas de acceso a recursos, dejó muchas
dudas y desconfianzas en las autoridades locales hacia el proyecto de re-
gionalización.
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Fecha de recepción: 07/09/2011.
Fecha de aceptación: 23/01/2013.
73
APÉNDICE
Los datos utilizados en el presente trabajo pertenecen a la base de datos del
proyecto PICT 3374 “Redes regionales de Governance. Democracia y des-
empeño” dirigido por el Dr. Víctor Mazzalay y radicado en la Facultad de
Ca. Política y Relaciones Internacionales - UCC.
Autoridades locales entrevistadas
Región / departamento Santa María Región / departamento Colón
Alta Gracia Potrero de Garay Cerro Azul Mi Granja
La Bolsa Dique Chico Colonia Caroya Saldán
Bower Villa del Prado Colonia Vicente Agüero Salsipuedes
La Rancherita Falda del Carmen El Manzano Tinoco
Los Cedros La Pisanita General Paz Tirolesa
Malagueño Monte Ralo Jesús María Unquillo
Anisacate Lozada Juárez Celman Villa Allende
Despeñaderos Villa Los Aromos La Granja
San Clemente Villa Parque Santa Ana Malvinas Argentinas
Del relevamiento realizado mediante entrevistas a las autoridades locales se
obtuvo un nivel de representación superior al 80 % en ambos casos. De las
autoridades locales del departamento Santa María, campo realizado entre
mayo y diciembre de 2007, se tienen datos de 18 autoridades locales, sobre
un total de 24. En cuanto a las autoridades del departamento Colón, releva-
do entre junio de 2008 y mayo de 2009, se obtuvieron respuestas de 17 ac-
tores sobre un total de 20
DAMIAN ANDRES LOBOS
28 - primavera/verano 2012-2013
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STUDIA POLITICÆ
Cuadro de totales de atributos de poder regional para cada Comunidad Regional
Colón (16) Santa María (18)
Instituciones 10 (63 %) 63,00 % 8 (47 %) 47,00 %
Capacidad para formular políticas 8 (53 %) 53,00 % 8 (50 %) 50,00 %
Competencias 12 (75 %) 75,00 % 12 (71 %) 71,00 %
Poder de integración 9 (60 %) 60,00 % 7 (39 %) 39,00 %
Recursos Financieros 1 (8 %) 8,00 % 3 (21 %) 21,00 %
Sistema intergubernamental 5 (33 %) 33,00 % 7 (41 %) 41,00 %
Relaciones con el mercado 4 (27 %) 27,00 % 9 (53 %) 53,00 %
Tabla 1: Atributos del poder regional identificados en los discursos de las
autoridades locales de la región/departamento Colón
Institu-
ciones
1
0
1
0
0
0
Capacidad
de formular
políticas
1
1
1
0
0
Compe-
tencias
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1
1
1
0
1
Poder de
Integración
1
1
1
0
0
0
Recursos
Financieros
0
0
1
0
Sistema
Interguber-
namental
1
1
1
0
0
Relaciones con
el mercado
0
0
0
0
0
CRC-
Com1
CRC-
Com2
CRC-
Com3
CRC-
Com4
CRC-
Com5
CRC-
Com6
75
1
1
1
1
0
0
1
1
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0
0
1
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1
1
0
0
1
CRC-
Mun1
CRC-
Mun10
CRC-
Mun2
CRC-
Mun3
CRC-
Mun4
CRC-
Mun5
CRC-
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CRC-
Mun7
CRC-
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CRC-
Mun9
Institu-
ciones
0
0
1
1
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0
1
1
Capacidad
de formular
políticas
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1
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Compe-
tencias
1
0
1
1
0
0
1
1
Poder de
Integración
0
0
1
1
0
0
0
1
Recursos
Financieros
1
0
0
0
0
0
1
Sistema
Interguber-
namental
0
0
0
1
0
0
0
1
Relaciones con
el mercado
1
0
1
0
1
0
1
1
CRSM-
Com1
CRSM-
Com10
CRSM-
Com11
CRSM-
Com12
CRSM-
Com13
CRSM-
Com2
CRSM-
Com3
CRSM-
Com4
DAMIAN ANDRES LOBOS
Tabla 2: Atributos del poder regional identificado en los discursos de las
autoridades locales de la región/departamento Santa María
28 - primavera/verano 2012-2013
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STUDIA POLITICÆ
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0
1
1
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0
1
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0
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1
0
1
0
1
CRSM-
Com5
CRSM-
Com6
CRSM-
Com7
CRSM-
Com8
CRSM-
Com9
CRSM-
Mun1
CRSM-
Mun2
CRSM-
Mun3
CRSM-
Mun4
CRSM-
Mun5
