Los organismos nacionales de
juventud en perspectiva histórica:
agendas y recorridos institucionales
en América Latina y el Caribe
(1980-2020)
Mariana Liguori
*
Diego Beretta
**
Resumen
El artículo indaga la institucionalidad estatal sobre juventudes a escala
nacional en la región de América Latina y el Caribe, desde dos grandes
interrogantes: ¿cómo y cuándo tiene lugar la emergencia de los primeros
organismos nacionales de juventud? y ¿cómo se plasman en dichas institu-
*
Licenciada en Sociología y Magíster en Investigación en Ciencias Sociales por la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA). Becaria doctoral de CONICET en el Instituto de Investigacio-
nes Gino Germani. integrante del Grupo de Estudios de Políticas y Juventud (GEPoJu-IIGG,
UBA) y miembro del Grupo de Trabajo Infancias y Juventudes de CLACSO. Docente en la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
**
Licenciado en Ciencia Política y Magíster en Gestión Pública por la Universidad Nacional
de Rosario. Docente e investigador de la UNR y UNL. Coordinador del Grupo de Estudio
sobre Juventudes y Políticas de Juventud de la Facultad de Ciencia Política y RRII (UNR).
Miembro del Grupo de Trabajo Infancias y Juventudes de CLACSO.
Código de referato: SP.301.LVI/22
http://dx.doi.org/10.22529/sp.2022.56.04
STUDIA POLITICÆ Número 65 otoño 2022 pág. 65–101
Recibido: 20/06/2022 | Aceptado: 31/08/2022
Publicada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
de la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, República Argentina.
66 STUDIA POLITICÆ Nº 56 otoño 2022
cionalidades las producciones sociales predominantes de las juventudes?.
Siguiendo los aportes de la sociohistoria y sobre la base de un trabajo etno-
gráco con archivo documental, se focaliza la atención en el surgimiento de
la cuestión juvenil y en los distintos modos y momentos en que se cristaliza
dicha cuestión en la estructura estatal, en el marco de los procesos sociales
y políticos más generales de la región. La investigación recupera la expe-
riencia de gestión estatal de juventud en 18 países de la región latinoameri-
cana y caribeña, y muestra que la construcción de organismos estatales de
juventud se produce en cuatro momentos o ciclos consecutivos. Estos ciclos
se presentan como una clave de lectura que permite reunir y dar sentido a
contextos políticos, sociales e institucionales variados a partir de la articula-
ción entre: i. los lineamientos de acción con juventudes impulsados por los
organismos regionales e internacionales; ii. la instalación y consolidación
de un campo académico de estudio especíco sobre la cuestión juvenil; y
iii. las experiencias de activismos y movilización política juvenil que se
multiplican en todo el continente. El artículo realiza un aporte singular al
campo de las ciencias sociales en general, y a los estudios de juventud en
particular, que invita a profundizar los debates que giran en torno al rol del
Estado y la implementación de políticas públicas destinadas a las personas
jóvenes en coyunturas especícas.
Palabras claves: organismos estatales de juventud - América Latina y el
Caribe - institucionalidad de juventud - sociohistoria
Summary
The article investigates the state institutionality on youth at the national
level in the Latin American and Caribbean region, based on two main ques-
tions: how and when did the emergence of the rst national youth orga-
nizations take place; and how, within the framework of said institutions,
the predominant social productions of youth are reected. Following the
contributions of sociohistory and ethnographic work with documentary ar-
chives, attention is focused on the emergence and on the different ways
and moments of crystallizing the youth issue in the state structure, within
the framework of the more general social and political processes of the
region. The research recovers the experience of state youth management in
18 countries of the Latin American and Caribbean region, in order to show
that the construction of state youth organizations in the Latin American
and Caribbean region occurs in four moments or historical cycles that are
consecutive to each other. Without losing sight of the singularities of each
country, these cycles are presented as a reading key that allows gathering
and giving meaning to the various political, social and institutional contexts
based on the articulation between the guidelines for action with youth pro-
moted by the organizations regional and international; the installation and
consolidation of a specic academic eld of study on the youth issue; and
the experiences of activism and youth political mobilization that are multi-
plying throughout the continent.
MARIANA LIGUORI Y DIEGO BERETTA 67
The article represents a unique contribution to the eld of social sciences in
general and to youth studies in particular, which invites to deepen the de-
bates that They revolve around the role of the State and the implementation
of public policies aimed at young people, in specic situations.
Keywords: state youth organizations - Latin America and the Caribbean -
youth institutions – sociohistory
Introducción
R
evisar y reexionar sobre las políticas públicas de juventudes en Amé-
rica Latina y el Caribe requiere como principal desafío reconocer que
los cambios sociales, políticos e institucionales que se identicaron
en las últimas cinco décadas en la región tuvieron signicativos efectos en
la relación entablada entre el Estado y las juventudes. En este marco, es po-
sible observar la proliferación de una heterogeneidad de nociones y sentidos
acerca de las juventudes que no solamente contribuyeron a la emergencia de
diferentes concepciones y problemáticas acerca de este grupo social vincula-
das directamente con sus condiciones de vida en los contextos especícos de
cada país, sino que también inuyeron en las maneras de gestionar, intervenir
y abordar la cuestión juvenil por parte de los estados nacionales a partir del
impulso de una amplia gama de propuestas y de acciones que caracterizan en
su conjunto la agenda públicaestatal de la región.
Si bien la noción de juventud comienza a ser entendida como tal a partir
de la segunda posguerra (Reguillo, 2012; Chaves, 2009), la lectura desde la
historia reciente permite ubicar en la década de 1980 la conguración de la
cuestión juvenil como un asunto de política pública, es decir, como una temá
-
tica en torno a la cual se congura una agenda de trabajo y modalidades de
intervención especícas y diferenciadas por parte del Estado. Dicho proceso
cristaliza en la región como consecuencia de la denición de estructuras de
gobierno dedicadas a la atención de todo lo referente a las juventudes. Esto
implica, por un lado, reconocer cómo un conjunto de problematizaciones y
producciones socioculturales acerca de lo juvenil se instalan en la agenda de
gobierno y promueven políticas públicas que, en último término, no hacen
más que plasmar las respuestas institucionales y las tomas de posición del
Estado, tanto de manera explícita como también en las omisiones o tentativas
(Soldano y Beretta, 2021), ante la cuestión juvenil en determinados contex-
tos históricos. Como bien sostienen Oszlak y O’Donnell (1995), una cuestión
de política pública –en este caso la cuestión juvenil– es aquella que logra ser
68 STUDIA POLITICÆ Nº 56 otoño 2022
problematizada socialmente y que concentra la atención de los estados. Por
otro lado, retomando los aportes de una perspectiva de estudio del Estado
“desde dentro” y “en plural” (Bohoslavsky y Soprano, 2010), la creación
de una institucionalidad y, con ello, de una manera de gestionar lo juvenil,
conlleva necesariamente tomar registro del entramado de actores, saberes,
experticias y acciones que se ponen en juego y que hacen al funcionamiento
cotidiano de un área de Estado, así como las disputas, tensiones y conictos
que conviven en este proceso. Por tanto, cuando se hace referencia a los
organismos nacionales de juventud y a las políticas de juventudes, esto no
implica que sea algo dado ni objetivo, sino, más bien, supone un complejo
campo de permanentes relaciones y disputas –políticas, ideológicas y téc
-
nicas–; un terreno relacional y conictivo en el cual circulan –entran y sa-
len– actores con diferentes perles y tipos de saberes (técnico, profesional,
político, militante) que presentan sus proyectos sociales-políticos buscando
que se traduzcan en estrategias y formas de intervenir desde el Estado en la
cuestión juvenil.
El artículo propone un acercamiento a la institucionalidad estatal sobre ju
-
ventudes a escala nacional en la región de América Latina y el Caribe a partir
de dos grandes interrogantes: ¿Cómo y cuándo tiene lugar la emergencia de
los primeros organismos nacionales de juventud en los países de la región?
¿Cómo se plasman en dichas institucionalidades las producciones sociales
predominantes de las juventudes?. Siguiendo una perspectiva de abordaje
sociohistórica y a la vez relacional, se focaliza la atención en el surgimiento
y en los distintos modos de cristalizar la cuestión juvenil en la estructura
estatal. Es decir, qué estructuras construyeron los estados para gestionar la
cuestión juvenil en el marco de los procesos sociales y políticos más gene-
rales de la región. Se entiende que este enfoque permite develar los distintos
sentidos y disputas que se movilizan en torno a la conceptualización de las
juventudes como problema público y, de esta manera, conocer las caracte-
rísticas de la hechura e implementación de políticas públicas. Para ello, se
parte del supuesto de que la construcción de la institucionalidad de juventud,
como dimensión de la cristalización estatal de la cuestión juvenil, es produc-
to de dinámicas sociales, políticas y culturales en las que participan distintos
actores con perles, saberes, capacidades e intereses disímiles y que, a partir
de sus puntos de vista, intentan diagnosticar problemas y agendar temas me
-
recedores de atención e intervención estatal.
El trabajo reúne los resultados de una investigación colectiva más amplia
realizada en el marco del Grupo de Trabajo Infancias y Juventudes de CLAC
-
MARIANA LIGUORI Y DIEGO BERETTA 69
SO, a partir del relevamiento y análisis en 18 países de la región: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uru-
guay y Venezuela. A partir de este corpus, la indagación centrada en la apari-
ción histórica de los organismos nacionales de juventud en la región latinoa-
mericana y caribeña representa un aporte interesante al campo de las ciencias
sociales en general, y a los estudios de juventud en particular, que invita a
profundizar los debates que giran en torno al rol del Estado y la implemen-
tación de políticas públicas destinadas a las personas jóvenes. En denitiva,
investigar sobre las tomas de posición del Estado a partir de la creación de
organismos de juventud contribuye a comprender el espacio latinoamericano
y caribeño desde una perspectiva relacional, regional, situada y contextual.
El artículo se organiza de la siguiente manera: en el primer apartado, se da
cuenta de la estrategia teórico-metodológica llevada adelante en la investi
-
gación, basada en una perspectiva sociohistórica y en el trabajo con fuentes
documentales; y en el segundo, se despliegan los resultados del relevamiento
a partir de la construcción de cuatro ciclos que dan cuenta de la emergencia
de los organismos de juventud en América Latina y el Caribe. Finalmente, se
comparten un conjunto de reexiones a modo de conclusión para continuar
profundizando en esta línea de trabajo.
1. El aporte de la perspectiva de la sociohistoria y del trabajo con archi
-
vo documental en el abordaje de la institucionalidad en juventud
Para el estudio de la emergencia de los organismos de juventud en los años
recientes, se recuperan los aportes del modelo de la sociohistoria formulado
por la sociología francesa (Offerlé, 2011; Noiriel, 2011) y del trabajo etno
-
gráco con archivo documental (Rokwell, 2009).
En primer lugar, desde la perspectiva de la sociohistoria, el origen y desa
-
rrollo de un organismo estatal lleva a poner en cuestión y analizar el relato
histórico ocial sustentado en las normativas. Desde allí se busca hacer una
reconstrucción de aquellos procesos desarrollados previamente a la institu-
cionalización y que funcionan como sus antecedentes inmediatos. En efecto,
si bien la formalización de los organismos nacionales de juventud representa
un hito clave en la cristalización de la cuestión juvenil, este hecho no es
necesariamente el punto de partida o momento fundacional. Para poder com-
prender cómo y cuándo la juventud se convierte en objeto de interés y de in-
tervención por parte de los estados nacionales, se hace necesario recomponer
70 STUDIA POLITICÆ Nº 56 otoño 2022
todo un conjunto de condiciones de contexto vinculadas con acontecimientos
y sucesos de época que hacen posible la emergencia de la institucionalidad
de la juventud.
El enfoque sociogenético resulta productivo en dos sentidos: por un lado,
permite desarrollar un ejercicio de asombro ante aquellas prácticas, rutinas
y narrativas naturalizadas sobre la institucionalidad identicando aquellos
factores, acontecimientos y sucesos que en cada momento histórico congu
-
ran un escenario de oportunidad para la conformación de nuevos organismos
estatales de juventud en los países de la región. Por el otro, lleva a reexionar
acerca de las lógicas y temporalidades que resultan particulares y caracterís-
ticas de la gestión estatal de juventudes. Proponemos una delimitación de los
ciclos históricos propuestos en el artículo que representan periodizaciones
especícas que hacen sentido en el marco del propio surgimiento y devenir
de los organismos estatales de juventud de manera independiente a los tiem
-
pos de gestión de los gobiernos nacionales.
En segundo lugar, el trabajo de campo consistió, fundamentalmente, en la
recopilación, sistematización y análisis de un corpus de fuentes documenta
-
les históricas compuesto por diversos materiales
1
: a) se analizaron materiales
bibliográcos correspondientes a investigaciones y publicaciones realizadas
desde el campo académico y organismos regionales e internacionales que
dan cuenta de ciertos procesos nacionales; b) se trabajó con documentos
elaborados por organismos internacionales y regionales, y con documentos
ociales a través del relevamiento y consulta de las páginas y portales web
gubernamentales de cada país como una manera de reponer la ocialidad de
las organizaciones gubernamentales. Esta estrategia metodológica se enmar-
ca en el enfoque de la etnografía del archivo y en la valoración que tiene en
los últimos años el enfoque de gobierno abierto en las discusiones sobre la
gestión pública
2
.
Para la sistematización y análisis de los documentos recabados, se tuvieron
en cuenta las siguientes dimensiones en los 18 países: denominación del or
-
ganismo de juventud; año de creación; organización interna, dependencia
institucional; lineamientos u orientaciones principales de intervención; perl
1
El corpus de trabajo está formado por fuentes documentales producidas por diferentes or-
ganismos (gubernamentales, regionales, internacionales, del campo académico, etc.) y que
representan distintas temporalidades y ubicaciones geográcas (escala nacional, regional e
internacional).
2
Para ampliar sobre el paradigma del gobierno abierto, veáse Oszlak (2013).
MARIANA LIGUORI Y DIEGO BERETTA 71
de jóvenes destinatarios; relación con otros actores; y participación en redes
de cooperación regionales e internacionales.
La reconstrucción de los procesos de institucionalidad de juventud desde el
trabajo con archivo documental representó un gran desafío, ya que llevó a
denir criterios de lectura de las fuentes secundarias para lograr otorgarles
validez académica. Por otro lado, se alcanzó a construir un corpus variado,
pero también heterogéneo, en distintos contextos de producción y elaborados
por distintos actores (tanto académicos, como gubernamentales), con infor
-
mación, en algunos casos, contradictoria o arbitraria, lo que llevó a un ejer-
cicio de deconstrucción de la información relevada teniendo siempre como
horizonte las dinámicas de los procesos y no tanto los hechos concretos. Esta
posición crítica permitió poner en cuestión algunos de los relatos ociales
de los organismos nacionales de juventud plasmados, por ejemplo, en sus
memorias y a trazar puntos de diálogo con las investigaciones en juventud.
La perspectiva de la sociohistoria aporta interesantes herramientas para com
-
prender el acto formal de institucionalización de la cuestión juvenil como
parte de un proceso más amplio y complejo, en el cual toma especial centra-
lidad la pregunta acerca de la conguración de la “juventud” como tema de
agenda de Estado en el escenario regional. En otras palabras: cómo, cuándo
y en qué condiciones tiene lugar la constitución de lo juvenil como un objeto
de interés y de intervención por parte de los diferentes estados nacionales.
Partiendo de esta problematización, en el abordaje de la historia reciente se
proponen cuatro ciclos de gestión, como temporalidades especícas que ca
-
racterizan a la región, desde los cuales se hace posible recomponer todo el
escenario de época y aquellos elementos decisivos que acompañan la institu-
cionalización de la cuestión juvenil atendiendo a las singularidades que este
proceso asume en cada país.
De modo transversal a las experiencias nacionales, el artículo abre la re
-
exión acerca de las siguientes cuestiones: a) la tensión existente entre los
postulados internacionales con fuerte incidencia en la denición de modelos
de gestión de la cuestión juvenil y las condiciones particulares de recepción
y traducción de dichos lineamientos en instancias organizativas y agendas
gubernamentales dedicadas al tratamiento de lo juvenil según los contex-
tos locales; b) las conguraciones de circuitos profesionales y académicos a
nivel regional, como instancias de diálogo y, fundamentalmente, de produc-
ción de modos de concebir, entender y llevar adelante el trabajo estatal con
las juventudes; c) las relaciones entabladas desde el campo académico con
los organismos de juventud, como parte de la conformación de un saber de
72 STUDIA POLITICÆ Nº 56 otoño 2022
estado en la cuestión juvenil que se nutre de los estudios y las investigaciones
en la temática; d) la inuencia de la movilización y participación política
juvenil en la promoción de agendas de trabajo y políticas públicas que tienen
a las y los jóvenes como principales destinatarios.
Por otro lado, el artículo permite dar cuenta de los desafíos y la potencialidad
que el archivo documental representa para el desarrollo de investigaciones en
el campo de las ciencias sociales. En este caso, desde el análisis de un corpus
variado de materiales bibliográcos y documentales ha sido posible reponer las
tramas de relaciones y sentidos, y los aspectos invisibilizados en los procesos
de institucionalización (los perles y prácticas de distintos actores; la diversi
-
dad de saberes y conocimientos; las redes profesionales, académicas y política,
etc.). En efecto, el trabajo con fuentes documentales implicó un aprendizaje
en diferentes sentidos: familiarización con la búsqueda de archivo, denir cri
-
terios de tratamiento y lectura de los documentos atendiendo a sus especici-
dades, tanto materiales como de contenido; y producir, a partir de estos, una
evidencia empírica acorde a las normas cientícas. En todo este proceso, sobre
todo, se destacan los aportes de la antropología y la historia (Rockwell, 2009;
Nazar, 2010) para entender los documentos como fuentes de información, sin
perder de vista su carácter histórico y la memoria institucional que representan,
así como también para realizar un ejercicio reexivo acerca de la propia prác
-
tica de investigación, asumiendo una posición crítica en la lectura y análisis de
las fuentes que permita tomar distancia de la ocialidad.
A continuación, se presentan los cuatro subperíodos que sintetizan histórica
-
mente la institucionalidad de juventud en América Latina y el Caribe.
2. Los organismos estatales de juventud: ciclos de génesis y desarrollo
El relevamiento permite observar que la construcción de organismos estata
-
les de juventud en la región latinoamericana y caribeña se produce en cuatro
momentos o ciclos históricos que resultan consecutivos entre sí. Sin perder
de vista las singularidades de cada país, estos ciclos se presentan como una
clave de lectura que permite reunir y dar sentido a los variados contextos
políticos, sociales e institucionales a partir de la articulación de tres grandes
elementos: los lineamientos de acción con juventudes impulsados por los
organismos regionales e internacionales, la instalación y consolidación de
un campo académico de estudio especíco sobre la cuestión juvenil, y las
experiencias de activismos y movilización política juvenil que se multiplican
en toda la extensión del continente.
MARIANA LIGUORI Y DIEGO BERETTA 73
En orden cronológico, el primer ciclo se sitúa en la década del 80 y repre-
senta el momento de ingreso formal del tema juventud en la agenda regional,
en articulación con la declaración del Año Internacional de la Juventud (AIJ)
(1985), lo que dio impulso a un proceso institucional que no tiene marcha
atrás y que se profundiza en las subsiguientes décadas (Dávila León, 2000).
En estos años, tienen lugar las experiencias de Argentina, Uruguay, Ecuador,
Colombia y Honduras. El segundo ciclo se extiende a lo largo de los años
90 con una marcada impronta iberoamericana, en el cual destacan los casos
caribeños de Nicaragua, Guatemala y Panamá, como así también los casos
de Paraguay, Bolivia y Chile. El tercer ciclo se suscribe a los procesos más
recientes que se dieron entre los años 2000 y 2015 en Brasil, Perú y El Sal-
vador en el marco de los desafíos del nuevo milenio. El cuarto ciclo, que
en este trabajo se denomina como inacabado, da cuenta de los últimos años
–pandemia de COVID mediante–, lo que implicó la reconguración en las
orientaciones emanadas de los organismos de juventud
3
.
2.1. Primer ciclo: el impulso del Año Internacional de la Juventud
(1985)
Los primeros organismos nacionales de juventud en la escena regional se
constituyen durante la década del 80, en el contexto de recuperación de las
democracias en la mayoría de los países del Cono Sur y de la nalización de
los enfrentamientos armados en Centroamérica (Balardini, 1999; Rodríguez,
2004; Vázquez y Liguori, 2018; Liguori, 2019; Vázquez, 2020; Beretta y
Núñez, 2020; Pereyra, 2020). Casi de manera coordinada, emergen distintas
instancias gubernamentales dedicadas al trabajo con juventudes en Argenti
-
na, Uruguay, Colombia y Ecuador que se formalizaron entre nes de los 80
y comienzos de la década del 90. Un caso particular es el de Honduras, en
el cual se reconoce un primer antecedente de la institucionalidad de juven-
tud desde el año 1983, cuando se creó el Consejo Nacional de la Juventud
(CONJUVE) dependiente del Poder Legislativo, que fue reformado recién
en 2006 como Instituto Nacional de la Juventud. En un informe realizado en
2007 por el propio instituto, se arma que durante los 23 años de existencia
del CONJUVE no se logró dar cuenta de una propuesta de política pública
sostenible y fue percibido con grandes debilidades en términos de capacida-
3
Para el desarrollo de estos ciclos, es importante señalar la centralidad ineludible que asu-
men las experiencias de institucionalidad y trabajo con las juventudes desarrolladas en
México, Cuba, Costa Rica y Venezuela durante los años 60 y 70, las cuales funcionan como
antecedentes inmediatos para la génesis del proceso abordado.
74 STUDIA POLITICÆ Nº 56 otoño 2022
des estatales, décits en la ejecución de políticas y articulación intersectorial,
además del uso político partidario de sus escasos recursos.
En un clima de época marcado por la recomposición de los estados de dere
-
cho, estos procesos de institucionalización de la cuestión juvenil se nutrieron
y, a la vez, fueron impulsados por la celebración del “Año Internacional de
la Juventud” (AIJ) en 1985. Esta iniciativa, promovida a nivel internacional
por la ONU bajo el lema de “Participación, desarrollo y paz” (Resolución
33/7, 1978 y Resolución 34/151, 1979)
4
, se establece como una ventana de
oportunidad para la creación de instancias gubernamentales encargadas de la
realización de las actividades con juventudes preparatorias para este festejo
que, posteriormente, fueron formalizadas como organismos de juventud a
nivel nacional en los diferentes países (Liguori y García, 2017; Beretta et al.,
2018). El programa de acción del AIJ pone el énfasis en la creación de cana-
les reales de participación social y política de las juventudes, así como tam-
bién en la promoción de articulaciones con organismos no gubernamentales
y organizaciones juveniles (Resolución 40/14, 1985). Dichos lineamientos
fueron recuperados, redenidos y potenciados por los estados nacionales de
los diferentes países en el marco de las condiciones sociopolíticas caracterís-
ticas de sus contextos locales.
En línea con ello, entre 1984 y 1987 se registraron las siguientes experiencias
consideradas como fundacionales de los organismos nacionales de juventud
que persisten en la actualidad: en Argentina se creó en 1984 el Comité de
Coordinación para el Año Internacional de la Juventud en la dependencia del
Ministerio de Salud y Acción Social, antecedente de la Subsecretaría Nacio
-
nal de Juventud (1987); en Uruguay se conformó la Comisión Nacional de
Juventud (1985) y la Comisión Coordinadora de Juventud (1987) en el ám-
bito del Ministerio de Educación y Cultura, las cuales devinieron en 1990 en
el Instituto Nacional de Juventud; en Ecuador, hacia 1985, se constituyó una
comisión de juventud dedicada a la organización del AIJ en el país, ubicada
en el Ministerio de Bienestar Social, que se reconguró como Dirección Na-
cional de la Juventud (1987). Finalmente, en Colombia se conformó el Con-
4
Este festejo es resultado de un proceso que comienza a gestarse en la década del 60 a la luz
de la creación de una nueva agenda de trabajo en la cuestión juvenil a nivel internacional,
que se nutre de distintas iniciativas desarrolladas por organismos como la UNESCO o la
CEPAL. En el año 1978, la ONU denió la celebración del Año Internacional de la Juven-
tud (Resolución 33/7) y se creó un comité asesor encargado de la organización y coordi-
nación de los festejos entre los distintos gobiernos miembros de la ONU. Para profundizar
sobre estos aspectos, véase Vázquez y Liguori (2018).
MARIANA LIGUORI Y DIEGO BERETTA 75
sejo Coordinador para el Año Internacional de la Juventud (1984) en la es-
fera del entonces Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación,
la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre y, más tarde, en
1990, se creó la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Fami-
lia, antecedentes ambos de la institucionalización en 1994 del Viceministerio
de Juventud dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, en el
marco del cual se delinean las políticas nacionales de juventud en el país.
Asimismo, es importante destacar que la productividad del AIJ en la región
no se agota en estas experiencias que se traducen en la denición de estruc
-
turas estatales de juventud, sino que también puede ser vista en relación con
la conguración de redes de intercambio y cooperación en torno al accionar
de organismos regionales de carácter intergubernamental. Así, destaca el rol
protagónico asumido por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) en el impulso local del AIJ en América Latina y el Caribe.
La CEPAL promovió dos grandes iniciativas que contribuyeron de manera
signicativa a la construcción de institucionalidad en juventud: la organiza
-
ción de encuentros regionales en los cuales se brindó tanto asistencia técnica
y profesional como fondos económicos para apoyar el trabajo estatal con
la cuestión juvenil
5
, y la coordinación de estudios de diagnósticos sobre la
situación de las juventudes en las coyunturas especícas de cada país
6
. En
ambas acciones es posible observar la activa participación de funcionarios,
trabajadores estatales, profesionales y académicos, en representación de la
mayoría de los países de la región que cuentan con organismos de juventud
ya consolidados (Costa Rica y Venezuela), así como aquellos que no logran
plasmar sus intereses en la temática juvenil en el ámbito institucional
7
. En
5
Muestra de ello es la organización de la primera y la segunda Reunión Regional Latinoa-
mericana y del Caribe para el Año Internacional de la Juventud, realizadas respectivamente
en San José de Costa Rica en el año 1983 y en Montevideo en 1985 (Colección de Políticas
Públicas de Juventud GEPOJU-CENID. CCPJ-GEPOJU-CENID_0009).
6
Como parte de estos estudios de diagnóstico de situación de los jóvenes, se reconocen
los trabajos de Cecilia Braslavsky (Argentina), Julio Cotler (Perú), Pedro Demo (Brasil),
Javier Martínez (Ecuador) y Rodrigo Parra (Colombia), entre otros (Colección de Políticas
Públicas de Juventud GEPOJU-CENID. CCPJ-GEPOJU-CENID_0010).
7
Como ejemplo de este último proceso, incluimos la referencia a la Reunión de Coordina-
ción de Organismos Internacionales para Apoyar las Actividades Latinoamericanas y del
Caribe para el Año Internacional de la Juventud realizada en Perú, 1984; y el Seminario de
Centros de Información Juvenil para Responsables y Técnicos de Juventud del año 1987 en
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Estas reuniones tienen lugar en dos países cuyos procesos
de institucionalización de la cuestión juvenil tienen lugar con posterioridad a la década del
76 STUDIA POLITICÆ Nº 56 otoño 2022
el caso puntual de los estudios de diagnóstico, pueden reconocerse como un
estímulo para el avance en los procesos de institucionalización que se con
-
cretan en las décadas posteriores
8
y, centralmente, como una contribución
clave para la producción desde las ciencias sociales de un conocimiento es
-
pecializado en la temática juvenil que se congura como “saber académico”,
para dar impulso a un nuevo campo de investigaciones en juventudes en la
región y, a la vez, como un “saber de estado” para el desarrollo de modelos
de abordaje estatal de lo juvenil desde las políticas públicas (Liguori, 2019).
Asimismo, en el desarrollo de las primeras investigaciones sobre juventudes
en la región, así como en la promoción de políticas públicas de juventud,
resulta ineludible referir los aportes del Centro Latinoamericano sobre Ju
-
ventud (CELAJU), organismo creado a la luz de la celebración del AIJ en
1986. En efecto, el CELAJU acompañó varios de los procesos de creación y
fortalecimiento de los organismos estatales de juventud desde la asistencia
técnica en el marco de programas de cooperación internacional. Al mismo
tiempo, fomentó la realización de informes y estudios focalizados en la rea-
lidad de las juventudes que sirven de insumo para la consolidación del emer-
gente campo académico sobre la temática en los respectivos países
9
.
Otro elemento que se debe contemplar en cuanto condición de posibilidad
para la instalación de la juventud como cuestión de política pública en la
80 (Colección de Políticas Públicas de Juventud GEPOJU-CENID. CCPJ-GEPOJU-CE-
NID_0038).
8
Tal es el caso de los informes de CEPAL del año 1985 desarrollados en Uruguay, Chile,
Brasil y Perú, que promovieron la construcción de un estado de situación de la población
juvenil en ambos países, y que sirvió de insumo a la hora de la denición por parte de los
gobiernos nacionales de organismos especícos de juventud. Véase: Madeira, Felicia “Os
jovens e as mudancas estructurais no Brasil ao longo da década de 70”; Martínez, Javier
“Juventud y Exclusión social: el caso chileno”; Terra, Juan Pablo, “La juventud uruguaya
en el proceso nacional en los últimos veinte años” (Colección de Políticas Públicas de Ju-
ventud GEPOJU-CENID. CCPJ-GEPOJU-CENID_0011).
9
Como casos ilustrativos, se pueden nombrar el estudio del año 1989 titulado Mitos, cer-
tezas y esperanzas: Tendencias de las investigaciones sobre juventud en América Latina,
compilado por Ernesto Rodríguez y Ernesto Ottone; y la iniciativa del seminario “Contri-
bución de los jóvenes a la construcción de la paz” realizado en Uruguay en 1987, que contó
con la presentación de trabajos académicos e intervenciones con un importante compro-
miso político desarrollados por investigadores, técnicos, funcionarios gubernamentales de
juventud y referentes de organizaciones juveniles de diversos países de la región (Colec-
ción de Políticas Públicas de Juventud GEPOJU-CENID. CCPJ-GEPOJU-CENID_0025; y
CCPJ-GEPOJU-CENID_0030).
MARIANA LIGUORI Y DIEGO BERETTA 77
década del 80 se vincula con la movilización y la participación política de las
juventudes. Diferentes investigaciones han dado cuenta de los rasgos que ad
-
quieren estos procesos en la región (Alvarado et al., 2012; Vommaro, 2015),
así como también del peso que toman en este contexto aquellos espacios de
encuentro de las militancias juveniles como una muestra de la magnitud de
la organización política y social de las juventudes (Vázquez y Liguori, 2018).
Se hace referencia especícamente a los festivales mundiales de la juventud
y los estudiantes
10
que tienen lugar en los países socialistas y del Bloque del
Este; y a las jornadas mundiales de la juventud organizadas por la Iglesia
Católica
11
, iniciativas que resultan coincidentes con la celebración del AIJ.
Estas experiencias inuyen en la construcción de una agenda de trabajo y una
manera especíca de tematizar a las juventudes que encuentra sus correlatos
especícos en los escenarios nacional-locales.
2.2 Segundo ciclo: la perspectiva iberoamericana como modelo de polí
-
tica pública de juventud
Es posible reconocer un segundo ciclo en la tendencia a la conformación
de estructuras estatales de juventud, que tiene como protagonistas las expe
-
riencias de Chile, Paraguay, Bolivia, Guatemala, Panamá y Nicaragua y se
ubica en la década del 90. Como rasgo distintivo, para dichos países estos
años funcionan como momento de origen y, a la vez, de formalización de la
cuestión juvenil.
En estos casos, la emergencia de una institucionalidad de juventud puede
leerse en diálogo con algunos procesos que comenzaron a desarrollarse en
la región desde nes de los años 80 y que imprimieron a la década del 90
una lógica especíca. En primer lugar, y en sintonía con los procesos demo
-
cratizadores del Cono Sur, tuvo lugar la constitución de nuevos gobiernos
10
En 1985, coincidente con el AIJ, se lleva a cabo el XII Festival Mundial de la Juventud y
los Estudiantes en Moscú, con una participación de 26 000 jóvenes (su anterior edición se
realizó en Cuba con 18 000 jóvenes de diferentes países y organizaciones alineados con la
posición de los países socialistas). En este encuentro, cobraron centralidad las manifesta-
ciones de apoyo y solidaridad por parte de las juventudes hacia el mantenimiento de la paz
y las posiciones de no a la guerra defendidas por los países socialistas.
11
Los encuentros de las juventudes católicas fueron promovidos durante el papado de Juan
Pablo II y plasmados en la Carta Apostólica “Dilecti Amici, a los jóvenes y a las jóvenes del
mundo con ocasión del Año Internacional de la Juventud”. En sus primeras ediciones (1985
y 1986), las jornadas mundiales de las juventudes se destacan por su masividad, convocan-
do y movilizando a 350 000 jóvenes de todo el mundo.
78 STUDIA POLITICÆ Nº 56 otoño 2022
democráticos en Paraguay, Chile y Panamá como salidas más tardías de las
dictaduras militares, así como la consolidación de los estados constituciona
-
les en el resto de los países de la región. En toda América Latina y el Cari-
be, estos procesos locales coinciden con una intensicación de las políticas
neoliberales que buscan como principal n el impulso de reformas de estado.
En este escenario, el denominado resurgimiento de la sociedad civil da pro
-
tagonismo a un sinnúmero de organizaciones (tanto “juveniles” como “para
jóvenes”) que no solo se erigen como referentes de una renovada modalidad
de vinculación entre el Estado y la sociedad para exigir el cumplimiento de
los derechos, sino que también se convierten en ejecutores o implementa
-
dores de proyectos. Todo esto, dentro de los cambios paradigmáticos que
tuvieron lugar en torno a las políticas sociales, especialmente en cuanto a la
descentralización y la privatización.
En segundo lugar, en línea con la incorporación del tema de juventud en la
agenda de los organismos internacionales, se observa un interés compartido
en la región por el establecimiento de instancias de cooperación que permitan
apoyar y guiar la denición de acciones especícas para las juventudes en
América Latina y el Caribe. Como un primer intento en este sentido, se pue
-
de hacer referencia al Centro Latinoamericano y del Caribe de la Juventud
(CLACJ)
12
, del cual participan de manera temprana Bolivia, Guatemala y
Nicaragua, lo que inuye positivamente en la formación, tiempo más tarde,
de sus organismos de juventud a nivel nacional. Posteriormente, se registra el
desarrollo de las denominadas Conferencias Intergubernamentales de Políti
-
cas de Juventud, en las cuales conuyen la mayoría de los países de la región.
En comparación con el CLACJ, que nalmente se disuelve en los primeros
años de la década del 90, las conferencias adquirieron un notorio dinamismo
y lograron concentrar las adhesiones y participación de los gobiernos na
-
cionales en la realización de tres grandes encuentros regionales –1987, Ma-
drid; 1988, Buenos Aires; y 1989, San José de Costa Rica–, en los cuales se
presenta la perspectiva iberoamericana como lineamiento de acción central
12
El Centro Latinoamericano y del Caribe de la Juventud (CLACJ) se creó en 1983, integra-
do por Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Méxi-
co, Nicaragua y República Dominicana. Si bien su constitución formalmente fue concebida
como un “mecanismo especializado e idóneo en materias concernientes a la cooperación
técnica internacional en asunto de juventud” (Colección de Políticas Públicas de Juventud
GEPOJU-CENID_0115, p. 04), lo cierto es que su funcionamiento queda condicionado por
la falta de instancias gubernamentales de juventud a nivel nacional en buena parte de los
países miembros. Existen registros de la realización de ocho reuniones ordinarias desarro-
lladas entre 1984 y 1991.
MARIANA LIGUORI Y DIEGO BERETTA 79
para el abordaje estatal de las juventudes
13
. Estas experiencias representan
la antesala de la conformación, en 1992, de la Organización Iberoamericana
de la Juventud
14
(OIJ), en cuanto organismo de cooperación regional orien-
tado a la promoción de un enfoque de trabajo con las juventudes basado en
la integralidad, la intersectorialidad y la transversalidad, que se nutre prin
-
cipalmente de la gestión del Instituto de la Juventud (INJUVE) de España
como modelo exitoso de política pública de juventud a ser replicado en los
países de América Latina y el Caribe. Asimismo, las sucesivas conferencias
celebradas a lo largo de la década del 90 no solamente se consolidaron en
espacios de encuentro entre funcionarios de juventud, profesionales, investi
-
gadores y consultores en los cuales se elaboraron nuevos diagnósticos sobre
las juventudes de la región
15
; sino también en instancias de apoyo técnico y
construcción de acuerdos para la denición de agendas de trabajo conjuntas
en la región
16
.
Más allá de este marco general, es importante señalar que los procesos de
institucionalización, así como la recepción de los lineamientos de acción
internacionales en materia juvenil, encuentran singularidades en cada país
de la región de acuerdo con las condiciones sociopolíticas locales. La pri
-
13
Desde una lectura centrada en los procesos de institucionalización de la juventud en la
región, resulta interesante identicar el sentido que se busca imprimir a estas conferencias.
Se desarrollaron en Madrid como caso paradigmático de las políticas públicas de juventud;
en Argentina como experiencia ilustrativa de la creación de organismos de juventud a la luz
del AIJ en los años 80; y en Costa Rica, en representación de las primeras instituciones de
juventud en funcionamiento en la región tempranamente.
14
Desde sus orígenes, la OIJ se compone por 21 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Uruguay, El Salvador, España, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República
Dominicana y Venezuela. Fuente: http://www.oij.org/es. Llamativamente, algunos de estos
países, aún en la década del 90, no contaban con áreas o espacios estatales de juventud, ni
tampoco transitaban procesos de institucionalización de la cuestión juvenil.
15
Un ejemplo paradigmático es el “Primer Informe sobre la Juventud en América Latina
1990” de Ernesto Rodríguez y Bernardo Dabezies, presentado en el marco de la I Con-
ferencia Iberoamericana de Juventud, Madrid (Colección Políticas Públicas de Juventud
GEPOJU-CENID. CCPJ-GEPOJU-CENID_0024).
16
Entre ellos, se destaca el Programa Regional de Acciones para el Desarrollo de la Ju-
ventud en América Latina (PRADJAL) 1995-2000, en cuyo desarrollo se reconocen inte-
resantes puntos de contactos con la gestión de la cuestión llevada adelante por los países
que alcanzan la institucionalidad en la temática en los años 90 (Colección Políticas Públi-
cas de Juventud GEPOJU-CENID. CCPJ-GEPOJU-CENID_0231 y CCPJ-GEPOJU-CE-
NID_0435).
80 STUDIA POLITICÆ Nº 56 otoño 2022
mera experiencia que tiene lugar en el período es la creación, en 1991, del
Instituto Nacional de la Juventud en Chile, en el ámbito del Ministerio de
Planicación y Cooperación
17
. En un escenario marcado por el retorno de
la democracia, dicho instituto se propuso como misión principal el diseño y
planicación de políticas públicas que permitieran generar una visión más
precisa de la situación de las juventudes en el país, como un modo de ten-
sionar y deconstruir la mirada estigmatizante de los jóvenes como problema
instalada durante la dictadura militar (Dávila León, 2003). No obstante, en
el año 1997, el instituto sufrió una gran crisis que puso en duda la necesi-
dad de que exista un organismo estatal dedicado especícamente al mundo
juvenil. Superada esta crisis, el instituto se sostuvo en el tiempo y logró una
estabilidad institucional que llega hasta la actualidad, con un funcionamiento
descentralizado y una asignación de presupuesto propio.
Hacia 1994, se registraron las experiencias en Paraguay y Nicaragua por me
-
dio de distintas dependencias estatales que atravesaron reconguraciones en
sus formatos. En Paraguay se conformó el Viceministerio de la Juventud bajo
la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, en cuanto instancia guberna-
mental de juventud. Se identican dos momentos en su devenir: en 2008, una
legislación reformuló su estructura y fue rejerarquizado como Subsecretaría
de la Juventud y en 2013, a partir de un decreto del poder ejecutivo se crea
la Secretaría Nacional de Juventud. En Nicaragua, se constituyó el Instituto
Nicaragüense de la Juventud y Deportes con acciones orientadas centralmen
-
te al área del deporte y, en 2001, se conformó una Secretaría de la Juventud
dependiente de la Presidencia de la República a través de la sanción de la
Ley de Promoción de Desarrollo Integral de la Persona Joven (Krauskopf,
1995). Si bien la elaboración de una política nacional de juventud comienza
a desarrollarse en este momento, es posible reconocer algunos antecedentes
interesantes de trabajo estatal con jóvenes entre 1992 y 1993, a través de las
acciones impulsadas por el llamado Consejo de la Juventud de Nicaragua, en
cuanto espacio de concertación juvenil y principal interlocutor de la juventud
nicaragüense con el gobierno.
En el nal de la década del 90, se sitúan las experiencias de Guatemala, Pana
-
má y Bolivia. En estos casos, se observan procesos que inauguran agendas de
17
Cabe destacar que durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet, se había
creado la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), como un espacio para congregar y
adoctrinar jóvenes leales al régimen, a partir de valores como el cristianismo y el naciona-
lismo. Para ampliar, ver González (2015).
MARIANA LIGUORI Y DIEGO BERETTA 81
trabajo con las juventudes que se nutren de algunas iniciativas aisladas y bien
concretas de institucionalización que tienen lugar en décadas anteriores. Por
su parte, en Guatemala se produjo la creación del Consejo Nacional de la Ju-
ventud (CONJUVE) en 1996 bajo la órbita de la Presidencia, en un momento
de cese del enfrentamiento armado tras 36 años y rma de acuerdos de paz
sólida y duradera (Lemus Barahona, 2015). Esto hace posible que la gestión
adquiera dinamismo desde la ejecución de diferentes programas de juventud
de manera autónoma. El Consejo es el resultado del fallido intento de puesta
en funcionamiento del Instituto Nacional de Juventud en el año 1977 dentro
del Ministerio de Educación, en un contexto marcado fuertemente por la re-
presión política y por el diseño tanto del Plan Nacional de Juventud, como de
la Ley del Deporte en los años 80, como parte de las iniciativas impulsadas
en el país con motivo del AIJ.
En Panamá, en 1997, se conforma el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la
Niñez y la Familia (MINJUMFA), lo que dio cierta relevancia nacional a la
temática juvenil en la agenda de gobierno. En los años posteriores, la ges
-
tión estatal de la juventud fue llevada adelante a través de dos dependencias:
el Consejo Nacional de Juventud creado en 1998 y compuesto por diversas
organizaciones juveniles; y el Consejo Nacional de Políticas Públicas de Ju-
ventud formalizado recientemente el 12 de agosto 2021
18
como instancia de
articulación en el tratamiento de la cuestión juvenil entre diferentes minis
-
terios (Desarrollo Social, Educación, Trabajo y Desarrollo Agropecuario),
otros espacios gubernamentales, organismos internacionales y movimientos
juveniles. Vale aclarar que en el año 2005 se disuelve el Ministerio de la
Juventud y las funciones referentes a las políticas de juventud pasan a lo-
calizarse dentro del Ministerio de Desarrollo Social, sin que exista un orga-
nismo especíco en la temática hasta la conformación del referido Consejo
en 2021.
La experiencia de Bolivia resulta particular por dos razones: por un lado,
desde comienzos de la década del 90 es posible identicar la participación de
funcionarios gubernamentales tanto en las acciones juveniles desarrolladas
a nivel regional por el AIJ, como en las reuniones de la OIJ, sin que exista
todavía en el país un organismo nacional de juventud. Por otro lado, a lo
largo de la década, la cuestión juvenil es abordada de manera dispersa y
parcial por distintos organismos del poder ejecutivo, lo cual evidencia las
dicultades para la constitución de una organización encargada de la juven
-
18
Es la fecha que estableció la ONU desde 1999 como Día Internacional de la Juventud.
82 STUDIA POLITICÆ Nº 56 otoño 2022
tud a nivel nacional. Un primer avance en el proceso de institucionalización
se registró en el año 1997, cuando desde la Subsecretaría de Asuntos Ge
-
neracionales, en cooperación con el Fondo de Población de las Nacionales
Unidas, realizaron el Diagnóstico de la juventud boliviana y se publicó, de
manera sistemática, el documento Lineamientos para las políticas naciona-
les de juventud (Baldivia, 1997a; Baldivia, 1997b). En ambos documentos
se hace referencia a la oferta diversa y desorganizada de políticas naciona-
les de juventud concebidas por miradas adultocentristas, lo cual motiva la
constitución del Consejo de la Juventud. Así, la Subsecretaría de Asuntos
Generacionales se convirtió en el espacio estatal más cercano a un organismo
nacional de juventud (Ventura Vásquez, 2012). En efecto, entre sus logros
principales está la participación en la Conferencia Interparlamentaria sobre
Legislación y Políticas de Juventud en Iberoamérica y la elaboración, hacia
nes de la década, del Plan Nacional Concertado de Desarrollo Sostenible de
la Adolescencia y Juventud. Posteriormente, en el informe CEPAL-OIJ del
año 2004, se señala la existencia de un Viceministerio de la Juventud, Niñez
y Tercera Edad en el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente; y
en 2013, con el Gobierno de Evo Morales, se crea nalmente la Dirección
Plurinacional de Juventud.
Estas particulares experiencias de institucionalidad en juventud desplegadas
durante la década del 90 en América Latina y el Caribe no se circunscriben
solamente a la denición de políticas iberoamericanas de juventud, sino que,
además, son acompañadas por un creciente desarrollo de estudios y de inves
-
tigaciones centradas en las juventudes que contribuyen a la producción de
un conocimiento especializado en la temática. Es de interés destacar el pro-
tagonismo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
y, desde nes de los 90, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO) en el desarrollo de equipos de trabajo en la temática juvenil, en el
marco de los cuales se impulsa un modo de comprender a las juventudes en
su pluralidad y diversidad
19
, aunque todavía desde una perspectiva de diag-
nóstico. Este proceso no solo alimenta la emergencia de nuevos campos de
interés acerca de la cuestión juvenil, sino también la formación de perles
expertos/especializados en la temática desde los cuales se articulan los or-
19
Recuperando el aporte fundacional realizado por el informe de Cecilia Braslavsky (1986),
en el ámbito de FLACSO se conformó el denominado Proyecto Juventud, en el cual par-
ticipan varios investigadores, como René Bendit y Sergio Balardini, reconocidos por sus
aportes en el campo de juventudes. Tiempo después, este proyecto devino en el Programa
de Estudios de Juventud de FLACSO (Bendit, 2015).
MARIANA LIGUORI Y DIEGO BERETTA 83
ganismos de juventud, el mundo académico y los organismos regionales e
internacionales.
En síntesis y desde una mirada sociohistórica, la productividad de este se
-
gundo ciclo de institucionalidad en juventud puede reconocerse a la luz de
todo este conjunto de procesos que permiten continuar construyendo y rea
-
rmando los entramados en torno a las políticas públicas, la producción de
conocimiento sobre la temática juvenil y la participación juvenil. Además,
como otra clave de lectura, la década del 90 puede reconocerse como una
etapa de transición en la cual se consolidaron los procesos de instalación de
la juventud como tema de agenda gubernamental iniciados durante los años
80, al mismo tiempo que se gestaron una serie de condiciones para la con
-
formación de nuevas áreas y organismos estatales de juventud con la llegada
del nuevo milenio.
2.3 El tercer ciclo: los desafíos del nuevo milenio
El tercer ciclo de conformación de organismos estatales de juventud en Amé
-
rica Latina y el Caribe se desarrolló en el escenario del nuevo milenio entre
2000 y 2015 y abarca las experiencias de Perú, El Salvador y Brasil. Tal
como se sostiene en el informe de CEPAL/OIJ (2004) a modo de balance, si
bien se trata de casos más tardíos en la región, se caracterizan por lograr una
cierta estabilidad institucional en lo que respecta a sus estructuras adminis-
trativas y a la dinámica de sus agendas de trabajo
20
.
Estas experiencias tuvieron lugar en un contexto en el cual, por un lado, se
comenzaba a vislumbrar la puesta en crisis del paradigma neoliberal predo
-
minante y, con ello, los postulados reformistas tanto del Consenso de Was-
hington, como del Consenso de Santiago impulsados por el Banco Mundial,
lo que dio lugar a un clima de descontento ciudadano que se traduce en mo
-
vilizaciones sociales con una clara orientación impugnatoria
21
(Boron, 2004).
20
A diferencia de los otros países durante el primer y segundo ciclo de institucionalización,
la creación de nuevos organismos gubernamentales de juventud tanto en Perú como en
Brasil fue determinada a través de legislaciones: en Perú en el año 2002 se sancionó la
Ley 27802 del Consejo Nacional de la Juventud y en Brasil fue aprobada, en 2005, la Ley
11129, por la cual se constituye la Secretaría Nacional de la Juventud y el Consejo Nacional
de Juventud. Por su parte, como se verá más adelante en este informe, en El Salvador los
procesos de legislación juvenil se desarrollan con posterioridad al año 2010.
21
Principalmente, se pueden nombrar la insurgencia zapatista en Chiapas (1994); la protesta
urbana en Perú que precipita la caída de Alberto Fujimori (2000); las movilizaciones del 19
y 20 de diciembre del 2001 en Argentina adelantando el n del gobierno de Fernando de la
84 STUDIA POLITICÆ Nº 56 otoño 2022
Por otro lado, como correlato directo de este proceso, se registra el desarrollo
de nuevos gobiernos nacionales en varios países –como lo muestran las pre
-
sidencias de Hugo Chávez Frías (1998) en Venezuela, Luiz Inácio Lula Da
Silva (2003) en Brasil, Néstor Kirchner (2003) en Argentina, Evo Morales
(2006) en Bolivia, Rafael Correa (2007) en Ecuador– que se proponen cons-
truir una alternativa al neoliberalismo desde proyectos político-ideológicos
populistas o de izquierda que aportan a la conguración de un nuevo bloque
hegemónico en la región (Laclau, 2006; Nercesian, 2015).
En este período se produjo una suerte de renovación de la agenda regional en
materia juvenil a la luz de la declaración de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODS) de las Naciones Unidas acordados en el año 2000, recogien
-
do las formulaciones especícas del Programa de Acción Mundial para los
Jóvenes (ONU, 2010). A partir de las producciones de diferentes organismos,
es posible identicar dos grandes cuestiones que se presentan como ejes de
atención y de intervención para el trabajo con juventudes durante los años
siguientes. En primer lugar, la mirada se ja en el accionar de los organismos
especializados en juventud existentes en la región, en pos de construir un
diagnóstico de situación de las gestiones como base para el diseño de una
perspectiva de trabajo generacional con las juventudes
22
. Se propusieron un
conjunto de buenas prácticas para guiar el desarrollo de políticas juveniles
exitosas (Informe CEPAL-OIJ-UNESCO-PNUD, 2012), al mismo tiempo
que se señalan una serie de dicultades y obstáculos que se perlan como
características intrínsecas de la gestión estatal de las juventudes (debilidad e
inestabilidad institucional de los organismos de juventud, la fragmentación
de las políticas juveniles, su carácter sectorial, focalizado y de bajo impacto,
la falta de presupuesto, etc.) (UNESCO, 2010).
En segundo lugar, entre los ejes prioritarios del Programa de Acción Mundial
para los Jóvenes se destaca el énfasis puesto en la “participación plena y
efectiva de los jóvenes en la vida de la sociedad” (ONU, 2010:13) desde su
organización, a partir de la creación de espacios de expresión de sus voces
y miradas, el conocimiento de sus derechos y obligaciones y sus interven
-
Rúa; las luchas de los médicos y trabajadores de la salud de El Salvador, entre otros. Como
sostiene Borón (2004), estas experiencias muestran el protagonismo de nuevos actores socia-
les y políticos que se ponen al frente de los procesos democráticos desplegados en la región.
22
Estas intervenciones resultan insumos claves para proponer un modo de entender la cues-
tión juvenil estatalmente que permita superar la sectorialidad de los organismos de juven-
tud e instalar una agenda de trabajo común entre las diferentes dependencias estatales que
potencie los impactos de las políticas públicas en los grupos juveniles (Rodríguez, 2008).
MARIANA LIGUORI Y DIEGO BERETTA 85
ciones en el diseño y aplicación de las acciones estatales (ONU, 2010). Este
postulado dialoga directamente con los ciclos de movilización y participa
-
ción juvenil en la región (Balardini, 2000 y 2004) y encuentra una traduc-
ción interesante en las experiencias del denominado Parlamento Juvenil del
Mercosur, en cuanto iniciativa impulsada por el Parlamento del Mercosur
(PARLASUR) con el objetivo de generar un “espacio de diálogo institucio
-
nalizado” para jóvenes estudiantes secundarios de los diferentes países
23
.
Entre los principales hitos que sintetizan el abordaje regional de la cuestión
juvenil durante este tercer ciclo, se distinguen en 2008 la designación del
Año Iberoamericano de la Juventud, la Convención Iberoamericana de Dere
-
chos de los Jóvenes
24
y la realización de la Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno en San Salvador bajo el lema “Juventud y desarro-
llo”; y en 2010, la reedición por parte de la ONU del Año Internacional de la
Juventud, lo que otorgó un nuevo impulso a la lógica de trabajo con juventu-
des en el proceso de fortalecimiento de las gestiones nacionales de juventud.
En paralelo con estos procesos, entre 2000 y 2015 se observa una signica
-
tiva ampliación de la producción de conocimiento sobre juventudes que se
nutre tanto de los informes realizados con el apoyo de organismos regionales
e internacionales (UNESCO, CEPAL, CELAJU) a través de diferentes ini-
ciativas, como de los estudios elaborados en el marco de la consolidación
del Grupo de Trabajo sobre Juventud de CLACSO
25
. Estas producciones no
solamente aportan a la denición de planes y programas de gestión, sino que
también permiten potenciar el desarrollo de nuevas líneas de investigación
en juventudes.
23
Se trata de una iniciativa surgida en el año 2009 en el Sector de Educación del Mercosur
y que busca replicar la experiencia del Parlamento del Mercosur (PARLASUR, constituido
en el 2006) para las juventudes que se encuentran cursando estudios secundarios en los
países que integran en ese momento dicho organismo regional: Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay. Al respecto ver: https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/v/7006/1/
parlasur/parlamento.html.
24
La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes fue suscrita en 2006 por un
gran número de países de la región y entró en vigencia en 2008 a partir de la raticación de
cinco estados (Secretaría General Iberoamericana y OIJ, 2008).
25
De una parte, se hace referencia a las producciones elaboradas por la CELAJU, así como
a aquellos estudios que forman parte de las publicaciones de la CEPAL y UNESCO. De otra
parte, al Grupo de Trabajo sobre Juventud de CLACSO fundado hacia 1997 y que encuentra
una prolíca producción en este período fomentando la construcción de una vasta red de
investigadores y de investigadoras de juventud que llega hasta la actualidad.
86 STUDIA POLITICÆ Nº 56 otoño 2022
Con estos procesos de fondo, se desarrollaron en orden cronológico las expe-
riencias de Perú, El Salvador y Brasil, cuyas gestiones de juventud cobraron
relevancia en la región por su dinamismo en una búsqueda por recuperar, en
cierto modo, el tiempo perdido. En Perú, en el año 2002, se promulgó la Ley
27802 del Consejo Nacional de la Juventud como marco normativo para la
creación del primer organismo público y descentralizado con rango ministe
-
rial dedicado al impulso y coordinación de políticas públicas de juventud en
el país, la Comisión Nacional de Juventud (CONAJU). Los lineamientos en
el trabajo estatal con juventudes en el país son postulados en el Plan Nacio-
nal de Juventud 2006-2011, concebido desde la articulación entre diferen-
tes dependencias del Estado nacional, organizaciones no gubernamentales
y actores del sector privado (CONAJU, 2006). En 2015, este organismo de
juventud pasó a ser constituido como Secretaría Nacional de Juventud en el
ámbito del Ministerio de Educación y, retomando los antecedentes en mate
-
ria juvenil, en 2016 se aprobó la Política Nacional de Juventud con un en-
foque multisectorial como nuevo eje rector de las intervenciones en asuntos
de juventud en el país (SENAJU, 2019). Por su parte, en El Salvador, hacia
el año 2004, se conformó la Secretaría de la Juventud y se denió el primer
Plan Nacional de Juventud para el periodo 2005-2015 como una apuesta no
solo por dar visibilidad al tema de juventud, sino también por concentrar y
articular todo el conjunto de acciones juveniles desarrolladas desde diferen-
tes dependencias gubernamentales en años anteriores (CELAJU, 2015). El
organismo atravesó tres grandes transformaciones en los años posteriores: en
2009 se convirtió en Dirección Nacional de Juventud, en 2011 se conformó
el Consejo Nacional de Juventud y en 2012, ley de juventud mediante, se
creó el Instituto Nacional de Juventud como punto de llegada de este de
-
rrotero institucional. Vale destacar que las distintas gestiones estatales de
juventudes en el país se caracterizaron por contar con un importante respaldo
de organismos regionales e internacionales –OIJ, BID y CELAJU– desde su
nacimiento, lo cual contribuye a explicar su productividad.
Finalmente, en Brasil el organismo nacional de juventud se constituyó en
2005 con la denominación de Secretaría Nacional de Juventud, con el doble
n de elaborar y consolidar una política nacional de juventud y promover
estudios de diagnóstico sobre las juventudes brasileñas. Desde 2019, la Se
-
cretaría pasó a funcionar en la órbita del Ministerio de la Mujer, la Familia
y Derechos Humanos. La estructura institucional en el país se completó con
el Consejo Nacional de la Juventud y el Programa Integrado de la Juventud
(PROJOVEM). De acuerdo con informes de consultorías, en este proceso
de institucionalización se observa el impacto signicativo de algunas de las
MARIANA LIGUORI Y DIEGO BERETTA 87
iniciativas llevadas adelante por la UNESCO –como el impulso de produc-
ciones editoriales sobre el tema de juventud– que aportan a instalar la cues-
tión juvenil en la agenda pública y, luego, en la agenda estatal (CEPAL/OIJ,
2004; Rodríguez, 2010).
Con el cierre de este tercer ciclo, se completa formalmente el mapa de ins
-
titucionalidad en juventud de América Latina y el Caribe como una muestra
de la instalación denitiva en toda la región del tema de juventud en las
agendas gubernamentales. En los años siguientes y hasta la actualidad, los
organismos nacionales de juventud y, con ello, las políticas juveniles, conti
-
núan atravesados por un proceso de redeniciones y actualización acorde a
las nuevas condiciones sociopolíticas y económicas locales.
2.4 El cuarto ciclo: la diversidad institucional y nuevas agendas de de
-
rechos de las juventudes
A partir del año 2015, se conguró un último ciclo de institucionalidad en
juventud en América Latina y el Caribe que se extiende hasta la actualidad,
en el cual el foco está puesto en la gestión de la cuestión juvenil especíca
-
mente. A diferencia de lo observado en las etapas anteriores, en estos años
no se crean nuevos organismos de juventud, sino que las acciones estatales
en su conjunto se orientan, fundamentalmente, hacia el diseño de estrategias
para potenciar el rol de las juventudes por medio del impulso de agendas de
trabajo más focalizadas en este grupo social, en el marco de la instituciona-
lidad existente.
Esta etapa se sitúa en un contexto latinoamericano y caribeño caracterizado
por el desarrollo, en buena parte de los países, de un “giro a la derecha”
basado en la desarticulación de los proyectos progresistas en la región y la
puesta en debate del rol del Estado y la gestión de lo público con una im
-
portante impronta mediática (Vázquez, 2021). Con profundas transforma-
ciones sociales, políticas y culturales como telón de fondo, tiene lugar el
n del ciclo progresista (Svampa, 2016), junto con los ascensos al poder
de representantes de las denominadas nuevas derechas, centro derechas y
extremas derechas, que expresan un viraje hacia una restauración neoliberal
en la política gubernamental en la región (Giordano, 2019). Muestra de ello
fueron los gobiernos nacionales de: Mauricio Macri en Argentina, Sebastián
Piñera en Chile, Michel Temer y Jair Bolsonaro en Brasil, Pedro Pablo Kuc-
zynski en Perú, Lenín Moreno y Guillermo Lasso en Ecuador, Iván Duque
en Colombia, Enrique Peña Nieto en México, Luis Lacalle Pou en Uruguay,
Juan Orlando Hernández en Honduras, Alejandro Giammattei en Guatemala,
88 STUDIA POLITICÆ Nº 56 otoño 2022
Jeanine Áñez en Bolivia y Mario Abdo en Paraguay. En este escenario y en
diálogo con los intentos de instalación del neoconservadurismo en la región
(Rodríguez, 2018), se registra una importante proliferación de experiencias
de movilizaciones juveniles que muestran formas de participación y activis
-
mo diversas con una notoria visibilidad pública, así como la emergencia de
nuevas agendas y repertorios de acciones como expresión de proyectos mi-
litantes con orientaciones político-ideológicas diferentes y, en ciertos casos,
opuestos (Unda Lara et al., 2020). Algunas de estas experiencias canalizaron
el descontento popular ante el impacto de las políticas neoliberales en la
educación, el trabajo y la salud, como lo evidencia el caso de las sucesivas
movilizaciones estudiantiles en Chile (desde 2006 hasta el denominado esta
-
llido social en 2019) y en Colombia (el movimiento estudiantil de 2011 hasta
las protestas de 2018 y 2019); y otras acciones se enfocan en la conquista y
defensa de derechos por parte de las generaciones juveniles desde la actua-
lización de demandas políticas del pasado, tal como lo ilustran las luchas
feministas por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, los derechos
del colectivo LGTBIQ+ y la educación sexual integral, que comienzan en
Argentina y se replican en varios países (Viteri et al., 2011; Elizalde, 2018;
Borelli et al., 2020). Asimismo, se destacan las militancias juveniles de las
nuevas derechas con manifestaciones en las calles y, fundamentalmente, en
las redes sociales, movilizando un ideario antiprogresista que engloba adhe-
siones juveniles (Stefanoni, 2021; Vázquez, 2022)
26
.
En este marco de situación, a nivel internacional, las políticas públicas en
general se conguraron en torno a la Agenda 2030
27
impulsada por la ONU
en el año 2015 como parte de los ODS, la cual delinea un nuevo horizonte
de intervención en América Latina y el Caribe. Si bien ninguno de los ODS
plantea una relación explícita en materia juvenil, lo cierto es que es posible
identicar una preocupación transversal por las personas jóvenes en términos
de agentes fundamentales del cambio a partir de sus capacidades de agencia
26
Las juventudes de derechas y libertarias en la región muestran de manera común una
interesante articulación entre la épica de la resistencia, la rebeldía y un vocabulario “ina-
mado”, como las bases principales de una narrativa que condensa la indignación, la bronca
y la rabia frente a determinadas imposiciones gubernamentales, como la perspectiva de gé-
nero y diversidades sexuales (Vázquez y Cozachcow, 2020; Goldentul y Saferstein, 2019).
27
Bajo el lema “Transformar nuestro mundo: una agenda 2030 para el desarrollo sosteni-
ble”, desde la Asamblea General de la ONU se postulan 17 objetivos de desarrollo sosteni-
ble con 169 metas que abarcan un abanico amplio de temáticas desde la equidad de género
hasta la cuestión ambiental. Resolución 70/1 aprobada por la Asamblea General el 25 de
septiembre de 2015.
MARIANA LIGUORI Y DIEGO BERETTA 89
y creación de un mundo mejor (ONU, 2015). Ello alentó la denición de
agendas de trabajo especícas con las juventudes en clave regional. Estos
postulados internacionales son retomados por la OIJ –que, a partir del 2016,
transitó un proceso de refundación para convertirse en la Organización Inter-
nacional de Juventud para Iberoamérica– en la promoción de agendas con ju-
ventudes, poniendo énfasis en la participación en los procesos de desarrollo
y en el reconocimiento de los derechos de las juventudes. En el año 2016, se
denen dos grandes líneas de acción que orientan el abordaje de las juventu-
des en la región hasta la actualidad: el Pacto Iberoamericano de Juventud y
el Protocolo Adicional para la Convención Iberoamericana de Derechos de
los Jóvenes.
Por su parte, el Pacto Iberoamericano de Juventud surge en el marco de
la Conferencia de Ministros de Juventud celebrada en 2016 en la ciudad
de Medellín
28
, como iniciativa que buscaba vincular los ODS con la pers-
pectiva juvenil y generacional. Bajo el lema “Juventud, emprendimiento y
educación”, el Pacto tiene como nalidad otorgar centralidad a las juven-
tudes en las agendas de los gobiernos iberoamericanos que lo suscriben y
al mismo tiempo, construir consensos en lo que reere a la gestión de la
cuestión juvenil entre diferentes actores y organismos
29
. En cuanto a la Con-
vención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (sancionada en 2008),
a partir del 2016 se avanzó en la denición de los mecanismos jurídicos
formales para su implementación en términos de un tratado internacional.
En este sentido, se formuló un protocolo que buscaba ampliar y especicar
derechos de las juventudes, así como actualizar los contenidos en función
de los procesos juveniles más recientes en lo referente a la nueva agenda
de derechos (géneros, sexualidades y disidencias; la cuestión ambiental y
ecológica, entre otras).
Los aportes de ambas iniciativas regionales en materia juvenil fueron recu
-
perados en el marco del denominado Pacto de Juventud 2030, promovido
28
El Pacto es aprobado formalmente en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado
y de Gobierno celebrada en 2016 en Cartagena (Colombia), contando con la adhesión de
los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Portugal, República Dominicana y Uruguay.
29
Como parte de este lineamiento, es interesante señalar que la producción del Pacto estuvo
basada en la realización de foros nacionales con participación de representantes de distintas
organizaciones de la sociedad civil, como un espacio de expresión, escucha y construcción
de acuerdos entre voces diversas.
90 STUDIA POLITICÆ Nº 56 otoño 2022
también por la ONU, como una apuesta por orientar en un mismo sentido las
políticas públicas de juventud en los 21 países miembros de la comunidad
iberoamericana, en línea con la Agenda 2030
30
. Estos esfuerzos se plasman,
concretamente, en varias acciones de impacto en la región, así como en es
-
tudios y documentos programáticos a modo de seguimiento y monitoreo del
cumplimiento de los acuerdos, elaborados en conjunto con los organismos
nacionales de juventud
31
. Este cuarto ciclo de institucionalidad de juventud
se congura en torno a todo este conjunto de lineamientos internacionales y
regionales que dialogan íntimamente con la centralidad que en el escenario
regional cobra el activismo político juvenil y las nuevas agendas de dere
-
chos. Como balance general, lo interesante es el contraste que se traza entre
la potencialidad que revistieron las acciones impulsadas por la ONU y la OIJ,
y los impactos relativamente débiles y muy disímiles que estas encontraron
dentro de los organismos de juventud en cada caso nacional. Esta situación
puede ser explicada desde la diversidad institucional en cuanto dimensión
que se acentúa y profundiza en los últimos años como un rasgo intrínseco
y transversal a la gestión estatal de juventudes en América Latina y el Cari
-
be. Dicha diversidad institucional se pone de maniesto en varios sentidos:
en las distintas jerarquías que ocupan las áreas u organismos nacionales de
juventud en el organigrama estatal –institutos de juventud, secretarías o di-
recciones, consejerías o consejos, ministerios–; en sus dependencias institu-
cionales, ya sea de espacios estatales denominados “sociales”, como de Jefa-
tura de Gabinete o Presidencia; y en las concepciones de juventud presentes
en las políticas públicas con un predominio de los criterios etarios y de las
miradas normativas vinculadas con los ritos de pasaje hacia la vida adulta
32
.
30
En otras palabras, el Pacto 2030 es la estrategia que busca vincular el Pacto Iberoameri-
cano de Juventud y los ODS de la Agenda 2030 de la ONU. Como parte de este proceso, la
OIJ conforma la Alianza Internacional de Cooperación de Juventud en tanto plataforma en
gestión de la cuestión juvenil que articula a actores públicos, sociales y privados (gobiernos
nacionales, organismos de cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil,
el mercado, redes académicas, etc.).
31
Entre los estudios de monitoreo del Pacto Juventud 2030 se resaltan: el Libro Blanco de
Políticas de Juventud (2017) de la OIJ y el Instituto Nacional de Administración Pública
de España; y Las juventudes latinoamericanas y caribeñas y la Agenda 2030 para el de-
sarrollo sostenible: una mirada desde el sistema de las Naciones Unidas, elaborado por el
Grupo de Trabajo sobre juventud de la Plataforma de Colaboración Regional para América
Latina y el Caribe (ONU, 2021).
32
Para profundizar, compartimos algunas precisiones: en la región solo tres países (Ve-
nezuela, Nicaragua y Costa Rica) cuentan con organismos o áreas de juventud con rango
MARIANA LIGUORI Y DIEGO BERETTA 91
Desde el año 2020 a la actualidad, la gestión estatal de la cuestión juvenil
se encuentra signicativamente atravesada por la pandemia de COVID-19
y por sus impactos concretos en los grupos juveniles, en cuanto hito (des)
estructurador de la gestión estatal de juventudes
33
. En este contexto, el accio-
nar de los organismos nacionales de juventud asumió cierta ambigüedad: por
un lado, se observa una notoria falta de protagonismo en el diseño de polí-
ticas juveniles dirigidas tanto a la prevención, protección y cuidados, como
a compensar las desigualdades en aumento y con mayor visibilidad en este
nuevo contexto; y por otro lado, se despliegan algunos dispositivos virtuales
destinados a informar a la población juvenil sobre los avances en la pande
-
mia y a promover prácticas participativas en formatos novedosos (vivo en
Instagram, streaming, etc.) (Ciordia et al., 2021); y acciones muy puntuales
y casi aisladas de elaboración de materiales educativos y pedagógicos como
forma de acompañamiento de las y los jóvenes en el incierto tránsito por el
sistema educativo. Más allá de estas evidencias preliminares, al tratarse de
un ciclo de gestión inacabado y en desarrollo, se hace necesario profundizar
en el estudio del rol de las instituciones nacionales de juventudes y en las
orientaciones de las políticas públicas, con vistas a contar con una caracteri-
zación de mayor rigurosidad
34
. El escenario pospandemia seguramente será
una importante oportunidad para revisitar todos estos aspectos hoy emergen
-
tes y en constante reconguración.
ministerial. Además, en los casos en los cuales se distingue un esfuerzo por transversali-
zar la perspectiva juvenil, la institución de juventud funciona como consejería o consejo
(Colombia, Panamá, Guatemala y Cuba). En cuanto a la denición estatal de juventud, el
encorsetamiento etario en muchos casos coincide con países que tienen leyes de juventud
en las que están implícitamente marcados los límites de edad; y en otros, esta denición
tensiona y disputa la noción de derechos de las y los jóvenes, ya que se solapan con leyes
sectoriales de ampliación de ciudadanía –como las leyes de voto joven y mayoría de edad–
y los diferentes regímenes penales juveniles.
33
En marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró ocialmente la pan-
demia por COVID-19 y alentó a los gobiernos nacionales a la implementación de políticas
de prevención y cuidados como estrategia de contención del virus. Dichas medidas, con
sus especicidades según cada país, obligan a redenir todos los procesos y aspectos que
organizan la vida humana en general en un clima de marcada incertidumbre.
34
En la actualidad, desde el Grupo de Trabajo Infancias y Juventudes CLACSO, se está
iniciando una indagación sobre las políticas de juventudes y el rol de los organismos es-
tatales de juventud en América Latina y el Caribe durante el primer año de la pandemia
COVID-19.
92 STUDIA POLITICÆ Nº 56 otoño 2022
Palabras nales
La reconstrucción de la institucionalidad de juventud en América Latina y
el Caribe llevada adelante a lo largo del artículo da cuenta de itinerarios y
procesos múltiples caracterizados por ser inacabados y en permanente cons
-
trucción. La producción socioestatal de las juventudes supone un proceso
dinámico de tensiones, conictos y acuerdos transitorios. Toda reconstruc-
ción histórica supone siempre un ejercicio inconcluso y, en este sentido, el
proceso de construcción de la institucionalidad de la juventud también lo es.
Requiere una permanente revisión y confrontación de los sentidos atribuidos
por los distintos actores y la inserción y vinculación con los procesos políti-
cos y los contextos más generales.
El recorrido institucional en América Latina y el Caribe muestra que su
emergencia tuvo lugar a mediados de la década del 80, en el contexto de
los procesos de recuperación de la democracia en algunos países, además
del impulso (como condición de oportunidad) que generó la Declaración del
Año Internacional de la Juventud por parte de Naciones Unidas. En el mismo
contexto (primer ciclo), destaca el rol de distintos organismos internaciona
-
les en la producción de informes de situación sobre las condiciones de las y
los jóvenes, los cuales promovieron distintos encuentros entre funcionarios
y técnicos que fueron dando lugar a la construcción de una agenda guberna-
mental juvenil. Por otro lado, la movilización y participación juvenil también
fueron claves en la emergencia y consolidación de los primeros organismos
de juventud en la región.
El segundo ciclo, situado en la década del 90, coincide con dos grandes pro
-
cesos: por un lado, la acentuación de políticas neoliberales en toda la región,
y por otro, la restauración del estado de derecho en algunos países, lo que se
denominó salidas tardías de dictaduras militares. Sin olvidar las singularida
-
des y contextos de cada país, para la institucionalidad estatal de juventud de
la región, este ciclo se caracterizó por la cooperación iberoamericana promo-
vida por la creación de la Organización Iberoamericana de la Juventud, quien
impulsó la construcción de una agenda y la cuestión juvenil a nivel regional.
Esto fue acompañado por un progresivo desarrollo de actores académicos
que llevaron adelante investigaciones y estudios especícos que nutrieron el
conocimiento especializado en juventudes.
En el inicio del nuevo milenio se sitúa el tercer ciclo del derrotero de la ins
-
titucionalidad de juventud, caracterizado por una renovación en la agenda
juvenil, inuenciada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero fun-
MARIANA LIGUORI Y DIEGO BERETTA 93
damentalmente por la creación de organismos de juventud en varios países
por primera vez, lo que da cuenta de la instalación denitiva en toda la región
del tema de juventud en las agendas gubernamentales.
Por último, en el cuarto ciclo construido analíticamente y denido como in
-
acabado, no se crean nuevos organismos de juventud en los países, pero sí se
pone en crisis y en debate el rol de estos organismos y las orientaciones de
las políticas públicas emanados de ellos. En este sentido, el estudio permitió
demostrar cómo la institucionalidad de juventud regional se orientó hacia
el diseño de estrategias para promover el rol de las juventudes en agendas
más focalizadas y especícas, a partir de la visibilidad de nuevas agendas
de derechos de las personas jóvenes. Estas discusiones se despliegan en un
contexto caracterizado por un giro a la derecha en los países latinoamerica
-
no, por lo que toda la institucionalidad estatal fue puesta en debate, y la de
juventud no estuvo exenta. Como en los ciclos anteriores, la agenda inter-
nacional también permeó la institucionalidad de juventud en el cuarto ciclo,
especialmente a partir de la denominada Agenda 2030 y el Pacto de juventud
2030. No obstante, y a partir de la declaración de la pandemia por COVID-19
a nivel global, la institucionalidad de juventud se vio desjerarquizada y pue
-
de ser considerada como un hito desestructurador de la gestión estatal de
juventudes.
En denitiva, el artículo permite echar luz acerca de algunos de los elemen
-
tos que se presentan como constitutivos de la gestión estatal de las juventu-
des en la región a lo largo del tiempo: los itinerarios erráticos de los orga-
nismos nacionales de juventud a la actualidad –con constantes cambios de
autoridades, denominaciones, jerarquías y dependencia–; las limitaciones en
cuanto a las escasas partidas presupuestarias, recursos humanos y capacida-
des disponibles; los formatos informales de las políticas públicas de juventud
–iniciativas muy poco estructuradas y acotadas–, con un alcance limitado y
que, mayormente, no cuentan con un carácter programático; y la prevalencia
de una denición de las juventudes en términos de problema social, sector
vulnerable o de potencial riesgo sin considerar la heterogeneidad de realida-
des del escenario latinoamericano y caribeño.
La cuestión juvenil está presente en casi toda la región latinoamericana y del
caribe, principalmente, desde mediados de la década del 80, con diferentes
grados de institucionalización. Esto da cuenta de una cartografía que presen
-
ta, en algunos aspectos, líneas demarcatorias claras y en otras zonas, algunos
claroscuros que serán objeto de intervenciones en términos de desafíos polí-
ticos e institucionales.
94 STUDIA POLITICÆ Nº 56 otoño 2022
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MARIANA LIGUORI Y DIEGO BERETTA 101
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2015 Colombia
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2021 Chile
Instituto Nacional de
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Instituto de la Juventud
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Subsecretaría Nacional
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2019 Perú