89
*
Este artículo representa un avance respecto a lo discutido y problematizado en BIDER-
BOST, Pablo (2007). “El voto ciudadano en tiempos de ajuste estructural y exclusión so-
cial. Perú y Venezuela en perspectiva comparada” en Papel Político, ISSN 0122-4409,
Vol. 12, Nº 1, 2007, págs. 13-38”.
**
Pablo Biderbost es investigador del Instituto de Estudios de Iberoamérica, Universi-
dad de Salamanca. G. de la Cruz Hermida es doctoranda en Ciencia Política en la Uni-
versidad de Salamanca.
Pablo Biderbost y Giselle de la Cruz Hermida
**
Resumen
En el decenio de 1990, en el espacio latinoamericano, acontece la aplica-
ción de las políticas neoliberales que se enmarcaban en el llamado “Con-
senso de Washington”. La implementación de este conjunto de medidas
tenía por objeto asegurar la estabilidad y el crecimiento de la economía y
proceder a la desregulación de la actividad de los diversos agentes priva-
dos. El Estado debía abandonar su antiguo rol subsidiario, proteccionista
y benefactor que le había caracterizado hasta entonces.
Mientras se procedía a la consecución de la estabilización macroeconó-
mica y a la reversión de un proceso crónico de decrecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto, se observa, en determinados países latinoamerica-
Comportamiento electoral,
exclusión social y propuestas
constitucionales. El escenario
político en Perú y Venezuela
durante las reformas estructurales
*
STUDIA POLITICÆ Número 15 ~ invierno 2008.
Publicada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales,
de la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, República Argentina.
Código de referato: SP.50.XV/08.
90
STUDIA POLITICÆ
15 ~ invierno 2008
nos, un ingente incremento de dos de los indicadores más importantes
de exclusión social: la pobreza y el desempleo. El alza en ambos regis-
tros es consecuencia de la destrucción del otrora Estado satisfactor de
necesidades sociales de diverso índole y del nuevo escenario de compe-
tencia al que fueron sometidos los empresarios nacionales previamente
beneficiados por el perfil sustitutivo de importaciones de la economía.
Estas transformaciones fueron ejecutadas por partidos políticos tradicio-
nales que viraron hacia la derecha económica o por agrupaciones parti-
darias dirigidas por outsiders que se presentaban a sí mismos como la
antítesis de la política que había conducido a tal situación de caos ma-
croeconómico.
El objetivo del presente trabajo es indagar respecto al comportamiento
del electorado en momentos en los que se observa un aumento sosteni-
do de los índices de pobreza y desempleo en Perú y Venezuela, Estados
en los que acontece, paralelamente, una desinstitucionalización de su
tradicional sistema de partidos políticos que condujo, con el paso de
los años, a la puesta en marcha de procesos constituyentes que tendían
a legitimar las propuestas políticas de aquellos líderes políticos no tra-
dicionales.
Abstract
During the ’90 ´s, the application of neoliberal policies takes place in Latin
America. They were part of the famouse “Consensus of Washington”. The
implementation of this new set of measurements aimed to assure the
stability and the growth of the economy and proceed to the deregulation of
the activity of the diverse private agents. The State had to leave out its
former subsidiary role, protectionist and benefactor. In one side, the new
policies facilitated the attainment of the stabilization of the economy and
the reversion of a chronic process of decrease of the Internal Brute Product
but, at the same time, they produce, in some Latin American countries, an
enormous increase of two of the most important indicators of social
exclusion: the poverty and the unemployment.
The rise in both records, as diverse authors have recounted, it is a
consequence of the destruction of the ancient State satisfactor of social
needs of diverse nature and of the new stage of competition in which the
national businessmen, before benefited by the substitute profile of
imports of the economy, must play a new role. These transformations
were executed by traditional political parties that veered towards neo
liberal positions or by groups directed by outsiders who presented
themselves as the antithesis of the politics that had led to such a situation
of macroeconomic chaos.
The object of this work is to investigate in the field of the electoral
behavior in moments in which is observed an increase in the indexes of
poverty and unemployment in Peru and Venezuela, states in which it
happens, in a simultaneous way, a des-institutionalization of its
traditional system of political parties. This des-instituzionalization drove
to the implementation of constitutional processes in order to legitimize
the policies proposed by these non-traditional political leaders.
91
4
Se entiende por Consenso de Washington al acuerdo entre economistas, que adscribían a
diversos paradigmas al interior de la disciplina, que tenía por objeto establecer la mejor res-
puesta a la crisis por la que atravesaban las economías latinoamericanas. Para un mayor de-
talle respecto a su influencia en las políticas económicas latinoamericanas, ver A
LCÁNTARA,
Manuel y
OTROS (2006), 1980-2005. El retorno a la democracia. Síntesis, Madrid, Vol. 6.
1) Introducción
E
L objetivo de este documento es responder el interrogante que se plan-
tea en torno al comportamiento del voto ciudadano durante la década
de los noventa, periodo en el que acontece, en el plano latinoamerica-
no, la puesta en marcha de los planes de ajuste estructural que se auspiciaban
en el marco del denominado “Consenso de Washington”
4
(Torre 1998) (Pa-
ramio 2006). La puesta en marcha de este conjunto de medidas pretendía
asegurar la estabilidad y el crecimiento de la economía, luego de la denomi-
nada, en la jerga macroeconómica, década perdida y proceder a la desregula-
ción de la actividad de los diversos agentes privados. El Estado, según los
mecanismos enunciados, debía superar su histórico rol subsidiario, protec-
cionista y benefactor que le había caracterizado hasta entonces y que había
conducido a procesos hiperinflacionarios (Guerra y Ponce Moreno, 2005).
Mientras tuvo lugar la consecución de la estabilización de la economía y la
reversión de un proceso crónico de decrecimiento del Producto Interno Bru-
to, se observó, en América latina, un ingente aumento de dos de los indica-
dores más importantes de exclusión social: la pobreza y el desempleo. El
alza en ambos registros, según ha referido la literatura especializada, es con-
secuencia de la destrucción del aparato del otrora Estado satisfactor de nece-
sidades sociales de diverso índole y del nuevo escenario de competencia al
que fueron sometidos los empresarios nacionales previamente beneficiados
por el perfil sustitutivo de importaciones de la economía (Cieza y González
2005). Dichas transformaciones fueron ejecutadas por partidos políticos tra-
dicionales que viraron hacia la derecha económica o por agrupaciones dirigi-
das por outsiders que se presentaban a sí mismos como la antítesis de la polí-
tica que había conducido a tal situación de caos económico (Paramio, 1999).
En sintonía con lo referido, el presente artículo indaga, comparativamente,
respecto al comportamiento electoral en momentos en los que se observa
un aumento sostenido de los índices de pobreza y desempleo en Perú y Ve-
nezuela, estados en los que acaece, de manera simultánea, una pérdida de
institucionalización de sus tradicionales sistemas de partidos políticos
(Mainwaring y Scully 1995) (Freidenberg y Alcántara 2005). Este proceso
de transformación en el sistema de partidos condujo a la creación de un es-
cenario propicio para la puesta en marcha de procesos de regeneración
PABLO BIDERBOST - GISELLE DE LA CRUZ HERMIDA
92
STUDIA POLITICÆ
15 ~ invierno 2008
5
Las páginas web de los organismos electorales son: para el caso peruano, http://
www.onpe.gob.pe/. (Oficina Nacional de Procesos Electorales). Para el caso venezolano,
http://www.cne.gov.ve/ (Consejo Nacional Electoral). La página web de CEPAL es:
http://www.eclac.cl/. Se consultó también la página web del Banco Central de Reservas
de Perú: http://www.bcrp.gob.pe/.
6
El APRA había superado la crisis motivada, en términos institucionales, por la muerte
de su fundador, Raúl Haya de la Torre, en 1980.
constitucional (De La Cruz Hermida 2008). Los datos necesarios para su
elaboración fueron obtenidos a partir de la información disponible en las
páginas web oficiales de los organismos electorales de los estados referi-
dos, de la base de datos de CEPAL sobre indicadores macroeconómicos y
en otras fuentes.
5
El texto se estructura en cinco secciones: la primera de
ellas detalla la historia de las recientes reformas económicas y su contexto
político en ambos estados. A posteriori, se hace una escueta mención de la
teoría económica del voto ciudadano. En el siguiente apartado, se mencio-
na, por un lado, la evolución en los países involucrados de los indicadores
sujetos a estudio (pobreza y desempleo) y, por el otro, el comportamiento
electoral paralelo. En el cuarto capítulo, se profundiza respecto a los ele-
mentos contextuales que condujeron a la creación de un escenario favorable
a la creación de nuevos regímenes constitucionales. Por último, se presen-
tan unas conclusiones tentativas sobre la cuestión.
2) El tiempo de las reformas económicas
2.1) El proceso fujimorista. El ascenso, auge y salida del outsider
peruano.
En el caso peruano, las reformas estructurales acontecen en un contexto de
deterioro de la institucionalidad democrática. Durante la década de 1980, su
escenario político se caracterizó por una pérdida progresiva del apoyo ciu-
dadano expresado hacia los partidos políticos tradicionales. En la primera
mitad del decenio, el gobierno de Belaúnde (Acción Popular) intentó la
puesta en marcha de un plan de ajuste presupuestario que, dificultosamente,
pudo conciliar con su política activa de promoción de la obra pública. La
insoportable presión inflacionaria, el cuadro de pobreza antediluviana en el
que se encontraba sumida la mitad de la población y la corrupción imperan-
te provocaron, entre los electores, la búsqueda de una alternativa. Llega,
entonces, al poder Alan García, delfín político del histórico partido aprista
(Alianza Popular Revolucionaria Americana - APRA) en 1985.
6
Durante la gestión de Alan García, se ensaya una estrategia populista cen-
trada en la redistribución de recursos hacia los sectores más pobres de la
93
población. En tal sentido, se ejecuta una política económica que privilegia-
ba el subsidio de precios y la protección de las empresas nacionales. En
1987, García, a fin de evitar la continuidad en la fuga de capitales, procura
nacionalizar el sistema financiero, lo que origina la movilización de vastos
sectores de la derecha política. Los últimos años de su gestión pueden ser
descritos a partir del recrudecimiento de los indicadores inflacionarios y, en
consecuencia, del empeoramiento de las condiciones de vida de los pobres
y asalariados urbanos (Paramio 2006).
En estas circunstancias, Alberto Fujimori accede al poder como candidato
presidencial de Cambio 90, una fuerza política que se describía a sí misma
como movimiento cívico independiente (CIDOB 2005). El candidato perua-
no-nipón no poseía antecedentes de militancia política, aunque se recordaba
su relativamente exitosa gestión como rector de la Universidad Nacional
Agraria La Molina y su presidencia de la Asamblea Nacional de Rectores.
En la campaña electoral, su discurso se concentró en la necesidad de hallar
una vía distinta para el progreso del país a la que habían ofrecido los parti-
dos políticos tradicionales. Su objetivo era la “moralización de la política” y
el llevar a la práctica los valores de la honestidad y el trabajo. Al mismo
tiempo, procuró que se lo identificase con los estratos poblacionales más
postergados de la sociedad peruana en abierto antagonismo con la propuesta
de quien era su principal opositor, el literato Mario Vargas Llosa, quien en-
cabezaba el centro derechista Frente Democrático (Degregori 1993).
Fujimori, una vez en el poder, se separa de las propuestas populistas que
había presentado en el periodo pre-eleccionario y aplica la receta neoliberal
que había propuesto su competidor. Su plan económico buscaba erradicar la
hiperinflación, abandonar el proceso recesivo y disminuir la carga de la
deuda externa. Para ello, intentó favorecer la incorporación de Perú en es-
quemas de integración regionales e internacionales. Se procede, entonces, a
la apertura total de la economía y a desarmar las megaestructuras estatales
que actuaban como generadoras de empleo público (Stokes 2002).
Si bien se había logrado detener la espiral inflacionaria y se observaba un
tímido crecimiento del PBI, todo ello se encontraba acompañado de costes
sociales altísimos. Las cifras del desempleo, el empleo no formal, la pobre-
za y la indigencia se habían disparado y condenaban a la marginación a mi-
les de peruanos. A diferencia de lo sucedido en otros estados latinoamerica-
nos, Fujimori compensa este retroceso en variables sociales y económicas
con la puesta en marcha de una política clientelar integral que tiende a sa-
tisfacer no sólo las necesidades de los más perjudicados por el ajuste es-
tructural sino también las de ciertos miembros de otros grupos de la socie-
dad vinculados a la administración de distintos sectores de la economía
peruana. Se erige lo que se da en llamar “el Estado como ogro filantrópi-
PABLO BIDERBOST - GISELLE DE LA CRUZ HERMIDA
94
STUDIA POLITICÆ
15 ~ invierno 2008
7
La expresión “ogro filantrópico”, usada por Alberto Adrianzén para caracterizar al
Perú de Fujimori, fue creada por Octavio Paz para describir al Estado priísta mexi-
cano.
8
La captura de Abimael Guzmán, momento inicial de la desaparición de la agrupación
terrorista, implicó un ascenso en la popularidad de Alberto Fujimori.
co”
7
(Adrianzén 2005). Sin embargo, las condenas sociales a la propuesta
económica y política del gobierno son mínimas. Había, según aprecia parte
de la literatura, cierto consenso en la necesidad de asumir un cambio estra-
tégico en la administración de la economía (Torre 1998). Todo ello se pro-
duce en el contexto de una recurrente violación a la libertad de expresión,
persecución a las posturas opositoras, intervención en el Poder Judicial, el
autogolpe de Estado de 1992 y el cierre del Congreso y el Tribunal Consti-
tucional, acciones tendientes a perpetuar en el poder al elenco gobernante.
Posteriormente, Alberto Fujimori logró la creación de la figura constitucio-
nal de la reelección presidencial y se inicia un lento retorno a la institucio-
nalidad democrática. En 1995, obtiene nuevamente la Presidencia de la Re-
pública, esta vez en el marco de la alianza “Cambio 90 – Nueva Mayoría”.
Esta última aglutinaba a figuras representativas de los intereses conservado-
res que, en 1990, habían otorgado su voto de confianza a Vargas Llosa. In-
fluye, decisivamente, en esta reelección la política antiterrorista que el go-
bierno había desplegado para desarticular a Sendero Luminoso
8
(CIDOB
2005). Fujimori derrota en los comicios a Javier Pérez de Cuellar, antiguo
Secretario General de la ONU.
La segunda gestión fujimorista puede ser definida a partir de la presencia
de un elevado déficit fiscal, el peso incremental de la deuda externa, la con-
tinuidad de la implementación de los planes de ajuste estructural, la profun-
dización de la red clientelar propiciada desde el seno del poder, las acusa-
ciones de corrupción y malversación de fondos públicos y la persecución a
quienes se oponían a las políticas gubernamentales. Luego de un artilugio
legal, Fujimori consigue, sobre finales de la década, que se le autorice la
participación para ser candidato por tercera vez a la Presidencia. En esta
oportunidad, obtiene el triunfo electoral como candidato de “Perú 2000”,
alianza de distintas agrupaciones políticas. El candidato opositor era Ale-
jandro Toledo quien fue postulado por la agrupación “Perú Posible”. Obtie-
ne, acusaciones de fraude mediante, la reelección e inicia su nuevo manda-
to en medio de una severa condena de la comunidad internacional. Tiempo
después, luego de la aparición de material audiovisual que explicitaba la
corrupción imperante en su gobierno, convoca a elecciones y renuncia a su
investidura aprovechando una estancia en el exterior. Asume el gobierno
Valentín Paniagua, Presidente del Congreso y dirigente de Acción Popular.
95
9
Este plan también es conocido como el VIII Plan de la Nación.
2.2) El giro a la derecha ideológica de los partidos políticos
tradicionales en Venezuela
Mientras que, en el caso peruano, las resistencias sociales a las reformas eco-
nómicas no fueron la constante, en Venezuela, la situación difiere enorme-
mente. Se sostiene que este país presenta un proceso de reformas con avances
y retrocesos permanentes (Paramio 2006). El Presidente Carlos Andrés Pérez,
de Acción Democrática (AD), el partido político con mayor arrastre electoral
en el histórico marco de lucha bipolar venezolano, introduce, a inicios de
1989, un conjunto de reformas a las que se las denomina “Gran Viraje”
9
. En
el arribo de Pérez al poder, influye decisivamente el recuerdo de su exitosa
Presidencia en los años setenta, cuya gestión se caracterizó por el uso popu-
lista-clientelista de la renta petrolera. El plan contenía medidas de aplicación
inmediata y otras entendidas como de aplicación paulatina. Según Guerra y
Ponce de Moreno (2005), las principales medidas anunciadas fueron, entre
otras: decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional y someterse a su
programa, liberación de las tasas de interés, unificación cambiaria con la eli-
minación del tipo de cambio preferencial, eliminación de los antiguos precios
subsidiados, adelgazamiento del aparato estatal, apertura de los mercados, de-
terminación del tipo de cambio en el mercado libre de divisas e incremento
gradual de las tarifas de los servicios públicos.
El partido al que pertenecía el Presidente, de filiación socialdemócrata, no
compartía el paquete de medidas que había sido diseñado por un conjunto
de técnicos que no pertenecían a la agrupación. Días después de tomar la
iniciativa carácter público, tiene lugar el famoso “Caracazo”, explosión so-
cial que fue duramente reprimida y poseyó una influencia, nada desdeñable,
en lo que restó de la Presidencia de Pérez. Los analistas coinciden en que
quienes impulsaron las reformas no supieron apreciar, efectivamente, el
menguado nivel de apoyo que éstas generarían en la sociedad. Se afirma
que la sociedad venezolana, a diferencia de la peruana, aún no se hallaba
persuadida respecto a la conveniencia de la implementación de políticas
rupturistas con el modelo de desarrollo hasta el momento imperante (Torre,
1998) (Paramio, 2006). En este marco de convulsión, acontecen, en 1992,
dos intentos de golpes de Estado que denunciaban la situación de margina-
ción en la que se encontraba parte importante del pueblo venezolano y que
catapultan al reconocimiento público al teniente coronel Hugo Chávez, ac-
tual Presidente de Venezuela.
Entre las consecuencias más relevantes de esta política económica, la litera-
tura especializada destaca, en primer lugar, el deterioro de las condiciones
PABLO BIDERBOST - GISELLE DE LA CRUZ HERMIDA
96
STUDIA POLITICÆ
15 ~ invierno 2008
10
Este plan es conocido como la “Agenda Venezuela” o IX Plan de la Nación.
sociales de la población, fenómeno que venía desarrollándose desde 1983 y
se profundizó con el ajuste. El descontento social trajo consigo desestabili-
zación política al provocar una ruptura violenta del orden público. El núme-
ro de protestas populares sufre un crecimiento exponencial: aproximada-
mente 58 (cincuenta y ocho) eventos conflictivos por mes. Los partidos
políticos y las asociaciones gremiales vieron disminuida su capacidad regu-
ladora y se generaron múltiples formas de reclamos populares que fueron
respondidos represivamente por el Estado.
En segundo término, la ejecución de las reformas económicas se vincula a la
erosión de la imagen del gobierno, en general, y del Presidente, en particular.
El Poder Ejecutivo se enfrentaba regularmente con el Parlamento y no podía
recrear apoyos, por lo que se dificultaba la construcción de márgenes am-
plios de gobernabilidad (Guerra y Ponce de Moreno 2005) (Biderbost 2007).
La segunda incursión de Carlos A. Pérez culmina con su desplazamiento
del cargo como consecuencia de las acusaciones que se vertían sobre su
persona respecto a la transferencia irregular de dinero a sus aliados políti-
cos nicaragüenses. En 1993, Rafael Caldera, antiguo Presidente y ex-mili-
tante de COPEI (el otro partido tradicional, de tendencia demócrata-cristia-
na), llega a la Presidencia postulado por Convergencia, agrupación de
reciente creación, y enemistado con la asociación a la que había perteneci-
do. Caldera se había convertido en líder moral reconocido luego de su dis-
curso de oposición a la política económica de Pérez y a su evaluación de
los intentos de golpes de Estado perpetrados. Su propuesta se basaba, fun-
damentalmente, en desarticular las transformaciones emanadas del llamado
“Gran Viraje” y aplicar políticas de neto corte populista. Los principales
indicadores macroeconómicos reflejan un marcado deterioro y, tiempo des-
pués, se decide aplicar un conjunto de políticas alineadas con lo recomen-
dado por los organismos internacionales de crédito y contradiciendo, de
esta manera, lo comprometido al momento de iniciar su gestión (Torre
1998) (Guerra y Ponce de Moreno 2005).
10
A diferencia de la propuesta de Pérez, el nuevo esquema prevé que vastos
sectores de la sociedad resultarán perjudicados en la transición hacia un nue-
vo modelo económico y se pone en práctica, paralelamente a la implementa-
ción de propuestas neoliberales, un conjunto de políticas sociales que preten-
den compensar las consecuencias no deseadas de la nueva estrategia. Si bien
la política económica de Caldera logra recuperar el signo positivo en la evo-
lución del PBI, contener la inflación y permitir el asentamiento de capital ex-
tranjero, los indicadores de salario real, desempleo y pobreza exhiben regis-
97
tros alarmantes. A su vez, la explosión multipartidista al interior del Congre-
so a partir de 1993, fenómeno hasta el momento desconocido en la historia
venezolana, impidió la concretización de gran parte de las políticas ideadas
desde el Ejecutivo. La abstención electoral aumenta en cada elección y la
frustración popular respecto al sistema tradicional de partidos se acrecienta.
Finalmente, sobre finales del decenio, Hugo Chávez, antiguo referente mili-
tar de uno de los intentos de golpe de Estado de 1992, gana las elecciones
con la promesa de una reforma constitucional y la puesta en marcha de una
serie de políticas de corte populista. Su gobierno, favorecido por el precio
internacional del petróleo (principal recurso de exportación venezolano) ha
desplegado una batería de políticas tendientes a atender las problemáticas de
los sectores más empobrecidos de la población en el marco de lo que ha
dado en llamarse la “Revolución Bolivariana” (Molina y Pérez 2000).
3) El voto económico. Una breve introducción.
Dentro del conjunto de teorías que pretenden explicar el comportamiento
electoral, se encuentra aquélla que enfatiza las razones económicos del voto.
Este esquema, de base racional, formulado inicialmente por Anthony Downs
(1957), sostiene que los individuos deciden su voto en función, por un lado,
de los beneficios que evalúen como consecuencia de la gestión gubernamen-
tal y, por el otro, de los probables beneficios que pudiesen obtener a partir
de la llegada al poder de quienes se encuentran en la oposición. Por ello, los
ciudadanos observan, detenidamente, las acciones u omisiones del partido
gobernante y la credibilidad de quienes, fuera del gobierno, pugnan por la
consecución de determinados espacios. En efecto, el voto no sería el mero
resultante de la ubicación social-cultural y económica de quien sufraga sino
que se hallaría inducido por su juego psicológico-perceptivo. Al respecto, se
admite que las campañas comunicativas pueden ser eficaces herramientas en
vistas a influir en la percepción del votante (Kuschick 2004).
Conforme los métodos de investigación en ciencia política se han ido sofis-
ticando y complejizando, la teoría del voto económico ha incorporado nue-
vos elementos de análisis. Key Jr. (1968) sostiene que los ciudadanos, al
momento de votar, consideran dos datos que han pasado a conformar dos
dimensiones del llamado voto económico “normal”:
11
lo contextual y lo
temporal. La primera cuestión hace hincapié en averiguar si el entorno eco-
11
El voto económico normal es aquél que, según lo ya referido, desde la lógica “cas-
tigo-recompensa” evalúa a los políticos y al desempeño de sus gobiernos. En tal senti-
do, de haber resultado o prever ser beneficiado por X personalidad política, partido po-
lítico o alianza electoral, el voto ciudadano, para con ellos, será positivo o de apoyo.
PABLO BIDERBOST - GISELLE DE LA CRUZ HERMIDA
98
STUDIA POLITICÆ
15 ~ invierno 2008
12
Se entiende por pobreza al grado de satisfacción de las llamadas necesidades básicas,
consideradas universales y que comprenden una canasta mínima de consumo individual o
familiar (alimentos, vivienda, vestuario, artículos del hogar), el acceso a los servicios bá-
sicos (salud y educación, agua potable, recolección de basura, alcantarillado, energía y
transporte público), o ambos componentes. Los pobres son aquellas personas que no lo-
gran adquirir, con sus ingresos, la canasta que incluye servicios y pueden satisfacer sus
necesidades nutricionales. Los indigentes son aquellas personas que no logran adquirir,
con sus ingresos, la canasta básica de alimentos. (CEPAL, 2000: 83).
Lo que se registra bajo el nombre de desempleo es el conjunto de personas que no han
trabajado más de una hora durante un corto periodo de referencia pero que están dispo-
nibles y activamente buscando trabajo (OIT 1995).
nómico personal o la situación económica nacional es lo que determina el
voto, mientras que lo segundo indaga respecto al momento histórico que
genera mayor preocupación económica (el pasado o el futuro) en el ciuda-
dano (Gramacho 2005).
A partir de nuevas investigaciones, se han detectado comportamientos que
tienden a apartarse de la “normalidad” del voto económico en momentos en
los que acontecen cambios macroeconómicos de envergadura y existe un cli-
ma de cierta turbulencia social. Przeworski (1993) ha identificado una con-
ducta “intertemporal” del sufragio que refleja que los ciudadanos apoyan
planes económicos que implican ajustes debido a que interpretan los even-
tuales sufrimientos como inevitables para la consecución de un mejor esce-
nario económico ulterior. Stokes (1997) ha hallado dos nuevas desviaciones
del voto económico normal. Una de ellas es la conducta “antidotista”. Es
aquella en la que el ciudadano culpa a los políticos opositores por su rechazo
a las reformas económicas y mantiene su apoyo al gobierno. La otra refiere a
la posición “distributivista” que explica la circunstancia en la que un ciuda-
dano cree en el éxito relativo de las políticas reformistas pero les niega su
apoyo porque ha padecido más que otros individuos durante el ajuste o por-
que unos han sufrido más que otros en el mismo periodo (Gramacho 2005).
4) La pobreza, el desempleo y el comportamiento electoral en Perú y
Venezuela durante la década de los noventa
12
En el presente apartado, se describirá y analizará la evolución que presen-
taron, durante el decenio de los noventa, los indicadores de desempleo y
pobreza en los países analizados. Ambos guarismos reflejan los efectos, en
términos de exclusión social, que fueron producidos por la ejecución de
las reformas económicas estructurales. Así mismo, se observará el compor-
tamiento electoral asumido por el electorado mientras acontecía el referido
proceso de empeoramiento de las condiciones económicas y sociales
13
. A
99
13
Para el análisis del comportamiento electoral, se han tomado los resultados de las
elecciones nacionales presidenciales y parlamentarias de ambos estados durante el perio-
do referido.
14
El índice de mortandad o defunción empresarial registra la cantidad de unidades pro-
ductivas desaparecidas en un territorio determinado durante un período dado (FAO 2005).
su vez, se procederá a la aplicación de los conceptos de la teoría de voto
económico, expuestos en la sección anterior, para explicar, aproximada-
mente, la conducta de los votantes en estos dos países sudamericanos.
En el caso del país heredero de la tradición incaica, el desempleo urbano,
indicador utilizado para la medición del problema del paro laboral en Amé-
rica latina por CEPAL, presenta, durante la gestión de Alberto Fujimori,
una reducción en el periodo 1990-1991. Ello puede explicarse a partir de
las expectativas generadas en torno al cambio de rumbo en política econó-
mica. Sin embargo, el siguiente registro (1992) ya presenta un relevante au-
mento del desempleo que es explicado como consecuencia de la desapari-
ción de puestos de trabajo en antiguas empresas vernáculas (lo que también
es registrado por el índice de mortandad o defunción empresarial)
14
que no
lograron adaptarse a la apertura indiscriminada y a la reducción de la es-
tructura estatal. Ulteriormente, la tasa de desempleo, a lo largo de toda la
década, se mantiene entre el 8.5 y el 9.5 %, no siendo posible la recreación
de los puestos de trabajo desaparecidos (ver Cuadro Nº 1).
CUADRO Nº 1
TASA DE DESEMPLEO URBANO
1985-2000 (%)
Perú Venezuela
1985 10.1 13.1
1986 5.3 11.0
1987 4.8 9.2
1988 7.1 7.3
1989 7.9 9.2
1990 8.3 10.4
1991 5.9 9.5
1992 9.4 7.8
1993 9.9 6.6
1994 8.8 8.7
1995 8.2 10.3
1996 8.0 11.8
1997 9.2 11.4
1998 8.5 11.3
1999 9.2 14.9
2000 8.5 14.0
Fuente: CEPAL, Base de Estadísticas e Indicadores Sociales.
(http://www.eclac.cl/badeinso/Badeinso.asp).
PABLO BIDERBOST - GISELLE DE LA CRUZ HERMIDA
100
STUDIA POLITICÆ
15 ~ invierno 2008
CUADRO Nº 2
MAGNITUD DE LA POBREZA E INDIGENCIA 1990-2002
(% sobre el total de la población)
Perú Venezuela
Pobreza Indigencia Pobreza Indigencia
1990 39.8 14.4
1991 55.3 24.2
1992
1993 56.8
1994 53.4 19.0 48.7 19.2
1995 45.3 19.3
1996 44.1 18.7
1997 47.6 25.1 48.0 20.5
1998
1999 48.6 22.4 49.4 21.7
2000
2001 54.8 24.4
2002 48.6 22.2
Fuente: CEPAL, 2004b 324-325, Instituto Cuanto - Lima, Perú.
y Banco Central de Reservas de Perú (http://www.bcrp.gob.pe/)
La evolución de la pobreza y la indigencia presenta un recorrido semejante.
La detención del proceso hiperinflacionario permitió, al promediar el dece-
nio, la disminución del porcentaje de población que se hallaba en situación
tanto de pobreza como de indigencia. Desaparece lo que se denomina “im-
puesto inflacionario” o disminución permanente del poder adquisitivo que,
como afirma la teoría económica, afecta, en mayor medida, a los sectores
más vulnerables. Sin embargo, hacia finales de la década, se registra un in-
cremento del porcentaje de personas en la pobreza y la indigencia como
efecto de la destrucción acelerada de puestos de trabajo. Éste ha sido un iti-
nerario que se ha evidenciado en otros estados latinoamericanos (Torre
1998) (ver Cuadro Nº 2).
¿Cuál fue el comportamiento del electorado en el período? En el año 1990,
momento en el que accede al poder Alberto Fujimori, se percibe un claro
voto castigo dirigido a los partidos políticos tradicionales. La situación de
caos macroeconómico e hiperinflación descontrolada provoca la búsqueda
de nuevas alternativas, situación que se refleja en el duelo por la Presiden-
cia entre Fujimori y Vargas Llosa, ambos de extracción apartidaria (Torre
1998). A pesar de ello, el APRA mantiene una representación parlamentaria
importante, lo que genera críticas desde el gobierno electo por su, según su
criterio, actitud obstaculizadora ante la propuesta programática de la nueva
gestión. Dos nuevos fenómenos se vislumbran, entonces, en el sistema polí-
tico peruano: la formación de nuevas agrupaciones políticas que son utiliza-
das como vehículos para la participación electoral y la progresiva desinsti-
101
tucionalización del sistema tradicional de partidos políticos (Mainwaring y
Scully 1995) (Freidenberg 2005). La elevada volatilidad electoral y la habi-
lidad de candidatos no partidistas de ganar puestos, entre otros indicadores,
así lo atestiguan (ver Cuadro Nº 3).
Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) – Perú
CUADRO Nº 3
Elecciones Presidenciales Elecciones Presidenciales Elecciones Parlamentarias Elecciones Parlamentarias
1990 1990 1990 1990
Primera Segunda Senadores Diputados
vuelta vuelta
IU 544 889 Cambio 90 4 489 897 Frente 1 791 077 Frente 1 492 513
Democrático Democrático
IS 315 038 Fredemo 2 708 291 APRA 1 390 954 Apra 1 240 395
Cambio 90 1 932 208 Votos válidos 7 198 188 Cambio 90 1 204 132 Cambio 90 819 527
Apra 1 494 231 Votos nulos 604 598 Izquierda 542 049 Izquierda 497 764
Unida Unida
Fredemo 2 163 323 Votos blancos 155 446 Izquierda 303 216 Izquierda 264 147
Socialista Socialista
Válidos 0 Votos emitidos 7 958 232 Frente Na- 112 388 Frente Na- 124 544
cional de Tra- cional de Tra-
bajadores y bajadores y
Campesinos Campesinos
Blancos 625 995 Ausentismo 2 049 382 Votos válidos 5 539 680 Frente Popular
Agrícola-FIA del
Perú (FREPAP) 62 955
Nulos 569 537 Total de inscritos 10 007 614 Votos nulos 779 759 Independientes 336 168
Emit. 0 Votos blancos 556 511 Votos válidos 4 961 470
Ausent. 10 013 225 Votos emitidos 6 875 950 Votos nulos 917 992
Inscritos 10 013 225 Ausentismo 3 136 375 Votos blancos 939 074
Total de 10 013 225 Votos
inscritos emitidos 6 818 536
Ausentismo 3 194 689
Total de inscritos 10 013 225
PABLO BIDERBOST - GISELLE DE LA CRUZ HERMIDA
102
STUDIA POLITICÆ
15 ~ invierno 2008
Cambio 90
Nueva Mayoría
Unión por el
Perú
Partido Aprista
Peruano
Code / País
Posible
Movimiento
Obras
Acción Popular
Frente Popular
Agrícola FIA
del Perú
Izquierda Unida
Otros
4 645 279
1 555 623
297 327
234 964
175 042
121 872
56 827
41 985
36 401
Cambio 90 -
Nueva Mayoría
Unión por el
Perú
Acción Popular
APRA
Izquierda Unida
CODE/País
Posible
Frente
Independiente
Moralizador
Partido Popular
Cristiano
Votos válidos
Votos nulos
Votos blancos
Votos emitidos
Ausentismo
Total de
inscritos
2 193 724
584 099
142 638
274 263
80 078
175 693
205 117
127 277
4 201 419
3 189 198
482 266
7 872 883
3 992 400
11 865 283
Alianza Electoral
Perú 2000
Partido Perú Posible
Movimiento Independ.
Somos Perú
Agrupación Independ.
Avancemos
Partido Político
Solidaridad Nacional
Partido Aprista Peruano
Part. Pol. Frente Pop.
Agríc. FIA del Perú
Partido Acción Popular
Agrupación Independiente
Unión por el Perú
5 528 394
4 460 812
333 049
246 781
199 813
152 519
80 099
46 509
36 541
Alianza Electoral
Perú 2000
Partido Perú
Posible
6 041 685
2 086 215
Alianza Electoral
Perú 2000
Partido Perú
Posible
Agrupac. Indep.
Frente Indep.
Moralizador
Mov. Indep.
Somos Perú
Partido Aprista
Peruano
Partido Político
Solidaridad Nac.
CUADRO Nº 4
Elecciones Presiden-
ciales 1995
Elecciones Parlamentarias
1995
4 189 018
2 308 635
751 323
715 396
546 930
399 985
Elecciones Presidenciales 2000
Elecciones Presidenciales
2000
Elecciones Parlamentarias
Primera vuelta Segunda vuelta
Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) – Perú
103
A lo largo del periodo, tanto los comicios presidenciales como las eleccio-
nes parlamentarias, reflejan un claro voto de confianza para con la política
del primer mandatario. Entre las razones que pueden encontrarse para este
comportamiento, se puede hablar de la existencia de cierto voto “intertem-
poral”. En otros términos, a pesar de que muchos resultaban perjudicados
en las fases iniciales de la implementación del ajuste, era tan fuerte y disua-
sivo el recuerdo del pandemonium precedente que muchos optaron por el
sostenimiento en el tiempo de las transformaciones económicas. A su vez,
como ya se ha sugerido, el perfil clientelar de la gestión de Alberto Fujimo-
ri podría haber retenido en su haber parte del electorado que sufría reveses
económicos.
15
Como puede leerse de las estadísticas, los partidos tradicio-
nales (Acción Popular y APRA) poseen una presencia marginal en los re-
cuentos electorales (ver Cuadro Nº 4).
Sobre el final del decenio fujimorista, si bien el descontento respecto a los
excesos del régimen se encontraba en pleno crecimiento y los indicadores
aludidos presentaban números preocupantes, los resultados electorales no
parecen hacerse eco de lo acontecido. Evidentemente, como ya se ha co-
mentado, el fraude electoral denunciado por la oposición pudo haber distor-
sionado la voluntad de los electores. Sin embargo, éste es un elemento so-
bre el que no es posible enunciar, al menos momentáneamente, ningún tipo
de aseveración definitiva (ver Cuadro Nº 4).
En Venezuela, la tasa de desempleo urbano presenta un ascenso conside-
rable en los primeros años del gobierno de Pérez, luego del inicio de la
aplicación del “Gran Viraje”. Entre los factores que condujeron a la alza
del indicador, se hallan, entre otros, el desmantelamiento de la estructura
subsidiaria que, hasta el momento, había facilitado la supervivencia de
numerosas empresas locales y la reducción de la actividad económica
como resultado no deseado de la situación social imperante (Guerra y
Ponce de Moreno 2005). Posteriormente, se revierte el proceso de des-
trucción de empleo como consecuencia del crecimiento en el PBI y las
inversiones realizadas en el sector petrolero para, tiempo después, reto-
mar, ya durante la gestión de Rafael Caldera, la senda previa. Una vez
más, el desempleo sube como producto de la incertidumbre reinante res-
pecto a la política económica por la que optaría el gobierno, la retracción
del PBI, los reajustes sobre los costos y precios luego de la apertura defi-
nitivamente practicada, las crisis desatadas en otros mercados emergentes,
la desaceleración en el mercado de la construcción y las fuertes caídas del
15
En relación a este estilo gubernamental, aplicado también en la Argentina menemis-
ta, García Delgado y otros (1998) lo han descrito como neopopulismo de derecha por la
especial alianza intersectorial que era propiciada desde el seno del poder.
PABLO BIDERBOST - GISELLE DE LA CRUZ HERMIDA
104
STUDIA POLITICÆ
15 ~ invierno 2008
precio del petróleo a nivel internacional (cierre del grifo petrolero). Junto
con el alza en el desempleo, se acelera también el proceso inflacionario
(ver Cuadro Nº 1).
La trayectoria de los indicadores de pobreza e indigencia en Venezuela re-
piten el sendero expuesto en oportunidad de revisión del paro. Las transfor-
maciones cambiarias, fiscales y monetarias han perjudicado, en mayor me-
dida, a los sectores menos aventajados de la sociedad venezolana. Los
autores afirman que este flagelo se ha generalizado y ello puede ser delata-
do a partir del empobrecimiento substancial que han sufrido individuos an-
tiguamente pertenecientes a estratos socio-económicos medios. Se observa
un importante salto en el registro aludido entre 1990 y 1994 como reflejo
de las modificaciones estructurales acaecidas, la desaparición de puestos de
trabajo y la permanencia en el tiempo del proceso inflacionario. Los valores
se mantienen a lo largo de la década y la envergadura del problema puede
detectarse en la elevada deserción escolar (35,1 % en 1998) y la insuficien-
cia nutricional evidenciada en vastos sectores de la población. A su vez, se
critica la política social que intentaba compensar los cuadros descritos por
su no correcta apreciación de los colectivos poblacionales que precisaban,
efectivamente, este tipo de asistencia (Guerra y Ponce de Moreno 2005)
(ver Cuadro Nº 2).
El comportamiento electoral del pueblo venezolano presenta a lo largo del
período
16
distintas fases. En 1988, al acceder por segunda vez Pérez a la
Presidencia de la República, la conducta de los votantes tiende a repetir el
arquetípico esquema bipartidista que había caracterizado a Venezuela en
los últimos años. Molina y Pérez (1996) explican este proceder como re-
sultado de la existencia de un sistema presidencialista en el que existe un
criterio electoral de mayoría relativa. En consecuencia, los electores sólo
votaban a quienes, según suponían, tenían probabilidades reales de con-
quistar el poder (ver Cuadro Nº 5). Pérez sustituye en el poder a Jaime
Lusinchi (también de Acción Democrática), quien culmina su mandato en
medio de un clima social que permitía entrever la desaprobación del rum-
bo económico adoptado. A pesar de ello, Acción Democrática es nueva-
mente elegida para gobernar. En ello, en detrimento de explicaciones vin-
culadas al voto económico normal, influyeron decisivamente, por un lado,
la personalidad de Pérez (enfoque cortoplacista del voto), quien era recor-
dado por su exitosa anterior andadura populista y, por el otro, las lealtades
partidarias de fuerte arraigo (enfoque psicológico del voto) (Molina y Pé-
rez 1996).
16
Se ha tomado como fecha inicial para la realización de este análisis en el caso vene-
zolano el año 1988, momento en el que accede a la Presidencia Carlos Andrés Pérez.
105
La situación se modifica substancialmente en 1993. Aunque quien obtiene
la victoria electoral es Rafael Caldera, ex Presidente y antiguo militante de
COPEI, lo hace como candidato de una nueva agrupación (Convergencia)
que se asocia junto a otras fuerzas menores (MAS, entre otros). Se puede
afirmar que el escenario describe la presencia de un voto “normal” por
parte del electorado que se hallaba influido, asimismo, por la decepción
que había generado el cambio de trayectoria evidenciado por Pérez. La
convulsionada situación social, descrita teóricamente por los indicadores
presentados, influye en el comportamiento del electorado. Molina y Pérez
(1996) ensayan, en relación a este proceder, una explicación de índole so-
ciológica. Admiten que por ser Venezuela una sociedad subdesarrollada,
ello provoca un “descontento endémico” en relación a la autoridad y acon-
tece, en consecuencia, un desgaste de ésta que finaliza en su reemplazo
ante circunstancias comiciales. En el ámbito parlamentario, se pasa de un
bipartidismo a un multipartidismo limitado, en el que nuevas fuerzas com-
parten (Convergencia, LCR), en términos casi semejantes, la representa-
ción con los partidos tradicionales. La desinstitucionalización del sistema
de partidos parecía dar sus primeros pasos: la fortaleza de los vínculos de
la sociedad con los partidos y la estabilidad en los patrones de competi-
ción interpartidista se habían deteriorado. (Mainwaring y Scully 1995) (ver
Cuadro Nº 6).
La elección en la que Hugo Chávez resulta ganador, como candidato de la
alianza Polo Patriótico, confirma los patrones de conducta descriptos. Por
segunda vez consecutiva, el voto económico tiende a castigar a los ejecuto-
res de una política no prevista ni deseada por el electorado (Torre, 1998).
Ello facilitó que un personaje completamente apartidario acceda a la prime-
ra magistratura. La tendencia hacia el multipartidismo se acentúa y nuevos
partidos realizan su aparición, entre ellos, el Movimiento V República
(MVR) que postula originalmente a quien es elegido Presidente. Estos nue-
vos partidos, de acuerdo a lo reseñado por Molina y Pérez (1999), no po-
seen una estructura institucional fuerte y dependen de la figura de un líder
(Chávez para el caso del MVR y Salas Röemer en el Proyecto Venezuela,
PRVZL). Los partidos tradicionales mantienen una exigua, en comparación
a previos registros, participación en el Poder Legislativo. En relación al
voto económico, puede hacerse mención de la eventual actuación del llama-
do voto “distributivista” que se opone a los ejecutores de las políticas refor-
mistas por ser quienes lo sufragan los más afectados por la puesta en mar-
cha de las últimas. Por último, la hipótesis citada por Molina y Pérez
(1994) respecto a la influencia del subdesarrollo en el comportamiento
electoral no debe descartarse para este periodo histórico puntual (ver Cua-
dro Nº 7).
PABLO BIDERBOST - GISELLE DE LA CRUZ HERMIDA
106
STUDIA POLITICÆ
15 ~ invierno 2008
Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE) - Venezuela
Acción
Democrática
COPEI
MAS-MIR
ORA
Total Votos Nulos
Total Votos
Escrutados
Abstención
Población
Electoral
3859180
2955061
198361
63795
209574
7524760
1660887
9185647
A. Democrática
COPEI
MAS
48,3
33,3
9
A. Democrática
COPEI
MAS
47,8
43,5
6,5
CUADRO Nº 5
Elecciones Presidenciales
1988
Elecciones Diputados 1988
(%)
Elecciones Senadores 1988
(%)
Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE) - Venezuela
(cantidad de votos)
Convergencia
MAS
Acción
Democrática
COPEI
Total Votos Nulos
Total Votos
Escrutados
Abstención
Población
Electoral
956529
595042
1304849
1241645
212517
5829216
3859579
9688795
A. Democrática
COPEI
LCR
Convergencia
MAS
27,1
26,1
19,7
12,8
11,8
A. Democrática
COPEI
LCR
Convergencia
MAS
32
28
18
12
10
CUADRO Nº 6
Elecciones Presidenciales
1993
Elecciones Diputados 1993
(%)
Elecciones Senadores 1993
(%)
107
5) De la des-institucionalización del sistema de partidos a las
asambleas constituyentes
5.1) La constitución fujimorista: la legitimación de la ausencia del
Estado de Derecho en Perú
Los procesos constituyentes de Perú y Venezuela han transitado por rutas
similares en las que outsiders al sistema buscaron legitimar su proyecto po-
lítico a través de una nuevo proyecto constitucional. El desarrollo del pro-
ceso constituyente en Perú fue precedido por un conjunto de coyunturas
que desembocaron en una crisis de legitimidad del sistema, lo cual alteró la
composición de las relaciones de poder. Por ello, el abordaje teórico del fu-
jimorismo y los mecanismos que llevaron a su consolidación implica una
revisión de las condiciones que lo propiciaron.
La polarización de las opciones políticas y la emergencia de outsiders en la
elección de 1990 evidenciaron signos de crisis de legitimidad del sistema
de partidos tradicional. Detrás de este desgaste subyace la incapacidad de la
clase política tradicional, insertada en los espacios institucionales, para ha-
cer frente a los problemas relativos a la crisis económica y a la violencia
política estructural. No obstante, como se indicó, estas elecciones se desa-
(cantidad de votos)
MVR
MAS
PPT
PVRZL
AD
COPEI
IRENE
Total Votos Nulos
Total Votos
Escrutados
Abstención
Población
Electoral
2625839
588643
142859
1879457
591362
140792
127849
450987
6988291
4024729
11013020
A. Democrática
MVR
COPEI
PRVZL
MAS
PPT
LCR
Convergencia
30
22,2
13,5
9,7
8,2
3,4
2,9
1,9
A. Democrática
MVR
COPEI
MAS
PRVZL
Convergencia
LCR
PPT
35,2
22,2
13
9,3
7,4
3,7
1,9
1,9
CUADRO Nº 7
Elecciones Presidenciales
1998
Elecciones Diputados 1998
(%)
Elecciones Senadores 1998
(%)
Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE) - Venezuela
PABLO BIDERBOST - GISELLE DE LA CRUZ HERMIDA
108
STUDIA POLITICÆ
15 ~ invierno 2008
rrollaron con la participación de los partidos políticos tradicionales. Su po-
der relativo no era, en absoluto, desdeñable: Alberto Fujimori venció, en
aquella oportunidad, en segunda vuelta con el apoyo de Izquierda Unida y
APRA.
El colapso definitivo del sistema de partidos fue en 1992 a partir del auto-
golpe de Estado propiciado por la camarilla fujimorista. Se ha expresado
que la crisis de legitimidad de los partidos tradicionales se debió, en gran
medida, a un inadecuado manejo de la crisis económica por parte de la cla-
se política existente. Alberto Fujimori en 1992 alcanzó altos índices de po-
pularidad y legitimidad, principalmente, por haber logrado bajar la inflación
en más de un 3.5 %. Tanaka (2001) señala que es el timing del golpe, justa-
mente cuando se estabilizan los índices inflacionarios, lo que motivó la
aprobación popular del golpe y la legitimidad de Fujimori. El mismo autor
señala que si este golpe se hubiera dado en 1991, en el ambiente de crispa-
ción política y falta de apoyo por parte del Congreso, Fujimori habría falla-
do en su intento y, probablemente, hubiera sido destituido.
El golpe surge como una estrategia ante la oposición del Congreso por la
adopción de las medidas económicas de corte neoliberal que Fujimori esta-
ba implementando. Esta oposición provenía, sobre todo, de los partidos de
izquierda. En la elección del 1990 las fuerzas afines a Fujimori no logra-
ron consolidar una mayoría absoluta, por tanto, en un entorno de débil
apoyo al Ejecutivo por parte del Congreso, la polarización se incrementa-
ba cada vez más.
La estrategia empleada por Chávez en Venezuela se aproxima a la de Fuji-
mori en Perú. En ambos casos, ninguno de los dos contaba con una mayoría
absoluta dentro del Congreso y, de igual forma, ambos enfrentaban oposi-
ciones dentro del mismo. Con los altos índices de aprobación que en 1992
alcanzaban un 60 % (Tanaka 2001), Fujimori promovió un golpe para desti-
tuir al Congreso. No obstante de que iniciaba una ruta autoritaria, éste dio
un viraje hacia la vía constitucional, convocando en el mismo año a la elec-
ción del Congreso Constituyente Democrático (CCD) que, además de las
funciones relativas a un Congreso ordinario, tendría también la obligación
de redactar una nueva Constitución.
Como se verá que también sucedió en el caso chavista, la redacción de una
nueva Constitución le permitió a Fujimori, entre otras cosas, la reversión
del escenario de fuerzas políticas y cambiar las reglas políticas en su favor.
No obstante, no debe soslayarse que el cambio en la dirección de las accio-
nes de Fujimori se debieron en gran medida a la presión internacional. La
elección de un congreso y la redacción de una nueva Constitución fue la es-
trategia que le permitió construir un aura de legitimidad hacia el exterior.
109
En relación a las cuestiones de tipo procedimental vinculadas a la asam-
blea, debe decirse que las normas para la elección del Congreso Constitu-
yente Democrático fueron expedidas por el llamado Gobierno de Emergen-
cia y Reconstrucción Nacional, y se contenían en la Ley para la Elección
del Congreso Democrático. La elección se realizó en un distrito electoral
único, con un sistema electoral proporcional, en la que los electores elegían
una lista, pudiendo elegir dos congresistas de su preferencia dentro de la
misma. En el proceso, las principales fuerzas opositoras se abstuvieron de
participar, y aquellas que lo hicieron obtuvieron alrededor de un cuarto de
los votos. La mayoría absoluta fue alcanzada por las fuerzas afines a Fuji-
mori. En el referéndum para la aprobación de la Constitución, la aprobación
ganó con un margen muy estrecho, lo cual, según Tanaka (2001), reflejaba
problemas en el proceso de consolidación del proyecto fujimorista.
5.2) La constitución bolivariana: el inicio de la pulseada chavista-
antichavista
Tal y como ocurrió en Perú, la propuesta de una Asamblea Constituyente en
Venezuela surge en un ambiente de deslegitimación del sistema político y
desinstitucionalización del sistema de partidos. En el caso de Venezuela,
esta crisis se vio alentada por la difícil situación económica generada por la
deuda externa y el deterioro progresivo en las condiciones de vida. A ello,
se sumó la conflictividad social auspiciada por el enfrentamiento de las
fuerzas políticas hegemónicas del sistema. Los intentos de golpe de Estado
acaecidos en 1992 son una evidencia de la crispación política y social que
el país enfrentaba.
En este contexto de desgaste político, surge la propuesta de Hugo Chávez,
retomando el discurso de la Constituyente (antes se habían generado pro-
puestas sin éxito) como una alternativa para la viabilidad política y social
del país. Chávez logra posicionar el tema de la Asamblea Constituyente
como la única alternativa ante los problemas sociales y económicos que el
país vivía. En cuanto Hugo Chávez asumió el poder en 1999, emitió el De-
creto Nº 2. En el mismo, toma como fundamento de su acto la Ley Orgáni-
ca del Sufragio y Participación Política que preveía la posibilidad de una
consulta popular frente a ciertas decisiones del gobierno y el artículo 4º de
la Constitución relativo al principio de soberanía. En este decreto, se con-
vocaba una consulta popular bajo las siguientes preguntas: “¿Convoca us-
ted a una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transfor-
mar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el
funcionamiento efectivo de una Democracia Social Participativa? y ¿Auto-
riza usted al Presidente de la República para que mediante Acto de Gobier-
PABLO BIDERBOST - GISELLE DE LA CRUZ HERMIDA
110
STUDIA POLITICÆ
15 ~ invierno 2008
no fije, oída la opinión de los sectores políticos, sociales y económicos, las
bases del proceso comicial en el cual se elegirán los integrantes de la
Asamblea Nacional Constituyente?”.
17
A posteriori, la Corte Suprema de Justicia jugó un rol fundamental dentro del
proceso al declarar la viabilidad de la Asamblea Constituyente mediante la
sentencia Nº 17 del 19 de enero de 1999. En los contenidos de dicho docu-
mento el magistrado ponente Humberto J. La Roche argumentó la legitimi-
dad y procedencia de la Asamblea Constituyente en razón de ser refrendada
por la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano a partir de un acto de con-
sulta pública. Entre los principios jurídicos que se invocaron, está el de la su-
praconstitucionalidad, el cual sostiene que el modelo positivista no prevé
ninguna posibilidad de que el pueblo ejerza su soberanía para darse una nue-
va Constitución. En consecuencia, dentro del ámbito de las instituciones ju-
rídicas del Estado, la convocatoria a una Asamblea Constituyente que se sus-
tenta en el apoyo popular puede legitimar el nuevo ordenamiento jurídico.
Este importante fallo también se pronuncia sobre la caducidad de un siste-
ma y la incapacidad de las instituciones para responder a los retos del cam-
bio político y social, proclama el derecho de autodeterminación popular,
más allá del dogmatismo constitucional, y señala la importancia del dere-
cho como un instrumento de cambio social y como una vía para el cambio
político.
18
Las Bases de la Convocatoria fueron expedidas por el Consejo
Nacional Electoral en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela. Estas
bases definieron un sistema de elección mayoritario mediante la elección de
setenta y seis constituyentes en veinticuatro regiones, coincidentes con los
Estados y el Distrito Federal en base a la población de cada entidad. Veinti-
cuatro constituyentes fueron electos en una sola circunscripción y tres dipu-
tados fueron designados como representantes de las comunidades indígenas
de asentamiento ancestral en territorio venezolano. El 98 % de los votos fue
obtenido por las fuerzas afines al Presidente Hugo Chávez.
6) Conclusiones
En los últimos años, se ha comenzado a indagar respecto a la dimensión
política de las reformas económicas llevadas a cabo en las jóvenes demo-
17
Tomado del informe “Fraude a la democracia” Caso Venezuela, realizado por el Co-
mité Técnico de Substanciación en Caracas, Venezuela, 2004.
18
Véase: Bases jurisprudenciales de la supraconstitucionalidad, Tribunal Supremo de
Justicia, Colección de Estudios Jurídicos, Tribunal Supremo de Justicia, 2002, Caracas
Venezuela.
111
cracias latinoamericanas (Paramio 1999). La literatura se ha concentrado en
describir la actuación de los partidos políticos, las agrupaciones de la socie-
dad civil y el electorado durante el periodo en el que se dejaba atrás la lla-
mada Matriz Estado-céntrica para avanzar hacia una Matriz Mercado-cén-
trica (Cavarozzi 1996). El presente trabajo ha pretendido describir el
comportamiento de los votantes peruanos y venezolanos en tiempos en los
que se ejecutaban reformas estructurales y empeoraban los indicadores que
reflejan la exclusión social y económica. A su vez, se ha pretendido arrojar
luz sobre los procesos que condujeron desde la desinstitucionalización de
los sistemas de partidos a la puesta en marcha de procesos constitucionales
en ambos países.
Lo analizado en estas páginas ha permitido certificar lo ya expuesto por To-
rre (1998). La creencia en la necesidad de las reformas difirió de un escena-
rio a otro. Mientras ambos electorados, optaron, en determinado momento,
por la elección de primeros mandatarios que representaban la antítesis de
sus respectivas clases políticas tradicionales, las respuestas a las reformas
económicas fueron divergentes. En Perú, el desorden macroeconómico pre-
vio al gobierno de Alberto Fujimori le allanó el camino de cortapisas para
la aplicación de ajustes estructurales. La sociedad peruana descreía de los
partidos políticos históricos y facilitó el ascenso al poder de un inexperto en
cuestiones de gobierno. Evidentemente, también actúa positivamente en su
reiterado éxito electoral la particular red clientelar que supo enhebrar con
recursos estatales.
Lo opuesto acontece en Venezuela. La sociedad aún no había detectado la
precisión de modificaciones substanciales en el plano económico. Por ello,
en las contiendas electorales y en la persistente convulsión social, puede
hallarse una explícita desaprobación a la clase político-partidaria tradicional
y a su propuesta. Tanto en Perú como en Venezuela, es posible advertir la
utilidad de la teoría del voto económico “normal” y de sus más recientes
actualizaciones. Al mismo tiempo, cabe decir que su capacidad explicativa
debe ser edulcorada con otros aportes procedentes de la sociología electoral
y la teoría del voto.
Por último, cabe recordar que nuevos escenarios políticos y económicos
han sido el legado de esta trayectoria descrita. De la aplicación durante el
decenio de 1990 de recetas neoliberales y su propiciación del recorte de las
atribuciones históricamente reconocidas al Estado latinoamericano, se ha
pasado a una reivindicación del rol que compete al aparato estatal como
institución que, bajo la aplicación de mecanismos redistributivos de natura-
leza diversa, debe limitar el libre desenvolvimiento de las fuerzas del mer-
cado. La actual crisis económico-financiera ha venido a confirmar esta ten-
dencia no sólo ya en países en vías de desarrollo sino, también, en las
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STUDIA POLITICÆ
15 ~ invierno 2008
sociedades del mundo desarrollado. Este nuevo escenario político-económi-
co actualiza la necesidad de la aplicación de las variables y conceptos aquí
utilizados para una correcta detección de la existencia o no de cierta conti-
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