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*
Traducido del inglés por Daniel Groisman (danielgroisman@gmail.com). Originalmente
publicado en inglés como “Patronage Politics and Contentious Collective Action: A Recur-
sive Relationship” en Latin American Politics and Society, vol. 51, Nº 3 (otoño 2009).
**
Javier Auyero es profesor de Sociología en la Universidad de Texas-Austin. Fernanda
Page y Pablo Lapegna son estudiantes de Doctorado en la Universidad del Estado de
Nueva York-Stony Brook.
Javier Auyero, Fernanda Page y Pablo Lapegna
**
Resumen
Basado en reanálisis etnográficos y en investigación cualitativa reciente
sobre política popular, este trabajo sostiene que la política clientelista
cotidiana y la acción colectiva no-cotidiana deberían ser estudiadas no
como fenómenos políticos opuestos y contradictorios, sino como proce-
sos dinámicos que, con frecuencia, establecen relaciones recursivas. Me-
diante una serie de estudios de caso llevados a cabo en la Argentina con-
temporánea, examinamos cuatro ejemplos en los que el clientelismo y la
acción colectiva se entrecruzan e interactúan entre sí. Estos son: 1) co-
lapso de la red; 2) validación patronal; 3) apoyo clandestino; y 4) reac-
ción a la amenaza. Los cuatro escenarios demuestran que más que ser
dos esferas de acción o dos modos diferentes de sociabilidad, el cliente-
lismo y la política contenciosa pueden estar imbricados. Por medio de
ejemplos, se muestra que tanto cuando falla como cuando prospera, el
clientelismo puede residir en la raíz de la acción colectiva.
Abstract
Based on ethnographic reanalysis and on current qualitative research on
poor people’s politics, this paper argues that routine patronage politics
Clientelismo político y acción
colectiva contenciosa: una
relación recursiva
*
STUDIA POLITICÆ Número 14 ~ otoño 2008.
Publicada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales,
de la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, República Argentina.
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14 ~ otoño 2008
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Siguiendo la literatura reciente sobre el tema, usamos aquí los términos patronazgo
político y clientelismo político como intercambiables (Kitschelt y Wilkinson 2007; Le-
vitsky 2007; Wilkinson 2007).
6
Este paper no está basado en “revisitaciones” etnográficas sino en “revisitaciones ana-
líticas”; esto es lo que Burawoy llama reanálisis etnográfico, “que implica la interroga-
ción de una etnografía ya existente sin ningún trabajo de campo adicional” (Burawoy
2003: 646). En otras palabras, no volvimos al “campo”; en su lugar, revisitamos nuestros
datos (notas de campo, entrevistas e informes periodísticos).
and non-routine collective action should be examined not as opposite
and conflicting political phenomena but as dynamic processes that,
oftentimes, establish recursive relationships. Through a series of case
studies conducted in contemporary Argentina, we examine four instances
in which patronage and collective action intersect and interact. These
are: 1) network breakdown, 2) patron’s certification, 3) clandestine
support, and 4) reaction to threat. These four scenarios demonstrate that
more than two opposed spheres of action or two different forms of
sociability, patronage and contentious politics can be mutually
imbricated. Either when it malfunctions or when it thrives, clientelism,
this papers shows by way of example, may lie at the root of collective
action
Introducción
E
L clientelismo político ha sido tradicionalmente entendido como se
parado de y antagónico a la mayoría de las formas de acción colecti-
va. La mayor parte de los estudiosos del tema acuerdan que la políti-
ca de patronazgo, cohíbe la organización colectiva y desalienta la disputa
popular.
5
Las relaciones verticales y asimétricas que definen los arreglos
clientelistas han sido conceptualizadas como el exacto contrario de los la-
zos horizontales —que se entiende son la pre-condición necesaria de la ac-
ción colectiva—, se den en forma esporádica o en forma más sostenida
(esto es, movimientos sociales). Basado en reanálisis etnográficos y en in-
vestigación cualitativa reciente sobre política popular en Argentina,
6
este
trabajo sostiene que la política de patronazgo cotidiano y la acción colecti-
va no-cotidiana deberían ser estudiadas no como fenómenos políticos
opuestos y contradictorios, sino como procesos dinámicos que, con fre-
cuencia, establecen relaciones recursivas. Si bien son entendidos aquí como
distintas estrategias para resolver problemas de supervivencia y lidiar con
reclamos, el clientelismo y la acción colectiva contenciosa a veces se super-
ponen. Argumentaremos que la atención a las continuidades e interpenetra-
ciones entre las estrategias de resolución de problemas cotidianos y no-co-
9
7
Embeddedness (N. del T).
tidianos, sostiene la esperanza de una comprensión más amplia de la políti-
ca popular en Latinoamérica y en otras regiones.
La primera sección de este artículo ofrece una breve reseña de la literatura
sobre clientelismo político. Esta se ha extendido por más de cinco décadas
y ha visto un reciente resurgimiento con la creciente atención de los estu-
dios políticos en las “instituciones informales” (Helmke y Levitsky, 2004).
También damos cuerpo a nuestra afirmación, concerniente a un acuerdo ge-
neral de la literatura, sobre la función del patronazgo como un fenómeno
social que obstaculiza formas conjuntas de reclamos.
Mediante un reanálisis etnográfico de trabajos de campo en diferentes pro-
vincias argentinas y de investigación actual sobre la dimensión clandestina
de la política, la principal y segunda sección de este artículo explora cuatro
casos diferentes en los que el clientelismo y la acción colectiva se entrecru-
zan e interactúan entre sí. El primero, bien estudiado en la literatura, ilustra
un escenario de colapso de la red. Los otros tres, poco atendidos en los es-
tudios actuales, son variaciones de lo que llamamos
apoyo relacional. Estos
son: 1) validación patronal; 2) apoyo clandestino; y, 3) reacción a la amena-
za. Estos cuatro ejemplos muestran que más que ser dos esferas de acción o
dos modos diferentes de sociabilidad, el clientelismo y la política conten-
ciosa pueden estar imbricados. Tanto cuando no funciona como cuando lo
hace, el clientelismo —lo mostramos por vía de ejemplo— puede residir en
la raíz de la acción colectiva —un “incrustamiento”
7
que estudios de reper-
torios de disputa han anticipado pero no han explorado en detalle (Tilly
1986; 1995; 2006).
En las conclusiones ampliamos las dimensiones analíticas que emergen de
nuestro estudio. Un adelanto: nuestros ejemplos demuestran que la falta de
atención a la relación recursiva entre el clientelismo y la acción colectiva,
conlleva el riesgo de perder mucho de la dinámica de la forma cotidiana y
las formas más extraordinarias de la política popular. Un enfoque empírico,
en el área donde se imbrican, debería proveer una mejor visión de dos pro-
cesos que, habiendo sido identificados como cruciales en muchas formas de
política contenciosa, juegan un rol clave en los episodios reconstruidos a
continuación. Estos dos procesos son: la mediación —aquí entendida sim-
plemente como “el forjamiento de vínculos sociales entre personas y sitios
previamente desvinculados” (Burt 2005)— y la validación —aquí entendi-
da como “la validación de actores, sus desempeños y sus reclamos por par-
te de autoridades externas” (McAdam, Tarrow y Tilly 2001; véase también
Tarrow y Tilly 2007; McAdam, Tarrow y Tilly 2009).
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Para evidencias sobre su duración en Méjico, véase también Holzner 2007, Tosoni
2007; en Brasil, véase Arias 2006; en Argentina, véase Brusco, Nazareno y Stokes 2004
y Levitsky 2007; en Bolivia, véase Lazar 2008; en Venezuela, véase Smilde 2008; en
Perú, véase Schneider y Zúniga-Hamlin 2005; en India, véase Wilkinson 2007; para un
estudio general, véase Roniger y Günes-Ayata 1994.
También consideramos las limitaciones de nuestro análisis. Anticipamos: a)
dado que nuestros cuatro escenarios no agotan el rango de posibles relacio-
nes entre el clientelismo y la protesta, investigaciones adicionales deberían
explorar el área de intersección, no simplemente en el punto de origen de la
acción colectiva (como lo hacemos a continuación) sino también durante el
curso de la disputa; b) considerando que los subsiguientes análisis se foca-
lizan en redes clientelares que se asemejan en varias dimensiones importan-
tes (fuentes y tipos de bienes distribuidos, modos de monitoreo a los segui-
dores, etc.), investigaciones adicionales deberían examinar el impacto
diferencial que las variaciones en la forma del clientelismo tiene en el ca-
rácter de la acción colectiva.
La doble vida del clientelismo
Entendido como la distribución (o promesa) de recursos por parte de posee-
dores de cargos políticos o candidatos políticos, a cambio de apoyo políti-
co, el clientelismo ha mostrado, para citar el aún perspicaz análisis de las
maquinarias políticas de los EE.UU. de Robert Merton, una “notable vitali-
dad” en muchas partes del mundo moderno (1949:71). En las palabras de
los autores del más reciente estudio sobre este fenómeno socio-político resi-
lente, el clientelismo es una forma particular de vínculo partido-votante; es
una “transacción, el intercambio directo del voto de un ciudadano a cambio
de pagos directos o acceso continuo a empleos, bienes y servicios” (Kits-
chelt y Wilkinson, 2007:2). Según estos autores, los lazos de votante-parti-
do basados en el patronazgo siguen operando (y a veces expandiéndose) no
sólo en las nuevas democracias de América Latina, en la Europa pos-comu-
nista, en el sur y sudeste asiático y en partes de África, sino también, y con-
trariamente a las predicciones de aquellos que vieron el clientelismo como
un “vestigio de patrones pre-industriales que desaparecerían gradualmente
en el occidente moderno” (Kitschelt y Wilkinson, 2007:3), en democracias
industriales tales como Italia, Austria y Japón.
8
Es de conocimiento general que los intercambios clientelistas se concatenan
en redes piramidales constituidas por relaciones asimétricas, recíprocas y
cara a cara. La estructura de lo que David Knoke (1990) llama “redes de
11
dominación” y los actores clave dentro de las mismas (patrones, mediado-
res y clientes) son un fenómeno bien estudiado de la vida política popular,
en ámbitos urbanos y rurales (para ejemplos de obras clásicas véase Lazar
2008; Auyero 2007; Schedler 2004; Holzner 2004).
Dentro de la extensa literatura sobre esta temática, existe el acuerdo general
de que las relaciones patrón-mediador-cliente están tan lejos de cualquier
sociabilidad simmeliana (“el más puro, más transparente, más encantador
tipo de interacción –aquella entre iguales” [Simmel 1971:133]) como de la
societas leonina romana (una asociación en la que todos los beneficios van
hacia un lado). La vasta literatura coincide en que las relaciones clientelis-
tas, son un combinado complejo de las cuatro formas diferentes de interac-
ción social identificadas por Simmel en su clásico Sobre la individualidad y
las formas sociales: intercambio, conflicto, dominación y prostitución. Las
relaciones clientelistas son vistas como arreglos jerárquicos, como vínculos
de dependencia y control basados en diferencias de poder y desigualdad.
Siendo altamente selectivas, particularistas y difusas, “se caracterizan por el
intercambio simultáneo de dos diferentes tipos de recursos y servicios: ins-
trumentales (ej., económicos y políticos) y asociativos o expresivos (ej.,
promesas de lealtad y solidaridad)” (Roniger, 1990:3; como representativos
de la extensa literatura inclúyase Silverman 1965; Boissevain 1977; Guter-
bock 1980; Bodeman 1988; Gay 1998).
Con sus favores particularizados, los patrones y mediadores políticos ofre-
cen canales alternativos para que “las cosas realmente se hagan”, evitando
la indiferencia burocrática. Como lo muestran convincentemente Robert
Gay (1990; 1994) y Gerrit Burgwald (1996) en sus estudios de dos favelas
en Rio de Janeiro y en un asentamiento de ocupas en Quito, la mediación
clientelista es un modo efectivo de obtener muchos servicios urbanos que
de otra forma serían inaccesibles para aquellos que carecen de contactos.
Con sus reglas informales de promoción y recompensa (también en una es-
tructura de partido informal) y su acceso de bajo costo a trabajos en el esta-
do, la red clientelista a su vez ofrece uno de los pocos canales restantes de
movilidad social ascendente. En un contexto de oportunidades económicas
menguantes, el compromiso leal y sostenido con la maquinaria partidaria
puede asegurarles a los participantes acceso a trabajos e influencia en la
distribución de recursos públicos.
El clientelismo se lleva a cabo usualmente a través de redes multifacéticas
y perdurables de intercambio recíproco. Como lo dicen Kitschelt y Wilkin-
son (2007:19):
En muchos sistemas caracterizados por niveles de pobreza relativa-
mente altos —como Tailandia, India, Paquistán o Zambia— los pa-
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Para un análisis de esta dimensión simbólica de las redes clientelares, véase Auyero
2000 (especialmente el capítulo cuarto).
trones directamente compran votos de sus clientes a cambio de dine-
ro, alcohol, ropa, comida u otros bienes de consumo inmediato [...]
Sin embargo, mucho más frecuentes que transacciones únicas de esta
naturaleza son las redes de intercambio, obligación y reciprocidad
sostenidas en un periodo largo de tiempo, en las que los patrones pro-
veen bienes privados o bienes colectivos a sus clientes.
No obstante, la política de patronazgo no se trata solamente de la distribu-
ción de recursos materiales a cambio de apoyo político. Una línea de inves-
tigación inspirada por la sociología de Pierre Bourdieu observó que el
clientelismo, no sólo vive en la objetividad del intercambio de red sino que
tiene una segunda vida, subjetiva, en las prácticas que inculca en algunos
de sus actores —prácticas que aseguran la reproducción de este arreglo
(Rutten 2007; Auyero 2000, 2007). Esta investigación sostiene que la apari-
ción automática del intercambio de “apoyo por favores” que usualmente se
toma en cuenta en la literatura, no debería ser interpretada en términos me-
canicistas sino como el resultado del acostumbramiento que genera en be-
neficiarios o clientes. Este cuerpo de investigación muestra que el funciona-
miento
diario de las redes clientelares de resolución de problemas, produce
un conjunto de arreglos entre aquellos que reciben los favores diarios de
patrones y mediadores políticos. Enfatizamos la operación regular, rutinaria
de esta red para resaltar que esta relación trasciende actos singulares de in-
tercambio. En su análisis de la emergencia del activismo entre trabajadores
filipinos, Rutten (2007) llama a este juego de herramientas “disposicional”
como “habitus clientelista”. Estos esquemas de percepción, evaluación y
acción son, a su vez, reconfirmados por las acciones simbólicas que los pa-
trones y mediadores políticos ponen en escena rutinariamente en sus discur-
sos públicos (enfatizando el “amor” que sienten por sus seguidores y su
“servicio al pueblo”) y en sus formas personalizadas de dar (remarcando
sus esfuerzos para obtener los bienes y, así, creando el supuesto de que si
ellos no estuvieran allí, los beneficios no serían repartidos).
9
En otras palabras, la política clientelista no está limitada a la resolución de
problemas materiales. El “modo de dar” que los mediadores políticos y pa-
trones ponen en escena —un modo de dar en el que el patrón y/o los media-
dores políticos (sea éste o ésta un/a jefe/a de distrito electoral de Chicago,
un cacique mexicano, un puntero argentino o un cabo eleitoral de Brasil)
se autorepresentan como “uno más de nosotros, que entiende de qué se tra-
ta” (Merton, 1949:75) —es una dimensión central en el funcionamiento y
persistencia del clientelismo.
13
10
Para una definición alternativa de la política y, por consiguiente, de acción colectiva,
véase Armstrong y Bernstein (2008).
La “forma de asistencia humana y personalizada a quienes están necesita-
dos”, como lo dijo famosamente Merton, es por consiguiente un elemento
constitutivo en el funcionamiento y durabilidad del clientelismo.
Acción colectiva contenciosa
Con el propósito de analizar las relaciones recursivas entre clientelismo y
política contenciosa, nuestro acercamiento combina tres dimensiones: la
disputa, la acción colectiva y la política. Siguiendo a Tilly y Tarrow (2006),
entendemos que la contención implica “reclamar algo que se relaciona con
los intereses de alguien”, que la acción colectiva denota “los esfuerzos co-
ordinados en representación de intereses compartidos y programas” y la po-
lítica es un reino de interacción en la que al menos uno de los actores es un
agente del gobierno.
10
Así, con el propósito de los subsiguientes análisis,
definimos la política contenciosa como el hacer reclamos públicos y colec-
tivos en los que “al menos uno de los grupos es ya un actor político y un
gobierno es al menos un grupo para los reclamos, en el sentido de que una
presión exitosa de los reclamos involucrará a mediadores políticos del go-
bierno como observadores, reguladores, garantes o implementadores” (Tilly
2006:20). Estos reclamos, siguiendo nuestra definición, deben ser conse-
cuentes —significando esto que, si se realizan, afectarán los intereses del
objeto de los reclamos (Tilly 2006; Tilly y Tarrow 2006).
Entre los hallazgos más establecidos en la investigación de movimientos
sociales y acción colectiva, se encuentra la noción de que “los lazos socia-
les previos operan como base para el reclutamiento en los movimientos y
que los contextos sociales establecidos son el locus de la emergencia de los
movimientos” (Diani 2003:7). La literatura existente acuerda sobre el rol
clave que juegan las organizaciones autóctonas o redes asociativas en la
emergencia de un movimiento (McAdam 1982; Morris 1984; Osa 1997,
2003; McAdam, Tarrow, Tilly 2009).
Lejos de ser un reino de posible cooperación, las redes clientelares son, por
el contrario, una estructura (des)movilizadora (Rock 1972, 1975;
O’Donnell 1992; Holzner 2007). Conceptualizado como lo que Julian Pitt-
Rivers (1954:140) conocidamente llamó “una amistad asimétrica”, los vín-
culos patrón-cliente son vistos como el exacto opuesto de las redes horizon-
tales del compromiso cívico que, se dice, promueven una comunidad
verdaderamente cívica y que, además, “hacen funcionar la democracia”
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Para una reciente e iluminadora excepción de las formas en las que los ciudadanos,
en su intento de resolver problemas urgentes de sobrevivencia, pueden ir y venir entre
redes “opuestas”, véase Quiroz (2007). Para una postura teórica análoga concerniente a
la falsa oposición entre políticas institucionalizadas y no institucionalizadas, véase
Goldstone (2003).
(Putnam 1993) y hacen posible la actividad de los movimientos sociales.
Por consiguiente, y lo que es muy importante para el tema de este trabajo,
la inserción (embeddedness) en relaciones clientelares es entendida como
supresora de la participación en los contextos relacionales más horizontales
que fueron pensados como “conducentes a varias formas de compromiso
colectivo” (Diani 2003:2; véase también Emirbayer y Goodwin 1994; Oli-
ver 1984; McAdam y Fernandez 1990; Taylor y Whittier 1995; Passy 2003;
Mische 2007).
Investigaciones llevadas a cabo en enclaves de pobreza urbana (villas mise-
ria, favelas, asentamientos de ocupas, colonias, etc.) y en movimientos so-
ciales de gente pobre en Latinoamérica, muestran que clientelismo y movi-
lización colectiva pueden, en realidad, coexistir en el mismo lugar
geográfico; usualmente de manera conflictiva (Gay 1990; Burgwald 1996;
Lazar 2008). En su crónica de la emergencia y desarrollo del movimiento
piquetero en Argentina (como el movimiento social que agrupaba a los des-
ocupados y que usaba bloqueo de rutas, piquetes, como táctica principal)
Svampa y Pereyra (2003:93), por ejemplo, afirman que las organizaciones
piqueteras representan un “primer desafío concreto contra los mediadores
políticos” de la maquinaria clientelar del partido peronista (las cursivas son
nuestras). Otro ejemplo reciente se encuentra en el trabajo de Claudio Holz-
ner (2006). Escribiendo sobre la “empecinada resilencia de las organizacio-
nes clientelares y las prácticas en Méjico, a pesar de una sociedad civil que
se fortalece y una competencia electoral creciendo en todos los niveles,”
(77) nota la emergencia de formas “rivales” de organización política —una
que es jerárquica y clientelar y otra que enfatiza la participación democráti-
ca, la autonomía política y que “resiste activamente al clientelismo políti-
co” (77, las cursivas son nuestras).
A pesar de que apuntan a la complejidad de la política popular y la diversi-
dad de las estrategias de resolución de problemas usadas por los destitui-
dos, todos estos estudios describen a las redes clientelares y a las relaciones
movilizadoras como dos campos diferentes y opuestos de acción política
,
dos esferas de interacción social e intercambio que pocas veces se superpo-
nen y que generalmente “rivalizan”, “resisten” o desafían entre ellas.
11
El
predominio del clientelismo entre los pobres, la investigación existente co-
incide en ello, frustra el reclamo colectivo así como aísla y atomiza ciuda-
15
danos, impidiendo de esta manera el trabajo organizacional y relacional en
la base de la acción colectiva.
Casos ilustrativos
Caso 1: El colapso de la red
Como dijimos antes, la mayor parte de la bibliografía examina el clientelis-
mo como antagónico a la acción colectiva contenciosa. Sin embargo, la lite-
ratura también acuerda que en un caso particular (el de la ruptura de los arre-
glos clientelares) la protesta puede, a decir verdad, emerger del clientelismo
—y usualmente sucede de formas explosivas. Cuando un sistema bien acei-
tado de patrón-cliente, crucial para la sobrevivencia de la población local,
fracasa o súbitamente colapsa, “la reciprocidad [puede] cambiar a rivalidad”
(Lemarchand 1981:10). Los investigadores están familiarizados con estas si-
tuaciones de movilización de masas, originadas a partir del mal funciona-
miento abrupto de las relaciones sociales y políticas cotidianas: el cientista
político James Scott (1977) examinó una de sus versiones al escribir sobre
las revueltas colectivas causadas por los cambios repentinos en el “balance
de reciprocidad” entre terratenientes y arrendatarios (un balance que, como
lo estudia Scott en detalle, fue la fundación normativa de las redes clientela-
res en sociedades agrarias). El historiador E.P Thompson (1993), reveló un
caso análogo al diseccionar los disturbios por comida en la Inglaterra del si-
glo XVIII como una ruptura en la “economía moral de los pobres” —la
“consistente visión tradicional de las normas sociales y obligaciones, de las
funciones económicas apropiadas de varios grupos dentro de la comunidad”
(Thompson 1993:188). Una afrenta a estas asunciones morales —causada
por una alteración inesperada en el “equilibrio particular entre autoridad pa-
ternalista y la multitud” (294)— fue en la perspectiva de Thompson, “la oca-
sión habitual para la acción directa”. Más recientemente, la socióloga Mag-
dalena Tosoni (2007) analiza otro acontecimiento focalizando su atención en
el Méjico urbano contemporáneo. Describe el proceso por el cual los resi-
dentes de la colonia San Lázaro (un barrio de clase trabajadora en Ciudad de
Méjico) hacían campaña, apoyaban y votaban por un candidato que había
prometido ayudar a resolver un problema de tenencia de tierras en el distrito.
En el momento de la asunción el puntero se “olvidó” de sus clientes y no
cumplió con lo que se había acordado. Como resultado, la multitud se movi-
lizó y protagonizó una protesta y un bloqueo de rutas masivo.
Ilustremos este primer caso de relación recursiva entre clientelismo y pro-
testa, lo que llamamos el escenario de colapso, revisitando el caso del San-
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Los detalles metodológicos de esta reconstrucción pueden encontrarse en Auyero
(2003).
tiagazo —una protesta masiva cuyas raíces se hunden en la abrupta “dis-
rupción de las cotidianas” (Snow et al. 1998) relaciones clientelares (una
descripción y explicación detallada de esta protesta se encuentra en Auyero
2003a, 2003b, 2003c).
El 16 de diciembre de 1993, la ciudad de Santiago del Estero, presenció lo
que el New York Times (18, diciembre 1993:3) llamó “la peor agitación so-
cial en años”. Miles de empleados públicos y ciudadanos residentes, de-
mandando sus salarios y pensiones impagos (con un atraso de 3 meses) in-
vadieron, saquearon y quemaron tres edificios públicos (la casa de
gobierno, los tribunales y la legislatura) y cerca de una docena de casas de
funcionarios del estado y políticos. Descriptos por los principales diarios
argentinos como “gente hambrienta y enojada”, estos ciudadanos disgusta-
dos manifestaron su descontento con la expandida corrupción guberna-
mental. Este episodio fue un evento único en la Argentina moderna: un le-
vantamiento que condujo hacia las residencias de los malhechores y
símbolos del poder público sin muertes. Una versión completa de los
eventos está más allá del objetivo de este artículo. Nos concentremos en lo
que nos puede decir sobre la imbricación entre las redes clientelares y la
disputa popular.
12
En 1993, Juana era organizadora de una comunidad de base católica. Parti-
cipó en la manifestación masiva del 16 de diciembre, volviéndose a su casa
temprano por la mañana, en el momento en que la reacción policial aumen-
taba. Miró por televisión la quema y el saqueo de los edificios públicos y
las casas de los políticos, recordando que “mirábamos con la gente de mi
comunidad con gran entusiasmo”. Vale la pena citar los recuerdos de Juana
de los meses previos a los disturbios, porque sintetizan muchos elementos
cruciales de los eventos que precedieron a la “explosión”. Describe los
efectos del colapso del sistema de clientelismo local basado en empleo pú-
blico (46 % de los asalariados de la provincia eran empleados públicos);
colapso que tuvo sus raíces en políticas de ajuste estructural implementadas
en aquel momento en Argentina.
Bueno, déjeme decirle que antes de que suceda lo del 16 de diciem-
bre, los empleados públicos, todos aquellos trabajadores que depen-
den del gobierno provincial, no pudieron percibir sus salarios. Hubo
al menos tres meses sin pago de salarios. La gente no tenía dinero
para remedios o comida. Las tiendas no permitían más comprar a cré-
dito. Todas las sociedades mutuales de ayuda estaban cerradas. Era
17
13
Ley ómnibus es el nombre dado a la ley de ajuste local que el parlamento aprobó el
12 de noviembre de 1993. Implicaba el despido de cientos de trabajadores temporales, la
reducción de los salarios de la administración pública y la privatización de la mayoría de
los servicios públicos. En una provincia en la que la mitad de los asalariados son em-
pleados públicos, semejante ley estaba destinada a provocar protestas masivas.
un caos terrible. Yo tenía un negocio en casa. [...] Yo era una trabaja-
dora independiente, pero mi esposo dependía del gobierno provincial.
De alguna manera, toda la situación me afectó a mí también ya que
las ventas bajaron y quebré.
El 16 de diciembre de 1993, estudiantes secundarios y universitarios, jubi-
lados, trabajadores del sector informal y jóvenes desempleados se sumaron
a los trabajadores municipales y del gobierno provincial en la concentra-
ción frente a la casa de gobierno de Santiago del Estero. Los manifestantes
enojados tiraron piedras, palos, botellas y pedazos de pavimento a la casa
de gobierno mientras intentaban entrar en el edificio. La policía disparó
gases lacrimógenos y balas de goma a la multitud, que retrocedió luego
hasta la mitad de la plaza principal de Santiago. Seguidamente, la policía
parece haberse quedado sin municiones y abandonó la escena (como lo
averiguamos a través de entrevistas con miembros de las fuerzas policia-
les, tal como el resto de los empleados públicos de una administración
fundida, ellos tampoco habían percibido sueldos por 3 meses). En ese mo-
mento, el saqueo final de la casa de gobierno comenzó. Cuarenta minutos
después, los tribunales, sólo a dos cuadras, se volvieron el blanco de cien-
tos de manifestantes. Rompieron las ventanas y entraron al edificio, de
donde se llevaron computadoras, máquinas de escribir, expedientes de jui-
cios de la corte y quemaron sillas y escritorios. El reporte policial del dis-
turbio dice: “[alrededor de la 1 de la tarde] un grupo llegó al congreso y,
haciendo uso de los mismos métodos utilizados en los edificios anteriores,
entraron, destruyeron y quemaron diferentes piezas del mobiliario y docu-
mentación, así como saquearon diversos objetos...”. Máximo un partici-
pante, describe de la siguiente manera lo que llama “la procesión” desde el
centro, el día de la “explosión”:
Cuando estábamos en la casa de gobierno, los empleados públicos
aplaudían los incendios. Parecía natural seguir con el congreso. Y
mientras íbamos hacia allá, el sentimiento era que tenía que ser igual.
Era el congreso hacia donde la mayor cantidad de bronca se había
acumulado, porque los legisladores votaron a favor de la ley ómni-
bus
13
... entonces les parecía natural, habiendo establecido ya las di-
ferencias con la casa de gobierno y los tribunales que le tocaba al
congreso.
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Después de estar en la legislatura, “un grupo muy dinámico se empieza a
mover en motos y bicicletas”, cuenta Esteban, otro manifestante. Este mis-
mo “grupo dinámico” llegó a la casa de un político y, con vecinos que se
sumaron, quemaron y saquearon. Como continúa el reporte policial: “[Lue-
go de atacar el congreso] grupos, en números estimados de cuatrocientas a
quinientas personas, se desplazaban por las calles de la ciudad, y después
entraron a las residencias privadas de oficiales y ex-oficiales... grupos... se
movían en estado de excitación por diferentes partes de la ciudad...”
Muchos oficiales locales y algunas noticias describieron, con sorpresa, la
“precisión” con la que la multitud se movía de una casa a la otra. Esta pre-
cisión (que oficiales y muchos periodistas usaron como evidencia de la pre-
sencia de activistas o “agitadores subversivos”) ilustra, de hecho, la activa
presencia de arreglos clientelistas en el itinerario de la multitud. Después de
todo, la ruta que los manifestantes siguen incluye las casas de los jefes po-
líticos, los más conocidos patrones políticos y casas que los manifestantes
solían visitar con mucha frecuencia. En un solo comentario, Carlos, un acti-
vo participante de la movilización de masa, encapsula las continuidades en-
tre las redes políticas personalizadas y la disputa:
Aquí, en Santiago, hay bandas que sirven a muchos, muchos propósi-
tos. Estas bandas están formadas por jóvenes marginales. El partido
radical o el partido peronista invitan a estos jóvenes a un asado, lle-
vándolos a mítines partidarios a cambio de comida o dinero...Estos
últimos conocen cada uno de los mecanismos para obtener lo que
quieren de los políticos, ministros o miembros del parlamento. No
son peronistas o radicales, van con cualquiera. Conocen las casas de
los políticos. Han estado allí, porque el político corrupto los invita a
sus casas y comienzan a entender cómo funciona la política. Estos
son los jóvenes que atacaron las casas de los políticos el 16 de di-
ciembre. Sabían perfectamente dónde vivían.
Entre las casas atacadas se encontraba la de Carlos y Nina Juarez. La pare-
ja dominaba una de las más resilentes maquinarias políticas basadas en el
clientelismo del país. Desde los últimos años de la década de los cuarenta
hasta los primeros años del 2000, el juarismo gobernó la provincia, formal
e informalmente. Sociólogos locales se refieren al “modelo juarista” (en re-
ferencia al cinco veces gobernador Carlos Juarez) como un sistema de po-
der basado en la distribución de trabajos en el sector público, viviendas pú-
blicas y otros beneficios de asistencia social, puestos en marcha a través de
redes clientelares bien establecidas (Tasso 1999b). El difundido nepotismo
público y clientelismo político eran, hasta hace poco, los modos prevale-
cientes de conducir los asuntos públicos en Santiago. En un contexto en el
que la política tomó un carácter tan personalizado, no debería sorprender
19
que la insurgencia colectiva tomara la forma que tomó durante el 16 de di-
ciembre. El santiagazo nos muestra cómo el clientelismo puede operar de
doble forma, una bajo redes habituales de reciprocidad, la otra bajo la for-
ma de acciones directas tomadas por la multitud cuando la red colapsa.
Caso 2: Apoyo relacional
La mayor parte de la literatura sobre redes clientelares apunta a su potencial
mal funcionamiento como generador de quejas que, sucesivamente, crean la
oportunidad de la acción colectiva.
14
Sólo redes clientelares recientes, de
buen funcionamiento, han sido analizadas como apoyos relacionales claves
de la acción colectiva. En estos estudios, las redes verticales no necesitan
colapsar para que emerja la acción colectiva; algunos de los actores clave
(patrones, mediadores y/o clientes) han de convertirse, por una serie de ra-
zones (que van desde amenazas a acuerdos existentes a intentos por mejorar
su posición en el campo político) en organizadores de acciones colectivas (y
en algunos casos violentas). Antes de revisitar tres casos que sirven como
ilustraciones varias de lo que llamamos el escenario de “apoyo relacional”,
revisemos brevemente algo de la evidencia empírica disponible sobre este
caso alternativo de una relación recursiva entre disputa y clientelismo.
Explicaciones históricas de “disturbios raciales” en los Estados Unidos,
apuntan a la participación de miembros de partidos políticos establecidos
y/o funcionarios en el apoyo y perpetración de acciones violentas. Janet
Abu-Lughod (2007), por ejemplo, documenta los ataques cometidos por
los Ragen’s Colts —jóvenes adeptos del partido que fueron apoyados fi-
nancieramente por Frank Ragen, un conocido comisionista del condado de
Cook— a los afro-americanos durante las revueltas de 1919 en Chicago.
La maquinaria política, muestra Abu-Lughod, puede actuar como un apoyo
clave de la política contenciosa violenta.
Que las disputas entre redes clientelares operantes puedan estar en la base
de la disputa violenta debería ser poco sorpresivo para un estudioso de gue-
rras civiles. Al escribir sobre las matanzas masivas que tuvieron lugar en
Indonesia entre 1965 y 1966, Stathis Kalyvas (2003:478) afirma, no obstan-
te, estar “ostensiblemente articulados alrededor del clivaje comunismo/anti-
comunismo... [A] exámenes sostenidos de masacres regionales descubrie-
ron todo tipo de conflictos locales... en Bali estaban asociados con
rivalidades de larga data entre grupos clientelares”.
14
Sobre la naturaleza variable de las quejas como un factor importante en la moviliza-
ción, véase Walsh (1981).
JAVIER AUYERO - FERNANDA PAGE - PABLO LAPEGNA
20
STUDIA POLITICÆ
14 ~ otoño 2008
Las redes clientelares también han sido identificadas como el apoyo rela-
cional crucial de la violencia colectiva en Colombia. Como arguye Steffen
Schmidt (1974:109): “la violencia política de Colombia... se debe en gran
medida a la existencia de una difundida política, agresiva y competitiva,
basada en la relación patrón-cliente”. En su detallado estudio de “la violen-
cia”
15
—como se conoce a la ola de violencia política que mató 200 mil
personas en Colombia en los ‘40 y los ’50— la historiadora Mary Roldán
señala un punto similar sosteniendo que en Antioquía “el conflicto partisa-
no proveyó el catalizador inicial a la violencia” (2002:22). Más cercano en
el tiempo, la historiadora Laurie Gunst (1995) y el sociólogo Orlando Pat-
terson (2001) descubren relaciones entre lo que este último llama la “cir-
cunscripción Garrison” (una versión local de una red clientelar) y la violen-
cia de pandillas durante tiempos electorales en Jamaica. Los “vínculos de
tipo mafioso” (Gunst 1995:83) entre políticos y pandillas, “inicialmente
formados para propósitos políticos, ahora también sirven al tráfico de dro-
ga. Durante los ’80, muchas de estas pandillas migraron a Estados Unidos,
donde se hicieron conocidos como pandillas y pronto forjaron una reputa-
ción por su violencia” (Patterson 2001:1). Los orígenes de las mafias de la
droga en Nueva York, argumenta Gunst, pueden ser encontrados en las pan-
dillas, que eran agrupaciones políticas armadas por líderes partidarios vin-
culados a Seaga o Manley.
La relación entre clientelismo y disputa no necesita, necesariamente, tomar
una forma violenta. En su estudio de la protesta medioambiental en ocho
comunidades del sur de Japón, Broadbent (1998; 2003) observa la presen-
cia de lo que él llama “jefes disidentes” (esto es, líderes locales que se unen
a los manifestantes). Estos jefes son indicativos, en el análisis de Broad-
bent, de los lazos verticales existentes entre ciudadanos y elites que dan
forma a las oportunidades políticas locales. Los jefes políticos locales, es-
cribe, “formaban una estructura vertical que penetraba en la comunidad a
través del partido político, el gobierno y los grandes negocios” (219-220).
Tanto como un jefe de distrito electoral en las maquinarias políticas de Chi-
cago analizadas por Guterbock (1980) o un cabo eleitoral en una favela
brasilera (Gay 1990), estos jefes locales construyen su poder a través del
clientelismo —ej., “entregando generosas contribuciones en funerales y bo-
das, realizando fiestas de sake para construir camaradería, distribuyendo
pequeñas coimas en tiempos electorales, encontrando empleos e incluso
prometidos/as para el casorio de sus hijos” (Broadbent 2003:222). Las re-
des clientelares oponen una “barrera formidable a la movilización en un
contexto de pueblo” (2003:223) a menos que un jefe disidente se libere:
15
En castellano en el original (N. del T.).
21
“Una vez que un jefe tradicional se libera de sus jefes en favor de la resis-
tencia, puede llevar muchas de sus redes subordinadas ‘automáticamente’
(estructuralmente) al movimiento de protesta” (221).
La evidencia disponible sobre lo que llamamos escenario de apoyo es limi-
tada y dispersa por una razón: esta forma de relación recursiva entre clien-
telismo y acción colectiva no fue estudiada en profundidad, ni teórica ni
empíricamente. En lo que sigue, reconstruimos tres versiones diferentes de
imbricación entre clientelismo y acción colectiva. Como se hará claro, estos
casos muestran que no hay necesidad de un colapso o interrupción en el
flujo de intercambios clientelares para que la disputa ocurra. Las redes
clientelares de buen funcionamiento pueden ser intencionalmente activadas
para conducir la política por otros medios colectivos (a veces violentos).
Caso 2.1: Validación patronal
Las redes clientelares pueden actuar como las estructuras movilizadoras ne-
cesarias para generar la acción colectiva; en lugar de intentar suprimir o
restringir la disputa, los patrones y mediadores políticos pueden eventual-
mente dar validez a un levantamiento de masas. Veamos el caso de la pue-
blada en la Patagonia argentina como ejemplo de este proceso dinámico.
16
Entre el 20 y el 26 de junio de 1996, miles de residentes de Cutral-Có y Pla-
za Huincul, dos pueblos petroleros en la provincia sureña de Neuquén, blo-
quearon todas las rutas de acceso al área, deteniendo de forma efectiva el
movimiento de personas y bienes por siete días y seis noches. Los piquete-
ros, como se llamaban a sí mismos los manifestantes en la barricada, pedían
“fuentes de empleo genuinas”, rechazaban la intervención de sus represen-
tantes elegidos y otros políticos locales (acusándolos de deshonestidad, de
llevar a cabo “acuerdos oscuros”) y exigían la presencia del gobernador para
discutir sus reclamos directamente con él. El mismo número de manifestan-
tes, veinte mil según la mayoría de las fuentes, intimidaba a las tropas de la
gendarmería nacional que había sido enviada por el gobierno federal para
“despejar” la ruta nacional. El 26 de junio, el día posterior a que las fuerzas
represivas dejaran el pueblo, el Gobernador Sapag accedió a la mayoría de
las demandas en un acuerdo escrito que firmó con un representante de la co-
misión de piqueteros recientemente formada. La pueblada, como dio en lla-
marse este episodio, fue otro evento extraordinario en la Argentina democrá-
tica contemporánea: no es usual ver tropas replegarse en derrota,
16
Los detalles metodológicos de esta reconstrucción se pueden encontrar en Auyero
(2003).
JAVIER AUYERO - FERNANDA PAGE - PABLO LAPEGNA
22
STUDIA POLITICÆ
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autoridades negociando con líderes electos en el medio de la acción colecti-
va, gobernadores concediendo demandas populares y levantamientos invo-
lucrando pueblos enteros.
El 20 de junio de 1996, temprano por la mañana, una de las estaciones de
radio principales de Cutral-Có, Radio Victoria, sacó al aire las malas noti-
cias: el gobierno provincial canceló un trato con Agrium, una compañía
canadiense, para construir una planta fertilizadora en la región. La radio,
luego, “abrió sus micrófonos para escuchar la reacción del pueblo... un ve-
cino llamó diciendo que el pueblo debía mostrar su descontento... [otro]
dijo que debíamos juntarnos en la ruta”, recuerda Mario Fernández, direc-
tor y dueño de la estación de radio.
17
Todos nuestros entrevistados men-
cionan esos mensajes radiales como centrales en sus recuerdos, no sólo en
términos de cómo la radio aunó a la gente sino también de cómo la radio
local connotó la cancelación del proyecto de la planta fertilizadora. En Ra-
dio Victoria, el ex-intendente Grittini y su aliado político, Fernández, el
dueño y director de la radio, describieron la cancelación del trato con
Agrium como un “golpe final a ambas comunidades”, como “la muerte de
la última esperanza” y como una “decisión absolutamente arbitraria del
gobierno provincial”. Daniel recuerda que: “había mucha bronca...la radio
decía que debíamos salir y manifestarnos, estaban diciendo que era el mo-
mento para ser corajudos.” “Supe del bloqueo por la radio...estaban ha-
blando de la situación social,” dijo Zulma. Daniel, Zulma y el resto apun-
tan hacia el mismo marco articulador y sus funciones similares: la radio
explicó la “situación social” y persuadió a la gente para que fuera a la
ruta.
18
Mientras la radio transmitía “la ira que sentíamos”, como lo explica Daniel,
y llamaba a la gente a la “torre uno” (el sitio que conmemora el descubri-
miento de petróleo en la región) en la ruta 22, los policías llevaban hasta allí
a personas sin cargo. ¿Fue ésta una erupción repentina de indignación?
¿Fueron los reporteros y los taxistas los primeros en reaccionar espontánea-
mente? Seguramente no. El faccionalismo dentro del partido gobernante, el
Movimiento Popular Neuquino (MPN), y particularmente las acciones del
ex-intendente Grittini (que había estado llevando su lucha personal contra el
intendente Martinasso y el gobernador Sapag)
19
están en la raíz del “marco
17
Citado en Sanchez (1997:9).
18
Sobre la construcción social de fenómenos por los medios de masas (framing), véase
Heaney y Rojas (2006); Snow et al (1986;2004); Snow y Benford (1992); Steinberg
(1998;1999).
19
Meses antes, en las primarias del partido el gobernador Sobisch se alió con el ex-in-
tendente Grittini contra el entonces gobernador Sapag. Sapag ganó las primarias y el in-
23
de injusticia” y la movilización de recursos.
20
En palabras del intendente
Martinasso: “Grittini apoyó la protesta durante los primeros días. ¿Cómo?
Bueno, en primer lugar comprando un par de estaciones de radio locales así
llamaban a la gente a la ruta.” Grittini y los esfuerzos de sus asociados (el
dueño de Radio Victoria, Fernández, una figura clave en esta fase) no termi-
naron aquí. Si bien no hay evidencia conclusiva, muchas fuentes (periodis-
tas, políticos y manifestantes) indican que él también envió los camiones
que trajeron cientos de gomas a los diferentes piquetes y algunas de las to-
padoras para bloquear el tráfico. También ha sido mencionado por muchos
de nuestros informantes, como la mano detrás de la distribución gratuita de
comida, gasolina, leña y cigarrillos en las barricadas. Algunos dicen, inclu-
so, que Grittini pagó 50 pesos por noche a cientos de jóvenes piqueteros y
que sus asociados les proveyeron vino y drogas. A continuación tenemos al-
gunos pasajes de entrevistas con ex-piqueteros que apuntan al rol crucial
que jugaron políticos partidarios en los orígenes de este episodio de disputa:
Entrevistado: En el primer piquete, el de la curva ante la torre uno,
éramos alrededor de treinta personas. Nos trajeron colchones, comi-
da, café y leche...
Entrevistador: ¿Y quién les trajo todas estas cosas?
Entrevistado: Bueno, quizá... la política tuvo algo que ver con eso...
Entrevistador: Cuénteme un poco sobre la primera organización.
¿Quién decidió dónde colocar la barricada?
Entrevistado: Creo que todo venía de arriba; estaba todo preparado.
Porque fue una gran coincidencia que todo se dio alrededor de la to-
rre uno. Pero no tengo idea quién lo organizó o quién difundió la pri-
mera advertencia. Pero vimos (especialmente los primeros días) un
montón de políticos... aun así, me quedé allí por curiosidad.
Entrevistador: Entonces, ustedes, los piqueteros, no fueron los que
decidieron bloquear la ruta...
Entrevistado: No, no, no... fue fomentado por una de las facciones del
MPN. Hubo una radio que promocionó todo. Era como el llamado a
un mitin...
De esta manera, mientras la radio difundía sus mensajes furiosos (diciéndo-
le a la gente que “algo hay que hacer” y convocándolos a ir a la torre uno),
tendente Martinasso, que inicialmente se acercó a Sobisch-Grittini, cambió de facción y
se unió al grupo de Sapag.
20
Para exposiciones clásicas sobre la teoría de movilización de recursos, véase McCar-
thy y Zald (1977) y Jenkins (1983).
JAVIER AUYERO - FERNANDA PAGE - PABLO LAPEGNA
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STUDIA POLITICÆ
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los taxis llevaban sin cargo a la gente hasta allí o a las otras barricadas y se
repartían gomas, comida, cigarrillos y otros bienes de primera necesidad
(“¡inclusive nos dieron pañales para los bebés!” recordaban muchas mani-
festantes mujeres). Esta movilización de recursos y elaboración del proceso
no operó, sin embargo, en el vacío sino más bien, como vimos, a través de
redes clientelares bien establecidas con las que se llevó a cabo la distribu-
ción de recursos y la difusión de la información. Llevadas en conjunto, la
movilización y la organización, a un proceso de validación operado por pa-
trones políticos conocidos. La movilización de recursos, organización y va-
lidación se desarrolló bajo condiciones de fondo que estaban preparadas
para una protesta de gran escala; a saber, la subida estrepitosa del desem-
pleo en el área y el consiguiente proceso acelerado de pauperización colec-
tivo (véase Auyero 2003; Costallat 1999; Favaro et al. 1997; Favaro y Buc-
ciarelli 1994).
Caso 2.2: Apoyo clandestino
Nuestro tercer reanálisis apunta a una variación del apoyo provisto por re-
des clientelares existentes para política contenciosa. En este caso, la rela-
ción entre arreglos clientelares y acción de masas no tomó la forma abier-
ta y pública de Cutral-Có sino que tomó una forma más clandestina y
oculta.
21
Cerca de trescientos negocios en once provincias argentinas fueron ataca-
dos o saqueados durante la semana del 14 al 21 de diciembre de 2001.
Aproximadamente veinte personas murieron, todos ellos con menos de 35
años. Fueron asesinados por la policía o por las balas privadas de los due-
ños de negocios. Cientos fueron heridos de gravedad y miles arrestados.
Las provincias de Entre Ríos y Mendoza fueron las primeras en ser testigos
de cientos de personas bloqueando rutas y juntándose frente a los supermer-
cados para pedir comida, que cuando les era denegada, entraban en las tien-
das y se la llevaban. Pronto, la ola se extendió hacia Santa Fe, Corrientes,
Córdoba, Neuquén, Tucumán, Santiago del Estero, Chubut, Río Negro y
Buenos Aires.
Basado en un catálogo de 289 episodios extraídos de informes periodísticos
(Auyero y Moran 2007), encontramos que:
• Las grandes cadenas de supermercados recibieron amplia protección po-
licial. Esta protección, generalmente, impedía el saqueo.
21
Los detalles metodológicos de la reconstrucción de los saqueos del 2001, pueden en-
contrarse en Auyero (2007).
25
• En áreas de mercados locales, pequeños, la policía raramente aparecía.
Estos mercados sufrieron la mayor parte de los saqueos.
• Los mediadores políticos (en nuestro país conocidos como punteros) ten-
dían a estar presentes en saqueos de pequeños mercados cuando no había
policías en derredor: cuando grandes cadenas de supermercados son sa-
queadas y los punteros no están presentes, las chances de que la policía esté
presente son estadísticamente altas. Y cuando los mercados locales peque-
ños son saqueados y los punteros están presentes, las chances de que la po-
licía esté presente son muy bajas. Cuando el sitio es un mercado local y pe-
queño, vemos mucha más actividad de los punteros y una posibilidad
mucho más baja de presencia policial.
En junio de 2005, uno de nosotros tuvo una extensa conversación con Luis
D’Elia, líder de la organización de base Federación de Tierra y Vivienda,
sobre estos episodios. Él vive en la Matanza, uno de las zonas más pobla-
das y pobres en el área metropolitana de Buenos Aires, cerca del cruce de
Crovara y Cristianía (C&C), un área comercial que fue devastada durante
los saqueos de comida de diciembre de 2001. Durante 2000 y 2001 la orga-
nización de D’Elia coordinó algunos de los más grandes y largos bloqueos
de ruta en protesta contra la administración de De La Rua (1999-2001). En
resumen, esto es lo que tenía para decir sobre los episodios: activistas del
partido peronista (el partido más grande en Argentina y el partido opositor
de aquel entonces) “hicieron dos tipos de cosas: algunos de ellos dirigieron
el saqueo. Para que ocurran los saqueos tiene que haber un territorio libera-
do. Entonces, sacaron a la policía. Y después reclutaron gente diciendo que
iban a saquear. Hicieron esto desde las unidades básicas (oficinas de base
del partido peronista). Los tipos de las unidades básicas poblaron el área de
Crovara y Cristanía con su propia gente, como si hubieran estado recluta-
dos para tal día. Sacaron a la policía; la policía usualmente tiene sus patru-
lleros estacionados ahí. Ese día, la policía desapareció y en un determinado
momento lanzaron a la gente contra las tiendas...”
“Lo invitamos a destruir el supermercado Kin este próximo miércoles a las
11.30 am., el supermercado Valencia a la 1.30 p.m. y el supermercado Chivo
a las 5 p.m...” Estos y otros panfletos similares circulaban a través de barrios
pobres en Moreno, un distrito localizado en los suburbios de Buenos Aires,
invitando a los residentes a sumarse a las multitudes que saquearon varias
docenas de supermercados y almacenes el 18 y 19 de diciembre de 2001.
Reportes de periodistas de investigación coinciden en que los panfletos fue-
ron distribuidos por activistas del partido peronista. El testimonio de D’Elia
y los panfletos revelan la —en este caso oculta— conexión entre redes
clientelares y formas extraordinarias de acción colectiva.
JAVIER AUYERO - FERNANDA PAGE - PABLO LAPEGNA
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STUDIA POLITICÆ
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Moreno es un distrito localizado en la parte oeste del Conurbano Bonaeren-
se, a 37 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Cerca de un tercio de sus
380.000 habitantes tienen “necesidades básicas insatisfechas” (esto es, son
pobres) (Alsina y Catenazzi, 2002). La Matanza es un distrito que bordea la
Capital Federal en el suroeste; es el distrito más poblado en el conurbano y
la mitad de sus 1.255.288 habitantes viven debajo de la línea de la pobre-
za.
22
Existen 106 villas miserias en su territorio (Torresi 2005). Ambos, La
Matanza y Moreno, comparten la situación apremiante que ha afectado a
toda la región desde comienzo de los ’90: la gran escalada de la pobreza por
el hiperdesempleo. En mayo de 1997, un 24.8 % de los hogares en el área
metropolitana de Buenos Aires (y 32.7 % de la población) estaba viviendo
bajo la línea de la pobreza. Para mayo de 2003, estas cifras se habían casi
duplicado: 50.5 % de los hogares (y 61.3 % de la población) estaba en esa
condición (INDEC 2003).
El final de 2001 encontró a los habitantes de Moreno y La Matanza, así
como a muchos de otras áreas pobres a lo largo y ancho del país, luchan-
do para sobrevivir con niveles record de desempleo y una asistencia esta-
tal que disminuía. Asistencia alimenticia y otros programas de asistencia
social (particularmente los subsidios por desempleo) venían progresiva-
mente declinando con la profundización de la recesión económica durante
2001.
Karina, residente de uno de los enclaves más indigentes de Moreno, recuer-
da que en aquel momento tenía un subsidio por desempleo (conocido como
“plan trabajar”), pero la paga mensual estaba retrasada (algo que era muy
común en todo el distrito y en todo Buenos Aires): “Se suponía que iban a
pagar para finales de mes [noviembre] y no lo hicieron. Programaban una
fecha y luego otra. Navidad estaba a punto de llegar y... bueno, después
ocurrieron los saqueos”. Los pagos de los subsidios por desempleo no sólo
estaban retrasados sino que también disminuían (la ayuda fue cortada en un
20 % en muchos distritos).
Los saqueos en Moreno comenzaron tarde, el 18 de diciembre, pero la acti-
vidad de saqueo más substancial (en la que participó la mayor cantidad de
gente y en la que la mayor cantidad de tiendas fueron saqueadas) ocurrió en
la tarde del 19 de diciembre. Ese día también se vio la parte más cuantiosa
de la destrucción en La Matanza. Días antes, vecinos, saqueadores y comer-
ciantes sabían que “algo se venía”. Sandra, quien se quedó en su casa duran-
te los episodios, nos dijo que más o menos con una semana de anticipación
22
Para una descripción del área, véase Cerrutti y Grimson 2004, para un estudio etno-
gráfico de organizaciones populares en Buenos Aires véase Grimson et al. 2003.
27
se enteró, a través de un vecino, que iban a haber saqueos. Mono, quien sí
saqueó, nos dijo: “estaba en la escuela y mis compañeros y amigos estaban
hablando de los saqueos dos semanas antes de que empezaran...” En More-
no, Mónica Gomez le dijo a la periodista Laura Vales (página12web, 29 de
diciembre de 2001), “supimos que los saqueos iban a ocurrir por al menos
un mes, pero nadie hizo nada. Nos dieron subsidios [por desempleo] y des-
pués los cortaron. Nos dieron bolsas de comida pero de pronto dejaron de
dárnoslas. Nadie puede aguantar eso.” Los rumores crecían rápidamente en-
tre los comerciantes en ambos distritos. Como dos de ellos nos dijeron: “co-
rrían rumores de que los saqueos estaban a punto de empezar;” “Más o me-
nos una semana antes, otros comerciantes y clientes escucharon decir que
había un grupo de gente que iba a crear disturbios.”
¿De dónde provenían los rumores? Docenas de entrevistas con residentes,
saqueadores, saqueados, líderes de organizaciones de base y activistas del
partido peronista apuntan a este último como la fuente. Susana, una puntera
peronista nos confió lo siguiente: “Nosotros [los miembros del partido] sa-
bíamos de antemano sobre los saqueos. Alrededor de la 1 a.m. [los saqueos
empezaron a mediodía] sabíamos que iba a haber un saqueo. Nos lo dijeron
las autoridades municipales y pasamos la información [entre los miembros
del partido].” Pascual, dueño de una tienda en Matanza, lo dijo de esta ma-
nera: “Conocíamos a muchísimos activistas políticos... Venían a la tienda
cuando juntaban fondos... Nos trajeron las noticias [de los saqueos].”
Antes y durante los saqueos, punteros peronistas comunicaron la localiza-
ción de los blancos, la presencia o ausencia de policía y así, la viabilidad de
llevar a cabo prácticas riesgosas. Se puso en marcha el señalamiento, un
mecanismo crucial en la generación de acción colectiva (MacAdam et
al.2001).
23
Amigos y vecinos, en cooperación con punteros políticos vincu-
lados al partido de mayor base clientelar en Buenos Aires (el partido pero-
nista), se indicaban entre sí: a) cuándo estaban por comenzar los saqueos y
b) dónde era seguro saquear. El señalamiento básicamente comprendía: a)
protección de potencial acción represiva (como muchos residentes nos dije-
ron: “no fui por esa calle porque me dijeron los vecinos que estaba la poli-
cía”); y b) logística (como nos dijeron ciertos participantes, algunos lugares
estaban a salvo de los daños porque tenían cercos muy pesados o con elec-
tricidad o seguridad privada).
23
El señalamiento refiere a una serie de eventos por medio de los cuales los partícipes
de una situación riesgosa, “usualmente se echan un vistazo en busca de signos de prepa-
ración para incurrir en costos sin desertar, modulando su comportamiento de acuerdo a
estimaciones de la probabilidad de que otros huyan” (McAdam, Tarrow y Tilly
2001:28).
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Un artículo publicado en el principal diario argentino un año después de los
eventos, cuenta una historia similar. En diciembre de 2001, Josefa estaba
viviendo en una casita muy humilde en un barrio pobre de Moreno. El 18
de diciembre, recibió un pequeño panfleto invitándola a “destrozar” un gru-
po de comercios. Al día siguiente, se presentó a horario en frente de Kin, un
pequeño comercio, donde rápidamente 200 personas se habían reunido cla-
mando por comida. Recuerda haber visto un auto de la policía abandonando
el lugar y un hombre que trabajaba en la municipalidad local hablando por
su teléfono celular. A continuación, un camión con un “grupo de pesados”,
conocidos en el barrio como “Los Gurkas”, llegaron a la escena. “Rompie-
ron las puertas y nos llamaron”, recuerda Josefa. “Unos pocos días después,
me encontré con uno de ellos y me dijo que gente del partido peronista pa-
gaba 100 pesos por el trabajo”. Lejos de Josefa, en otro enclave pobre en
Buenos Aires, residentes del barrio Baires (ubicado en la municipalidad de
Tigre) parecen haber recibido noticias similares sobre un inminente saqueo
a través de sus hijos: “cuando mi hijo llegó del colegio a casa, me dijo que
un hombre de la unidad básica local (la oficina de base del partido peronis-
ta) vino a informar a los maestros sobre los sitios del saqueo. La maestra le
comentó a mi hijo que iba a ir. Y fuimos a ver si podíamos sacar algo” (re-
sumido de Young 2002).
De esta manera, hay pocas dudas de que los punteros peronistas estaban
profundamente involucrados en los episodios de saqueo que tuvieron lugar
en Moreno y La Matanza. Periodistas de investigación y nuestra propia in-
vestigación encontraron evidencias de su presencia. Pero, ¿cómo exacta-
mente estaban involucrados los punteros clientelistas? Aun si algunos pun-
teros peronistas hubieran promovido el saqueo reclutando seguidores, su
principal acción (al menos de la que tenemos buenas evidencias) parece ha-
ber sido la de difundir las noticias de la futura oportunidad de saqueos. Los
punteros peronistas no llevaron a sus seguidores (clientes) a las tiendas,
tampoco podían controlar sus acciones. Sin embargo, sí hicieron algo cru-
cial: pasaron el dato de la localización de los saqueos —simplemente dise-
minando rumores en toda la comunidad de que los saqueos se “venían” en
el cruce de Crovara y Cristanía en La Matanza y en El Cruce en Moreno,
lugares donde no había grandes cadenas de supermercados sino pequeños
comercios de venta al por menor. Estos eran lugares “seguros” para saquear
—la policía no estaría presente y, si lo estaba, no actuaría. ¿Cómo supieron
los activistas y la gente en general sobre la futura (in)actividad de la poli-
cía? En parte, lo asumieron porque las noticias de los futuros saqueos ve-
nían de arriba, de actores estatales bien conectados. En parte, también lo
experimentaron en el lugar al ver que la policía estaba, en las palabras de
un activista devenido saqueador, “peor que nosotros; ellos fueron los que
tomaron la mayor parte de las cosas... y cuando estábamos adentro de El
29
Chivo [un supermercado devastado en El Cruce], inclusive nos dijeron
adónde escapar para que no nos metiéramos en problemas.”
Caso 2.3: Reacción a la amenaza
Nuestro último caso, tomado de trabajo de campo actual, ilustra otra va-
riante del escenario confirmatorio. Aquí, una amenaza a la posición mono-
pólica disfrutada por aquellos a cargo de la distribución clientelar, alimenta
una manera violenta y aparentemente coordinada de acción política. En este
caso, la relación entre el funcionamiento de una clientelar y la movilización
colectiva también toma una forma oculta. Los punteros se organizan colec-
tivamente para hacer un reclamo al estado, usando la violencia. Los resi-
dentes son informados del evento violento venidero y se movilizan colecti-
vamente para prevenir heridos y daños mayores a la propiedad.
El 8 de febrero de 2007, un fuego abrasador destruye las casas de 300 fa-
milias en la villa El Cartón, ubicada debajo de la autopista 7 en la Ciudad
de Buenos Aires.
24
El fuego comenzó a las 6.30 a.m. De acuerdo a los re-
portes periodísticos, vehículos de rescate de emergencias asistieron a 177
residentes, de los cuales 31 fueron hospitalizados con diversas lesiones,
complicaciones respiratorias y crisis nerviosas. Al día siguiente, el jefe de
bomberos de la Policía Federal dijo a los periodistas que estaban investi-
gando “una intencionalidad en los incendios... como muchos vecinos de-
nunciaron”. Semanas después, Gabriela Cerruti, en aquel entonces Minis-
tra de Derechos Humanos y Sociales del Gobierno de la Ciudad, confirmó
la sospecha del jefe de bomberos en un comunicado de prensa, denuncian-
do públicamente “la intencionalidad política del incendio”. Cerruti dijo a
la prensa que el incendio que dejó a cientos de familias sin hogar tenía
“motivaciones políticas”. Un importante funcionario del Gobierno de la
Ciudad también nos dijo que estaba seguro que “fue intencional... le dije-
ron de antemano a muchos residentes que iba a haber un incendio. Y deja-
ron sus casas la noche anterior. Por eso nadie murió. Los caballos que
usan los carreros locales para tirar sus carros, también fueron llevados a
otro lugar con anticipación. El jefe de policía me dijo: ‘Se puede imaginar,
ni siquiera un borracho fue agarrado desprevenido’. Entonces, casi todos
en la villa sabían esto de antemano.” ¿Quién planeó los incendios y por
qué? ¿Por qué los funcionarios públicos vieron el incidente como produc-
to de “motivaciones políticas”?
24
La siguiente reconstrucción está basada en informes periodísticos de los eventos
(Clarín, La Nación, Perfil y Página 12), en una lectura atenta del reporte no publicado
de la fiscal de Estado y en entrevistas con la fiscal de estado y funcionarios públicos.
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De acuerdo con el reporte escrito por la Fiscal de Estado Mónica Cuñaro en
los momentos posteriores al hecho, el incendio fue “planeado por personas
que estaban viviendo en el asentamiento.” El informe se basa en un aluvión
de pruebas para confirmar el alegato de intencionalidad. Los perpetradores
“evitaron pérdidas vitales [...] Bienes tales como electrodomésticos, sillas,
escritorios, etc.” fueron salvados del fuego ya que habían sido retirados a
priori de la villa. La declaración también remarca que: “líderes del barrio
planearon el incendio e informaron a casi todos los residentes, quienes alre-
dedor de las 5 a.m. sacaron de sus casas electrodomésticos, ropa, colchones
y los caballos...” El informe hace notar, a su vez, que el incendio y el daño
podrían haberse evitado, pero nadie de la villa llamó al departamento de
bomberos aun si existían los medios para hacerlo (“específicamente teléfo-
nos celulares”).
Contrariamente a lo que fue inicialmente informado por los medios, la fis-
cal Cuñarro declara que:
Otro elemento de prueba es que... afortunadamente, no hubo víctimas
fatales, ninguna persona fue quemada, nadie se sofocó, nadie fue hospitali-
zado... [Esto demuestra] que los pobladores eran meros espectadores del in-
cendio. No hubo víctimas o pérdidas materiales ya que, sabiendo de ante-
mano que iba a ocurrir, pudieron protegerse a sí mismos y salvaguardar sus
pertenencias.
En las semanas y meses que siguieron al incendio provocado, se siguieron
un sinfín de acusaciones entre diferentes facciones políticas (algunas de
ellas parte del Gobierno de la Ciudad, otras parte del gobierno federal).
Cada facción acusaba a la otra de, entre otras cosas del estilo, “manipular
a los pobres”, de “usar a los pobres para escalar posiciones”, de “campaña
política sucia”. La Ministra de Derechos Humanos y Sociales acusó a un
funcionario vinculado al gobierno federal de ser el autor intelectual del in-
cendio y se sucedió un torrente de señalamientos entrecruzados. En agosto
de 2007, seis meses después de los episodios, la Fiscal de Estado pidió al
juez que condenara a un puntero de base, miembro de uno de los partidos
políticos que competía en ese entonces con el intendente. A pesar de que el
juez rechazó el pedido (mencionando falta de evidencia sólida), el informe
de la fiscal de estado merece mucha atención porque apunta a los (acorda-
dos por todos aquellos a los que hablamos del caso) vínculos entre el in-
cendio y la maniobra política de actores políticos fuertemente establecidos:
“No podemos ignorar el hecho de que los episodios fueron planeados en
un momento cercano a las elecciones en la ciudad y que fueron planeados
por líderes barriales que querían usar un desastre masivo para presionar a
las autoridades locales para obtener o casas o subsidios de dinero” (Clarín,
31
12 de agosto de 2007). El informe, además, apunta a la conexión estable-
cida entre estos eventos con otros episodios de violencia colectiva que
ocurrían en la ciudad —como la invasión organizada de un proyecto de vi-
viendas no terminado en Bajo Flores que tuvo lugar menos de dos meses
después de lo sucedido en Cartón (Clarín, 17 de abril, 2007). El informe
de la fiscal y varios artículos periodísticos acordaban que en los meses
precedentes a las elecciones locales había un incremento dramático en este
tipo de episodios de (aparentemente planeada) violencia colectiva. ¿Qué
estaba pasando?
De acuerdo a conversaciones informales que tuvimos con ex-funcionarios
del estado y la Fiscal de Estado, activistas como los involucrados en el in-
cendio intencional en la villa y la invasión de los proyectos de viviendas
en construcción típicamente controlan el acceso a subsidios del estado, a
vivienda y paquetes de comida distribuidos por agencias estatales. Lo ha-
cen controlando los registros de los beneficiarios del gobierno (de subsi-
dios de dinero, vivienda o comida). Estos líderes locales son los que deci-
den quién “llega” a la lista y quién no lo hace. En otras palabras, acaparan
el acceso al clientelismo estatal. Un ex-funcionario local nos lo explicó
con un ejemplo: “Cuando intentábamos registrar a pobladores de villas
para ‘Ciudadanía Porteña’ (un plan de beneficencia), abrimos una oficina
en cada villa y, en muchos casos, nadie venía. Sólo después de aclarar las
cosas con los punteros la gente comenzaba a registrarse. Estos líderes lo-
cales nos dijeron: ‘Ustedes abran la oficina y van a ir’. Obviamente, ellos
tienen el control de la lista final.” La fiscal de estado lo dice de esta ma-
nera: “Quien sea que controla el censo [para la beneficencia], controla
quién obtiene vivienda, bajo qué condiciones. Quien sea que controla el
censo, controla los subsidios estatales. Estos subsidios son distribuidos ar-
bitrariamente, nadie los revisa, no están centralizados... Aquellos que tie-
nen el censo barrial y los subsidios, obtienen el control sobre ese territo-
rio particular, son los que deciden quién entra a la villa y quién tiene que
salir, quién consigue los ladrillos y otros materiales [para construir] y
quién no” (comunicación personal).
Cuando el flamante Jefe de Gobierno
25
decidió postularse a re-elección,
una de sus primeras decisiones fue poner algo de orden en la, para muchos
caótica, administración de la asistencia social de la ciudad. Para los funcio-
narios y fiscales con los que hablamos, la decisión del Jefe de Gobierno de
“racionalizar” (o en términos menos eufemísticos, el recobrar el control) de
25
El Jefe de Gobierno, Jorge Telerman, era el Vice-Jefe de Gobierno; llegó al cargo
luego de que el Jefe de Gobierno fuera destituido en un juicio político.
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los registros locales de asistencia (o el censo) disparó una serie de episodios
(ocupaciones de edificios, incendios, etc.) como los de Villa Cartón o la in-
vasión de las viviendas en construcción de Bajo Flores.
Generando episodios de violencia colectiva, los líderes locales dejaban en-
tender que no iban a abdicar al control territorial; no abandonarían el poder
sobre sus áreas y los recursos que vienen junto con él. O, en palabras del
informe de la Fiscal de Estado, el objetivo del incendio intencional fue
“destrozar completamente el lugar como un modo de ejercer presión sobre
las autoridades locales.”¿Qué buscaban lograr los provocadores del incen-
dio? En el informe (y en dos entrevistas que hicimos vía e-mail y teléfono)
la fiscal fue contundente: Estaban “tratando de evitar que se completase el
censo de ese asentamiento de emergencia, para obtener una ley de expro-
piación y adquirir viviendas.”
Lo que un observador desatento habría de tomar como un típico accidente
causado por las condiciones precarias en las que viven los habitantes de la
villa, es, en realidad, una reacción orquestada en defensa del control de los
recursos clientelares. Coordinada por punteros locales, la movilización de
los residentes (los esfuerzos por evacuar el área y el fracaso para notificar
al departamento de bomberos) también podría ser vista como un modo de
hacer reclamos al estado (en este caso, demandando vivienda y subsidios de
asistencia social) (Página 12, 13 de febrero, 2007). Este ejemplo muestra
cómo el clientelismo puede tener otra vida en los intentos colectivos, y vio-
lentos, por defender su funcionamiento.
Conclusión y tareas por delante
“La vida social cotidiana, las relaciones sociales existentes, las memorias
compartidas y la logística del contexto social... modelan las formas de con-
tención,” escribe Charles Tilly en Regimes and Repertoires (2006:43). En
un escrito anterior (1992:6), este mismo autor lo expresa así: “Las reunio-
nes contenciosas obviamente tienen relación con el contexto de la organiza-
ción social y la política cotidiana. ¿Pero qué relación? Este es el
problema.”
26
En este trabajo, precisamente, hemos abordado este proble-
ma, buscando la conexión entre vida diaria, política clientelista y acciones
colectivas extraordinarias en cuatro diferentes variaciones.
26
O como escriben Piven y Cloward (1979:20-1), “es la experiencia diaria de la gente
la que moldea sus quejas, establece la medida de sus demandas y les señala los blancos
de su enojo.”
33
Dada su atención a las formas discontinuas, públicas y colectivas de recla-
mo —episodios en los que la gente “rompe con la rutina diaria para concer-
tar sus energías en demandas públicamente visibles, quejas, ataques, o ex-
presiones de apoyo antes de volver a sus vidas privadas” (Tilly 2006:49)—
no debería pasarse por alto que la mayor parte de la investigación en acción
colectiva ha tendido a ignorar sus vínculos con los arreglos sociales habi-
tuales como las relaciones clientelares. La evidencia tomada de reanálisis
etnográficos apunta a un simple, aunque desestimado, hecho: la política
clientelar y contenciosa pueden conectarse entre sí, a veces al descubierto,
otras en formas más ocultas.
Desde principios de los ’90, gran parte de Latinoamérica ha visto un creci-
miento simultáneo de la protesta y el clientelismo (Svampa y Pereyra 2003;
Giarracca 2001; Giraudi 2007; Levitsky 2003; Stokes 2005; Auyero 2007;
Almeida y Johnston 2006; Shefner, Pasdirtz, and Blad 2006; López Maya y
Lander 2006), dos procesos hermanados que la mayor parte de la investiga-
ción sociológica y politológica no considera a menudo en forma conjunta.
El clientelismo (sus redes, oportunidades, recursos y marcos ideológicos
verticales) tiende a actuar, según la literatura existente, contra la emergen-
cia de acción colectiva (sus redes, oportunidades, recursos y marcos ideoló-
gicos horizontales). El incremento conjunto del clientelismo y la política
contenciosa es paradójico sólo si no prestamos atención a la zona de in-
fluencia mutua entre ambos fenómenos políticos. Prestarle atención al área
de intersección e interacción revela una variedad de modos en los que la
política contenciosa se articula con la política clientelar. La forma más in-
vestigada de articulación apunta al colapso de los arreglos clientelares
como conducente a la protesta. Examinamos el caso del Santiagazo como
apoyo a esta línea de investigación. Los otros tres casos apuntan a tipos de
interacción adicionales entre estas dos formas de política popular. Las redes
clientelares pueden actuar como el, más o menos visible, apoyo relacional
de la disputa masiva. El clientelismo no necesita colapsar para generar epi-
sodios de protesta. Nuestros casos muestran que, de hecho, las redes clien-
telares pueden actuar como esas organizaciones autóctonas o redes asociati-
vas que los seguidores del modelo de proceso político en el estudio de
movimientos sociales han largamente enfatizado como presencia clave en la
emergencia de acción colectiva.
Ya que nuestra muestra se limita a cuatro casos diferentes no estamos en
posición de teorizar sobre las condiciones causales bajo las cuales el clien-
telismo dispara lo contencioso. Nuestra tarea en este artículo ha sido mucho
más modesta: iluminar esa área poco estudiada de relación mutua para que
podamos crear el esbozo de una agenda de investigaciones empíricas siste-
máticas. En otras palabras, la escasez de datos sistemáticos sobre esta rela-
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ción dinámica hace imposible especular sobre las diferentes formas que
puede tomar esta interacción y los factores causales involucrados. Sin em-
bargo, todavía es posible construir varios escenarios que como tipos ideales
pueden guiar esfuerzos empíricos futuros. Esto es exactamente lo que bus-
cábamos en este trabajo.
Los contornos de una agenda de investigación emergen mientras notamos
las limitaciones de nuestro análisis. Primero, en este paper hemos tratado
las redes patrón-cliente (y la política clientelar en general) como una estra-
tegia de resolución de problemas que no reconoce variaciones internas.
Pero el clientelismo está lejos de ser un fenómeno político uniforme. La
vasta literatura sobre el tema advierte que los bienes distribuidos (sean indi-
viduales, públicos o colectivos [Kitschelt y Wilkinson 2007]), el balance
entre métodos de obtención de votos (más o menos coercitivos, más o me-
nos monitoreados, más o menos basados en la distribución de recursos ma-
teriales vs. afectivos [Guterbock 1980; Roniger 1980; Wilkinson 2007], la
estabilidad de los mediadores y patrones dentro de los partidos políticos
(más o menos ligados a una organización partidaria particular [Gay 1990])
y la conexión entre política clientelista y recursos estatales (más o menos
vinculados al clientelismo público [Wilkinson 2007]), hacen una diferencia
en el modo en que la política clientelista opera y perdura. Una agenda de
investigación que ponga en el centro de atención la relación recursiva entre
ambos fenómenos políticos, debería inspeccionar la influencia que tienen
las variaciones en las modalidades de política clientelista en la forma de ac-
ción colectiva contenciosa.
Segundo, en este paper concentramos casi toda nuestra atención en la rela-
ción entre el clientelismo y los orígenes de la protesta. También debería
prestársele atención empírica y teórica a la intersección e interacción entre
clientelismo y acción colectiva contenciosa mientras esta última evoluciona
(por ejemplo de acciones colectivas sólo eventuales a un movimiento so-
cial) y mientras produce o no produce
resultados. Deberíamos estudiar las
formas en que la política clientelista puede impactar en la emergencia, de-
sarrollo
y resultados de la acción colectiva contenciosa. Esto sugiere que la
relación recursiva entre protesta y clientelismo debería ser estudiada no en
intervalos temporales fijos, sino mientras se moldean dinámicamente entre
sí a lo largo del tiempo.
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