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Editorial
STUDIA POLITICÆ Número 21 ~ invierno 2010.
Publicada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales,
de la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, República Argentina.
por Nelson Gustavo Specchia *
Y
A con el año académico 2011 en sus postrimerías, publicamos este
número doble de nuestra revista Studia Politicæ 21-22, con un con-
texto político local, regional y global zarandeado por una crisis de
raíz económica que ya afecta de lleno a los planos institucionales. Por estos
días, el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha debido presentar su
renuncia tras perder la mayoría parlamentaria, y se negocia en Italia, la ter-
cera economía del continente, un “gobierno técnico” de transición para
aplicar los ajustes estructurales diseñados por los líderes de la Unión Euro-
pea, en un intento de salvar la moneda común —y al entero proceso de in-
tegración continental con ella— de la voracidad de los mercados financie-
ros. Apenas unas horas antes que Berlusconi, el gobierno socialdemócrata
griego del premier Giorgios Papandreu había tenido asimismo que resignar
el Ejecutivo, y también allí un gobierno de transición, con el beneplácito
del liderazgo europeo, se hacía cargo de aplicar el tremendo ajuste estructu-
ral a las cuentas públicas, que han tenido a la economía helena al borde de
la quiebra técnica y del default durante la mayor parte del año. En la orilla
Sur del Mediterráneo, el asalto final a Sirte y el prendimiento y muerte del
coronel Muhammar el Khaddafi terminó con la guerra en Libia; la OTAN
ha asegurado su retirada y se abre un nuevo capítulo —lleno de interrogan-
tes— sobre la continuidad del proceso político en el gran país norafricano.
También son interrogantes los que plantea el reciente triunfo electoral de
los islamistas moderados de En Nahda en Túnez, el primer país del Magreb
en despertar a esa “primavera árabe” a la que aún no se le ven los contor-
Crisis y tribulaciones
* Director de Studia Politicæ.
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nos, tras el derrocamiento del régimen de Zine el Abidine ben Ali en los
primeros días del año, que tuvo un efecto dominó sobre todo el tablero re-
gional. Tampoco están claras las modalidades que asumirá la transición en
el vecino Egipto, pero la participación de su diplomacia y sus fuerzas arma-
das en el intercambio de presos palestinos retenidos en cárceles israelíes, a
cambio de la liberación del soldado Gilad Shalit después de haber estado
secuestrado por las guerrillas de Hamas por más de cinco años, demuestra
que los egipcios no están dispuestos a resignar su rol de potencia mediado-
ra y generadora de equilibrio en Medio Oriente. Y sería deseable que así
fuese, especialmente cuando vuelven a surgir proclamas guerreras, como la
que estuvo difundiendo el premier israelí Benjamín Netanyahu, llamando a
atacar las instalaciones nucleares iraníes para detener el supuesto desarrollo
de la bomba atómica por parte del régimen de los ayatollahs. El presidente
de la República Islámica de Irán, Mahmmoud Ahmadinejad, no tardó en
responder que cualquier agresión sería respondida con contundencia. El
Departamento de Estado norteamericano, y la gestión del presidente Barack
Obama, requieren de socios confiables en Oriente Próximo para balancear
estas posturas radicales, especialmente cuando los capítulos de las guerras
de Irak y de Afganistán están demostrando las complejas dificultades que
presentan para cerrarse, mientras —en la faz doméstica— la economía esta-
dounidense sigue soportando porcentajes record de desocupación y los pre-
candidatos republicanos a la presidencia comienzan a tomar posiciones. En
el plano de la política nacional, por lo demás, la clara y rotunda victoria ob-
tenida por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones
generales de octubre, con un 54 por ciento del total de sufragios, así como
la lejanía en puntos porcentuales de las demás opciones políticas, configura
un nuevo escenario para los años que vienen, con la conformación de un
proyecto social mayoritario, la profundización del rumbo político (la Presi-
denta contará nuevamente con mayoría propia en el Parlamento) y una ex-
tensión de la estrategia económica, que le ha permitido mostrar ante la re-
ciente Cumbre del Grupo de los Veinte, en Cannes, unos resultados más
que satisfactorios en las respuestas del país a la crisis global. De estos ele-
mentos intentaremos dar resumida cuenta en esta introducción, antes de
presentar los artículos que integran este número doble.
Al Qaeda, ¿más débil o más fuerte?
Entre los elementos que marcaron esta etapa internacional, sin duda la ope-
ración comando que terminó con la vida del líder de la red Al Qaeda, Osa-
ma ben Laden, ocupó un lugar destacado. En la medianoche de un domingo
de abril, el espectacular anuncio del presidente Barack Obama, de que tras
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una larguísima década finalmente habían dado con el enemigo número uno
de los Estados Unidos y lo habían ultimado, tenía, al menos, tres destinos:
la sociedad civil estadounidense, los seguidores de su propio partido, y el
auditorio mundial.
Respecto de la ciudadanía de a pie, el mensaje iba destinado a reencantar la
vida política, tan debilitada y azarosa en los últimos meses, detrás de un lo-
gro patriótico y nacional: vencimos al gran enemigo, a aquel que osó atacar
a Norteamérica por primera vez en su suelo, somos fuertes nuevamente, y
nuestro país vuelve a ser un sitio seguro para vivir. Para este primer seg-
mento estuvieron pensadas esas frases de que la captura de Osama ben La-
den venía a demostrar que los Estados Unidos siguen siendo capaces de ha-
cer lo que se propongan, y de que la muerte de Osama en una remota
barriada de los alrededores de Islamabad era un acto de justicia reparadora
para con los muertos en los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El segundo colectivo de audiencia escogido por los redactores del mensaje
eran los propios seguidores del presidente demócrata. A ellos venía a decir-
les: “lo hicimos nosotros, Bush no pudo encontrarlo y atraparlo durante dos
períodos presidenciales, nosotros lo logramos.” Una de las facetas más pro-
blemáticas de la personalidad de Obama, al interior del Partido Demócrata,
es su imagen de componedor y legalista, respetuoso de los sistemas de ga-
rantías, los cuidados procesales y los derechos humanos. Rasgos que contri-
buyeron en los considerandos del otorgamiento de ese premio Nobel de la
paz, tan cuestionado en estas horas. Ese perfil de “blando” es el más ataca-
do por los halcones de la política americana. Por ello, la ejecución de la
operación y la decisión de tirar a matar, habrían tenido que devolverle una
imagen de resolución y fortaleza frente a las adversidades. Inclusive algu-
nos titulares de la prensa sostuvieron que ese domingo a la noche Obama
“se convirtió en comandante en jefe” del ejército norteamericano. Como si
antes no lo hubiera sido de hecho, sino apenas de derecho. Para este audito-
rio estuvo pensada esa frase donde el presidente destacaba que había sido
él, en persona, quien había dado la orden de ataque. Y para el resto del
mundo, el discurso quiso trasmitir un mensaje simple y fuerte: hemos gana-
do la guerra contra el terrorismo, y lo hemos hecho con el mínimo costo y
sin una sola baja entre nuestros soldados. Y tras esta victoria, no sólo los
Estados Unidos, sino el mundo todo, es un lugar más seguro.
El resultado inmediato que el mensaje del presidente norteamericano espe-
raba lograr era un cerrado y unánime apoyo, tanto interno como internacio-
nal. Sin embargo, a estas alturas, es claro que algo salió mal. Algunas cen-
tenas de personas se reunieron frente a la Casa Blanca, en Washington, y
destaparon botellas de champagne, corearon consignas contra Al Qaeda, y
cantaron reiteradamente el himno nacional. Otras docenas se reunieron tam-
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bién en el Ground Zero, el espacio neoyorquino que ocuparon en su día las
Torres Gemelas que tumbó el atentado planificado por Osama en las cuevas
de las montañas de Afganistán. Pero, en realidad, fueron muchas menos de
las esperadas. Al día siguiente, se conoció la felicitación expresada por el
ex mandatario republicano George W. Bush, el presidente que declaró una
ubicua y sui generis guerra contra una entidad sin Estado. También llegaron
otros mensajes de congratulación, como el del premier británico, y de algu-
nos líderes cuya supervivencia política mucho depende de Washington.
Aunque también aquí fueron muchos menos de los esperados. En lugar de
un cerrado apoyo, una serie de preguntas sobre la índole de la intervención
militar, la brutalidad del ataque seguido de la muerte de Ben Laden, la vio-
lación de la soberanía paquistaní por el ejército de un país aliado, y la falta
de pruebas materiales que apoyaran la versión de la Casa Blanca, fueron to-
mando forma, todavía en la manera de interrogantes. Las ediciones en In-
ternet de los principales medios de prensa norteamericanos fueron cambian-
do sutilmente con el transcurso de las horas, al igual que otros diarios del
mundo. Y esos cuestionamientos, mientras se iban conociendo detalles, re-
flejaban un aumento del tono crítico. Tres días después de que se difundie-
ran las opiniones críticas de respetables líderes políticos mundiales, de ju-
ristas expertos del sistema de Naciones Unidas, y de analistas y columnistas
internacionales, hasta la misma cadena televisiva CNN hablaba ya de un
“asesinato a sangre fría”. Algo, efectivamente, había salido mal.
Barack Obama tuvo la posibilidad de apresar a Osama ben Laden. El he-
cho de ultimarlo en la residencia amurallada de Abbottabad fue una deci-
sión estratégica. Quizás si hubiese defendido su decisión con detalles y
fundamentos, hubiera impedido que las versiones y las interpretaciones
ocuparan el escenario, embarrando, desinformando y soltando cabos a
cada paso. Pero, en cambio, la información desde Washington intentó rela-
tivizar aquella toma de posición entre dos alternativas: detenerlo o matar-
lo. El presidente, como dijimos arriba, quiso adjudicarse la orden de dispa-
rar, pero ante las críticas se cambio la versión: la orden la dio la CIA, y
sobre el terreno. Cuando hubo que explicar la muerte del terrorista, se afir-
mó que había presentado resistencia, pero luego se admitió que Osama es-
taba desarmado. Se reconoció que su paradero estaba ubicado desde hacía
meses, y que la confirmación de su identidad era firme; los comandos de
Seal Navy tuvieron inclusive la posibilidad de ensayar con suficiente anti-
cipación la operación; y sin embargo no lograron capturarlo vivo. No hay
manera posible de sostener esta versión. A la mañana de un día se afirma-
ba que Osama había puesto a una esposa como escudo, a la tarde de ese
mismo día se decía que la muerte de la mujer había ocurrido cuando se in-
terpuso para salvarlo. Que el cadáver había sido rechazado por Afganistán,
que había sido cuidado por los ritos musulmanes para los muertos, pero
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que para evitar un santuario de terroristas había sido lanzado al mar. En
fin: que tampoco había cadáver para mostrar. Pero se mostrarían las fotos.
No, no se mostrarían tampoco las fotos, eran demasiado horribles (el acto
de la muerte del terrorista no lo era tanto, las fotos sí). El equipamiento de
cada comando Seal Navy incorpora una cámara de video, por lo que toda
la operación fue filmada y grabada (y seguida por Obama, Biden, Hillary
Clinton y el resto del equipo de seguridad de la Casa Blanca en tiempo
real, mientras el jefe de la CIA, Leon Panetta, les iba explicando cada
paso), pero tampoco se mostrarían al público esas grabaciones. La identi-
dad de Osama ben Laden se había hecho por reconocimiento facial del ca-
dáver, y un ADN hecho a las apuradas sobre el avión. Tampoco estos aná-
lisis se harían públicos. Y eso era todo. Había que confiar en la palabra del
presidente estadounidense, sin más pruebas.
En conjunto, tantos cabos sueltos han terminado por quitar legitimidad a la
operación militar norteamericana. En lugar de una intervención victoriosa y
definitiva para terminar con Al Qaeda, parece encaminarse a ser lo contra-
rio: una excusa para reflotar una organización que estaba en decadencia,
con un mártir como guía, y un enemigo contra el que estaría justificado
atentar, sin respetar ninguna legalidad internacional, ya que él tampoco la
respeta.
Marruecos, el otro Islam
En medio de la tensión europea impulsada por la crisis de las deudas de los
países mediterráneos, el Norte de África se siguió moviendo durante todo el
segundo semestre de este 2011, y en diversas direcciones. Marruecos votó a
principios de julio un plebiscito constitucional, que se presentó como otra
respuesta a la “primavera árabe”. La cercanía geográfica entre ambas orillas
del Mediterráneo, la tensión social por el movimiento de masas de migran-
tes desde la paupérrima costa Sur del mare nostrum hacia los países desa-
rrollados del Viejo Continente, y el preocupante escenario político de las
revoluciones populares que tumban autocracias consolidadas y dejan abier-
tos los escenarios de futuro, hacen que la agenda del Magreb sea, asimis-
mo, centro de atención de todas las cancillerías europeas, muy especialmen-
te en España, Francia, Alemania e Italia.
La tirantez entre cuidados estratégicos de mediano plazo y urgencias co-
yunturales entre las dos orillas, se puso de manifiesto en la ausencia de una
postura común de los europeos frente a la reforma constitucional marroquí.
En Europa no se han puesto de acuerdo todavía si el plan de Mohamed VI
es una auténtica reforma aperturista, modernizante y democrática; o si, por
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el contrario, se trata de una magistral puesta en escena de Il Gattopardo en
las arenas del extremo occidental del Magreb, armada para dar la impresión
de que todo cambia pero que, en el fondo, intenta que nada se mueva de su
sitio.
Cuando la “primavera árabe” tiró sucesivamente a los regímenes autocráti-
cos de Zine el Abidine ben Ali en Túnez, y luego al otrora poderosísimo
“rais” egipcio Hosni Mubarak, el riesgo de contagio puso en alerta a las
administraciones árabes de toda la región que, en general, se inclinaron por
una respuesta que mezclaba unas pocas concesiones con el simultáneo au-
mento del control y la represión. Y cuando unas semanas más tarde los re-
beldes comenzaron la ofensiva contra el coronel Muhammar el Khaddafi en
Libia, el monarca marroquí Mohamed VI decidió que era el momento de
poner las barbas en remojo, antes que las puebladas populares llegaran al
palacio con ánimos de barbero.
En Marruecos las movilizaciones comenzaron el 20 de febrero, y esa fecha
es la que da nombre al movimiento —también aquí mayoritariamente juve-
nil— que sale a las calles de todas las ciudades importantes del reino, do-
mingo a domingo, pidiendo la democratización de una de las últimas mo-
narquías absolutas del mundo. Adaptando la estrategia regional de mezclar
concesiones con mayores restricciones, el rey diseñó un plan de moderniza-
ción por vía de la reforma constitucional.
Hasta ahora, el monarca era considerado “sagrado” en Marruecos, y con-
centra no sólo la titularidad de la representación del Estado, sino que ejerce
efectivamente el gobierno en forma directa. Esto es, un monarca absoluto,
por definición técnica. A lo que debe agregarse, por cierto, que es propieta-
rio de todas las empresas —productivas y de servicios— que realmente
cuentan en la economía marroquí. Quizá la única diferencia con los emira-
tos árabes patrimonialistas del Golfo Pérsico sea, por una cuestión de proxi-
midad con Europa, que en Marruecos el absolutismo ha conservado cierta
liberalidad social (en el trato a las mujeres, por ejemplo), y no ha extrema-
do la violencia represiva (salvo en el caso del conflicto con los bereberes y
la irresuelta cuestión del Sahara Occidental).
Mohamed VI, de 47 años y educado en Occidente, parece haber entendido
que estas características de su trono ya son inviables, tanto en el contexto
global, como en la relación estratégica con la Unión Europea y, muy espe-
cialmente, en el entorno alterado de la “primavera árabe”. Decidió entonces
reformar la Carta Magna del reino y renunciar al carácter sagrado de su
persona. Pero aquí comienza el gattopardismo. El análisis de la mecánica
de la reforma, como el alcance de su articulado, no permite concluir clara-
mente que el resultado vaya a ser una transición hacia un Estado democrá-
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tico y representativo. Todo en esta reforma es híbrido y queda a mitad de
camino. Y esto ha llevado a que los jóvenes del Movimiento 20 de Febrero
plantearan, inclusive, el boicot al plebiscito.
Lo que vienen pidiendo los jóvenes, junto a sectores muy diversos de la so-
ciedad civil, es un cambio hacia un Estado donde el rey reine pero no go-
bierne, como en todas las monarquías parlamentarias europeas que quedan.
Pero la Constitución puesta a referéndum está muy lejos de ese alcance.
Marruecos se define en ella como Estado musulmán, conducido por el Rey
(persona, si bien ya no “sagrada”, sí “inviolable”), quien presidirá el Conse-
jo de Ministros, el Consejo Superior de Seguridad, y el Consejo del Poder
Judicial. Además, por cierto, el soberano retiene en esta nueva Constitución
la condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, el
núcleo duro del poder sigue girando en torno al monarca. Pero es que, jun-
to a estas atribuciones ya presentes en la Constitución de 1996, a partir de
ahora el rey será también “Emir de los Creyentes” (o sea, máxima autori-
dad religiosa, y jefe del Consejo de los Ulemas). Estos elementos son los
que impulsan a los jóvenes rebeldes a rechazar la nueva Carta Magna: Mo-
hamed VI, dicen, ha encontrado en el Islam la herramienta para afianzar el
absolutismo de su reinado. Pero el riesgo implícito en esta estrategia es
alto: los partidos religiosos, hasta el momento en un segundo plano, pueden
cobrar una inesperada relevancia.
En Marruecos la religión es cuestión de Estado: los imanes son empleados
públicos y sus sueldos están en la nómina del ministerio de Asuntos Reli-
giosos. El sermón que cada viernes el imán lee en la mezquita se redacta en
ese ministerio. En un párrafo de la homilía leída por todos los imanes el
viernes anterior al referéndum, se destacaba: “La nueva Constitución tiene
grandes ventajas para los musulmanes, que serán guiados por el Emir de los
Creyentes; Marruecos será un Estado musulmán, y la protección de la fami-
lia y de las costumbres estará garantizada en el marco del Islam”. No suena
como una declaración muy alentadora para afianzar una apertura democrá-
tica, un gobierno laico, y una transición hacia mayores grados de represen-
tatividad política. Habrá que ver, además, si la estrategia de Mohamed VI le
ha servido para evitar que los vientos de la “primavera árabe” lleguen a las
arenas marroquíes.
Sudán del Sur: un país, una esperanza
Un par de semanas después de que el monarca alauíta pusiera la nueva
Constitución a referéndum de los marroquíes, la Asamblea General de las
Naciones Unidas admitía, por aclamación, el ingreso de Sudán del Sur a la
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organización. El trámite, cargado de simbolismo, completó los procedi-
mientos formales del nacimiento de un nuevo país, el número 193 del mun-
do, por la única vía que permanece y es admitida en estos días nuestros, tan
modernos, racionales y felizmente alejados de bendiciones divinas en los
asuntos políticos: la aceptación de los pares.
Estamos convencidos de que las secesiones de partes de unidades territoria-
les y el advenimiento de nuevos Estados fundados en diferencias étnicas,
religiosas, lingüísticas o de cualquier otro tipo de particularidad cultural, no
son buenas noticias. Las pretensiones de formación de países cuyos límites
coincidan con los del grupo dominante y excluyan a los demás, son rémo-
ras de los viejos discursos nacionalistas que se fraguaron durante los siglos
XVIII y XIX, al calor del nacimiento de los “estados-nación” sobre las rui-
nas de los proyectos imperiales. Discursos que terminaron eclosionando ha-
cia mediados del siglo XX en la mayor locura genocida y totalitaria conoci-
da por el hombre. El colapso europeo fue la consecuencia del nacionalismo
llevado a su extremo, y no terminó con la derrota hitleriana, sino que, por el
contrario, permeó toda la guerra fría, el maccarthismo estadounidense, e in-
clusive las dictaduras latinoamericanas que se extendieron hasta entrados
los años ochenta. No son fenómenos de la historia distante, sino un condi-
cionamiento de nuestra contemporaneidad, contra el cual hay que estar muy
alerta siempre, apoyando acciones que tiendan a fortalecer sociedades in-
clusivas e igualitarias, donde a los “otros” —la radical otredad de todos los
diferentes— no se los expulse sino se los integre, y los Estados sean ámbi-
tos de realización de los proyectos de vida buena de cada uno, en un entor-
no de diversidad y tolerancia.
Pero, teniendo lo recién anotado como parámetro general, se impone la
pregunta de qué postura asumir frente a dos comunidades que fueron for-
zadas a vivir dentro de la misma circunscripción, y entre las cuales —por
su historia y carácter— la coexistencia sólo se presenta como problema.
Un problema que, cuando además se agrega la repartición desigual de ma-
terias primas y recursos energéticos, no tarda en derivar en violencia a
gran escala. Y éste, pensamos, ha sido el caso de Sudán. Por eso aquellos
principios generales pierden capacidad explicativa en este caso, y debe ad-
mitirse que la partición del Estado sudanés —el más grande de África—
en dos países, ha sido la mejor solución a un viejo y triste problema. Un
problema, además, de cuyas causas los sudaneses —tanto los del Norte
como los del Sur— no fueron responsables, porque les fue impuesto por
agentes externos.
Cuando la potencia colonial británica se retiró en 1956, la ex metrópoli im-
puso la convivencia en un único Estado de las dos entidades sociales distin-
tas que habían estado bajo su dominio imperial. Las poblaciones nómadas
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del desierto de la mitad Norte, trigueños de raíz árabo-egipcia y religión is-
lámica; junto a los pueblos (más de 500 tribus, con unos 100 grupos lin-
güísticos diferentes) de la mitad Sur, un territorio selvático y tropical, de
gentes de piel negra que conserva la fe cristiana desde los bíblicos tiempos
de Nubia (evangelizados hacia el año 300 de nuestra era). La forzada con-
vivencia entre esas dos entidades sociales sin prácticamente ningún punto
de contacto —salvo la común dependencia del río Nilo— terminó decan-
tando en una sangrienta guerra civil, que estalló apenas los ingleses aban-
donaron Khartum y no se detuvo hasta el año 2005.
Esa larga guerra dejó más de dos millones de muertos y cerca de cuatro mi-
llones de desplazados, según los cómputos de la ONU, y un odio en la san-
gre que parecía difícil de conjurar alguna vez. Sin embargo, los aconteci-
mientos de estos días parecen contener elementos para la esperanza. Los
acuerdos del armisticio de 2005 preveían la convocatoria a un referéndum,
para que la población negra del Sur manifestara su voluntad de secesión. El
plebiscito, que se llevó a cabo en enero de este año, arrojó más del 99 por
ciento de votos por el sí. Omar al Bachir, el temible presidente sudanés al
que la Corte Penal Internacional tiene pedido de búsqueda y captura por el
genocidio perpetrado en Darfur, declaró que respetaría el plebiscito (aunque
se reservó la decisión sobre qué hacer con los campos petrolíferos de Abyei
y con los rebeldes del Kordofán). Y el nuevo país avanzó hacia su indepen-
dencia, que declaró formalmente el 9 de julio. En esta sucesión de pasos y
de símbolos, sólo faltaba el ingreso a las Naciones Unidas, ese club que, a
falta de un gobierno mundial, funciona como la instancia legitimadora del
planeta. En un trámite acelerado, el provisional gobierno sursudanés solici-
tó el sillón número 193 de la organización el lunes 11 de julio, en la primer
jornada hábil después de los festejos por el nacimiento; el Consejo de Segu-
ridad recomendó positivamente la admisión el miércoles 13; y de inmedia-
to la Asamblea General aceptó el ingreso del nuevo miembro, denominado
República de Sudán del Sur.
Todo lo que ha podido verse y escucharse en las declaraciones de testigos
presenciales, en el testimonio de los emigrados que volvían a Juba para
unirse a los festejos, en los improvisados funcionarios y hasta en los solda-
dos curtidos por tantos años de guerra, era la manifestación de una fiesta
social, de una alegría indisimulable, expresada además con esa capacidad
musical para los cantos y los bailes grupales tan propia de los africanos. La
independencia que festejan no sólo es la que corta los lazos con el Norte,
sino también la que termina el proceso colonialista tras el paréntesis de
1956, e inclusive con la opresión que Occidente —Gran Bretaña en este
caso— impuso a las tribus de la selva desde la expansión imperial, el expo-
lio de recursos naturales y el drama de la esclavitud. Pero tamaña empresa
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está lejos de ser sencilla. Todo está por hacerse, y desde una perspectiva
minimalista, los detalles ocuparán parte de este tiempo fundacional. Han di-
señado una bandera con tres franjas: negra, como la piel de sus gentes; roja,
por la sangre derramada por cientos de miles en la larga guerra; y verde,
como la selva que los rodea; las tres cruzadas por un triángulo azul, como
las vitales aguas que aporta el Nilo; y en el centro del triángulo una estrella,
que dibuja la unidad de las tribus que se unen en la nueva república. Tienen
un nuevo himno; un nuevo prefijo telefónico; una nueva moneda; nuevos
documentos; nuevos nombres para las calles y las plazas. Cuando pasen los
festejos y los detalles del parto, habrá, además de éstos, que ocuparse de
cuestiones estructurales que hagan sostenible a la nueva entidad política, y
esas ya no están tan claras. El nuevo Estado, que se ubicará en los últimos
lugares de todas las listas de desarrollo humano, comprende una superficie
de 640 mil kilómetros cuadrados (unas cuatro veces Uruguay, por ejemplo),
y aloja a unos 9 millones de habitantes. De ellos, desperdigados por esas
vastas planicies, más del 90 por ciento sobrevive por debajo de la línea de
pobreza, con apenas $ 2 al día, en promedio. Su índice de mortalidad ma-
terna es el peor del mundo, y un niño de cada 10 no alcanza a cumplir el
año de vida. Juba, la capital y única ciudad del nuevo país, tiene apenas una
docena de calles asfaltadas, no tiene agua corriente ni cloacas, la luz eléctri-
ca se reduce a un número muy limitado de edificios, y las chozas con ca-
bras y vacas ocupan buena parte de los espacios públicos. Y estas condicio-
nes tan precarias coexisten con los pozos de petróleo que alojan más del 75
por ciento de los 500.000 barriles de crudo diario que exportaba el Sudán
unificado. Los pozos están en el Sur, pero las refinerías, los oleoductos y
los puertos de salida, en el Norte. Ese “otro” país, hermano y enemigo, con
el que a partir de ahora comparte la frontera más larga de África. Hará falta
mucha imaginación, paciencia y cintura política para construir este camino
iniciado con tanta esperanza.
Libia en la primavera árabe
Muhammar el Khaddafi fue destronado, y sufrió el fin de los dictadores.
Desde que comenzó el alzamiento popular, en febrero de este año, hemos
venido defendiendo la posición de que la sociedad internacional debía invo-
lucrarse activamente en el apoyo a los insurgentes, y hacer cuanto estuviera
al alcance de los medios de poder y de derecho que hemos llegado a darnos
en nuestra generación, para colaborar en la caída del tirano.
Los argumentos de las posiciones que denunciaron el rol de terceros Esta-
dos en apoyo de los insurgentes rebeldes y contra el régimen de Muhammar
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el Khaddafi, reconocen un tronco común: el sentir anti imperialista. Es una
lectura lineal: si está la OTAN, es porque está el capitalismo occidental. Las
Naciones Unidas serían sólo la justificación diplomática de la política exte-
rior de la potencia hegemónica, y la OTAN el ropaje adecentado de los ma-
rines norteamericanos; en conjunto, serían la nueva expresión del viejo im-
perialismo. Y por otro lado: Khaddafi habría sido un joven militar que
derribó a una monarquía colonial, que abrazó el panarabismo y el socialis-
mo; su “Libro Verde” fue una de las biblias laicas del tercer mundo; fundó
la Revolución Jamahiriya (de masas, informal y anti institucional); le plan-
tó cara a Occidente y a las multinacionales; apoyó los movimientos de libe-
ración; y ni siquiera los bombardeos de Ronald Reagan lograron moverle el
pulso. Palabras más, palabras menos, y aunque aquí —por motivos didácti-
cos— las presentemos en bruto y sin matices, esas son las consideraciones
que llevan a buena parte de los pensadores a censurar la participación inter-
nacional en el conflicto social libio.
Aún agregándole todos los matices del caso, esta forma de razonar ya es
hoy indefendible, tanto desde la teoría política, de la historia contemporá-
nea, como desde los resultados objetivos de los programas de Khaddafi.
Nadie discutiría que la OTAN, en el contexto de un escenario bipolar, fue el
brazo armado con que uno de los polos enfrentó —en táctica y en estrate-
gia— al Pacto de Varsovia. Pero el Muro de Berlín cayó hace más de dos
décadas; los condicionantes de la guerra fría han desaparecido; y el mundo,
en su conjunto, se ha complejizado sobremanera. Seguir aplicando las cate-
gorías de análisis que tuvieron vigencia desde la segunda Guerra Mundial
hasta la disolución de la Unión Soviética, deja en la boca un regusto a cosa
rancia, a no haber advertido que la creciente complejidad también hizo po-
sible que los colectivos sociales tomaran contacto con esas “otredades”,
esas realidades diferentes y lejanas, que antes quedaban enclaustradas den-
tro del dibujo artificial de las fronteras, y ahora se acercan —a la velocidad
de los megabytes de la sociedad de la información— al comedor de cual-
quier casa. Y que decidan tomar partido por ellas.
Cambio de paradigmas interpretativos que también distorsionan la mirada
de los afectos y de las lealtades. Porque muchos de los que reniegan de la
intervención de las fuerzas occidentales en el conflicto libio, sienten que el
viejo coronel —más allá de sus excentricidades en la ropa, los uniformes
entorchados, los lentes de colores y las guardaespaldas vírgenes— fue uno
de los últimos luchadores que resistieron el ímpetu homogeneizante e inva-
sor del capitalismo occidental. Incluso esta mirada de antigua progresía, si
no fuera porque induce a errores, sería querible y tierna en su visión naïf de
la política internacional. Pero el león de Libia no tenía un pelo de su abun-
dante cabellera de revolucionario romántico o ferviente anticapitalista.
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Khaddafi ha sido un sanguinario tirano que utilizó el poder para sojuzgar a
siete millones de personas durante cuatro décadas, convirtió un Estado (Li-
bia nunca fue una nación) en una satrapía personal y familiar, y con los di-
videndos de la exportación de hidrocarburos generó una pequeña élite, vin-
culada directamente a su persona, que abusó de esos recursos de una
manera patrimonialista, sin ningún tipo de límites sobre vidas y haciendas
de sus congéneres.
Así, desde aquellas lecturas se ha intentado explicar toda la operación inter-
nacional en Libia con el argumento del petróleo. La OTAN sería la avanza-
da de los países occidentales, que van a quedarse con el petróleo del sub-
suelo de los desiertos de la Tripolitania y la Cirenaica. Hemos
argumentado, contra eso, que el petróleo —su búsqueda, extracción, alma-
cenamiento, transporte y exportación— ya estaba en manos de compañías
extranjeras antes del levantamiento insurgente. Compañías a las que Khad-
dafi les aseguraba, con contratos que sólo se aprobaban por su mano, previ-
sibilidad y máxima seguridad. Como sólo una tiranía puede ofrecer a sus
socios selectos, y como jamás podrá ofrecer ningún sistema político demo-
crático, cualquiera sea, que surja de la actual revolución libia.
¿Por qué, en todo caso, obviar burdamente otros elementos y razones, que
impactan con fuerza en la conciencia colectiva de nuestro tiempo, y que las
sociedades civiles toman para presionar a sus respectivos gobiernos? Khad-
dafi no terminó siendo el heredero de Gamal Abdel Nasser y su socialismo
panarabista como pretendía, más que en sus discursos. En la práctica, fue el
banquero de más de medio centenar de grupúsculos terroristas en todo el
mundo; cuando se le dio por pagar atentados aeronáuticos, tiró un avión
cargado de pasajeros sobre Lockerbie, y otro —el vuelo UTA 772— en el
Sahara; jugó a la guerra invadiendo Chad, adquiriendo armas de destruc-
ción masiva (ADM), fabricando gas mostaza y atentando contra Faisal en
Arabia Saudita, Hassan en Marruecos, y hasta contra Anwar el Sadat en
Egipto, “culpable” de la paz con los israelíes; violó cualquier soberanía na-
cional para asesinar disidentes en el extranjero; puso precio (llegó a pagar
hasta un millón de dólares) a las cabezas de sus enemigos huidos de Libia,
mientras recibía en sus palacios a los terroristas más renombrados, como
Abu Nidal. Y un currículum político tan frondoso y tan impropio de un lí-
der libertario, es aún más vergonzante cuando se intentan reseñar los atro-
pellos contra su propio pueblo. Desde la limpieza étnica de los bereberes; al
estado paranoico establecido cuando convirtió a uno de cada cinco libios en
informantes del gobierno; al morbo de la sangre cuando dirigía personal-
mente las ejecuciones de opositores (retrasmitidas en directo por la televi-
sión oficial), la amputación de extremidades, las mil y una forma de perse-
cución y acoso a cualquier minoría o disidencia.
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Y de pronto, cuando una porción de esa sociedad sojuzgada, jugándose la
piel se alza contra el tirano, ¿qué debía hacer la comunidad internacional?
¿Quedarse de brazos cruzados mientras observaba cómo el régimen repri-
mía a los civiles, amparado en los principios de soberanía nacional y de no
injerencia de terceros en los asuntos internos de un país? No. Debía interve-
nir. Y es deber de un demócrata apoyar esa intervención. El derecho inter-
nacional humanitario ha avanzado, junto con los tiempos y las nuevas for-
mas que adopta la estructura política mundial, tanto a nivel institucional
como en el plano de la sociedad civil. El principio “responsabilidad de pro-
teger”, uno de los basamentos de la decisión multilateral que dio pie a los
bombardeos de la OTAN contra Khaddafi, es un avance en los deberes ha-
cia los más débiles, sin importar dónde vivan.
Los más de cuarenta años de tiranía también vaciaron de instituciones y de
instrumentos republicanos a Libia. Por eso la sociedad internacional, a tra-
vés de las organizaciones multilaterales que ha logrado darse hasta nuestro
tiempo, debe permanecer allí, ayudando a la reconstrucción del país. Los li-
bios se merecen una oportunidad de construir una sociedad en libertad; ase-
gurar esa oportunidad no está en sus manos, sino en las nuestras.
Túnez, el suave aterrizaje del Islam
La pequeña república magrebí de Túnez volvió, hacia fin de este año, a po-
nerse al frente de los procesos de cambio que vienen moviendo las estructu-
ras políticas del Norte de África y de Oriente Medio. En las elecciones con-
vocadas para conformar una asamblea constituyente que provea al Estado,
por primera vez desde su independencia de Francia en 1956, de una Consti-
tución democrática, han vencido claramente las corrientes islamistas. El in-
terrogante que abre este resultado es si con él también Túnez viene a mar-
car una tendencia en el rumbo de la región.
Porque en Túnez comenzó todo, y no porque la acumulación de corruptelas
y equívocos que las dictaduras árabes del Magreb —apoyadas sustantiva-
mente por Occidente— hubieran tenido en este pequeño país de la costa sur
del Mediterráneo unas condiciones diferenciales. Quizás solamente la gota
que rebalsó el vaso de la paciencia cayó en Túnez, y una vez que el derra-
me se inició ya fue imparable. Esa gota, dolorosa, fue la radical protesta del
joven ingeniero informático —y eventual vendedor callejero de frutas—
Mohammed Bouazizi, que el 17 de diciembre del año pasado, ante la bruta-
lidad policial que había destrozado el carrito con que intentaba ganarse la
vida después de haberlo intentado todo, en un mercado laboral cerrado a cal
y canto y en una sociedad sin horizontes de cambio ninguno, se prendió
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fuego. Su rebeldía desesperada rebalsó los diques que contenían tantas si-
tuaciones similares, en el entorno de un sistema político feudalizado, donde
a la “dictadura blanda” de los treinta años de Habib Bourguiba, le había
sucedido la dictadura más extrema, familiar y cleptocrática de Zine el Abi-
dine ben Ali y su mujer, Leila Trabelsi. Las masas tomando las calles, ro-
mánticamente designaron “revolución de los jazmines” a sus protestas, pero
la fuerza real que manifestaban empujó a Ben Ali a subirse a un avión (su
esposa Leila lo llenó, previsoramente, de una tonelada y media de oro) y
partir hacia el exilio en Arabia Saudita. Entonces comenzó el contagio:
Egipto, Yemen, Bahrein, los rebeldes de Libia, los opositores monárquicos
de Marruecos. Túnez había marcado el comienzo, y nadie está seguro de
marcar todavía el final.
En el discurso de auto justificación de los dictadores que la “primavera ára-
be” está barriendo, siempre ocupó un lugar importante el considerarse a sí
mismos como la última barrera frente al fundamentalismo islámico. Había
corrupción, apenas unos barnices de democracia y violaciones a los dere-
chos humanos en sus regímenes, pero todo eso era un precio módico que
había que pagar para impedir el mayor de todos los males: que los partidos
religiosos llegasen al poder, y con ellos la imposición de la “sharia” (la re-
gulación de las conductas sociales mediante los preceptos coránicos) hacia
el interior de las sociedades, y la más que probable enemistad con los paí-
ses occidentales (con la consecuente suspensión de las exportaciones de hi-
drocarburos hacia ellos) como principal consecuencia externa. El argumen-
to de “freno del islamismo radical” comenzó a debilitarse hace ya tiempo, a
medida que se conocían detalles sobre el complejo entramado de agrupa-
ciones en que se dividía el Islam político, que el simplismo intencionado de
las dictaduras había intentado meter en la misma bolsa. Y también con el
resultado de algunas experiencias de partidos islámicos no radicales en el
poder, principalmente con el AKP de Recep Tayyip Erdogan y Abdullah
Gull en Turquía. Ahora, en ese universo aparece el islamismo moderado del
tunecino En Nahda (El Renacimiento), y arrasa en las elecciones a la con-
vención constituyente, en lo que puede ser una nueva señal del rumbo de
los sistemas políticos saneados tras las revueltas de la “primavera árabe”.
Bajo el régimen de Ben Ali, y como parte de aquel discurso de auto justifi-
cación, todo lo que oliese a islamismo estaba proscripto y prohibido. Los
principales dirigentes de esos sectores, por lo tanto, llevaban décadas en el
exilio, y no había ninguna estructura —no sólo ningún partido político,
tampoco ninguna organización no gubernamental— sobre la cual apoyarse
para plantear una alternativa. O sea que el nombre del partido tunecino hace
referencia concreta a un volver a nacer, a un surgimiento desde la nada, tras
casi sesenta años de laicismo obligatorio. Sin embargo, en apenas nueve
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meses, el movimiento En Nahda ha conseguido estructurar un nuevo dis-
curso, que combina dosis de tradicionalismo con otras de modernidad, y lo
ha articulado en una clave de mesura —sin convocatorias a revanchismos
ni venganzas— que ha dado en la tecla y empujado a un apoyo social ma-
yoritario. Y parece haber otro elemento que da una pauta del nuevo com-
portamiento del electorado: además de la sorpresa de la clara mayoría de
En Nahda, las principales fuerzas de oposición son partidos que no hicieron
campaña contra el islamismo. En cambio, la oposición tradicional, que si-
gue repitiendo el viejo argumento de que no hay islamismo moderado posi-
ble, y que hay que parar a los religiosos de cualquier manera, porque detrás
de ellos vendrán los barbudos a lo talibán y la imposición de la “sharia”,
fueron censurados por el voto popular.
Que un partido que proclama claramente su adscripción islámica haya sido
la opción elegida por los sectores progresistas, en detrimento de las fuerzas
usuales de la centro izquierda, tiene mucho que ver con las maneras en que
En Nahda articuló su discurso, en el espacio de poco más de medio año. El
hecho de que haya aceptado sin restricciones la imposición de paridad de
género en las listas electorales, las referencias permanentes al “modelo tur-
co”; las posturas conciliadoras con los sectores que estuvieron más cerca
del régimen de Ben Ali; la seguridad de que el modelo de desarrollo y de
que la economía de mercado no serán cuestionados; y una manifiesta rela-
ción de cooperación con Occidente; han terminado por alejar el fantasma de
los barbudos a lo talibán, y de convencer a la mayoría de tunecinos que la
coexistencia entre régimen democrático y republicano moderno, con pre-
ceptos religiosos y usos y costumbres que hacen a su identidad, es factible.
Las elecciones de fines de octubre cierran la “revolución de los jazmines”,
y abren una nueva etapa, la de transición hacia un sistema democrático en
el marco de un Estado de derecho. Si los islamistas moderados tunecinos
consiguen conducir ese tránsito, estaremos ante un fenómeno realmente no-
vedoso de la política internacional, y ante todo un nuevo escenario de posi-
bilidades para Medio Oriente y el Magreb.
En este contexto, por tanto, presentamos las reflexiones y las investigacio-
nes que integran este número doble de Studia Politicæ. Nuestra revista,
además, presenta en esta edición algunas notas a destacar. Entre ellas, la
clase magistral del profesor Gianfranco Pasquino titulada La ciencia políti-
ca en un mundo en transformación. La ponencia del catedrático de la Uni-
versidad de Bologna que abre nuestro volumen, corresponde a la conferen-
cia que pronunciara con motivo de la recepción del Doctorado Honoris
Causa por nuestra Universidad, en el marco del X Congreso Nacional de
Ciencia Política, que tuvo en esta edición a la Facultad de Ciencia Política
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y Relaciones Internacionales como sede. Precisamente, cerramos el número
doble de la revista con las palabras del Rector de la Universidad Católica
de Córdoba, Rafael Velasco s.j., al inaugurar las sesiones del Congreso.
A continuación, en Arenas de Gobernanza, núcleos de poder y redes de in-
fluencia socio-política. Estudio de casos de Comunidades Regionales en
Córdoba, Argentina, Víctor Mazzalay analiza los sistemas de decisión co-
lectiva en espacios regionales sub-nacionales, problematizando la confor-
mación de “arenas de gobernanza” desde la perspectiva de las redes de in-
fluencia socio-política. Para su estudio, toma los casos de las comunidades
regionales de Córdoba, que le permiten visualizar cómo se configuran mo-
dos de gobernanza estado-céntricas; se producen incorporaciones de actores
no-estatales a las “arenas de gobernanza” de manera informal y periférica;
que en esa gobernanza informal los actores de la sociedad civil se vinculan
de manera más débil y marginal que aquellos que representan al sector del
mercado; que se configuran núcleos de poder relativamente independientes
de las estructuras formales de autoridad; así como que la apertura-clausura
de las “arenas de gobernanza” no son necesariamente equivalentes a la
apertura-clausura de los núcleos de poder que en ellas se forman.
Luego, en Conflicto cultural y jurídico en la lucha de los pueblos origina-
rios. El caso de la Comunidad Guaraní Estación El Tabacal (Salta, Argen-
tina), Andrea Gigena y Griselda Ibaña proponen discutir las estrategias de
las que se ha valido el Estado, a través de su sistema de derecho, para reco-
nocer y gestionar la diversidad étnica. Por un lado, un discurso y una polí-
tica de incorporación tendiente a homogeneizar a los individuos bajo la
identidad única de la ciudadanía, y por otro una política de reconocimiento
de la heterogeneidad, pero como mera diversidad. Avanzan en esta discu-
sión a partir de la historia de la Comunidad Indígena Guaraní Estación El
Tabacal–La Loma, ubicada en la provincia de Salta, que mantiene desde
hace varios años una disputa por la propiedad de su territorio con el ingenio
San Martín del Tabacal.
A continuación, Emilio
Rufail y Milton Escobar suscriben el artículo Los
procesos de cambio en el mundo árabe, centrado en la serie de protestas
que han movilizado la región de Medio Oriente durante el presente año.
Los manifestantes, sostienen, aprovecharon las protestas por alimentos
para extender sus reclamos por mayores espacios de participación política
y libertad de expresión. Esta situación generó un efecto contagio sobre el
resto de los países de la región y una ola de protestas civiles, algunas re-
primidas violentamente, en diferentes partes del mundo árabe —Jordania,
Yemen, Argelia, Marruecos, Arabia Saudita, los países del Golfo y Siria—
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y amenaza ahora con extenderse a otros países islámicos pero no árabes,
como Irán.
Por último, cerramos este número con el artículo Performatividad, perver-
sión y política. Sobre verdad y mentira en Hannah Arendt, de Emmanuel
Biset. El paper analiza un breve escrito de Hannah Arendt de 1967, inten-
tando mostrar el valor jurídico de la razón como delimitación, a la par que
indicar el carácter problemático de una noción de límite como frontera irre-
basable. Biset divide su artículo en tres partes; en la primera se muestra la
compleja relación entre verdad y política; en la segunda se aborda la afini-
dad esencial entre mentira y política; y termina señalando en qué sentido
performatividad y perversión vienen a cuestionar los estrictos límites del
discurso arendtiano.
El volumen 22, por su parte, se abre con Política y religión en una socie-
dad secular: Perspectivas sobre una tensa relación desde la obra de Moses
Mendelssohn, de Diego Fonti. Fonti sostiene que religión y política parecen
ser campos de discursos y acciones que desde la modernidad están tensa-
mente interrelacionados. Para elaborar un análisis fructífero de esta relación
recurre metodológicamente a un distanciamiento, en el sentido de analizar a
un autor temporalmente ubicado en la modernidad pre-crítica, Moses Men-
delssohn, para una posterior resignificación desde nuestro espacio presente.
Las nociones de superación de la contingencia, independencia valorativa de
juicio de las ciencias, y garantía religiosa de la separación de los campos de
interés religioso y científico-político, le permiten a Fonti desarrollar la ra-
cionalización y moralización de la religión que se genera desde la moderni-
dad, y desde ellas su rol político. Estos elementos muestran la vitalidad de
la propuesta de Mendelssohn para una comprensión todavía significativa de
la relación entre política y religión.
Luego, en Participación ciudadana municipal en Chile: Lecciones de tres
estudios de caso, el equipo conformado por María José Allende, Cecilia
Osorio y Fabián Pressacco presenta un estudio exploratorio que busca iden-
tificar dimensiones claves que influyen en la aplicación de políticas de par-
ticipación en la gestión local en Chile. La existencia de un marco legal al
respecto contribuye a la institucionalización de estas prácticas, sin embargo
existe un bajo nivel de aplicación de instrumentos legales a nivel munici-
pal. Frente a esto, los investigadores de la Universidad Alberto Hurtado, de
Santiago de Chile, sugieren que estaría influido por desconocimiento, por la
disposición del alcalde frente a este tipo de iniciativas, y por los recursos
(técnicos y económicos) disponibles; con lo que ponen en evidencia la ne-
cesidad de perfeccionar el marco legal, generar incentivos para su aplica-
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ción, proveer los recursos necesarios y fomentar una cultura participativa
que trascienda lo ciudadano y se incluya en lo institucional.
A continuación, Julieta Bartoletti firma el artículo Montoneros: interrogan-
tes abiertos casi veinte años después, donde propone un estado de la cues-
tión sobre el tema Montoneros, a partir del análisis en profundidad de un
conjunto acotado de autores. El trabajo analiza las diferentes imágenes e in-
terpretaciones generales, para explicitar sus discusiones y acuerdos, y seña-
lar los interrogantes aún abiertos, tanto respecto del tema de los orígenes de
la organización, como respecto de la identidad peronista de Montoneros, así
como con el denominado proceso de “militarización” que vivió posterior-
mente el grupo político argentino.
Finalmente, Adolfo Buffa y Corina Echavarría proponen el paper La
“transparencia” presupuestaria a partir de la experiencia de los munici-
pios de la provincia de Córdoba. Los autores sostienen que cuando se tra-
ta de pensar la gestión democrática de los recursos, las propuestas que ha-
cen hincapié en la transparencia de la gestión del presupuesto se han
desarrollado en un contexto de alto endeudamiento público. En este senti-
do, los modelos desarrollados por los organismos multilaterales de crédito
se orientan, principalmente, a aumentar los costos de la corrupción promo-
viendo las Buenas Prácticas de la Transparencia Fiscal. En el caso particu-
lar de Argentina, la transparencia es citada como criterio para el desarrollo
de las actividades comunes del sistema de administración financiera, en lo
que podríamos denominar como una acción anticipatoria de los debates in-
ternacionales. Sin embargo, llamativamente, la referencia a la transparen-
cia desaparece del articulado original de la Ley 24.156/92 y es reinterpre-
tada en las posteriores modificaciones y reglamentaciones, restringiendo
su contenido democrático a favor de una reforma eficiente del Estado. En
este sentido, los autores se preguntan sobre las relecturas que en términos
de gestión democrática se pueden hacer de las mencionadas modificacio-
nes y reglamentaciones. Así, el escrito intenta dilucidar los contenidos, al-
cances y consecuencias del concepto de transparencia en las finanzas pú-
blicas, como un emergente de los lineamientos de política fiscal
internacionalmente instalados.
