133

Código de Referato: SP-04.I.educc/2003.

Nelson D. Marcionni

esde siempre, los procesos de cooperación e integración

entre Estados han encontrado críticas y obstáculos, políti-

cos y jurídicos, para su avance, en la conciliación de las

disposiciones de su derecho interno para con los compromisos que

se pretenden adquirir en el plano internacional. De hecho, normal-

mente la doctrina se ha encargado de determinar primariamente, la

adecuación o falta de adecuación de los textos constitucionales, a

la concesión de poderes a órganos de carácter intergubernamental

o supranacional.

Pensar en el esfuerzo que hoy representaría, aún con la decidi-

da concurrencia de la voluntad política de los gobernantes de

los Estados de la región, construir un instrumento jurídico úni-

co que conciliara las aspiraciones de un modelo de sociedad

para sus pueblos, modelo normativo indispensable sobre el que

diseñar las relaciones esenciales entre las personas, los poderes

del Estado y los poderes que se quisieran deferir a órganos que

velaren por el interés de la región en su conjunto, significaría

La Construcción Contemporánea

de la Identidad Regional:

Derechos Humanos y Educación

STUDIA POLITICÆ Número 01 ~ primavera/verano 2003.

Publicada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacio-

nales, de la Universidad Católica de Córdoba, República Argentina.

STUDIA POLITICÆ

01 ~ primavera/verano 2003134

quizás desechar el esfuerzo antes de emprenderlo. Nosotros

sostenemos que gran parte de ese terreno ya ha sido conquista-

do por los pueblos de la región y sus gobiernos.

En efecto, la tesis que aportamos a este calificado foro se fun-

da en que los Estados de América Latina, con escasísimos ma-

tices por cierto reversibles, cuentan de hecho, con lo que lla-

maremos, una Constitución ganada.

Antes claro de que el preciosismo terminológico genere su an-

danada crítica, trataremos de determinar los alcances de nues-

tra expresión.

Partiendo del consenso sobre algunas de las funciones esencia-

les atribuidas a las constituciones estatales que dedican princi-

palmente su texto a establecer los límites del poder del Estado

en relación con las personas bajo su jurisdicción, a determinar

los principios de las relaciones de distribución del poder entre

sus distintos órganos, todo ello en el contexto de las aspiracio-

nes a fortalecer o a concretar un modelo de sociedad asentado

sobre valores que esta reconoce como propios; reconocemos

dentro del concepto de Constitución ganada el sustrato míni-

mo común no menor por cierto, de los acuerdos básicos

que se comparten en este ámbito por los Estados partes en la

Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de

San José de Costa Rica.

Este espíritu constitucional del Pacto se ha visto fortalecido en

los ejemplos de inclusión de sus disposiciones en los procesos

de aggiornamento de los propios textos constitucionales en

América Latina.

Para nosotros, su gran significado práctico contemporáneo es-

triba en que lo consideramos una excelente base existente,

consolidada, legitimada, respetada y prestigiada, para la cons-

trucción de la identidad ciudadana, individual y social, perso-

nal y colectiva, de la región.

Ello, en el contexto tan particular y apropiado, de posibilitar la

135

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Fuente: http://

www.cidh.org/Basicos/Basicos3.htm

Texto: Serie sobre Tratados, OEA, Nº 36. Registro ONU: 27 de agosto de

1979, Nº 17955.

interpretación y aplicación de instituciones jurídicas, práctica-

mente, para todo el conjunto de las unidades estatales involu-

DEPÓSITO

RATIFICACIÓN

5 septiembre 1984

27 noviembre 1982

19 julio 1979

25 septiembre 1992

31 julio 1973

8 abril 1970

21 agosto 1990

3 junio 1993

28 diciembre 1977

23 junio 1978

18 julio 1978

25 mayo 1978

27 septiembre 1977

8 septiembre 1977

7 agosto 1978

3 abril 1982

25 septiembre 1979

22 junio 1978

24 agosto 1989

28 julio 1978

19 abril 1978

12 noviembre 1987

28 mayo 1991

19 abril 1985

9 agosto 1977

FECHA DE ACEPTACIÓN DE

LA COMPETENCIA DE LA CORTE

5 septiembre 1984

4 junio 2000

27 julio 1993

10 diciembre 1998

21 junio 1985

2 julio 1980

21 agosto 1990

13 agosto 1984

6 junio 1995

9 marzo 1987

20 marzo 1998

9 septiembre 1981

16 diciembre 1998

12 febrero 1991

9 mayo 1990

26 marzo 1993

21 enero 1981

25 marzo 1999

12 noviembre 1987

28 mayo 1991

19 abril 1985

24 junio 1981

PAÍSES

SIGNATARIOS

Argentina

Barbados

Bolivia

Brasil

Colombia

Costa Rica

Chile

Dominica

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos

Grenada

Guatemala

Haití

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Rep. Dominicana

Surinam

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

NELSON D. MARCIONNI

STUDIA POLITICÆ

01 ~ primavera/verano 2003136

cradas en la dimensión espacial de la América Latina

y a las

que dichos Estados deben adecuar sus regímenes legales

virtud de las características propias del sistema regional intera-

mericano establecido mediante el Pacto de San José de Costa

Rica

y del conjunto de fuentes que los órganos de este siste-

ma han determinado como aplicables

Todos los Estados que figuran en esta lista firmaron la Convención el 22 de

noviembre de 1969, con excepción de los indicados en las notas.

* Estados que han reconocido la competencia de la Comisión Interamerica-

na de Derechos Humanos para recibir y examinar comunicaciones en que un

Estado parte alega que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los

derechos humanos establecidos en la Convención Americana. Argentina (5

de septiembre de 1984); Chile (21 de agosto de 1990); Colombia (21 de ju-

nio de 1985); Costa Rica (2 de julio de 1980); Ecuador (13 de agosto de

1984); Jamaica (7 de agosto de 1978); Perú (21 de enero de 1981); Uruguay

(19 de abril de 1985) y Venezuela (9 de agosto de 1977).

Ello de conformidad al Art. 2. Deber de adoptar disposiciones de Derecho

Interno, contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos (en

lo sucesivo CADH) que expresa: Si el ejercicio de los derechos y liberta-

des mencionados en el Art. 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones

legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar,

con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de

esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren ne-

cesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Con la designación Convención Americana sobre Derechos Humanos fue

suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Con-

ferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos y entró en

vigencia el 18 de Julio de 1978, conforme el art. 74. 2 de la CADH.

Texto completo de la Convención reproducido en OEA, CIDH, Documentos

Básicos en materia de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.82.

De conformidad los incisos 7 del Art. 22; Art. 26; inciso 1 del Art. 27;

apartados b); y d) del Art. 29, y Art. 64 de la CADH.

Igualmente la Corte desarrolló la interpretación de sus atribuciones en la

OC-1/82 Otros Tratados objeto de la competencia consultiva de la Corte

(Art. 64 CADH) de 24 de setiembre de 1982. El criterio fue sustentado en

numerosas sentencias de su competencia contenciosa y en opiniones consul-

tivas posteriores. V.g. Corte I.D.H. Caso Caballero Delgado y Santana. Re-

paraciones (Art. 63.1 CADH) Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C Nº

137

Lo anterior, con ser formalmente lógico como planteo, hubiera

carecido quizás de relevancia, si a lo largo de la vigencia del

sistema nada se hubiera aportado en materia de pronunciamien-

tos sobre el particular a través de la labor de sus órganos. La

tangibilidad de esos aportes indica la necesidad de analizar las,

cualitativa y cuantitativamente, crecientes contribuciones tanto

de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamerica-

na de Derechos Humanos en el ejercicio de sus respectivas

competencias

Con la suma de dichos antecedentes, resultaría imposible diso-

ciar la producción de los órganos del sistema de la revisión,

afirmación, construcción o reconstrucción, tanto de la interpre-

tación como de la aplicación por parte de los órganos naciona-

les, incluidos todos los poderes del Estado, del conjunto del

universo normativo y de las propias normas que lo componen,

por lo menos, en cuanto a su conexión con los derechos reco-

nocidos en la Convención

31. Corte I.D.H. Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 CADH,

OC-3/83 de 8 de setiembre de 1983.

Se encuentras detalladas en la CADH, para la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos, sus funciones en la Sección 2, Arts. 41 a 43, y su com-

petencia en la sección 3, Arts. 44 a 47 ampliándose a los supuestos de los

Arts. 31, 76 y 77; y para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus

competencias y funciones en la Sección 2, Arts. 61 a 65. Ambos órganos

son incorporados al sistema en virtud de las disposiciones del Art. 33, a) y

b) de la propia CADH.

La información completa de toda la producción de ambos órganos puede

consultarse en www.oas.org

La obligación surge con claridad del Art. 2 de la CADH (vide supra nota

1). La Corte ha tenido oportunidad de referir en numerosas oportunidades

a dicha obligación. Por ejemplo, en virtud de su competencia consultiva en

la OC-13/93 Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos (Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la CADH) de 16 de

julio de 1993 Serie A Nº 13, párrs. 26-31. Igualmente en la OC-14/94 de 9

de diciembre de 1994, relativa a la Responsabilidad Internacional por

NELSON D. MARCIONNI

STUDIA POLITICÆ

01 ~ primavera/verano 2003138

Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (Arts. 1 y

2 de la CADH), Serie A, nº 14, párr. 33. También en la OC-4/84, Pro-

puesta de modificación a la Constitución Política de Cota Rica relacionada

con la Naturalización de 19 de enero de 1984. Serie A Nº 4, párrs. 3-5.

En la OC-7/86 sobre la Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Res-

puesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la CADH) de 29 de agosto de 1986, Serie

A Nº 7, párr. 33.

Sobre el particular también se ha expresado, inter alia, en las sentencias de

los Casos Genie Lacayo, de 29 de enero de 1977, Serie C Nº 30 párrs. 90-

92; y Suárez Rosero, de 12 de noviembre de 1997, Serie C Nº 35, párr. 97.

Cf. vid Preámbulo CADH párr. 4.

Hasta aquí la presentación podría haberse referido a cualquiera

de esos derechos, justificadamente alguien incluso podría haber

adoptado la perspectiva, tratándose de identidad ciudadana, de

los de naturaleza política. Nuestra elección, sin embargo ha

sido distinta. Nuestros argumentos parten esencialmente de la

convicción de que la base del ejercicio realmente libre y res-

ponsable del poder individual del ciudadano, y colectivo de la

ciudadanía, tiene su fundamento en la educación.

Proponemos a continuación revisar algunos postulados conteni-

dos en nuestra Constitución ganada tratando de indagar sobre

orientaciones básicas de nuestro pacto social regional y algún

seguimiento mínimo de su evolución.

Para comenzar la propia Convención Americana en su Preám-

bulo y sus antecedentes inmediatos, la Declaración Universal

y la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria de

1967, destacan adecuadamente las interacciones entre derechos

humanos, realización individual y acción de los Estados al ex-

presar que:

...sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exen-

to del temor y de la miseria, si se crean condiciones que per-

mitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, so-

ciales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y

políticos...

139

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en ma-

teria de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador.

Texto: Serie sobre Tratados, OEA, Nº 69.

Fuente: http://www.cidh.org/Basicos/basicos4.htm#PROTOCOLO% 20ADICIONAL

Dicha visión aparece enriquecida con el contenido, entre otras

fuentes, del Preámbulo del Protocolo Adicional a la Conven-

ción Americana sobre Derechos Humanos en materia de Dere-

chos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Sal-

vador de 1988) en cuanto afirma

...la estrecha relación que existe entre la vigencia de los de-

rechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos

civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de de-

rechos constituyen un todo indisoluble que encuentra base en

el reconocimiento de la dignidad de la persona humana...

PAÍSES SIGNATARIOS

Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

Costa Rica

Chile

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Surinam

Uruguay

Venezuela

DEPÓSITO DE RATIFICACIÓN

21 agosto 1996

23 diciembre 1997

16 noviembre 1999

25 marzo 1993

6 junio 1995

5 octubre 2000

16 abril 1996



18 febrero 1993

3 junio 1997

4 junio 1995

10 julio 1990

2 abril 1996

NELSON D. MARCIONNI

STUDIA POLITICÆ

01 ~ primavera/verano 2003140

Todos los Estados que figuran en la lista firmaron el Protocolo el 17 de no-

viembre de 1988, con excepción de los indicados en las notas.

1 Firmó el 27 de enero de 1989 en la Secretaría General de la OEA.

a. Adhesión.

2. Firmó el 26 de agosto de 1996 en la Secretaría General de la OEA.

3. Firmó el 5 de junio 2001 en el trigésimo primer período ordinario de se-

siones de la Asamblea General en San José, Costa Rica.

Tal como se consigna en el título La indivisibilidad de los Derechos Ci-

viles y Políticos y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Ca-

pítulo V del Informe Anual del Año 1993 de la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos.

Atendiendo especialmente a esta indivisibilidad y a su interac-

ción la propia Comisión Interamericana ha podido sostener:

La participación popular, objetivo de la democracia repre-

sentativa, garantiza que todos los sectores sociales participen

en la formulación, aplicación y revisión de los programas

nacionales. Y, aunque podría afirmarse que la participación

política fortalece la protección de los derechos económicos,

sociales y culturales, también es verdad que la aplicación de

esos derechos crea las condiciones para que la población en

general sea capaz, es decir, saludable y educada, para parti-

cipar activa y productivamente en el proceso de toma de las

decisiones políticas

Esta visión ha penetrado en razón de esfuerzos compartidos

tanto por la sociedad civil, en la acción por caso de organiza-

ciones con una visión estratégica regional del problema en la

Educación Superior, como la Asociación de Universidades

Jesuíticas de América Latina (AUSJAL), o la Asociación de

Universidades del Grupo Montevideo; así como en la visión del

desarrollo de la cooperación subregional a través Sector Educa-

tivo del MERCOSUR o de las experiencias de la Organización

del Convenio Andrés Bello.

Ahora bien, ¿qué alcance y significación concreta adquieren las

obligaciones que en materia de educación contraen los Estados

141

Adoptado en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en

el decimoctavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la

Organización de los Estados Americanos. Entró en vigor el 16 de noviem-

bre de 1999. Texto completo en Secretaría General OEA (Instrumento ori-

ginal y ratificaciones).

Serie sobre Tratados, OEA, Nº 69.

Partes en el sistema interamericano de protección de derechos

humanos? ¿Qué acerca del pacto social regional en materia

de política educativa?

Creemos que la norma de mayor significación actual en el sis-

tema está sin lugar a dudas contenida en el Art. 13 del Proto-

colo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Hu-

manos en materia de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales Protocolo de San Salvador,

habiendo sido

elaborado en virtud del Art. 77 de la Convención Americana de

Derechos Humanos a instancias de una significativa iniciativa

estatal y la contribución de la propia Comisión Interamericana

de Derechos Humanos.

En razón de su esencial contenido reproducimos su texto com-

pleto.

Artículo 13

Derecho a la Educación

1. Toda persona tiene derecho a la educación.

2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en

que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo

de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y de-

berá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el plura-

lismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la

paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar

a todas las personas para participar efectivamente en una so-

ciedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia dig-

na, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre

NELSON D. MARCIONNI

STUDIA POLITICÆ

01 ~ primavera/verano 2003142

El destacado es nuestro.

todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o reli-

giosos y promover las actividades en favor del mantenimiento

de la paz

3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen

que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la

educación:

a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a

todos gratuitamente;

b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, inclu-

so la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser ge-

neralizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios

sean apropiados, y en particular por la implantación progresi-

va de la enseñanza gratuita;

c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible

a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuan-

tos medios sean apropiados y, en particular, por la implanta-

ción progresiva de la enseñanza gratuita;

d. se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo po-

sible, la educación básica para aquellas personas que no ha-

yan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción pri-

maria;

e. se deberán establecer programas de enseñanza diferen-

ciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial

instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o

deficiencias mentales.

4. Conforme con la legislación interna de los Estados par-

tes, los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación

que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella se adecue a

los principios enunciados precedentemente.

5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará

como una restricción de la libertad de los particulares y enti-

143

Cf.: Protocolo de San Salvador. Art. 13. (A-52) Serie sobre Tratados

OEA Nº 69. La posición de la República Argentina es atípica con relación

a este instrumento pues, a pesar de haber adoptado la Ley 24.658 sanciona-

da el 19 de Junio 1996 que lo aprueba, hasta la fecha no ha depositado el

instrumento de ratificación en la Secretaría General de la OEA, lo que difi-

cultaría a su respecto la aplicación de los medios de protección previstos en

al Art. 19 cuyo texto se transcribe en la siguiente nota.

dades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de

acuerdo con la legislación interna de los Estados partes

El escéptico medio seguramente pensará en este momento en

el grado de cumplimiento que estos textos ostentan en la rea-

lidad de nuestras sociedades acuciadas por las urgencias y

necesidades de todo tipo, generadas de modo importante en-

tre otras variables por la debilidad de las economías y los

sesgos de distribución del ingreso propio de nuestros países.

Y sobre este punto queremos trabajar, pues confluyen aquí

todos los términos de nuestra revalorización del ejercicio,

respeto y garantía del derecho a la educación como parte de

los derechos humanos reconocidos en el Pacto de San José

de Costa Rica e instrumentos conexos, en cuanto obligación

internacional, jurídicamente exigible, y que han contraído los

Estados de la región conformando una parte esencial de su

acuerdo acerca del modelo que debe regir sus políticas públi-

cas en una plano tan sensible de la relación con las personas

bajo su jurisdicción.

A través de construcciones conceptuales relativamente recien-

tes, los órganos del sistema interamericano han realizado apor-

tes sustanciales, no meras abstracciones sino fundamentos de

decisiones obligatorias para los Estados, con relación a la inter-

pretación de este derecho. Tomaremos del universo existente,

ahora, tres de estas construcciones para entender el modo en

que el sistema viene orientando a los Estados acerca de cómo

deben cumplir estas obligaciones.

NELSON D. MARCIONNI

STUDIA POLITICÆ

01 ~ primavera/verano 2003144

El Caso Niños de la Calle fue introducido por la Comisión ante la Corte

y contra el Estado de Guatemala, registrado bajo el número 11.383. Refe-

rencia textual extraída del párrafo 188 de la Sentencia de 19 de Noviembre.

Corte I.D.H. Caso Villagrán Morales y Otros. Serie C Nº 63.

El destacado es nuestro. Corresponde el texto al párr. 191 del caso de

nota 33.

La Corte sentenció sobre la materia de fondo en noviembre de

1999, el Caso Villagrán Morales y otros, al que denominó co-

loquialmente Caso de los Niños de la Calle, conforme referir,

según su propia definición, a niños que vivían en las calles en

situación de riesgo.

Aunque el caso se vinculaba mediata-

mente con el derecho a la educación, porque éste fue referido

en el marco de protección general a los niños del art. 19 de la

Convención Americana, se insinúa una línea argumental de la

mayor significación. Expresa el párrafo 191 de la Sentencia:

191. A la luz del artículo 19 de la Convención Americana

la Corte debe constatar la especial gravedad que reviste el

que pueda atribuirse a un Estado Parte en dicha Convención

el cargo de haber aplicado o tolerado en su territorio una

práctica sistemática de violencia contra niños en situación de

riesgo. Cuando los Estados violan, en esos términos, los

derechos de los niños en situación de riesgo, como los

niños de la calle, los hacen víctimas de una doble agre-

sión. En primer lugar, los Estados no evitan que sean

lanzados a la miseria, privándolos así de unas mínimas

condiciones de vida digna e impidiéndoles el pleno y ar-

monioso desarrollo de su personalidad, a pesar de que

todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida

que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públi-

cos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la

sociedad a la que pertenece. En segundo lugar, atentan

contra su integridad física, psíquica y moral, y hasta contra

su propia vida.

Expresando su voto razonado en este fallo los jueces Cançado

Trindade y Abreu Burelli afirman:

145

Ibid. Texto parcial del párrafo 98 de la

82. Con base en lo anterior, la Corte fijará como indemnización de los

daños materiales ocasionados por las violaciones declaradas en la sentencia

de 19 de noviembre de 1999, las siguientes sumas:

Una persona que en su infancia vive, como en tantos países de

América Latina, en la humillación de la miseria, sin la menor

condición siquiera de crear su proyecto de vida, experimenta

un estado de padecimiento equivalente a una muerte espiritual;

la muerte física que a ésta sigue, en tales circunstancias, es la

culminación de la destrucción total del ser humano.

La Corte sentenció, en el mismo asunto, el día 26 de mayo de

2001 sobre las reparaciones y resolvió en el párrafo 98, respec-

tivamente:

98. Si bien el Tribunal en su sentencia de fondo no decidió

que Guatemala había violado el artículo 2 de la Convención,

norma que dispone que el Estado está en la obligación de

adoptar «las medidas legislativas o de otro carácter que fue-

ran necesarias para hacer efectivos» los derechos en ella re-

conocidos, es cierto también que ésta es una obligación que

el Estado debe cumplir por el mero hecho de haber ratificado

dicho instrumento legal. Así, esta Corte considera que Gua-

temala debe implementar en su derecho interno, de acuer-

do al citado artículo 2 de la Convención, las medidas le-

gislativas, administrativas y de cualquier otra índole que

sean necesarias con el objeto de adecuar la normativa

guatemalteca al artículo 19 de la Convención, para preve-

nir que se den en el futuro hechos como los examinados

Para los amantes de la real-politik y los que tratan de medir

costos y beneficios de las políticas públicas en cifras dinera-

rias, expresamos el monto de dólares estadounidenses u$s

508.865,91. = como el costo en reparaciones por daño mate-

rial, daño moral y reintegros de gastos y costas que la senten-

cia impuso para su pago al estado guatemalteco como conse-

cuencia de la muerte de estos cinco jóvenes.

¿Cuántas vidas

NELSON D. MARCIONNI

STUDIA POLITICÆ

01 ~ primavera/verano 2003146

además de aquellas cinco podría haber salvado una inversión

oportuna igual en resguardo del derecho a la educación el es-

tado guatemalteco?

93. De acuerdo con lo anterior, la Corte fija las siguientes cantidades como

compensación por el daño moral sufrido por los cinco jóvenes a que se refiere

este caso, sus madres y abuela y sus hermanos indicadas en el siguiente cuadro:

9. que el Estado de Guatemala debe pagar a los representantes de los fami-

liares de las víctimas como reintegro de los gastos y costas en la jurisdic-

ción interna y en la jurisdicción interamericana la cantidad de U$S

38.651,91 (treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y un dólares de los Es-

tados Unidos de América con noventa y un centavos).

Víctimas Directas

Anstraun Aman Villagrán Morales

Henry Giovanni Contreras

Julio Roberto Caal Sandoval

Federico Clemente Figueroa Túnchez

Jovito Josué Juárez Cifuentes

Madres y abuela

Matilde Reyna Morales García

Ana María Contreras

Rosa Carlota Sandoval

Margarita Urbina

Marta Isabel Túnchez Palencia

Noemí Cifuentes

Cantidad

U$S 23.000.00

U$S 27.000.00

U$S 30.000.00

U$S 27.000.00

U$S 30.000.00

Cantidad

U$S 26.000.00

Reparación por concepto de daño moral

Víctima

Anstraun Aman

Villagrán Morales

Henry Giovanni

Contreras

Julio Roberto Caal

Sandoval

Federico Clemente

Figueroa Túnchez

Jovito Josué

Juárez Cifuentes

Gastos

US$ 150.00

US$ 4.000.00

US$ 400.00

US$ 2.500.00

US$ 400.00

US$ 2.500.00

Pérdida de

ingresos

U$S 28.136.00

U$S 28.095.00

U$S 28.348.00

U$S 28.004.00

U$S 28.181.00

Total

U$S 32.286.00

U$S 30.995.00

U$S 31.248.00

U$S 30.504.00

U$S 28.181.00

147

Ver también Tercer Informe de la Comisión Interamericana sobre la si-

tuación de los Derechos Humanos en Paraguay 2001. OEA/SER/L/VII.110.

Doc. 52, Capítulo III, Derechos de la Niñez, Sección C. Los niños y los

Adolescentes y la Ley Penal, referido a las condiciones de detención del

Panchito López. En ese caso se denunció que el correccional funcionaba

en una casa que antiguamente albergaba una sola familia, mientras que an-

tes de los incidentes de febrero de 2000 había casi 300 niños internados allí.

También se denunció las condiciones infrahumanas de alojamiento, la falta

de higiene y los malos tratos y torturas a los internos. Durante el trámite del

caso, el Estado se había comprometido con un cronograma a reubicar a los

niños internados en este correccional.

Volviendo a la línea de nuestro trabajo, qué representan estas

sentencias sino el control de eficacia en el cumplimiento de los

mandatos asumidos por los estados de la región en cuanto a

nuestra Constitución ganada? Controles ejercidos por los órga-

nos del sistema interamericano en forma efectiva en varios otros

casos con diversas medidas de diversa naturaleza y resultados.

También han dado frutos las medidas cautelares con relación al

trámite de la petición 11.666 contra el Estado de Paraguay,

Caso del Instituto Panchito López de Reeducación del Menor,

cuya presentación fuera determinada por violación de derechos

a los menores en él detenidos, entre ellos el artículo 13 del Pro-

tocolo de San Salvador, derecho a la Educación, y en virtud de

cuyas actuaciones se logró el definitivo cierre de instalaciones

completamente inadecuadas.

Hermanos

Reyna Dalila Villagrán Morales

Lorena Dianeth Villagrán Morales

Gerardo Adoriman Villagrán Morales

Mónica Renata Agreda Contreras

Shirley Marlen Agreda Contreras

Osman Ravid Agreda Contreras

Guadalupe Concepción Figueroa Túnchez

Zorayda Izabel Figueroa Túnchez

Cantidad

U$S 3.000.00

NELSON D. MARCIONNI

STUDIA POLITICÆ

01 ~ primavera/verano 2003148

Cf.: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe 39/02.

Admisibilidad. Petición 12.328. Octubre 09 de 2002. párr 18.

Hacia fines de octubre de 2002, la Comisión emitió el Informe

39/02 relativo a la admisibilidad del Caso Adolescentes en Cus-

todia de la Fundación de Bienestar del Menor (FEBEM) en

Brasil, en relación con el artículo 1(1) de la Convención Ame-

ricana, y la violación del artículo 13 del Protocolo de San Sal-

vador, en perjuicio de los adolescentes acusados de cometer in-

fracciones penales, en custodia en las unidades de la (FEBEM)

en el Estado de San Pablo. El caso es particularmente interesan-

te desde el punto de vista de que plantea el enfrentamiento en-

tre las propias autoridades y poderes del estado para resolver

una situación de serias violaciones a los derechos humanos por

ellas reconocidas y denunciadas.

El peticionario alega en su petición que el Ministerio Público

estadual trató de revertir la situación de menoscabo sufrida por

los adolescentes y que en innumerables ocasiones instruyó pro-

cesos administrativos con pedidos de medidas preliminares y en

dos oportunidades interpuso una acción civil pública. Por su

parte, los jueces de primera instancia del Tribunal de Justicia de

San Pablo varias veces ampararon tales pedidos y determinaron

el cierre de las unidades correccionales de la FEBEM. No obs-

tante, el Tribunal de Justicia del Estado interpuso casación a

todas las medidas preliminares y la Procuraduría contestó y re-

currió las acciones civiles públicas de 1992 y 2000, que actual-

mente se encuentran pendientes de sentencia en el Tribunal Su-

perior de Justicia y el Supremo Tribunal Federal y suspendidas,

por lo cual los peticionarios informan que los recursos internos

son ineficaces para garantizar la protección de los derechos de

los adolescentes de la FEBEM.

En vinculación a los Informes por País, la Comisión ha segui-

do la práctica de referir el derecho a la educación en el contex-

149

Ver Tercer Informe de la Comisión Interamericana sobre la situación de

los Derechos Humanos en Paraguay 2001. OEA/SER/L/VII.110. Doc. 52,

Capítulos IX C., y VIII H.

Para apreciar la potencialidad correctiva del sistema es muy relevante el

contenido de la Respuesta del Estado del Paraguay al Tercer Informe. Re-

mitimos brevitatis causae, a la lectura del Capítulo IV administración de

Justicia y Derechos Humanos, la cuestión relativa al cierre del Centro Pan-

chito López, cuestión ventilada en el Caso 11.666.

to socio-económico propio de cada uno de ellos, lo que ha po-

tenciado aún más su acción en cuanto a la contribución de su

vigencia. Sólo a modo de ejemplo sobre ello podemos citar su

Informe del año 2001 relativo a Paraguay en el que realiza un

estudio del derecho a la educación particularmente referido a

sus sesgos discriminatorios sobre los aborígenes y sobre la mu-

jer,

así como de sus efectos como obstáculo a la integración

ciudadana de estos grupos; resultando altamente ilustrativo tan-

to el contenido de las recomendaciones efectuadas al Estado,

como el Informe que este elabora haciendo conocer el conjunto

de medidas correctivas adoptadas sobre la base de dicha orien-

tación.

Para ir concluyendo nuestras observaciones ensayaremos las si-

guientes proposiciones que destacan y prueban a nuestro enten-

der, que un elemento de fortaleza y oportunidades para un pro-

yecto regional se encuentra ya consensuado en la base del

sistema regional de protección de los derechos humanos.

I) La potencialidad de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos en cuanto al ejercicio de sus competencias, conten-

ciosa y consultiva, debe ser especialmente considerada por su

capacidad de generar modelos normativos a seguir por los di-

versos poderes de los Estados de América Latina poseyendo

una clara tendencia identitaria con referencia a la interpreta-

ción y aplicación de los derechos enumerados en la Conven-

ción Americana de Derechos Humanos;

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01 ~ primavera/verano 2003150

II) Que del mismo modo la Comisión Interamericana de De-

rechos Humanos en cuanto al ejercicio de sus funciones de

promoción del respeto y la observancia, debe ser igualmente

considerada por su capacidad para examinar, cuestionar, acep-

tar y proponer estándares normativos a los diversos Estados de

América Latina con referencia a la interpretación y aplicación

de diversos instrumentos internacionales vinculados a la pro-

tección de los derechos humanos en forma concurrente, respec-

to de sus finalidades, con la Corte Interamericana de Derechos

Humanos;

III) Que se aprecia un grado de desarrollo avanzado, cre-

cientemente complejo y especializado, de las normas internacio-

nales relativas a la protección del derecho a la educación, con-

cebido también como herramienta para la construcción de la

identidad ciudadana, disponibles para su aplicación por parte

de los órganos del sistema interamericano, a situaciones dife-

renciadas de diversos Estados Latinoamericanos en razón de su

distinta vinculación a dichos instrumentos internacionales;

IV) Que la Corte y la Comisión Interamericanas de Dere-

chos Humanos vienen desarrollando una práctica creciente y

sustantiva en cuanto al cumplimiento de sus funciones con re-

lación al derecho a la educación, rol que se ha visto potencia-

do en cuanto a los Estados de la región partes en el Protocolo

de San Salvador y que, aunque en un estadío de progresivo de-

sarrollo, ha demostrado su utilidad, interés, y preocupación, en

la tarea de la construcción y reconstrucción de identidades ciu-

dadanas hacia el interior de sociedades complejas y pluricultu-

rales, destacando el valor instrumental de la educación de

cada persona en dicho contexto social;

V) Que la naturaleza jurídica y criterios de interpretación

del derecho a la educación, perfilan un vasto campo de posibi-

lidades para la contribución futura que la Corte y la Comisión

Interamericanas pueden efectuar a su respeto, consolidación y

realización creciente, en la medida en que utilicen los recursos

a su alcance y en que el ejercicio de sus competencias les sea

151

efectivamente requerido, fundamentalmente por los destinata-

rios, titulares, y también por los órganos que deben velar, por

tal derecho; beneficiarios últimos y comunes todos, de una

identidad ciudadana construida sobre la base de la Educación.

En virtud de cuyas consideraciones se propone a la Primera

Jornada Agenda Regional frente al Contexto Global que propi-

cie a fin de estimular las convergencias y complementariedades

de los Estados de América Latina las siguientes RECOMEN-

DACIONES:

1º) Propiciar en todos los ámbitos de la sociedades naciona-

les e internacional la reafirmación de la concepción de la EDU-

CACIÓN COMO UN DERECHO HUMANO ESENCIAL PARA

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD CIUDADANA.

2º) Propiciar en la Sociedad Civil en general el conocimien-

to y los alcances de los medios disponibles para la DEFENSA

OPORTUNA DEL DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN,

y el fortalecimiento de iniciativas de programas regionales

(AUSJAL).

3º) Propiciar el estudio y seguimiento permanente de los

avances que se registren en el ámbito de las competencias de

la Corte y de la Comisión Interamericanas de Derecho Huma-

nos, así como de los progresos y circunstancias particulares

del cumplimiento de los Estados Latinoamericanos, con rela-

ción a la salvaguarda, protección integral, oportuna y progre-

siva del DERECHO A LA EDUCACIÓN.

4º) Propiciar la decisión en los ESTADOS RATIFICANTES

de la CONVENCIÓN AMERICANA sobre DERECHOS HUMA-

NOS, PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA, de adherir a

los instrumentos que habilitan el ejercicio de las más amplias

competencias de sus órganos; y, con particular énfasis, la de

RATIFICAR el PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVEN-

CIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, PROTO-

COLO DE SAN SALVADOR.

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01 ~ primavera/verano 2003152

Resumen

En la afirmación y definiciones hacia la consideración de

la construcción de la alternativa bolivariana como dictado

histórico y representativo simbólico social para la Améri-

ca Latina, la construcción de identidades tanto individua-

les, desde la ciudadanía; como colectivas, desde las orga-

nizaciones, por caso el Estado, son parte de una dinámica

significativa que debe ser objeto de permanente atención.

El trabajo propone analizar las fortalezas y oportunidades

que en ese proceso de construcción contemporánea repre-

senta el Sistema Interamericano de Protección de Dere-

chos Humanos desde que define e interpreta las relacio-

nes básicas entre el individuo y la estructura del poder

público -uno de los roles atribuidos tradicionalmente a las

constituciones-, para una amplia mayoría de los Estados

de la región.

Se ha prestado poca atención a lo que se propone prag-

máticamente en el concepto de Constitución ganada,

como una revalorización de la homogeneidad institucio-

nal aportada por el desarrollo y producción de los órga-

nos del sistema. Como ejemplo de su riqueza y potencial

se exploran sus contribuciones desde el derecho a la Edu-

cación, cuyo ejercicio, respeto y garantía como derecho

humano, se considera esencial para lograr identidades

ciudadanas y estatales que puedan aportar fundamento,

significado y proyección al proceso regional con caracte-

rísticas identitarias propias en el marco de una creciente

inserción global.