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Código de Referato: SP.236.XLV/18
http://dx.doi.org/10.22529/sp.2018.45.06
La continuidad ante la crisis.
La trayectoria identitaria del
peronismo cordobés y los
acontecimientos de 2001 en la
Argentina
1
Juan Manuel Reynares
*
Resumen
El siguiente artículo indaga sobre la trayectoria identitaria del peronismo
cordobés durante los años 2001 y 2002, es decir, el período de recrude-
1
Este artículo es parte de una investigación de más largo alcance, cuyos resultados fue-
ron reunidos en mi Tesis Doctoral bajo el título El neoliberalismo cordobés. La trayec-
toria identitaria del peronismo provincial entre 1987-2003, presentada en diciembre de
2014 el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. A su
vez, puede encontrarse una versión previa y no publicada de este artículo en http://
americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/Paper_Iberoamerica_Reynares.pdf.
*
Investigador Asistente CONICET y docente con lugar de trabajo en el Instituto Aca-
démico-Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María.
STUDIA POLITICÆ Número 45 invierno 2018 – pág. 155-180
Publicada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales,
de la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, República Argentina.
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STUDIA POLITICÆ
cimiento del ciclo de protesta y movilización social que alcanzó su auge
en diciembre de 2001. La literatura que ha estudiado esta etapa tiende a
subrayar que no provocó transformaciones sustanciales en la política
provincial. El caso cordobés parece caer dentro de esta regla, ya que el
peronismo provincial, a la cabeza de una alianza conocida como Unión
por Córdoba (UpC), fue reelecto en 2003. Profundizando en lo que su-
pone esa persistencia, el objetivo aquí es rastrear los modos en que este
actor político dio sentido a la crisis y planteó posibles soluciones. La
conjetura que estructura este artículo es que en 2001 y 2002 la trayecto-
ria identitaria del peronismo cordobés continuó sobredeterminada por un
discurso neoliberal que había configurado su propuesta de gobierno pro-
vincial a fines de los noventa, y que no varió frente a la crisis. Para fun-
damentar tal hipótesis, se analizará desde la Teoría Política de Discurso
la línea política del peronismo cordobés entre 2002 y 2003, comparán-
dola diacrónicamente con su campaña para la gobernación de 1998 y con
su fundamentación de la reforma provincial llevada adelante en 2000,
para rastrear la continuidad de su trayectoria ante la proliferación de de-
mandas que eclosionó en 2001.
Palabras clave: Peronismo de Córdoba, trayectoria identitaria, discurso
neoliberal, crisis del 2001.
Abstract
This article investigates the identity trajectory of the Córdoba Peronism
during 2001 and 2002, that is to say, during the protest and mobilisation
cycle that reached its peak in December 2001. The existing literature on
this period underlines that it did not cause substantial transformations in
subnational politics. The Córdoba case seems to fall under this rule:
local Peronism, leading a party alliance known as “Unión por Córdoba”,
was re-elected in 2003. Taking this into account, in this article we intend
to trace the means by which this political actor gave meaning to the
crisis and set out possible solutions. The conjecture that structures this
article is that during 2001 and 2002, the identity trajectory of Córdoba’s
Peronism continued to be overdetermined by a neoliberal discourse
which had shaped its local policy by the end of the nineties, and which
did not change through the crisis. To sustain such hypothesis, I will
analyse the political line of the Córdoba’s Peronism between 2002 and
2003 from the Political Discourse Theory perspective, comparing it
diachronically with its 1998 campaign and with the justification of the
provincial state reform carried out in 2000, in order to trace the
continuity of its political line facing the proliferation of demands that
exploded in 2001.
Key words: Peronism from Córdoba, identity trajectory, neoliberal dis-
course, 2001 crisis.
157
1. Introducción
E
STE artículo se interroga por la trayectoria identitaria del peronismo
cordobés durante los años 2001 y 2002, durante la intensificación
del ciclo de protesta y movilización social iniciado a mediados de
los noventa. Según la literatura que ha estudiado dicha crisis en sus diver-
sas dimensiones, este fenómeno no provocó transformaciones sustanciales
en los elencos de gobierno de los partidos tradicionales a nivel provincial.
El caso cordobés parece caer dentro de esta regla, ya que el entonces go-
bernador De la Sota, líder del peronismo provincial a la cabeza de una
alianza conocida como Unión por Córdoba (UpC), fue reelecto en 2003.
Deteniéndonos en las implicaciones de esa persistencia, el objetivo aquí
es rastrear los modos en que los portavoces de UpC dieron sentido a la
crisis y a partir de ahí plantearon posibles soluciones. La conjetura que
estructura este artículo es que en 2001 y 2002 la trayectoria identitaria del
peronismo cordobés continuó sobredeterminada por un discurso neolibe-
ral que había configurado su propuesta de gobierno provincial a fines de
los noventa, y que estableció los marcos de sentido con que este actor po-
lítico interpretó la crisis.
El artículo plantea en primer lugar algunas notas sobre el desafío teórico
que implica el análisis discursivo de situaciones consideradas críticas. A
partir de allí, sostiene que las demandas, protestas y movilizaciones de fi-
nes de 2001 no poseen un significado intrínseco, sino que éste depende de
su articulación en cierta cadena significante, por lo que se vuelve objeto
de una disputa hegemónica. A partir de ahí, se compara la interpretación
que realizó el gobierno nacional surgido en 2003, denominado genérica-
mente como “kirchnerismo”, por un lado, y la que hizo el gobierno de la
provincia de Córdoba bajo UpC, por el otro. Mientras el primero caracte-
rizó a las movilizaciones como el resultado de un daño generado por las
políticas de apertura y desregulación económica al pueblo asumido como
una víctima, el peronismo cordobés a través de los dichos de su portavoz,
el entonces gobernador José Manuel De la Sota, consideró aquel momen-
to como una crisis de representación puntual, producto de la mala gestión
nacional del gobierno de la Alianza entre la Unión Cívica Radical (UCR)
y el Frente País Solidario (Frepaso).
Para el peronismo cordobés, el mal gobierno de la Alianza provocó una
falta de confianza de la ciudadanía en el Estado que podía resolverse re-
duciendo “los costes de la política”, al ampliar a nivel nacional la reforma
del Estado ya implementada en la provincia de Córdoba en el año 2000.
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Analizando específicamente el caso cordobés, se observan allí los trazos
de una sobredeterminación neoliberal que expande una lógica empresa-
rial, a la vez de individuación y competencia, a todos los niveles sociales.
La crisis de representación a la base de los hechos de diciembre de 2001
podía superarse si se resolvían los problemas de la corrupción y de la fal-
ta de eficiencia del sector público mediante la adaptación del aparato es-
tatal al proceso modernizador de la globalización, acercando el modelo de
funcionamiento estatal al de una empresa privada.
Para mostrar la continuidad de esta línea política, se analiza también la
trayectoria identitaria del peronismo cordobés luego de la movilización,
enfocándose en dos momentos puntuales. Por un lado, en el intento de De
la Sota de presentarse como candidato presidencial, haciendo campaña
fuera de su provincia durante el segundo semestre de 2002. Por el otro, en
su presentación a la reelección provincial en el primer semestre de 2003,
luego de que se vieran frustrados sus planes nacionales. Por último, se
mencionarán algunas conclusiones que puedan extraerse sobre este caso y
que pueden contribuir al debate sobre las continuidades y desplazamien-
tos de la historia política contemporánea.
2. Algunas notas teóricas sobre el análisis de discurso y la crisis
El análisis de una trayectoria identitaria a lo largo de un período crítico
como el de 2001 se realiza sobre la presunción ontoepistémica de que no
hay un sentido preestablecido, fijo e inmanente sobre lo que se constituye
como una crisis. Ésta es precisamente vivida como una fragmentación ge-
neralizada del plexo de sentidos sobre el que se configuran prácticas y re-
laciones sedimentadas (Laclau y Zac, 1994). No obstante, en ese proceso
se evidencia la necesidad de lecturas que den sentido a aquello que está
sucediendo
2
y que, a posteriori, lo interpretan como una crisis con cierto
sentido, extensión e intensidad. De aquí que la misma definición de un
evento o serie de eventos como una crisis, y por ende las causas y conse-
cuencias de ésta, no pueden tomarse como un dato con una significación
objetiva, sino más bien como parte de una disputa de sentidos (Aboy Car-
lés, 2001: 53-54). Por caso, en la búsqueda de razones para el incremento
2
Por ejemplo, la vinculación entre instancias de crisis y el desarrollo de grandes pro-
puestas teórico-políticas ha sido ya apuntado en numerosas ocasiones dentro de las cien-
cias sociales. Véase W
OLIN (2012).
159
de la protesta social que desbordó los canales de contención previstos por
el gobierno de la Alianza y la sucedánea crisis institucional experimenta-
da en diciembre de 2001 se entrecruzaron diversas interpretaciones sobre
la historia reciente, la economía y la dinámica sociopolítica de la Argenti-
na. La mayor o menor profundidad de la ruptura institucional fundamen-
taba la mayor o menor transformación que se volvía necesario introducir
en la Argentina. Como veremos, UpC pretendió acompañar ese “cambio
de aires” con una acotada lectura de la innovación política, al mismo
tiempo que caracterizaba a la crisis como exclusiva responsabilidad del
gobierno aliancista.
Desde la Teoría Política del Discurso (TPD) es primario el estatuto de la
dislocación, es decir la existencia de una falla a la base de la sociedad
que impide la absoluta identidad de ésta consigo misma (Marchart,
2008). Desde esta perspectiva, una crisis no puede ser una ruptura exter-
na de un orden establecido, como un conjunto de positividades dadas
que son conmocionadas por eventos extraños a la lógica de su funciona-
miento. Por el contrario, el carácter fallado de lo social es la base sobre
la que disputan de modo contingente, pero en el trasfondo de una relati-
va y desnivelada estructuralidad, diversas cadenas significantes para su-
turar el sentido de lo social. En efecto, una perspectiva discursiva sobre
lo social, esto es, que las relaciones sociales están constitutivamente me-
diadas por marcos de sentido que son el resultado de prácticas articulato-
rias, tanto lingüísticas como extralingüísticas (Laclau y Mouffe, 2004),
pone de relieve esta caracterización siempre disputada y posterior de lo
que es una crisis.
La definición ontológica de discurso como un conjunto relacional de di-
ferencias rechaza la presunción de significados objetivos, inmanentes a
los objetos en sí, para subrayar que es la propia articulación entre ele-
mentos lo que establece, aunque precariamente, su significado. Al mismo
tiempo, esta definición evidencia que el propio conjunto no posee un
sentido inmanente, sino que está habitado por una falla estructural.
Como ningún elemento de la estructura social posee sentido por sí mis-
mo, sino en relación a otros, y al mismo tiempo, como ese conjunto de
diferencias está atravesado por una negatividad inherente, ello supone así
que lo social está atravesado por una falla estructural en torno a la cual
una pluralidad de relatos pugna por clausurar su sentido (Laclau, 2000,
2008).
Ahora bien, la dislocación posee un carácter cuasiestructural que se evi-
dencia de manera más explícita, en primer lugar, a través de irrupciones
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ónticas. No obstante, la imposibilidad ontológica de un completamiento
absoluto de sentido en la estructura se manifiesta, en segundo lugar, en
la necesaria subversión del significante en el proceso de vaciamiento con
el que se establece como punto nodal de una cadena significante (Laclau,
1996, 2003). En términos analíticos, esto último implica que los discur-
sos específicos que son enunciados por los actores políticos dan sentido
a una situación como crítica al incluirla en una cadena significante (lo
que supondría un primer desplazamiento de un supuesto sentido literal
de la crisis). Allí, el elemento diferencial de la crisis se vuelve equivalen-
te al resto del conjunto en referencia al punto nodal de ese discurso, que
pasa a funcionar como una metáfora de la plenitud de lo social, sobrede-
terminando el significado de cada uno de los eslabones de la cadena, en
constante oposición a un antagonismo que representa aquello que impide
tal completamiento. En ese sentido, por ejemplo, reducir la crisis del
2001 a un problema puntual de la Alianza y su incapacidad para gober-
nar, estaba en relación con una caracterización más general, predominan-
te en UpC, sobre la sociedad argentina, y la cordobesa a su interior. Esta
sociedad podría alcanzar su plenitud si continuaba sin errores puntuales
como los cometidos por la Alianza el camino de la reforma estatal y la
inserción en la dinámica de la globalización financiera, promoviendo una
lógica empresarial en todos los ámbitos sociales para lograr transparen-
cia y eficiencia.
Como decíamos, esa disputa por la interpretación de la crisis se produce
en un marco relativamente estructurado por prácticas sedimentadas y tra-
diciones discursivas. En esos momentos es que se evidencia con mayor
claridad el carácter dislocado de lo social, y donde pueden observarse
cuáles son los relatos que pretenden dar sentido tanto a la sociedad en su
conjunto como a la ruptura de ese orden. Como veremos más adelante,
las lecturas que los diversos actores políticos realizan sobre estos aconte-
cimientos dependen en mayor o menor medida de sus trayectorias identi-
tarias.
Al tener en cuenta esta dimensión discursiva y conflictiva de los fenó-
menos políticos es posible analizar a los partidos políticos poniendo de
relieve su atravesamiento ideológico. Gran parte de la bibliografía sobre
partidos políticos asigna a la dimensión ideológica un lugar secundario
y dependiente de los intereses y estrategias de los dirigentes partidarios,
que devendrían de una estructura social establecida o de una racionali-
dad individual instrumental en funcionamiento (Abal Medina, 2004). A
partir de los presupuestos ontoepistémicos que desarrollamos más arri-
161
ba, en nuestra perspectiva, la ideología partidaria no se define como un
conjunto delimitado de valores que los dirigentes utilizan de manera
más o menos intencionada. Por el contrario, toda institución, constituti-
vamente descentrada, está atravesada por una dimensión ideológica que
configura su comprensión de la realidad sociopolítica (Panizza y Miore-
lli, 2013).
La categoría de línea política, utilizada de manera marginal por Pane-
bianco (2009: 96-97), ofrece una vía de acceso a dicho atravesamiento.
Constituye el relato de los dirigentes partidarios sobre lo que sucede en
su contexto social, y sobre lo que se proponen hacer a partir de ese diag-
nóstico, en una coyuntura de relativa duración, de manera tal de adquirir
legitimidad como dirigentes, y poder ser considerados como representan-
tes de la identidad colectiva. Esa línea política, y sobre todo su efectivi-
dad, es el resultado de los efectos que la sobredeterminación hegemónica
tiene sobre la institución partidaria, ofreciéndose como una interpreta-
ción constitutiva del sentido que ese actor político posee en un escenario
político determinado. Es parte de una gramática habilitante a la que con-
tribuye, a partir de repeticiones y desplazamientos de sentido, a consoli-
dar y tensionar (Reynares, 2012; 2014). Como veremos más adelante, en
una coyuntura interpretada como crítica, la línea política de UpC preten-
dió dar lugar a cierta novedad, pero preservando los marcos semánticos
generales con que el sector interno de De la Sota había consolidado su
legitimidad hacia fines de los noventa, cuando superó la fragmentación
partidaria en la provincia y configuró la plataforma de gobierno victorio-
sa en 1998 (Reynaares, 2017).
Con esta perspectiva de análisis, en lo que sigue nos detendremos en el
modo en que el peronismo cordobés dotó de sentido al fenómeno de
2001, interpretándolo desde una línea política sobredeterminada por un
discurso neoliberal. Pero antes, y para contrastarlo, traeremos a colación a
la interpretación que el nuevo gobierno nacional emergido en 2003 hizo
del mismo ciclo de protestas de 2001.
3. Lecturas sobre el 2001
A fines del año 2001 el gobierno del presidente De la Rúa terminaba
abruptamente con su renuncia y la de su gabinete, tras varios días de ma-
nifestaciones callejeras que incluyeron la declaración del toque de queda
y cuya represión dejó como saldo numerosos muertos y heridos. La situa-
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ción económica generalizada de desempleo y pobreza, los actos de co-
rrupción ventilados en el Congreso nacional durante ese mismo año y las
medidas económicas llevadas adelante por el Ministro de Economía, Do-
mingo Cavallo, que incluyeron la restricción para el retiro de depósitos
bancarios conocida como “el corralito”, suelen ser mencionadas como al-
gunas de las causas puntuales de la crisis. No obstante, este fenómeno
fue parte de un ciclo de protesta más amplio, gestado desde la segunda
mitad de los noventa, y que se caracterizó por una multiplicidad de de-
mandas contra la dirigencia política que se condensó en la consigna, am-
pliamente enunciada en las protestas de diciembre de 2001, “que se va-
yan todos”.
Es posible mencionar algunas características de este fenómeno a partir de
lo sucedido en la provincia de Córdoba en el período.
3
Las transforma-
ciones estructurales implementadas por la administración de Menem que
impactó profundamente en la provincia a partir de la descentralización de
áreas centrales como educación y salud fueron resistidas tanto por sindi-
catos perjudicados por estas medidas, como por nuevas organizaciones
sociales compuestas por vecinos autoconvocados y por desocupados
(Gordillo et al., 2012). Ya durante la crisis financiera del gobierno de An-
geloz, en 1995, hubo grandes movilizaciones sindicales, especialmente de
docentes y empleados públicos provinciales. También se registraron am-
plias expresiones de rechazo y movilización frente a las medidas de ajus-
te del gasto público implementadas por la recién asumida gestión de Ra-
món B. Mestre, en la segunda mitad de 1995 (Closa, 2010: 479).
4
A su vez, la desocupación, la pauperización y marginalización de am-
plios sectores de la población fueron condiciones de posibilidad para la
emergencia y consolidación de actores sociales con nuevos formatos de
organización y acción, como también con nuevas demandas de trabajo,
alimentos y condiciones de vida dignas. Ya desde mediados de esa déca-
da estas organizaciones sociales de piqueteros, trabajadores desocupados
y vecinos con fuerte anclaje territorial discutían el carácter excluyente
3
GORDILLO (2010) ha investigado sobre las expresiones de este proceso de moviliza-
ción y reclamo en algunas provincias argentinas, deteniéndose en el fenómeno de des-
afección electoral y las resistencias ante la reforma estatal local en Córdoba.
4
Las privatizaciones, efectivas o frustradas, de empresas públicas en Córdoba tam-
bién encontraron resistencia de parte de los sindicatos de las actividades involucradas,
aunque con estrategias muy variadas entre 1997 y 2003 (A
RRIAGA, 2012; NATALUCCI,
2012).
163
de las políticas económicas implementadas tanto por el Estado nacional
como el provincial (Closa, 2010: 490-491; Franco y Medina, 2012; Na-
talucci, 2008).
Además del incremento de la acción colectiva de protesta, se evidenció
un aumento de la desafección electoral, en lo que se conoció como “voto
bronca” (Pousadela, 2004; Herrero, 2011). Esta forma de resistencia, tan-
to particular como organizada, se expresó en Córdoba en dos elecciones
específicas durante 2001: en julio, el plebiscito para convocar a una Re-
forma de la Constitución de la Provincia de Córdoba que permitiese la re-
ducción de las dos Cámaras de Diputados y Senadores provinciales en
una Unicameral; y en septiembre, los comicios para la Convención Cons-
tituyente. Allí se registró un fuerte incremento de votos nulos y blancos,
como así también una baja asistencia electoral, que se repitieron con ma-
yor importancia en las elecciones legislativas de octubre (Gordillo, 2011).
Así, la marcada desafección electoral y la confluencia de la movilización
de organizaciones piqueteras con medidas de acción directa como los “ca-
cerolazos” y escraches frente a casas de funcionarios, gobernantes o in-
cluso sus familiares configuraron la coyuntura crítica que eclosionó en di-
ciembre de 2001.
Los estudios sobre este ciclo de protestas apuntan en general que implicó
una variedad de efectos políticos en la Argentina.
5
Enfocándonos en la
discursividad desplegada por los actores políticos para la comprensión de
los hechos y su posible resolución, se solaparon diversas lecturas. La
emergencia de los movimientos piqueteros y la generalizada discusión
sobre las políticas económicas de la década de los noventa cambiaron el
repertorio de significantes legítimos en la práctica política argentina
JUAN MANUEL REYNARES
5
Además de los ya citados sobre el caso específicamente cordobés, existe una enorme
variedad de literatura especializada que se interrogó desde diversos enfoques analíticos
por el ciclo de protesta de fines de los noventa y comienzos de 2000 y sus efectos socio-
políticos. Allí podemos nombrar, entre otros, a B
ONNET, 2008; CHERESKY y BLANQUER,
2004; M
UÑOZ, 2010; NOVARO, 2003; QUIROGA, 2005; SCHUSTER ET AL., 2005; SVAMPA y
P
EREYRA, 2003. Respecto a los cambios que “el 2001” implicó en el conjunto de actores
políticos formales e informales y las relaciones que entablan entre sí —conocido como
sistema político— se considera en términos generales que fueron escasas las implican-
cias que tuvo el ciclo de protesta en el recambio de elencos dirigenciales que comenzó a
establecerse con las elecciones de 2003 (C
HERESKY y BLANQUER, 2004; POUSADELA,
2004), o bien que dentro de los heterogéneos efectos a nivel institucional, se verifica la
continuidad de algunos de los rasgos centrales del sistema de partidos, como lo son la
centralidad del peronismo y su modo de acción político a niveles tanto interno y externo
(N
OVARO, 2003).
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(Muñoz, 2010). En este aspecto, lo sucedido en 2001 evidenció una des-
legitimación profunda de las instituciones, visible en el aumento de vo-
tos nulos y blancos, como también en las consignas contra la “clase polí-
tica” que englobaban gran parte de las demandas sociales y que
mostraban una insatisfacción generalizada con todas las instancias de or-
ganización social tradicionales como los partidos, los sindicatos o los po-
deres del Estado. Ahora bien, dicho descontento no poseía un sentido in-
trínseco, y fueron heterogéneas las respuestas que emergieron ante él. El
grueso de los análisis existentes se ha concentrado en la interpretación
enunciada por el gobierno nacional a cargo de Néstor Kirchner desde
2003, que articuló dichas demandas en una línea política que pretendía
consolidar un nuevo vínculo entre gobernantes y gobernados, y que se
distinguió de discursos hegemónicos en la década anterior.
Rinesi y Vommaro (2007), al estudiar los primeros años del gobierno de
Néstor Kirchner, sostienen que su lectura fue capaz de aunar los efectos
políticos del 2001 —y su demanda de cambio y movilización— con los
de 2002 —y su deseo de orden comunitario. Los sucesos de 2001 signi-
ficaron un aumento de la movilización social y política con demandas
heterogéneas en torno a la “renovación de las cosas” a través de las que
“el componente democrático del ‘mix liberal-democrático’ en el que con-
siste el sistema político instalado entre nosotros desde los años de la
‘transición’ ha vuelto... a ocupar su sitio frente a... la otra pata de ese
mismo sistema: su pata “representativa” y ‘liberal’” (Rinesi y Vommaro,
2007: 456-457).
En efecto, desde aquel momento crítico de 2001 la movilización ocupó un
lugar central del escenario político argentino. No obstante, por otra parte,
el proceso de restitución de parámetros aceptables de gobernabilidad lle-
vado adelante por la administración provisoria de Duhalde encarnaba una
continuidad institucional que se prolongó en el gobierno nacional de Nés-
tor Kirchner. Éste se constituyó en un nuevo “curso reformista en el con-
texto de una plena continuidad institucional” (Mocca, 2004: 100). Preci-
samente, la novedad del gobierno de Néstor Kirchner supuso
...una forma muy particular de enlace con el clima social que predominó
con posterioridad a la caída de De la Rúa: en procura de consolidar su
poder, el presidente Kirchner ha hecho suyos muchos de los motivos pre-
dominantes en las grandes movilizaciones populares de 2001 y 2002. La
ética pública, la dignidad social de los sectores postergados, la indepen-
dencia del Poder Judicial, la defensa del interés nacional en las relacio-
nes con los organismos internacionales de crédito y la prioridad otorgada
165
a los procesos de integración regional en la política argentina insinúan la
construcción de un nuevo rumbo a partir de una reinterpretación de difu-
sos, y a veces contradictorios, reclamos ciudadanos... (Mocca, 2004: 99-
100. Cursivas agregadas).
Fueron algunas de esas demandas las articuladas por la emergencia
del kirchnerismo en tanto un discurso político en pugna por la hege-
monización del escenario luego de la crisis de 2001. Y no sólo eso,
sino que el sentido que asumieron esos reclamos “difusos, y a veces
contradictorios” estuvo marcado por una cierta articulación signifi-
cante que llevó adelante dicho actor político en su línea política.
Pre-
cisamente, en ella
...Kirchner proponía dejar de lado viejas y perimidas distinciones partida-
rias y devolverle al Estado un rol prioritario tanto en la economía como
en la sociedad. El objetivo, decía, era reconciliar a la sociedad con la
política a través de un proyecto nacional común que implicara, además,
una mejora en la calidad de las instituciones... (Montero y Vincent, 2013:
126. Cursivas agregadas).
En un sentido análogo, Muñoz y Retamozo consideran que
...el gobierno de Kirchner insistió en que un futuro pleno para los argen-
tinos era posible si los poderes del Estado se recuperaban y la voluntad
política se ponía al servicio del desarrollo económico industrial, pues ello
permitiría crear una sociedad incluyente que repararía los daños infligi-
dos a un pueblo explotado y víctima de abusos... (Muñoz y Retamozo,
2008: 130).
Como vemos, el gobierno nacional surgido de las elecciones de 2003,
siguiendo algunos lineamientos ya presentes en la administración provi-
soria de Duhalde, reconstruyó la legitimidad estatal a partir de una arti-
culación con demandas sociales en torno a la inclusión social y los dere-
chos del “pueblo”. Por lo tanto, los cambios en algunas de las
interpretaciones en pugna sobre el repertorio de significantes legítimos
que marcamos más arriba como una de las consecuencias de “el 2001”
puede ser comprendido no tanto como el resultado de un proceso lineal
de absorción institucional de demandas sociales, sino más bien como el
efecto de una constitución identitaria parcialmente novedosa. Mediante
esta articulación de elementos heterogéneos, el gobierno nacional surgi-
do de las elecciones de 2003 desarrolló una serie de medidas reivindica-
tivas por las que el lazo representativo se cargó de sentido a partir de
JUAN MANUEL REYNARES
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una línea política en que el Estado se relegitimaba en su defensa de un
pueblo dañado.
Así como el kirchnerismo emergió como una respuesta a la crisis, fue
una de las tantas posibles. Como acabamos de ver, la proliferación de
demandas y el expandido descrédito de la institucionalidad republicana
y la clase política no constituyen fenómenos con un sentido inmanente.
Así, el peronismo cordobés, que estaba al frente del gobierno cordobés
mediante la alianza UpC, interpretó de otra manera lo sucedido y rearti-
culó en su línea política el significante de cierta novedad política con la
pervivencia de sus valores centrales, aquellos que radicaron a la base de
su argumentación neoliberal en pos de un Nuevo Estado provincial en
2000.
El líder y portavoz del peronismo mediterráneo, el entonces gobernador
de la provincia, José Manuel De la Sota, consideraba que era necesaria
la reconciliación social que superase el hastío ciudadano —lo que usual-
mente se denominó como “crisis de representación”— y subrayaba al
igual que Néstor Kirchner la necesidad de implementar un modelo eco-
nómico basado en la producción industrial. Sin embargo, la redefinición
de ese vínculo entre Estado y ciudadanía continuaba la misma senda que
ya había utilizado para justificar la reforma estatal y la reducción impo-
sitiva llevadas adelante en la administración de UpC en 2000 y 2001.
En este sentido, la línea política del peronismo de Córdoba sostuvo, in-
mediatamente después de diciembre de 2001, la necesidad de trasladar
al terreno nacional los cambios que había realizado en su distrito. De
ese modo, identificaba el mismo diagnóstico en la crisis del país con lo
sucedido en Córdoba en 1998, cuando UpC accedió al gobierno provin-
cial. El problema de la desidentificación ciudadana, de la crisis de re-
presentatividad institucional, se resolvía así con los mismos remedios: la
introducción del Estado en una lógica empresarial de mercado. En lo
que sigue nos centraremos en el modo en que este actor político inter-
pretó la problemática marcada por los acontecimientos de 2001 y su po-
sible solución.
4. Mismos problemas, mismas soluciones
Una vez elegido Eduardo Duhalde como Presidente provisorio por la
Asamblea Legislativa a fines de diciembre de 2001, el entonces goberna-
dor de Córdoba, José Manuel De la Sota, pretendió asumir un rol destaca-
167
JUAN MANUEL REYNARES
do en la escena nacional, exigiendo, por ejemplo, la resolución del “corra-
lito bancario” a partir de la participación accionaria de los ahorristas.
6
En
ese contexto, el gobernador cordobés se presentó como un posible precan-
didato a la presidencia. El hecho de contar con más de dos décadas de tra-
yectoria dentro del peronismo y de ser gobernador de una de las provin-
cias más importantes del país, lo ubicaba en una posición estratégica ante
el escenario que se abría con la debacle aliancista y el gobierno transicio-
nal de Duhalde. Durante 2002, pretendió hacerse conocido fuera de las
fronteras provinciales. En suma, hablaba como un candidato a presidente
a la vez que como gobernador.
Esta situación se acentuó en el segundo semestre de 2002, cuando, tras la
renuncia de Carlos Reutemann como precandidato para la presidencia,
7
De la Sota inició giras por otras provincias, sobre todo Buenos Aires, para
hacer campaña y cosechar apoyos electorales. Incluso entre agosto y no-
viembre de 2002 tomó licencia de su cargo, dejando al entonces titular de
la Legislatura provincial, Herman Olivero, a cargo de la gobernación.
8
Sin embargo, los escasos resultados en sondeos y encuestas, además del
renuente apoyo del gobierno de Duhalde, lo obligaron en enero de 2003 a
dar un paso al costado de la disputa electoral. En ese contexto, otro de los
candidatos, el santacruceño Kirchner se presentó como candidato del go-
bierno, resultando a la postre elegido presidente luego de que Menem,
vencedor en la primera vuelta, renunciara a competir en el ballotage. A
partir de allí, entre febrero y junio de 2003, De la Sota consolidó su figu-
ra interna en el peronismo cordobés y se presentó a la reelección en junio
de ese año, ganándolo al candidato radical, Oscar Aguad, por una impor-
6
El “corralito bancario” fue una medida tomada por el Ministerio de Economía de
la Nación en diciembre de 2001, que impedía a los ahorristas retirar su dinero de los
bancos, permitiendo sólo la extracción hasta un límite de $250 semanales. Ello ge-
neró gran incertidumbre y ayudó a acelerar la movilización social presente a fines de
ese año.
7
Reutemann era en ese momento gobernador de Santa Fe por segunda vez. Había lle-
gado a la actividad política luego de una extensa carrera como piloto de carreras que lo
había hecho famoso durante los setenta y ochenta en todo el país. Ello le daba cierta
ventaja respecto a otros dirigentes en la competencia por la precandidatura presidencial
por los altos niveles de exposición de su figura. Sin embargo, decidió no participar de la
campaña de 2003.
8
En 2002 la provincia de Córdoba no tenía vicegobernador, ya que el elegido para di-
cho cargo, Germán Kammerath, había sido elegido posteriormente como intendente de
la capital provincial.
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168
STUDIA POLITICÆ
tante mayoría, ya que dichos comicios fueron, a un tiempo, el mejor resul-
tado del peronismo desde el retorno democrático, y la peor elección del
radicalismo en toda su historia.
De este modo, el peronismo cordobés durante el período inmediatamente
posterior a la crisis de 2001 debe pensarse en estrecha relación con la di-
námica política nacional, atravesada por la multiplicación de candidaturas
y una difícil situación económica y social. Es así que en la discursividad
puesta en juego por De la Sota en tanto potencial precandidato a presiden-
te rastrearemos algunas líneas de continuidad y desplazamiento de su lí-
nea política en la interpretación de lo que causó e implicó el ciclo de pro-
testas que alcanzó su punto álgido en diciembre de 2001.
El momento más tenso de la crisis generalizada de 2001 no supuso un
cambio profundo en el marco de sentido en que el peronismo cordobés
pretendió encuadrar la lectura de la situación y el conjunto de medidas
para solucionarlo, es decir, la línea política del partido. La alusión en el
mensaje de apertura legislativa de 2003 a diciembre de 2001 como pura
responsabilidad de la gestión nacional de la Alianza es una muestra de la
validez de las políticas implementadas durante los noventa:
... sus desaciertos [los del gobierno de Fernando De la Rúa] fueron causa
de que una recesión, que muchos consideraron pasajera, derivara en una
verdadera catástrofe, tanto económica como institucional. Infelizmente,
el 2002 será recordado como una verdadera tragedia para nuestra Nación
(Mensaje de apertura del ciclo legislativo, en el diario La Voz del Inte-
rior, 01/02/2003).
No se registraba en las palabras del gobernador una crítica frontal a las
políticas económicas de la década precedente, sino que se definía un cul-
pable particular, el gobierno de la Alianza entre 1999 y 2001. Éste había
provocado, con su incapacidad, que una recesión pasajera deviniera una
catástrofe que había continuado en 2002. Este carácter circunstancial de
la crisis de 2001 se acompañaba, en las palabras de De la Sota, con otra
clave de interpretación que otorgaba máxima responsabilidad de la crisis
a los altos “costos de la política”. En la apertura de sesiones legislativas
provinciales de 2002, De la Sota defendía las medidas llevadas adelante
por su gobierno en materia de reducción del gasto público provincial, y
pretendía profundizarlas a nivel nacional:
...estoy plenamente convencido de que nuestro país no podrá salir de la
grave crisis económica que lo afecta si no baja sus impuestos, si la Cáma-
ra de Senadores y Diputados de la Nación gastaran la mitad, si eliminára-
169
mos todas las reparticiones públicas nacionales superpuestas, si el Poder
Judicial de la Nación rebajara en un 30 % sus gastos... (Mensaje de aper-
tura del ciclo legislativo, en diario La Voz del Interior, en La Voz del In-
terior, 01/02/2002).
En ese sentido, las propuestas con que De la Sota se perfilaba como can-
didato a nivel nacional durante el primer semestre de 2002 continuaban el
sentido establecido por las medidas de gobierno implementadas en la pro-
vincia, esto es, reducción impositiva, reforma del Estado y rebaja de “los
gastos de la política”. Ésta era interpretada como una actividad costosa e
ineficiente en relación a aquellos individuos que pagaban para obtener un
servicio de calidad, los contribuyentes y clientes del Estado. Por eso, era
necesario reducir lo que gastaban los parlamentarios y los funcionarios ju-
diciales, además de volver más eficiente la estructura administrativa.
De ese modo, De la Sota ofrecía una solución a la crisis que revelaba cuá-
les eran, en su interpretación, sus causas. Al hacer énfasis en la reducción
de gastos mediante la reforma estatal, el problema de la Argentina emer-
gía de un deficiente marco institucional y de un gasto público excesivo.
Al reunir el conjunto de críticas proliferantes en 2001 bajo el tópico de
“los costos de la política”, De la Sota retomaba significantes ya amplia-
mente articulados en su experiencia de gobierno en Córdoba, más especí-
ficamente durante la reforma estatal de principios del año 2000, y que ha-
bían ocupado un lugar central de su línea política durante los noventa. Al
realizar una comparación diacrónica de la trayectoria identitaria del pero-
nismo cordobés entre 1998 y 2002 es posible observar la continuidad de
los marcos de sentido en que se integraba su interpretación de lo sucedido
a nivel nacional.
En efecto, la propuesta que lleva De la Sota a nivel nacional en 2002
comparte el mismo diagnóstico con el que justificó la reforma del Estado
provincial que había encabezado desde el inicio de su administración en
1998. La fundamentación de estas reformas se concentró en la platafor-
ma de gobierno de UpC, en un documento llamado “Córdoba Nuevo Si-
glo”, como así también en los proyectos de ley de la reforma del Estado,
denominada “Córdoba Nuevo Estado”, durante el año 2000.
9
Allí, el pe-
JUAN MANUEL REYNARES
9
Aquí nos referimos a las leyes 8835/00, 8836/00 y 8837/00, llamadas “Carta del Ciu-
dadano”, de “Modernización del Estado” y de “Incorporación de capital privado al sec-
tor público”, respectivamente, a través de las cuales el Ejecutivo provincial encabezado
por De la Sota implementó la transformación del Estado cordobés.
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STUDIA POLITICÆ
ronismo de Córdoba legitimó parte de la política pública implementada
durante su gobierno como un modo de reformular un nuevo contrato so-
cial con la ciudadanía cordobesa a partir de la expansión de una lógica
empresarial en el Estado.
En 1998, la principal crítica de UpC al gobierno radical saliente residía en
el carácter autoritario de la política del anterior gobernador, el radical Ra-
món B. Mestre, y la mala administración que había provocado un serio
desequilibrio fiscal. Así, el diagnóstico era que “... Córdoba cobre los im-
puestos más altos de todo el país, sin que ofrezca servicios públicos a la
altura de esos impuestos... [y] el aumento de la deuda pública del Esta-
do... e incluso ... la creciente evasión de impuestos” (Plan de Gobierno
“Córdoba Nuevo Siglo” [CNS], p. 3). La solución principal radicaba en-
tonces en dar transparencia a la gestión pública al poner a disposición de
los interesados —aquellos que ponían su dinero en el Estado, los contri-
buyentes— los canales de información necesarios para controlar a los
funcionarios, cuya corrupción provocaba la ineficiencia y por ende el des-
equilibrio. La disponibilidad de los datos, habilitada por la tecnología que
permitiría “vincular en una misma base de datos a los tres poderes del go-
bierno garantizando el acceso de la ciudadanía a los servicios” (CNS, p.
7), impediría el uso de los recursos de todos para beneficio de unos pocos.
Tanto en 1998 como en 2001, la “crisis de representación” era el resul-
tado, en la interpretación de UpC, de una falta de confianza ciudadana.
En ese contexto, el único modo de volver aceptable, legítimo, al aparato
estatal era mediante la inclusión de nuevas formas de participación en
que el ciudadano asumiera la figura de un cliente/empresario, cuidando
la inversión que suponía el pago de impuestos, a través del control de
los servicios públicos. Para adquirir legitimidad el Estado debía adecuar
su dinámica a la de una empresa en el mercado, subsumiéndose bajo su
lógica formal de competencia (Reynares, 2014). El lazo representativo
podía volver a construirse si el Estado funcionaba como una empresa, y
si se promovían las condiciones contextuales para que los ciudadanos
pudiesen erigirse en inversores que controlaran el objeto de su inver-
sión, es decir, si se ampliaba la lógica de mercado al interior del Estado.
El ciudadano no era sujeto de derechos sino un inversor, cliente y con-
sumidor de bienes. Ello volvía posible la defensa de la reforma estatal
provincial en que
“no sólo servicios tales como la provisión de energía eléctrica o agua po-
table estarán en Córdoba sujetos a controles y evaluaciones objetivas;
también otros tales como el funcionamiento de las escuelas o los hospita-
171
JUAN MANUEL REYNARES
les públicos deberán esforzarse por alcanzar la satisfacción del usuario o
consumidor” (Secretaria General de la Gobernación, Olga Riutort, en La
Voz del Interior, 17/02/2000).
La lectura de los problemas de 2001 centralizada en los “costos de la po-
lítica” adquiría sentido al interior de un discurso similar, y por consi-
guiente sus soluciones estaban sobredeterminadas por un discurso políti-
co que propugnaba la expansión de la “forma mercado” en todos los
ámbitos de la vida en común. Este discurso no delimita el ámbito del Es-
tado frente al mercado, sino que promueve la lógica de este último, de
manera artificial, al interior de la institución estatal: “...el mercado, o,
mejor, la competencia pura, que es la esencia misma del mercado, sólo
puede aparecer si es producida, y si es producida por una gubernamenta-
lidad activa” (Foucault, 2007: 154). El mercado pasa así de ser principio
de limitación del gobierno y el alcance del Estado a ser su principio de
regulación y organización.
La relegitimación del Estado frente a la ciudadanía en esta clave neolibe-
ral no sólo supone la transformación del Estado subsumiéndolo bajo el
parámetro de la competencia de mercado. También apunta a la resignifi-
cación del ciudadano como un individuo emprendedor: “...homo œcono-
micus como sujeto de competencia que funciona como la condición no
natural para el pleno desarrollo del juego también artificial del mercado”
(Rossi y Blengino, 2011: 34). El ciudadano en el discurso neoliberal pue-
de volver a confiar en las instituciones si éstas establecen las condiciones
ambientales que impulsan la forma de la competencia en espacios diver-
sos bajo la lógica expandida del mercado. El mencionado homo oecono-
micus es construido en este contexto como “empresario de sí mismo, que
es su propio capital, su propio productor y la fuente de sus ingresos”
(Foucault, 2007: 265).
Los problemas relacionados con la desconfianza ciudadana en las institu-
ciones estatales de la provincia, y luego de la nación, eran interpretados
de esa manera por el peronismo cordobés a través de un diagnóstico neo-
liberal que contrastaba la transparencia y suficiencia de la sociedad civil,
configurada por la forma mercado y su lógica de la competencia, con la
opacidad y desequilibrio del Estado y los partidos políticos. A partir de di-
cha lectura se desprendía una solución apropiada, que consideraba que
era posible reconstruir dicho vínculo debilitado al expandir la lógica em-
presarial al terreno del Estado. Es decir, los ciudadanos en tanto contribu-
yentes/inversores confiarían en el Estado si éste se mostrara como una
empresa eficiente, reduciendo sus costes y optimizando sus beneficios. En
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este marco, la actividad representativa de Diputados y Senadores debía
reducir costos, como así también la de los funcionarios judiciales o las re-
particiones públicas. El imperativo de la reducción de los costos de la po-
lítica implicaba una reducción de ésta a la gestión, y su calificación ex-
clusivamente en términos de calidad y eficiencia.
5. Cambiar en la continuidad
Vimos más arriba que el ciclo de protestas cuyo punto más álgido se re-
gistró en el verano de 2001/2002 estuvo abierto a múltiples interpreta-
ciones sobre sus causas, y de modo concomitante, sobre sus posibles so-
luciones. El portavoz del peronismo cordobés sostuvo en dicha lectura
una significación sobredeterminada por un discurso neoliberal por el
que la crisis se resolvía reformando al Estado para modelarlo bajo una
forma empresa que recuperara la confianza de los ciudadanos bajo un
modelo de contribuyentes/inversores. La línea política puesta en juego
durante la campaña para gobernador de Córdoba en 2003 siguió carriles
similares. En un contexto marcado por el debilitamiento de la UCR
como principal fuerza opositora, el equilibrio de las finanzas provincia-
les y el proceso de recambio gubernamental nacional, la campaña del
peronismo cordobés para la gobernación de 2003 sostuvo el grueso de
su propuesta para la reelección en la continuidad de las políticas de la
gestión, con el anuncio de un ambicioso plan de obras públicas. A ello
le sumó nuevas exenciones impositivas, en línea con la reducción tribu-
taria del 30% que había planteado en la campaña anterior, durante 1998,
aunque en este caso para promover inversiones regionales (La Voz del
Interior, 03/05/2003).
En el cierre de la campaña, el gobernador planteaba que Córdoba era “la
provincia que tiene los impuestos más baratos de la Argentina y que paga
los sueldos más altos de todo el país” (en La Voz del Interior, 06/06/
2003). Tanto la enumeración de medidas concretas como la defensa de su
gestión en clave puramente económica, remarcando el beneficio entre los
mejores salarios y los impuestos más bajos, señalan el modo en que se in-
terpretaba la defensa de la gestión y se mostraba el posible atractivo elec-
toral de su línea política. La cuantificación de la gestión se centraba en la
mejora en la provisión de servicios, interpretada como la satisfacción de
los contribuyentes, en tanto clientes de una empresa:
...Es hora también que debatamos la calidad de la atención que brindan
los funcionarios y empleados públicos, a quienes el pueblo mantiene
173
con sus impuestos... Queremos debatir las ideas modernizadoras del Es-
tado que venimos ejecutando desde 1999, con tantas trabas y dificulta-
des producidas por quienes se niegan al cambio. Es hora que el pueblo
sea bien atendido por el Estado Provincial y Nacional (Discurso de
asunción del segundo período, en La Voz del Interior, 12/07/2003. Cur-
sivas agregadas).
La defensa de la reforma estatal impulsada en los primeros años de su
gestión apuntaba a un Estado que debía atender al pueblo, porque éste lo
mantenía con sus impuestos. De este modo, como en la fundamentación
de la reforma implementada en el año 2000, se volvía a plantear un senti-
do legítimo del Estado como empresa eficiente para reconstituir el lazo
entre gobernados y gobernantes. En ese movimiento, el pueblo se compo-
nía por aquellas personas capaces de pagar los impuestos, aquellos que,
poseyendo algún nivel de competencia en el mercado, debían ser tenidos
en cuenta ya que disponían de su dinero para la pervivencia de la institu-
ción.
10
El pueblo era definido por la incidencia de la contribución, y no
por la titularidad de derechos de sus integrantes.
La continuidad de la sobredeterminación neoliberal en la línea política
del peronismo cordobés a cargo del gobierno provincial puede observar-
se en el desplazamiento de significantes alrededor de una forma empre-
sa, que contamina sentidos particulares y los vuelve equivalentes. Por
caso, en su discurso de asunción, De la Sota interpretaba que existían
aún dos Córdobas, una que incluye “a los más pobres. Al padre que se
preocupa por alimentar a sus hijos, a la madre que sufre con su bebé en-
fermo, a la joven que pone todo su empeño en ingresar a la Universidad,
al muchacho que busca trabajo y no lo encuentra” y otra “Córdoba rica,
repleta de historia y de futuro. La de las cosechas récord, de las múlti-
ples universidades, de la industria moderna y exportadora, de los buenos
ingresos y rentabilidades”. En ese panorama, De la Sota sostenía que su
objetivo era que “todos unidos hagamos nacer una sola Córdoba, donde
todos puedan sonreír, todos puedan estudiar, todos puedan trabajar, pros-
perar, ahorrar e invertir. Una Córdoba donde todos podamos ser felices.”
(Discurso de asunción del segundo período, en La Voz del Interior, 12/
07/2003. Cursivas agregadas).
JUAN MANUEL REYNARES
10
Esta específica semantización de la ciudadanía puede observarse en las leyes de re-
forma estatal de la Provincia de Córdoba, más específicamente, en la Ley Provincial N°
8835/00, titulada “Carta del Ciudadano”. Para un análisis específico de esta legislación,
véase Y
USZCYK (2010).
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STUDIA POLITICÆ
La meta que se trazaba el reelecto gobernador era que cada uno de los in-
dividuos particulares que vivían en la provincia, sean pobres o ricos, pero
siempre activos y emprendedores, fuesen felices. Para que lo fueran, de-
bían ser capaces en última instancia de “invertir”. La capacidad de inver-
sión, entonces, valía como parámetro general al que todos los cordobeses,
sin importar condición social, de género o ubicación geográfica, debían
dirigirse. Además, la capacidad de inversión suponía, finalmente, la feli-
cidad. La inclusión del verbo “invertir” en la enumeración enunciada por
De la Sota desplazaba entonces al resto de las acciones anteriores, especí-
ficas, volviéndolas equivalentes dentro de un discurso centrado en la in-
versión típica de una empresa.
11
Este enunciado mostraba que el objetivo
de la acción estatal, según De la Sota, era la producción de condiciones
para que los habitantes pudiesen comportarse como inversores, despla-
zando así cada situación particular: la de los padres con sus hijos, la de la
estudiante universitaria, la del joven en busca de trabajo al interior de una
cadena articulada en torno a la forma-empresa.
Como hemos visto en la primera parte de este artículo, el deseo de cam-
bio generalizado, de cierta “renovación de las cosas”, fue uno de los prin-
cipales significantes emergentes del ciclo de protesta de 2001 y 2002.
Ante ello, la capacidad de reacción del peronismo ante los cambios en las
expectativas de la ciudadanía que circulaban de maneras diversas en el
espacio público luego del 2001 se hizo evidente en algunas definiciones.
Al asumir un nuevo período de gobierno, De la Sota a la cabeza del pero-
nismo cordobés se esforzó por mostrarse nuevo, aun en la continuidad del
mismo actor político. Dicha novedad se reducía a cierta renovación gene-
racional, ya que la mayoría de los ministros eran “jóvenes y preparados”.
De este modo, De la Sota planteaba que
Esta tarde asumirá un nuevo Gabinete, que tiene un promedio de edad de
sólo 45 años. Es el gobierno del cambio en la continuidad. Así como la
11
Este desplazamiento bajo la supuesta universalidad del formato empresarial puede
observarse en el siguiente fragmento de la plataforma electoral en los comicios de
1998: “Nuestro programa está basado en el sentido común. En materia de gasto hare-
mos como en nuestro hogar: primero lo necesario. Si nos endeudamos será para capi-
talizarnos” (Córdoba Nuevo Siglo, p. 6). En la plataforma de UpC, el sentido común
era relacionado a un tipo de hogar que manejaría sus recursos como una firma comer-
cial, que justifica sus deudas cuando éstas son para capitalizarse. En un mismo movi-
miento se dejaba a la luz cuál era el mecanismo financiero legítimo y que debía ser
adaptado por el Estado imitando a aquellos hogares, que parecían ya remedar a las
empresas.
175
Argentina eligió cambiar, Córdoba eligió seguir cambiando ... todos tie-
nen formación política, todos se han preparado para gobernar el Estado,
porque todos tienen voluntad de cambiar en la continuidad (...) a partir
de ahora la responsabilidad del éxito es de cada uno de ellos [de los mi-
nistros]... Tienen hoy la oportunidad, siendo una generación joven, pre-
parada, y decente de llevar adelante los programas que el pueblo votó el
8 de junio pasado y seguramente lo harán con muchísimo éxito (en La
Voz del Interior, 12/07/2003. Cursivas agregadas).
En este pasaje se evidencia el intento explícito por adaptar el mensaje po-
lítico a ciertos cambios en el contexto nacional e internacional. Ello bas-
culaba entre dos extremos de una dicotomía, la de cambiar y continuar,
conjugada bajo el imperativo de mejorar. Por eso, los que votaron a Unión
por Córdoba elegían cambiar en la continuidad, que suponía mantener lo
bueno y mejorar los errores de la gestión anterior.
Ahora bien, dejando de lado el argumento electoral más obvio, la “reno-
vación de las cosas” se cargaba de un sentido accesorio, ya que podía ser
satisfecho simplemente por la aparente juventud de los integrantes del
nuevo gabinete de ministros, que contaba con un promedio de edad relati-
vamente bajo. En este último punto, la continuidad de la sobredetermina-
ción neoliberal se expresa en el carácter marginal que la línea política del
peronismo cordobés asigna a los cambios que implicó la crisis de 2001.
Así como los acontecimientos de aquel año sólo eran el resultado de una
mala gestión del gobierno nacional de De la Rúa, el alcance del entusias-
mo transformador que había provocado era muy limitado, y se resolvía
con personas jóvenes. La renovación se reducía a una cuestión etaria,
donde se entendía el cambio como una evolución que debía ser enfrentada
por nuevas generaciones, lisa y llanamente con menos años de vida. Ade-
más, dicho rejuvenecimiento de la política cordobesa era cargado con
otros sentidos precisos, como la decencia y la preparación, pero sobre
todo cada uno de los ministros era presentado como un individuo que de-
bía responsabilizarse de su propio éxito. Esta capacidad era la que los ha-
cía sobresalir para ocupar cargos gubernamentales a pesar de su corta
edad. De este modo, la interpretación de la novedad no sólo se diluía en
un factor generacional, sino que esa misma transformación adquiría senti-
do en un discurso articulado en torno a una forma empresa que volvía a
cada individuo, ahora joven empresario de sí mismo, responsable del éxi-
to, o del fracaso, que pudiesen alcanzar.
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6. Algunas notas para concluir
Luego de los hechos de 2001, que marcaron el cénit del ciclo de moviliza-
ción y protesta iniciado varios años antes, la línea política del peronismo
cordobés persistió en un marco de sentido parcialmente determinado por
su trayectoria identitaria de los últimos años, para interpretar la situación
nacional y ofrecer una solución adecuada. En efecto, la falta de represen-
tatividad que aquejaba a las instituciones argentinas podía ser resuelta si
se introducían medidas que expandían una lógica empresarial en la admi-
nistración pública, en la creación de políticas públicas y en el modo en
que el Estado se relacionaba con los ciudadanos en tanto contribuyentes/
inversores, reduciendo los costos de la política y asegurando una gestión
más eficiente de lo público. Así, los hechos de 2001 eran interpretados
por el peronismo cordobés como parte de una crisis de representatividad
cuya solución radicaba en la ampliación de la lógica neoliberal en curso,
y que ya había sido desplegada por el gobierno cordobés a cargo de De la
Sota en las reformas del año 2000. El proyecto del peronismo cordobés
seguía sosteniéndose en la necesidad de reformar la organización estatal
bajo una lógica de empresa, es decir, de la competencia entre individuos
pensados como “empresarios de sí mismos”. Dicha retracción de los “gas-
tos de la política” se presentaba al mismo tiempo como un propósito eco-
nómico de ahorro de recursos públicos, y como un vehículo para recons-
truir la “confianza ciudadana” en el Estado.
Además, la reducción del pueblo al conjunto de inversores/contribuyen-
tes, y la pretensión de responder a las demandas de renovación política
presentando un gabinete de gobierno más joven y responsable de su pro-
pio éxito, señalan la continuidad de una interpretación neoliberal a la base
de la línea política del peronismo cordobés. En esta lectura, las causas del
2001 radicaron en un problema de gestión del entonces presidente en
ejercicio, y los alcances de la crisis fueron exiguos y, en cierto sentido, re-
petitivos: una crisis de representación que debía resolverse con mayor efi-
ciencia, transparencia y proveyendo las condiciones para el comporta-
miento competitivo de los individuos ciudadanos.
Toda crisis está constitutivamente abierta a la disputa de sentidos en torno
a ella. Así como el gobierno nacional liderado por Néstor Kirchner inter-
pretó al 2001 como la expresión del fracaso neoliberal y como una sínte-
sis del daño que le generaba al pueblo la política económica de los go-
biernos anteriores, la lectura del peronismo cordobés a la cabeza del
Estado provincial fue la continuidad de un diagnóstico neoliberal sobre
177
una nueva “crisis de representación”. Esta diversidad de lecturas introdu-
ce un matiz en aquellos estudios, y más en general en una clave de lectu-
ra sobre las últimas décadas en la Argentina, que han visto en los hechos
de 2001 un parteaguas histórico. Esto no implica, en absoluto, desmerecer
la importancia de aquellas jornadas, sino, por el contrario, subrayar la im-
portancia que conlleva la disputa por su significación. Si bien “el 2001”
señaló notables cambios en la política económica nacional, sería un error
equipararlo con el fin de la hegemonía neoliberal. Ello adquiriría sentido,
en primer lugar, si se caracterizase al neoliberalismo como un conjunto de
políticas económicas delimitado y externo a los actores que lo llevan a
cabo; y, en segundo lugar, si sólo se asumiera a la política argentina en
clave nacional, desconociendo la complejidad de los casos provinciales y
locales. Se vuelve necesario profundizar el debate sobre la historia políti-
ca argentina contemporánea, poniendo en discusión hasta qué punto es
posible hablar de una ruptura homogénea de la “hegemonía neoliberal” a
nivel nacional en 2001, sin prestar atención a las trayectorias identitarias
de los actores políticos en los diversos escenarios subnacionales que die-
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JUAN MANUEL REYNARES
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Ley provincial N° 8837/00 - Incorporación de capital privado al sector público.
Fecha de recepción: 24/05/2017
Fecha de aceptación: 09/08/2017