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Rocío Annunziata
*
Resumen
El presente artículo se propone revisar los conceptos elaborados re-
cientemente por la teoría política contemporánea para pensar las for-
mas ciudadanas de representación. En primer lugar, expone los argu-
mentos que sustentan la necesidad de concebir una representación
política democrática no restringida al dispositivo electoral formal. En
segundo lugar, revisa la pertinencia de la conceptualización de formas
ciudadanas de representación, a la luz de las experiencias actuales,
pensadas generalmente como participativas, que se denominan aquí
“auto-representación ciudadana” e “instituciones de representación
Auto-representación e instituciones
de representación ciudadana.
Aportes para una ampliación de
la teoría de la representación.
*
Doctora en Estudios Políticos École des Hautes Études e Sciences Sociales (EHESS)
y en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigadora del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Código de Referato: SP.229.XLIII/17
http://dx.doi.org/10.22529/sp.2018.43.02
STUDIA POLITICÆ Número 43 primavera-verano 2017/2018 – pág. 35-63
Publicada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales,
de la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, República Argentina.
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STUDIA POLITICÆ
ciudadana”. La hipótesis defendida en este trabajo afirma que ambas
formas de representación se legitiman en una figura del “hombre co-
mún” separada de los políticos profesionales, y que pueden considerarse
democráticas en la medida en que responden al principio igualitario. Los
representantes ciudadanos representan experiencias en lugar de territo-
rios o grupos sociales. Finalmente, el artículo concluye identificando los
aportes y desafíos abiertos para la elaboración de una teoría de la repre-
sentación ciudadana.
Palabras clave: Representación – Ciudadana – Democracia – Electoral
– No-electoral.
Abstract
This paper aims to examine the concepts recently developed by
contemporary political theory in order to think citizen forms of
representation. First, it expounds the arguments that support the need for
conceiving the democratic political representation as no restricted to the
electoral and formal device. Second, it examines the relevance of the
conceptualization of citizen forms of representation, in the light of
current experiences, generally conceived as participatory, and which are
denominated here “self citizen representation” and “institutions of
citizen representation”. The hypothesis defended in this paper affirms
that both forms of representation are legitimated in the figure of a
‘common man’ separated from professional politicians, and that they
could be considered democratic to the extent that they respond to the
egalitarian principle. Citizen representatives represent experiences rather
than territories or social groups. Finally, the paper concludes by
identifying the contributions and open challenges to the elaboration of a
theory of citizen representation.
Key words: Representation – Citizen – Democracy – Electoral – Non-
electoral.
La teoría política vuelve a pensar la representación
U
NO de los terrenos más fértiles de la teoría política contemporánea
es la reflexión sobre las formas de representación no-electoral.
Después de los trabajos ya clásicos de Hanna Pitkin (1967) y de
Bernard Manin (1998), el concepto de la representación no había sido re-
pensado en profundidad. Pero durante los últimos años, se ha comenzado a
desarrollar un campo fructífero de conceptualización de formas no-electo-
rales de representación. A la luz de algunos fenómenos políticos actuales,
que podríamos sintetizar como una combinación de la insuficiencia de la
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ROCÍO ANNUNZIATA
representación electoral con una proliferación de formas variadas de activi-
dad ciudadana, los trabajos que se están produciendo en este campo se ven
obligados a revisitar las teorías modernas de la representación —quizá
como no se lo había permitido hasta ahora la teoría política—, en la bús-
queda de conceptos novedosos.
La insuficiencia de la representación electoral para las democracias actua-
les ha sido señalada agudamente por autores como Pierre Rosanvallon
(2007, 2009). Esta insuficiencia se origina, en gran medida, en las trans-
formaciones que se han dado en los actores característicos de la represen-
tación en el siglo XX, los partidos políticos, y en lo que puede concebir-
se como un “mundo desideologizado”. La democracia electoral está
consolidada, pero las elecciones han dejado de implicar la opción por un
rumbo político concreto, pasando a significar la mera selección de gober-
nantes. En palabras de Pierre Rosanvallon (2009), las elecciones se han
“desacralizado”. Hoy resultan así cada vez menos operantes las ficciones
fundadoras de nuestras democracias representativas: la que hace equivaler
la voluntad del pueblo con la voluntad de la mayoría, y la que hace equi-
valer el momento electoral con la duración del mandato. El fenómeno
más significativo que se ha producido es una disociación entre la legiti-
midad de establecimiento o autorización (el modo en que los representan-
tes son designados) y la legitimidad de sus acciones y decisiones (el
modo que gobiernan o ejercen su cargo hasta la próxima elección). Los
representantes legitimados por las urnas no cuentan ya al día siguiente de
la elección con una legitimidad asegurada para sus decisiones, sino que
necesitan conquistarla caso por caso (Rosanvallon, 2007). Este fenómeno
ha ido en paralelo con el declive de las promesas electorales (Mansbridge,
2003) y la emergencia de formatos representativos que pueden denomi-
narse “pospromisorios” (Annunziata, 2014), en los que los lazos entre re-
presentantes y representados ya no pueden estar meramente referidos a su
temporalidad electoral.
La disociación entre legitimidad de establecimiento y legitimidad de ejer-
cicio ha conducido a los trabajos que proponen una pluralización de la
temporalidad de la representación. Se ha vuelto necesario pensar a la re-
presentación de un modo permanente, entre los momentos electorales
(Mansbridge, 2003; Urbinati, 2006; Rosanvallon, 2009) haciendo hincapié
en la comunicación entre representantes y representados durante el man-
dato en los términos de la deliberación y, sobre todo, de la “escucha” y
combinar así una temporalidad de la duración con una temporalidad de la
inmediatez (Annunziata, 2014).
Pero por otra parte, se ha señalado el carácter representativo de institu-
ciones no-electas que estarían comenzando a jugar un rol fundamental en
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STUDIA POLITICÆ
las democracias contemporáneas. Pierre Rosanvallon (2009), por ejem-
plo, ha conceptualizado, al lado de lo que denomina la “democracia elec-
toral-representativa”, nuevas figuras de la legitimidad democrática que
participan de un proceso de “descentramiento de las democracias”. Estas
nuevas figuras, en particular la “reflexividad” y la “imparcialidad” se ven
cristalizadas en instituciones como las cortes constitucionales o las auto-
ridades independientes de regulación y control, cuyos miembros son se-
leccionados con criterios pluralistas y no electos por el voto popular. Es-
tas instituciones estarían cumpliendo, para el autor, funciones representa-
tivas y contribuirían, precisamente, a aportar a la democracia una
temporalidad de largo plazo y una dinámica de consenso, mientras que
las instituciones de la democracia electoral-representativa corresponde-
rían al mundo del corto plazo y del conflicto subjetivo-partidario. Pero
no solo nuevas instituciones, sino también nuevos actores como los jue-
ces, los medios de comunicación o los periodistas (Rosanvallon, 2007;
Martín, 2012; Vincent, 2014), los actores internacionales, transnacionales
y no gubernamentales (Dovi, 2014; Saward, 2010) que compiten hoy en
día por la legitimidad de la representación frente a los gobernantes surgi-
dos de las urnas.
La teoría política contemporánea se ha volcado de este modo al abordaje
de la pluralización de la representación, produciendo un giro significativo
dentro de los estudios predominantes que consideraban a la representa-
ción en su forma exclusivamente electoral. Hanna Pitkin (1967) sintetiza-
ba los rasgos que debía tener la representación democrática: autorización
y accountability, es decir, los representantes debían ser autorizados (elec-
tos) por los representados y ser capaces de rendirles cuentas. Uno de los
principios del gobierno representativo para Bernard Manin, la elección de
representantes a intervalos regulares, estaba también en el centro de su
planteo. En efecto, como subrayaba el autor, el gobierno representativo se
ha establecido sobre la base del abandono del sorteo y su reemplazo por
la elección de representantes. Su significación no es menor: el sorteo no
es en sí mismo un procedimiento de legitimación, sino puramente de se-
lección de gobernantes. En cambio, como principio, la elección tiene dos
funciones simultáneas: selecciona a los gobernantes y legitima su poder,
creando en ellos un sentimiento de obligación y compromiso con quienes
los han designado (Manin, 1998). Pero, además, el hecho de que las elec-
ciones tengan lugar a intervalos regulares, al que no siempre se le ha
prestado tanta atención en la teoría, es para Manin la clave de la accoun-
tability: los representantes actúan sabiendo que tendrán que rendir cuen-
tas a los representados en la próxima elección (Manin y Ubinati, 2008).
Al constituir la autorización y la accountability el núcleo de la represen-
39
ROCÍO ANNUNZIATA
tación democrática,
1
la representación electoral apareció durante mucho
tiempo como la única forma de representación sobre la que valía la pena
reflexionar.
2
Pero, como decíamos, actualmente el campo de reflexión se está abrien-
do, participando de lo que se llama el enfoque de la “pluralización de la
representación” (Avritzer, 2012, 2015; Ramírez y Espinosa, 2012), el de-
bate de la “reconstrucción de la representación” (reconstructing represen-
tation) (Avritzer, 2012), el “ensanchamiento de la representación” (Abe-
llán Artacho, 2013), el “giro representativo” (Ramos, 2015), o el “giro
constructivista” (constructivist turn) (Näsström, 2015) que buscan con-
ceptualizar las formas no-electorales de representación. Además de las
instituciones y actores que adquirirían hoy en día funciones representati-
vas, una de las versiones de la representación no electoral es la “repre-
sentación ciudadana”, es decir, la representación de los ciudadanos co-
munes. Es en esta forma de la representación no-electoral que nos
concentraremos en las páginas que siguen. Esta línea de análisis en parti-
cular tiene la ventaja de permitir matizar o poner en cuestión, como vere-
mos, la separación que se ha vuelto clásica en la teoría política entre re-
presentación y participación.
Conceptualizando las formas no-electorales de representación
Uno de los trabajos ineludibles en este nuevo terreno de la teoría política
es el de Michael Saward (2006, 2010), que permite mover el foco de las
instituciones a los vínculos y dinámicas representativas, dando un paso
importante para poder tomar en serio la representación no electoral y su-
1
Sobre la base de estos pilares es que se establecieron las perspectivas de la representa-
ción más aceptadas en la ciencia y la teoría política: la perspectiva del “mandato”, enfo-
cada en el contrato establecido entre representantes y representados en el momento de la
elección en base a las plataformas partidarias; y la perspectiva de la “accountability”, en-
focada en el juicio retrospectivo de los representados sobre las acciones pasadas de
los representantes en una próxima elección (P
RZEWORSKI, STOKES y MANIN, 1999).
2
En efecto, coincidimos con DOVI (2014) cuando señala que los teóricos democráticos
han limitado la discusión de los tipos de representación a aquellos en los que los repre-
sentantes son formales, es decir, detentan cargos electivos. Debido al predominio del en-
foque del principal-agente, la tendencia en la Teoría y Ciencia Política contemporánea
ha sido la de enfocarse en los procedimientos formales de autorización y accountability.
Para poder pensar la representación más allá de lo electoral, es preciso ir también más
allá del enfoque del principal-agente.
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Esta perspectiva parece tener mucho en común con la perspectiva desarrollada por Er-
nesto L
ACLAU (2005, 2013) de la representación como hegemonía, y que permite tam-
bién redefinir a la representación por fuera de los marcos institucionales; pero hay que
señalar una diferencia significativa entre ambas: mientras que LACLAU se basa en la no-
ción de demandas, provenientes de lo que en su esquema sería “lo representado”, en
S
AWARD las demandas o reivindicaciones (claims) son hechas por quienes aspiran a re-
presentar —se trata de reivindicaciones de representar y no de ser representado—.
brayando, al mismo tiempo, la contingencia y contestabilidad de todas las
formas de representación. El autor nos invita a focalizarnos en lo que lla-
ma la “reivindicación representativa” (representative claim): es decir, la
representación es una reivindicación de los representantes de ser represen-
tativos de los representados, pero ninguno de estos elementos corresponde
a una objetividad, sino que es producto de la imagen que los representan-
tes construyen de sí mismos, de la imagen que construyen de los represen-
tados tal que existe un vínculo entre ambas, y de la interpretación que los
representados hacen sobre esta reivindicación que puede tanto ser exitosa
como fracasar. Desde este punto de vista, ningún representante puede “lo-
grar” la representación o ser del todo “representativo”: los hechos son he-
chos, pero las reivindicaciones son contestables. El autor concibe entonces
a los representantes como “creadores de reivindicaciones” (claim makers),
de modo que estos no son necesariamente quienes han sido electos, sino
que pueden provenir de los partidos políticos, del mundo de la cultura, de
la ciudadanía.
3
Para Michael Saward, se trata de producir un verdadero cambio de enfo-
que en las teorías de la representación predominantes que se inspiran en el
trabajo clásico de Pitkin. La autora se ha concentrado en los rasgos que
debe tener el representante para ser democrático y, en cambio, ha conside-
rado a lo representado como ya dado. Como recuerda Saward, para Pitkin,
representar es actuar en interés de otros de una manera responsable (ac-
ting for others); aquello que hay que representar aparece en este sentido,
como transparente. Para discutir la representación política hoy, es preciso
salir del marco de las oposiciones mandato-independencia, y delegado-
trustree, ya que se basan en la asunción de una transparencia en la cogno-
sibilidad de los intereses de los representados que no es tal. Los enfoques
convencionales de la representación se preocupan por cómo los mecanis-
mos electorales inducen o no un comportamiento responsable en los polí-
ticos electos, si la rendición de cuentas ocurre de manera prospectiva o
retrospectiva y cuál es el rol apropiado que deben cumplir los representan-
tes; se trata de un enfoque estrecho. Para Saward es importante considerar
los momentos electorales en la representación, pero también los estéticos
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ROCÍO ANNUNZIATA
(la creación activa de una imagen de lo que se representa y no una lectura
pasiva de información), y los culturales (los significados y códigos com-
partidos, dentro de los cuales puede darse la creación que hace el repre-
sentante; lo cultural marca los límites de las posibilidades estéticas). De
este modo, Saward abre el camino para pensar la representación política y
democrática más allá de los dispositivos electorales, en sus palabras: “Es
preciso dejar atrás la idea de que la representación es principalmente y so-
bre todo un producto dado y fáctico de las elecciones, más que un preca-
rio y curioso tipo de reivindicación sobre un vínculo dinámico” (Saward,
2006: 298). Teniendo esto en cuenta, tanto los actores electos como los no
electos tiene buenos argumentos para sus reivindicaciones representativas,
y los segundos pueden invocar aspectos capaces de completar justamente
las debilidades de los primeros. Si se consideran incluso sólo los diseños
de los sistemas electorales, los representantes electos tienen una capacidad
distintiva de representarnos, pero también una gran capacidad —que es
casi su destino— de desrepresentarnos (misrepresenting) (Saward, 2010).
De este modo, al lado de la “representación autorizada” (como la caracte-
rística de los parlamentos), actores transnacionales, personalidades de la
cultura, foros ciudadanos, expertos, etc., pueden reivindicar ser represen-
tativos por su parte.
Nadia Urbinati (2006) ha hecho también un aporte teórico clave para la
pluralización de la representación. Para la autora, lo que la teoría de la re-
presentación moderna fue perdiendo de vista es que la soberanía popular
constituye una combinación entre voluntad y juicio público; si en la repre-
sentación puede delegarse la voluntad, no por ello se delega complemente
la soberanía, puesto que el juicio siempre permanece en manos de los re-
presentados. Esta perspectiva permite considerar al ejercicio del juicio de
los representados sobre los representantes como una encarnación del poder
del pueblo con el mismo rango que las propias elecciones (Hayat, 2103).
La autora propone incluso considerar la necesidad de contar con revocato-
rias ciudadanas de las decisiones de los representantes. Como afirma Nadia
Urbinati en un trabajo posterior junto a Mark Warren: “La representación
electoral sigue siendo crucial en la constitución de la voluntad del pueblo,
pero las reivindicaciones de los representantes electos de actuar en el nom-
bre del pueblo se encuentran cada vez más segmentadas por temas y suje-
tas a una más amplia contestación y deliberación de parte de actores y enti-
dades que hacen del mismo modo reivindicaciones representativas. Los
juicios políticos que estuvieron alguna vez relacionados con el estado sobe-
rano por medio de la representación electoral están hoy en día mucho más
dispersados, y los espacios para las reivindicaciones representativas y los
discursos se encuentran en el presente mucho más abiertos” (Urbinati y
Warren, 2008: 391).
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STUDIA POLITICÆ
En el contexto latinoamericano sobresale la reflexión de Leonardo Avritzer
(2012, 2015) en este esfuerzo por producir una teoría de la pluralización de
la representación, más allá de su dimensión electoral. Es preciso pensar la
representación más allá de las elecciones, por un lado, porque la represen-
tación electoral reduce los argumentos y discursos, señala Avritzer siguien-
do los trabajos pioneros en este sentido de John Dryzek. En efecto, para re-
forzar esta afirmación, podemos volver a Pierre Rosanvallon (2009) que ha
mostrado cómo el voto, aun siendo la herramienta que mejor garantiza la
igualdad de influencia en la decisión, simplifica los argumentos; la boleta
electoral ofrece un lenguaje único y común a los ciudadanos, pero al hacer-
lo desestima la reflexividad democrática que tiende a re-emerger en el pre-
sente, precisamente, por medio de nuevas figuras de la legitimidad y nue-
vas formas de representación que mencionamos más arriba. Por otro lado,
es preciso concebir la representación no electoral, porque la representación
electoral también reduce la temporalidad, como ya lo había señalado la
propia Nadia Urbinati, y como mencionamos más arriba al referirnos a la
cada vez menos operante ficción representativa que hizo equivaler el mo-
mento electoral con la duración del mandato (Rosanvallon, 2009). La nece-
saria pluralización de la representación puede pasar, para Leonardo Avrit-
zer, por las formas de representación ciudadana que identifica con las
instituciones participativas.
Aunque volveremos enseguida sobre las formas de representación ciudada-
na, reparemos primero en los aportes de Avritzer a la conceptualización de
las formas no electorales de representación. A diferencia de la representa-
ción que estamos habituados a concebir —la de los representantes surgidos
de las elecciones—, en las instituciones participativas no existe el requisito
explícito de la autorización, elemento central de las teorías de la represen-
tación desde Thomas Hobbes hasta Hanna Pitkin. Tampoco existe, por lo
tanto, la igualdad matemática que el voto sí establece como modo de selec-
ción de los representantes. Por último, la representación ciudadana no im-
plica una estructura de monopolio soberano territorial, sino que se inscribe
en una pluralidad de representaciones superpuestas, recordándonos en este
aspecto la concepción premoderna de la soberanía y la representación. Sin
embargo, las formas de representación ciudadana contribuyen a restituir la
pluralidad que la representación electoral reduce: permiten una representa-
ción permanente o continua y una representación de los temas o problemas
que devuelve la variedad de discursos simplificados en el acto electoral. En
efecto, en estas formas novedosas, lo que se representa son temas públicos
en lugar de grupos de individuos, dando lugar a lo que el autor denomina
una “representación por afinidad o relacional”. Como lo observa Leonardo
Avritzer, algunas organizaciones no-gubernamentales representan ideas o
43
ROCÍO ANNUNZIATA
causas, mientras que la sociedad civil o la ciudadanía pueden ser represen-
tativas de experiencias.
El enfoque de la pluralización de la representación ha permitido entonces
salir del encorsetamiento de la representación formal y electoral, y conce-
bir formas no electorales de representación en las que los pilares de la au-
torización mediante el sufragio y la accountability como sanción pueden
ser puestos en cuestión. Pero la salida del encorsetamiento teórico no ca-
rece de riesgos, puesto que todo tipo de actores no democráticos pueden
aspirar —y de hecho lo hacen— a representar: corporaciones, poderes fác-
ticos, grupos de presión, muchas veces medios de comunicación. Näss-
tröm (2015) plantea con claridad el que quizá sea el desafío principal: sin
la legitimación de la elección, ¿cómo nos aseguramos de que éstas sean
formas de representación democrática? Coincidimos con la autora en que
la atención debe estar puesta en la presencia del principio igualitario. Si
bien la elección se ha revelado en la historia de las democracias modernas
como un dispositivo que garantiza la igualdad de influencia en la decisión
de todos los ciudadanos, es solo una de las formas de cristalización del
principio igualitario.
Por eso nos concentraremos en lo que sigue en un tipo particular de repre-
sentación no-electoral: las formas de representación ciudadana, que —sos-
tenemos— al mismo tiempo que son movidas por el principio igualitario,
resultan las más novedosas como fenómenos políticos.
Las nuevas formas de representación ciudadana
Mientras que las asociaciones u organizaciones de la sociedad civil y
otros actores organizados como los sindicatos, o incluso los grupos de
advocacy internacional tienen una larga historia en nuestras democracias,
existen particularmente dos formas novedosas de actividad ciudadana que
pueden ser concebidas como formas representativas. Por un lado, han
proliferado durante los últimos años las movilizaciones ciudadanas surgi-
das “desde abajo”, no organizadas por actores tradicionales y no institu-
cionalizadas. Por otro lado, se ha visto la expansión de los llamados “dis-
positivos participativos”, surgidos “desde arriba” e institucionalizados, en
los que las autoridades convocan a los ciudadanos a participar. Denomi-
naremos a las primeras “auto-representación ciudadana” y a las segundas
“instituciones de representación ciudadana”. Estas categorías son simila-
res a las que establecen Urbinati y Warren (2008) cuando se refieren a los
“representantes autoautorizados” o fenómenos de “auto-representación”,
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4
Ver, por ejemplo, NEZ (2013).
5
Ver, por ejemplo ANCELOVICI, DUFOUR y NEZ (2016).
6
Ver, por ejemplo, WELP (2015).
7
Ver, por ejemplo, BRINGEL y PLEYERS (2015).
8
Ver, por ejemplo, ANNUNZIATA ET AL. (2016).
por un lado, y a los “representantes ciudadanos”, por el otro. También
podrían coincidir con las que propone Enrique Peruzzotti (2013) cuando
analiza distintas formas de intervención de la sociedad civil en relación a
su carácter o capacidad representativa: la auto-representación ciudadana
podría equivaler a lo que el autor denomina “la política de influencia e
identidad” y la “accountability social” desarrolladas por movimientos so-
ciales u organizaciones no gubernamentales, mientras que las institucio-
nes de representación ciudadana equivalen a lo que llama “participación
institucionalizada”.
Auto-representación ciudadana
Desde el movimiento de los Indignados en España,
4
o los movimientos
Occupy en América del Norte,
5
hasta los más recientes en América Latina,
como #Yosoy132 en México,
6
las Jornadas de Junio en Brasil,
7
los llama-
dos “cacerolazos” y la movilización #NiUnaMenos en Argentina,
8
desde
protestas puntuales y localizadas por causas como las lesiones al medioam-
biente o la inseguridad, hasta movimientos ciudadanos masivos, constata-
mos una expansión de movilizaciones con atributos inéditos en nuestras
democracias contemporáneas.
Reconociendo la gran diversidad en las experiencias, sobresalen algunos
rasgos comunes. La apelación a la figura de los “ciudadanos autoconvoca-
dos” es un elemento compartido. A diferencia de las protestas del pasado,
estos estallidos contemporáneos no son encuadrados ni organizados por los
actores mediadores tradicionales, como los partidos políticos o los sindica-
tos. La noción de “autoconvocados” es fundamental, porque la legitimidad
a la que apelan estas formas de actividad ciudadana es, precisamente, la de
la espontaneidad, la de la ausencia de organización por parte de los actores
políticos. A veces se trata de manifestaciones muy efímeras, otras veces se
convierten en movimientos que pueden durar varios meses, sosteniéndose
en formatos asamblearios, pero la regla general es que la espontaneidad re-
sulta el factor legitimante central. Ocurra o no que una manifestación calle-
45
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jera o asamblea haya sido convocada por algún grupo político, o haya in-
tervenido de algún modo en la organización, es en función de su falta de
orquestación por “los políticos” que se juzga su legitimidad. Esto contribu-
ye a que los primeros impulsores de estos estallidos o manifestaciones no
puedan considerarse estrictamente sus “organizadores” ni mantener el con-
trol de su significación pública, de modo que aún cuando muy inicialmente
puedan parecer protestas sectoriales, rápidamente se des-inscriben de este
carácter.
Otro de los rasgos comunes de estos movimientos ciudadanos es el que de
hecho nacen, de manera creciente, en la convergencia entre los ámbitos on-
line y off-line. En efecto, las nuevas tecnologías de comunicación e infor-
mación, en particular las redes sociales e internet, funcionan actualmente
como difusoras cuando no directamente creadoras de los movimientos ciu-
dadanos.
9
Además, las nuevas tecnologías amplifican y multiplican a este
tipo de movimientos produciendo efectos de imitación y de des-localiza-
ción de las primeras protestas.
Por otra parte, un rasgo sobre el que ha llamado especialmente la atención
Pierre Rosanvallon (2007) es la negatividad que acompaña a las protestas,
estallidos o movimientos ciudadanos. En efecto, Rosanvallon ha concep-
tualizado una de las formas más significativas de actividad ciudadana de
nuestro tiempo en tanto que “poderes contrademocráticos de veto”, cuya
característica central es la negatividad.
10
Aquello que reúne y que aglutina
a una gran cantidad de ciudadanos no es un proyecto en común, sino un re-
chazo en común. Rosanvallon destaca que la negatividad tiene una ventaja
estructural en el mundo contemporáneo, que ya no está estructurado por las
confrontaciones ideológicas de antaño: a diferencia del proyecto, el recha-
zo cumple la voluntad completamente, proporciona un resultado eficaz e
inmediato; y, sobre todo, las mayorías de reacción son más fáciles de con-
formar que las mayorías de acción, ya que todos los rechazos son idénticos
y son más simplemente agregables más allá de la heterogeneidad de sus
motivos. Al declinar el rol de los partidos políticos y de las ideologías, son
9
Sobre el rol de las nuevas tecnologías en la participación ciudadana, ver especialmen-
te C
ASTELLS (2012). Las nuevas tecnologías han permitido que prácticas antiguas, como
las peticiones a las autoridades, adquieran un inédito potencial en las democracias con-
temporáneas. Cabría pensar, en este sentido, que plataformas de peticiones on-line como
Change.org o Avaaz constituyen también fenómenos de auto-representación ciudadana
sobre una gran variedad de temas y problemas particulares (A
NNUNZIATA ET AL., 2016).
10
Aunque URBINATI y WARREN (2008) afirman que las formas de representación
autoautorizada o de auto-representación expresan “el poder negativo del pueblo”, no de-
sarrollan particularmente este aspecto que consideramos fundamental.
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11
Ver también en este sentido WEDES (2015) y SORJ (2015).
los descontentos o los indignados, que no aspiran a tomar el poder, quienes
reemplazan a los rebeldes o a la oposición.
Los poderes contrademocráticos de veto, cristalizados en manifestaciones,
protestas y movimientos ciudadanos, expresan sobre todo un rechazo. Y la
expresión del rechazo predomina sobre su muy limitada y en general au-
sente capacidad propositiva. Las manifestaciones suelen oponerse a deci-
siones de los gobernantes o representantes, a situaciones que se experi-
mentan como inadmisibles, o incluso a la “clase política” en su conjunto.
De hecho, generalmente, el rechazo inicial se multiplica: una manifesta-
ción que comienza en rechazo a una decisión o medida puntual puede, rá-
pidamente tornarse contra los que gobiernan, los gobernantes de turno o
todos los dirigentes políticos, que aparecen como privilegiados, como una
casta separada de la ciudadanía. Por eso es posible observar un “doble
efecto multiplicador” en estos novedosos movimientos ciudadanos: de la
movilización local a la deslocalización y del rechazo puntual al rechazo
generalizado.
Es importante destacar que hacia el interior de muchos de estos movi-
mientos se impugna también el liderazgo y la representación: los involu-
crados afirman no tener líderes y no ser líderes o representantes ellos mis-
mos. La lógica de la auto-representación puede ser absoluta desde el
momento en el que prevalece la idea de que “nadie me representa mejor
que yo mismo”, y la voz y la opinión aparecen como indelegables. Manuel
Castells (2012) lo señaló especialmente en su análisis del caso de los In-
dignados en España. Como afirmaba uno de los primeros miembros de la
red que creó Democracia Real YA, a quien cita el autor: “El movimiento
ataca directamente la idea de que alguien tiene que hacer las cosas por
mí” (Castells, 2012: 125). El autor lo describe del siguiente modo: “No
hubo una decisión formal, pero en la práctica todo el mundo estuvo de
acuerdo desde el principio del movimiento. No habría líderes, ni locales,
ni nacionales. Para el caso, ni siquiera tenían un portavoz reconocido.
Cada uno se representaba a sí mismo y a nadie más.” (Castells, 2012:
133). Sobre el conjunto de los movimientos que analiza (que incluyen
además del 15 M la llamada primavera árabe y el movimiento Occupy
Wall Street) sostiene que el rasgo común es la ausencia de líderes y la des-
confianza frente a cualquier modo de delegación del poder. Es indudable
que esta característica es potenciada por el componente de las nuevas tec-
nologías y el tipo de comunicación que fomentan, conceptualizada por
Castells como “autocomunicación de masas” (Castells, 2012).
11
47
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En esta misma línea, Yves Sintomer (2013) advierte que en el caso de los
movimientos ciudadanos como los Indignados o los Occupy, los partici-
pantes rechazan la idea de ser o tener representantes y se proponen como
el 99 % frente al 1 %, y lo mismo ocurre —podría agregarse— en movi-
mientos o protestas de mucho menor alcance. Pero aquí reside, precisa-
mente, el carácter representativo de estos movimientos. Aunque los parti-
cipantes efectivos sean una minoría activa de la sociedad, dicha minoría
representa a una mayoría (el 99 %) definida negativamente como los “no
políticos”, los “no privilegiados”, es decir, los ciudadanos comunes. Sinto-
mer también subraya la importancia de esta figura: “Es porque los partici-
pantes son ciudadanos comunes que se parecen los unos a los otros.” (Sin-
tomer, 2013: 31). El número parece operar en estos movimientos una
imagen de expansión infinita del nosotros frente al grupo de los privilegia-
dos y los poderosos (la negatividad funciona asimismo en el plano de la
identidad del colectivo), como podría mostrar también el caso de #Yosoy
132 en México.
¿Por qué podemos concebirlas como formas de representación ciudada-
na? ¿En qué medida son representantes los ciudadanos que participan?
Para retomar la noción de Saward (2006, 2010), cabe sostener que aque-
llas reivindican ser representativas de los ciudadanos comunes. ¿Y qué
representan? No representan a una población delimitada territorialmente,
tampoco a un grupo social específico, ni a un discurso. Representan ex-
periencias, historias y vivencias singulares que se hacen públicas. La
auto-representación ciudadana saca a la luz la singularidad de las expe-
riencias de los ciudadanos comunes que no se sienten representados por
el sistema político o los actores formales y tradicionales de la represen-
tación.
Al lado de estos fenómenos recientes y efímeros, hay también movimientos
u organizaciones de la sociedad civil más estables, susceptibles de ser pen-
sados como formas de auto-representación ciudadana. Es a estos a los que
se refieren Nadia Urbinati y Mark Warren (2008) cuando emplean el con-
cepto de “representantes autoautorizados”, aunque su caracterización es su-
gerente para los movimientos ciudadanos más inorgánicos a los que aquí
hemos hecho alusión. Los autores admiten que los “representantes auto-au-
torizados” no son nuevos, pero que en el presente se han ampliado y diver-
sificado. Este tipo de representación puede ser enfocada a asuntos particu-
lares, responder a temas emergentes y a representados que no estén
anclados territorialmente. Es una forma de representación que traspasa las
fronteras, y que incluso puede ser muy significativa en arenas en las que no
existe la democracia electoral, como la global, o los contextos autoritarios.
No siempre los representantes auto-autorizados son precursores de la repre-
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STUDIA POLITICÆ
12
Que, de hecho, es la forma de accountability propuesta por la autora en un contexto
de relativización de la representación promisoria al interior del propio ámbito de la re-
presentación electoral.
sentación formal, sino que constituyen fenómenos representativos por dere-
cho propio.
Para Urbinati y Warren (2008) muchos de los representantes autoautori-
zados son organizaciones de la sociedad civil con determinados propósi-
tos y membresía, elementos que permiten incluso concebir formas diver-
sas de autorización y la accountability, en base a los vínculos entre los
miembros de la organización. Pero la cuestión se complejiza cuando se
trata de organizaciones o movimientos que aspiran a representar a los
que no tienen voz o, como en las experiencias descriptas más arriba, en
las que ninguna organización precede al acontecimiento de la moviliza-
ción o protesta. En estos casos la autorización sólo puede cuanto mucho
ser reflexiva o retrospectiva, es decir, observable en la constatación de si
aquellos a quienes se dice representar efectivamente se interpretan repre-
sentados. La accountability se vuelve, entonces, más importante, pero
puede darse a través de una combinación de encuestas, medios y audito-
rías, dejando de lado la idea de accountability como sanción y reempla-
zándola por una forma narrativa, deliberativa y comunicativa tal como ha
propuesto Mansbridge (2003, 2009).
12
En todo caso, si autorización y
accountability son pensables en un plano no formal, más allá de los dis-
positivos electorales, ambas tienen un carácter efímero y contingente, ya
que se construyen —y destruyen— en el terreno contestable de la esfera
pública.
Instituciones de representación ciudadana
Durante los últimos años se han desarrollado dos formas de participación
ciudadana institucionalizada que pueden —y han comenzado a— ser con-
sideradas como fenómenos representativos. Nos referimos, por un lado, a
los denominados dispositivos deliberativos de “mini-públicos” (jurados
ciudadanos, paneles ciudadanos, conferencias de ciudadanos, sondeos de-
liberativos) que han tenido un notable despliegue en Europa y América
del Norte (Blondiaux, 2014), y, por otro lado, a los llamados “dispositi-
vos participativos” (Annunziata, 2013) o “instituciones participativas”
(Avritzer, 2015) más presentes en los países de América Latina. En am-
bos casos, se trata de espacios abiertos por las autoridades que invitan a
49
ROCÍO ANNUNZIATA
los ciudadanos a participar, es decir, en ambos la lógica de su funciona-
miento es “de arriba hacia abajo”; pero, como veremos, difieren en sus
propósitos y en su conformación, y por lo tanto en los criterios en virtud
de los cuales es posible concebirlos como “instituciones de representa-
ción ciudadana”.
Urbinati y Warren (2008) se refieren a los dispositivos de minipúblicos con
su categoría de “representantes ciudadanos”, así como otros autores han
centrado la atención en estas instancias (Brown, 2006; Warren, 2008; Bur-
gers, 2015), debido a algunas de sus características que los convierten en
representativos en un sentido principalmente descriptivo. En estos foros o
paneles ciudadanos, los participantes no son electos, pero sí seleccionados,
generalmente, mediante técnicas estadísticas que buscan garantizar cierta
“representatividad” de la población. Lo que se busca con estos dispositivos
es que un grupo de “profanos”, es decir, de ciudadanos comunes, sin nin-
gún conocimiento experto, produzcan una opinión esclarecida y deliberada
sobre una elección que debe hacerse en un contexto de incertidumbre, ge-
neralmente sociotécnica o científico-ética (como el cambio climático, la
contaminación, los organismos genéticamente modificados o las nanotec-
nologías). El grupo se constituye de entre quince y veinte ciudadanos, se-
leccionados por sorteo, y a los que se les pide que entren en un proceso de
formación a lo largo de varias sesiones, para luego producir una opinión en
conjunto sobre la cuestión que se les plantea. Las sesiones de formación
pueden durar varios fines de semana, durante los cuales los ciudadanos se-
leccionados, guiados por un comité de personalidades independientes o es-
pecialistas en participación, revisan la información que les es proporciona-
da, discuten con expertos invitados por ellos mismos y discuten entre sí.
Pueden realizarse a escala local o nacional, pero siempre se trata de grupos
reducidos. Estos dispositivos tienen un carácter fuertemente artificial y ex-
perimental y no es casual que en el diseño de cada una de sus variantes
haya intervenido algún científico social o algún centro de investigación.
13
Pero lo que sobresale como principio es la idea de que los ciudadanos co-
munes, los “profanos”, pueden aportar una opinión esclarecida y una racio-
nalidad valiosa sobre cuestiones que muchas veces sobrepasan a los políti-
cos o a los expertos.
Una de las experiencias que más ha llamado la atención de los investiga-
dores ha sido la Asamblea Ciudadana que tuvo lugar en 2004 en Colom-
13
Algunos de ellos se inspiran directamente en las teorías de la democracia deliberati-
va y buscan poner a prueba sus presupuestos, como el célebre “sondeo deliberativo” de
James FISHKIN (1997).
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STUDIA POLITICÆ
bia Británica, Canadá, y que reunió una muestra de ciento sesenta ciuda-
danos comunes que debían, en reuniones mantenidas a lo largo de nueve
meses, estudiar y producir una opinión sobre una reforma de la normativa
electoral que luego sería sometida a referéndum. Con la muestra aleatoria
se buscaba hacer participar a ciudadanos que no tuvieran intereses “crea-
dos” en la cuestión a tratar, pero a esto se le agregó un filtro contra los in-
tereses políticos organizados y los profesionales de la política. En una pri-
mera etapa los ciudadanos seleccionados recibieron una formación sobre
sistemas electorales, y en la segunda etapa se consagraron a una serie de
discusiones y audiencias públicas.
Esta experiencia ha inspirado otras similares durante los últimos años y
ha generado el interrogante sobre la calidad epistémica de las decisiones
surgidas de asambleas seleccionadas por sorteo frente a las asambleas
electas. Mientras que la visión tradicional de las democracias representa-
tivas haría suponer que una asamblea electa mostrará una mayor calidad
epistémica, porque se supone que la elección se orienta a “los mejores”
candidatos y produce incentivos para responder a los intereses de los ciu-
dadanos y para la rendición de cuentas, Burgers (2015) demuestra que
este tipo de asambleas no necesariamente alcanzan resultados de menor
calidad y al mismo tiempo superan a las asambleas electas en virtud de
un criterio de diversidad. Lo cual lo conduce a concluir que los ciudada-
nos “[...] no solo aparecen como capaces de representarse a sí mismos,
sino que en realidad parecen ser más capaces colectivamente que los re-
presentantes profesionales” (Burgers, 2015: 27). Brown (2006) subraya
también las fuertes propiedades representativas de los paneles ciudadanos
en términos de representación descriptiva y de semejanza con los ciuda-
danos. Como sostiene por su parte Yves Sintomer: “En la lógica de la
muestra representativa o tendiente a la representatividad que sostienen
frecuentemente los minipúblicos creados por sorteo, la idea no es más
que estos ciudadanos comunes se parecen todos entre sí, sino que sus di-
ferencias reflejan la diversidad de las experiencias sociales presentes en
la comunidad política. El mini-público constituye un microcosmos de esta
comunidad. Es precisamente porque es, en este sentido muy particular,
‘representativo’, que puede encarnarla y por lo tanto ‘representarla’”
(Sintomer, 2013: 32).
Pero otras formas contemporáneas de participación ciudadana, que no se
apoyan en la selección aleatoria de un grupo de participantes sino en el
voluntariado, son también susceptibles de ser vistas como formas de re-
presentación. Nos referimos a los “dispositivos participativos” (consejos
vecinales, cabildos abiertos, presupuestos participativos) que son general-
mente puestos en marcha por los gobiernos locales con el propósito de
51
ROCÍO ANNUNZIATA
hacer participar a los vecinos en la solución de los problemas cotidianos
del barrio. En efecto, los trabajos inspirados en experiencias latinoameri-
canas (Lüchmann, 2007; Avritzer, 2015; Ramos, 2015; Almeida, 2014) en-
tre las que no son habituales los dispositivos deliberativos de minipúbli-
cos, abordan las formas ciudadanas de representación, a la luz de
mecanismos que convocan a la participación voluntaria de la ciudadanía
para el tratamiento de problemas generalmente ligados al territorio. Lo
que en estas instancias se valora es lo que podría denominarse el “saber
de la experiencia” (Annunziata, 2013) de los ciudadanos comunes que
responde a la fórmula: “nadie conoce mejor los problemas de un barrio
que los vecinos que viven en él”. En paralelo, se busca evitar la “contami-
nación” de la política partidaria apelando a una prioridad de la gestión y
la resolución de problemas concretos.
En muchos casos los participantes simplemente se autoseleccionan para
participar, pero aun así funcionan como figuras representativas de los ve-
cinos del barrio. Existen también varios dispositivos participativos que su-
ponen en su diseño la elección de delegados en determinadas etapas, en
los que el carácter representativo de los participantes se refuerza. El caso
paradigmático es el Presupuesto Participativo, en su versión original de
Porto Alegre, pero también en muchas de las que se expandieron luego
inspiradas en él (Avritzer, 2015).
Franklin Ramírez y Alejandra Espinosa (2012) han analizado en esta mis-
ma línea la forma de representación ciudadana generada en el dispositivo
participativo ecuatoriano que se denomina Silla Vacía. La Silla Vacía es
un dispositivo asociado a los Concejos Municipales locales, por medio
del cual los ciudadanos comunes pueden participar en las sesiones, con
voz y voto, para tratar un tema determinado. Estos ciudadanos participan-
tes de la Silla Vacía, son seleccionados a través de una “designación
asamblearia” en el seno de la sociedad civil (en asambleas locales, cabil-
dos o audiencias) para tratar el tema específico propuesto en determinada
sesión (como en la ciudad de Cotacachi) o por el lapso de un año (como
en Puerto Quito). Los autores sostienen que gran parte de los dispositivos
participativos contemporáneos es indisociable de la producción de una re-
presentación de la sociedad que, sin embargo, se estructura de un modo
distinto a la experiencia electoral y parlamentaria de delegación. Los ciu-
dadanos representan temas específicos de interés para la comunidad. De
las prácticas concretas analizadas por los autores surge no obstante un
problema significativo a la hora de conceptualizar la representación ciu-
dadana: el de la rendición de cuentas o accountability. Como se ha obser-
vado en las experiencias de la Silla Vacía, pese a la existencia establecida
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STUDIA POLITICÆ
de la obligación de rendición de cuentas y responsabilización,
14
los “re-
presentantes ciudadanos” tienden a autonomizarse respecto de los espa-
cios que los designaron como delegados: no informan a la ciudadanía so-
bre lo que ellos mismos plantean ni sobre las decisiones tomadas en el
ámbito del Concejo Municipal. Otro elemento interesante que señalan los
autores es que la definición de la representación ciudadana se hace en
base a “temas públicos” (en lugar de territorios o poblaciones), y que el
dispositivo presupone la articulación entre representación ciudadana y
consenso (los delegados ciudadanos que participan en la Silla Vacía tie-
nen que consensuar su posición ya que, frente a la imposibilidad de llegar
a un consenso, siguen teniendo voz pero pierden el voto).
Otro de los dispositivos interesantes para la investigación de la representa-
ción ciudadana son las denominadas Conferencias Nacionales de Brasil,
puesto que estas, en base a una estructura piramidal y selección de delga-
dos, permiten la participación de la ciudadanía desde el nivel del barrio
hasta el nivel nacional en la discusión de las políticas públicas (Ramos, Fe-
res Faria y Jerez, 2012). Como señalábamos antes, los Presupuestos Parti-
cipativos suelen tener también instancias de elección de delegados; pero las
investigaciones revelan el carácter problemático de esta autorización repre-
sentativa, dado que en algunas situaciones las elecciones se realizan de ma-
nera informal, por consenso, o simplemente no se realizan porque se con-
vierten en representantes ciudadanos de facto los pocos ciudadanos activos
que se encuentran participando del proceso. Como afirma Alfredo Ramos:
“[...] la naturaleza de las elecciones, su transparencia, sus reglas, cómo in-
cluyen o no a la diversidad de asociaciones o grupos, o si existen espacios
de discusión sobre las características de las mismas, son cuestiones rele-
vantes para ver cómo se configuran las pautas de representación en estos
espacios.” (Ramos, 2015: 8).
Así como decíamos que en el caso de las formas de auto-representación
ciudadana el principio de legitimidad que prima es el de la espontaneidad,
en las instituciones de representación ciudadana se trata del principio de
cotidianeidad. El caso de la Asamblea Ciudadana de Colombia Británica
muestra que la concepción del “ciudadano común” construida en estos
dispositivos es doble: el ciudadano común es el no-experto y también el
no-politizado (Annunziata, 2013). La misma figura del ciudadano común
14
Otros trabajos recientes como los del ALMEIDA (2013, 2014) plantean también el de-
safío de evaluar particularmente las características de accountability y responsividad
(responsiveness) en las formas de representación ciudadana que se dan en el marco de
los dispositivos participativos.
53
se construye en los dispositivos participativos. Es en este sentido que tan-
to dispositivos deliberativos de minipúblicos como dispositivos participati-
vos constituyen formas de representación, representando experiencias, sa-
beres y perspectivas nacidas de esas experiencias que diferencian a los
simples ciudadanos de “los políticos”. No existen formas de autorización
tradicional en estas instancias: en las primeras, las autoridades políticas
mismas parecieran “autorizar” a los ciudadanos seleccionados por mues-
treo aleatorio; en las segundas, cuando se establecen delegados ciudada-
nos, los procedimientos son informales y así producen un sesgo hacia los
ciudadanos más activos o reconocidos en el territorio. Tampoco la rendi-
ción de cuentas puede darse del mismo modo que en la representación
electoral. Cuando los minipúblicos tienen una instancia televisada —como
ocurre en muchos de ellos— puede existir una accountability narrativa y
deliberativa como la propuesta por Mansbridge (2003, 2009); en el caso
de los dispositivos participativos, lo que se observa es que los delegados
ciudadanos no responden justamente a la categoría de “delegados”, no son
portadores de un mandato sobre el que deban rendir cuentas, de modo que
nuevamente la accountability depende de que exista contestación hacia su
rol en la comunidad local. En todo caso, ambos tipos de instancias partici-
pativas muestran que el carácter representativo de los ciudadanos se reve-
la en el contraste con los políticos profesionales. Warren (2008) cuenta
que, según los sondeos de opinión realizados en el momento de la Asam-
blea Ciudadana en Colombia Británica, los encuestados decían tener más
confianza en los ciudadanos que en los representantes electos; delegados
del Presupuesto Participativo en Argentina (Annunziata, 2013) sostenían,
por ejemplo, que ellos deberían reemplazar al Concejo Municipal o Con-
cejo Deliberante, en tanto conocían mejor el territorio y los problemas del
barrio que los concejales.
Son sobre todo las que aquí llamamos “instituciones de representación
ciudadana” las que conducen a un giro en el enfoque de las teorías de la
democracia participativa. Como afirman Urbinati y Warren: “Mientras que
estas formas representativas son típicamente categorizadas como participa-
tivas, democracia directa, o compromiso ciudadano, estos términos resul-
tan engañosos porque sólo un muy pequeño porcentaje de ciudadanos se
ven activamente involucrados en un dispositivo determinado. Las propie-
dades más importantes de estas formas de participación ciudadana, pensa-
mos, son representativas. Pocos ciudadanos actúan activamente como re-
presentantes de otros ciudadanos. Lo que es más interesante sobre estas
nuevas formas es que tienen el potencial de representar discursivamente
opiniones esclarecidas y voces que no se encuentran necesariamente re-
presentadas ni mediante la democracia electoral ni mediante el agregado
ROCÍO ANNUNZIATA
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STUDIA POLITICÆ
de los representantes autoautorizados en la esfera pública” (Urbinati y
Warren, 2008: 405).
15
Representación ciudadana: ¿un eterno retorno?
Podríamos decir, en síntesis, que en las formas de representación ciudada-
na se contraponen los principios de legitimidad de los representantes “polí-
ticos” y los representantes “ciudadanos”, como vimos con el filtro estable-
cido contra políticos profesionales en la Asamblea Ciudadana de Colombia
Británica, por ejemplo, o en el rechazo que existe hacia todo tipo de lide-
razgos en los movimientos de ciudadanos autoconvocados. Tanto en los fe-
nómenos de auto-representación ciudadana como en las instituciones de
representación ciudadana lo que parece estar en juego es la representación
del “ciudadano común” frente a “los políticos”, con sus dos versiones de
principios de legitimidad que apelan a la espontaneidad, por un lado y a la
cotidianeidad, por otro.
¿Qué representan los representantes ciudadanos? Como señalamos más
arriba, no estarían representando territorios delimitados, ni grupos socioló-
gicamente definidos (por criterios de clase, étnicos, de género, etc.) Repre-
sentan, en cambio, experiencias, situaciones vividas, historias singulares,
desde los obstáculos o carencias compartidos cotidianamente en un barrio,
hasta la indignación frente a una “clase política” que se revela separada de
las vidas de los ciudadanos comunes. ¿Y por qué podemos considerar que,
a diferencia de otros actores no electos —corporativos, por ejemplo— que
compiten con los representantes políticos formales, encarnan formas demo-
cráticas de representación? Recuperando a Näsström (2015) cabe sostener
que son democráticas en la medida en que movilizan un principio igualita-
rio. No se trata de una igualdad homogeneizante entre los ciudadanos mis-
mos, puesto que la representación de experiencias contiene una singulari-
dad irreductible, sino de una apelación a la igualdad política fundamental
entre representantes y representados que el dispositivo electoral no estaría
cumpliendo en el presente.
15
Los trabajos de Alfredo RAMOS (2015) han llamado la atención también sobre este
aspecto: aún si quedan como desafíos los problemas del territorio al que tradicionalmen-
te ha estado vinculada la representación, y la igualdad matemática de influencia que no
permite ningún otro mecanismo como la elección, es preciso reconocer que “[...] las are-
nas de participación y deliberación tienen características representativas, es decir, en
ellas diferentes actores, tanto de la sociedad civil como del Estado, interactúan ejercien-
do diferentes tareas de representación” (R
AMOS, 2015: 5).
55
ROCÍO ANNUNZIATA
Ahora bien, aunque la literatura haya comenzado a conceptualizar estas
formas de representación, no ha advertido, llamativamente, su paradoja
principal: ¿en qué sentido los representantes electos han dejado de ser “re-
presentantes ciudadanos”? ¿Acaso la fundamentación de la representación
democrática no suponía desde el origen que un ciudadano común deviniera
representante por el voto de sus conciudadanos? (Schnapper, 2004) ¿Y en
qué sentido los participantes más activos —que se enfrentan al problema
de cómo llevar a las instancias que los acogen las demandas e inquietudes
de sus conciudadanos—, no se vuelven en el proceso “representantes”, no
van perdiendo su carácter de “puros ciudadanos” (tanto desde el punto de
vista político como cognitivo)?
Es posible pensar que existiría un tópico recurrente en la historia de las
democracias representativas, debido a que la identidad, semejanza o igual-
dad entre representantes y representados siempre es susceptible de ser
puesta en cuestión, y así lo ha sido a grandes rasgos desde el origen. El
surgimiento de los partidos políticos de masas se justificó, también, en
una mayor identidad entre los ciudadanos y sus representantes (Manin,
1998; Rosanvallon, 1998). Que los representantes sean “ciudadanos co-
munes” fue una reivindicación que apareció históricamente en los sucesi-
vos momentos de sentimiento de “crisis” de la representación. En este
sentido, la representación ciudadana constituye una suerte de “eterno re-
torno” que vuelve una y otra vez cuando los representantes parecen haber
dejado de percibirse como ciudadanos y se muestran como una casta o
clase separada de la ciudadanía.
Pero en cada contexto y en cada época la representación ciudadana vuelve
con otro rostro. Hoy en día se hace presente en la opinión pública el discur-
so sobre la “clase política” y aspectos centrales del vínculo representativo,
como la confianza y la semejanza con los representados (Manin, 1998; Ro-
sanvallon, 1998) que parecen debilitarse. Como la “clase política” contem-
poránea se presenta con la fisonomía de la partidocracia y lo que los auto-
res que crearon el concepto de partido-cartel (Katz y Mair, 2004) vieron
como producto de investigaciones científicas se ha vuelto también una per-
cepción de la ciudadanía, resulta actualmente que los “representantes ciu-
dadanos” solo pueden serlo al mantenerse ajenos a la política partidaria.
Un aspecto llamativo en este sentido que algunos investigadores han lle-
gado a notar es la articulación que se produce entre las formas de repre-
sentación ciudadana y la expectativa de consenso. Yves Sintomer (2013)
advierte que en los dispositivos deliberativos se presupone una lógica
consensualista y que el consenso también es la forma de toma de decisio-
nes preferida en movimientos ciudadanos como los Indignados. En el
caso de la Silla Vacía también se espera que los representantes ciudada-
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STUDIA POLITICÆ
nos consensuen su punto de vista para seguir teniendo voz y voto (Ramí-
rez y Espinosa, 2012). Recordemos que en los orígenes del gobierno re-
presentativo, bajo el formato del “parlamentarismo” en términos de Ber-
nard Manin (1998), el consenso era valorado en la medida en que se
esperaba arribar a las decisiones por medio de la deliberación y se supo-
nía que los representantes no defendían intereses irreconciliables sino que
podían cambiar de opinión durante la discusión. Se trata de un momento
del gobierno representativo previo a la emergencia de los partidos de ma-
sas del siglo XX. Sintomer lo observa claramente: “...es notable que la
exigencia de consenso, fuertemente presente desde los orígenes de la re-
presentación-identidad, se encuentre la mayor parte del tiempo reafirmada
al interior de los movimientos de los Indignados como en la mayoría de
los mini-públicos.” (Sintomer, 2013: 31). Puede entenderse, entonces, que
la actual articulación entre formas de representación ciudadana y expecta-
tiva de consenso responde también a un rechazo de la política electoral y
partidaria comprendida como el ámbito de la división (Rosanvallon,
2009).
Considerando este escenario, las formas de representación ciudadana deben
ser tomadas en serio tanto en la teoría de la representación como en la po-
lítica y en la esfera pública. Los representantes electos que sepan capturar
el sentido de estos cambios contemporáneos, prestarán atención a las mani-
festaciones y movimientos ciudadanos aunque no hayan surgido de las ur-
nas ni se congreguen en partidos políticos y promoverán, al mismo tiempo,
instancias de representación ciudadana institucionalizada que acompañen
la demanda de desmonopolización con respecto a los expertos y políticos
profesionales de los asuntos comunes.
Conclusión: una agenda abierta para la teoría política
Creemos que el estudio de las formas no electorales de representación y, en
particular de las formas ciudadanas de representación, constituye uno de
los temas de mayor actualidad y productividad en la teoría política hoy. Si
bien desde el campo teórico, como hemos visto, muchos avances ya se es-
tán realizando, será imprescindible una más profunda investigación de las
experiencias empíricas que contribuyan a precisar y llenar de contenido los
nuevos conceptos.
El “giro representativo” contribuye a una amplia agenda de la teoría políti-
ca de nuestros días. En primer lugar, produciendo un aporte sustantivo a la
teoría de la representación, la reflexión sobre las formas de representación
57
ROCÍO ANNUNZIATA
ciudadana produce al mismo tiempo un aporte a las teorías de la participa-
ción ciudadana que han tendido a establecer una rígida separación entre re-
presentación y participación. Para las llamadas “teorías de la democracia
participativa” (Annunziata, 2015) la participación ciudadana nunca pareció
posible a escala nacional, ámbito en el que la representación era una suerte
de inevitable, sino que quedaba restringida a los pequeños ámbitos vincula-
dos a la cotidianeidad (el lugar de trabajo, el ámbito educativo, y sobre
todo el barrio). Pero ¿podemos pensar la participación ciudadana como for-
mas de representación? ¿O podemos incluso combinar de tal modo la parti-
cipación y la representación que se disuelva la frontera que separa los espa-
cios propios de la una y los espacios propios de la otra? ¿Podemos
involucrar a la ciudadanía en los distintos niveles del sistema político? Este
es el camino que abren para la exploración los aportes actuales sobre las
formas ciudadanas de representación (Ramos, 2015; Avritzer, 2015; Urbi-
nati y Warren, 2008).
16
En todo caso, las experiencias y las teorías contemporáneas nos conducen
en la dirección de pensar la relación entre participación y representación en
los términos de una imbricación más que de una separación o “comple-
mento simple”
17
como era habitual hasta no hace mucho tiempo. Así como
16
En este sentido también, hay que destacar el trabajo de Samuel HAYAT (2013), quien
propone pensar las modalidades posibles de una “representación inclusiva”. Para él, en
efecto, la oposición tradicional entre representación y participación directa de los repre-
sentados descansa en una concepción exclusiva de la representación. Pero también exis-
tiría otra concepción de la representación, inclusiva, según la cual la representación exi-
giría en lugar de impedir la participación de los representados. El autor afirma: “Desde
el punto de vista de la representación inclusiva, un sistema es representativo en la medi-
da en que los representantes instituidos son objeto de un juicio público constante, se ven
desafiados por formas externas de representación puestas en marcha por los representa-
dos mismos y por portavoces de grupos que se estiman mal o no representados —porta-
voces que a veces son también ellos contestados por aquellos en nombre de quienes ha-
blan. Lo que hace a la representación en un sentido inclusivo, no es que el representante
haya sido electo, que se parezca a los representados o que defienda su interés; es que los
representados aparezcan directamente en la escena pública, que hagan juicios, expresen
sus voluntades, contesten lo que se dice y se hace en su nombre, construyan institucio-
nes alternativas. En este sentido, las políticas de la representación inclusiva consistirían
en multiplicar las oportunidades de los representados para intervenir directamente en los
procesos de decisión, contribuyendo así a hacer fracasar las lógicas exclusivas del go-
bierno representativo y a transformar el sistema político en un sentido radicalmente de-
mocrático.” (H
AYAT, 2013: 134).
17
Para la visión de lo que llamamos “complemento simple”, el ámbito local vendría
a ser el participativo y deliberativo y el ámbito nacional sería, inherentemente, repre-
sentativo.
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STUDIA POLITICÆ
podemos ver que las instancias que convocan a la participación de los ciu-
dadanos producen en su interior procesos de representación y pueden ser
conceptualizadas como “representaciones ciudadanas”, es interesante tam-
bién pensar en el caso inverso: ¿los dispositivos participativos no son ins-
tancias a través de las cuales los representantes buscan abrirse a la escucha
de las necesidades y experiencias ciudadanas? En un contexto de debilita-
miento de los partidos políticos y de otros actores organizados, como de
creciente ilegibilidad de lo social, la apelación a la participación se ha
transformado en una forma de representar y de gobernar, en el marco de
una transformación de la legitimidad democrática hacia lo que hemos lla-
mado “legitimidad de proximidad”. Para “representar” parecería que es
preciso, cada vez más, “hacer participar” (Annunziata, 2013). Los disposi-
tivos participativos solo cristalizan institucionalmente una tendencia más
general de la política contemporánea, en la que la apelación a la “escucha”
se vuelve central en el discurso político, y se manifiesta con gran intensi-
dad en las campañas electorales. Mientras el “participar” va siendo concep-
tualizado como una forma de “representar”, al mismo tiempo, desde el án-
gulo de los políticos profesionales, “representar” requiere crecientemente
del “hacer participar”.
En segundo lugar, la posibilidad de pensar la representación no-electoral
amplía los horizontes de la teoría democrática. Como observa Enrique Pe-
ruzzotti (2013) los políticos electos responden a las reivindicaciones repre-
sentativas de los actores de la sociedad civil argumentando sobre la falta de
credenciales democráticas que tendrían estos en comparación a quienes
han sido ungidos por medio de las elecciones, bajo el principio igualitario
de “un hombre- un voto”. Y se trata de un argumento de peso. ¿Cómo con-
trarrestarlo? Señalemos aquí que la superposición, multiplicación y a veces
complementariedad, de formas de autorización y accountability distintas,
con principios de legitimidad también diversos, no debería ser resistida si
sostenemos una teoría de la democracia que se profundiza mediante su
complicación (Rosanvallon, 2009), sobre todo en un contexto en el que la
significación del voto tiende a restringirse a la selección de gobernantes e
implica cada vez menos la elección sobre medidas o rumbos políticos.
Como recuerda Näsström (2015), la democracia no se limita a un conjunto
institucional, sino se mueve por el principio igualitario, cuyas cristalizacio-
nes institucionales son históricas y contingentes.
Pero la agenda está abierta. Existen desafíos aún pendientes en la concep-
tualización y en los propios fenómenos políticos. Por un lado, es preciso ir
en la dirección de una tipología de formas ciudadanas de representación,
considerando clasificar diversos modos de autorización y accountability,
con sus justificaciones respectivas. En el terreno de la investigación empí-
59
rica, por otro lado, serían productivos estudios que analizaran la conviven-
cia entre representantes electos y representantes ciudadanos: ¿cómo se
compatibiliza la representación de poblaciones o territorios con la repre-
sentación de experiencias? ¿Cómo se articulan los distintos saberes impli-
cados? La articulación entre representación ciudadana y exigencia de con-
senso resulta también un terreno a explorar: ¿hay, en efecto, mayor
tendencia al consenso entre los representantes ciudadanos y los políticos
tradicionales?
Las formas de representación ciudadana presentan desafíos desde el punto
de vista político. En el caso de los dispositivos participativos, por ejemplo,
la “gestión del entorno inmediato” (Annunziata, 2015) favorece un tipo de
participación identificada con el reclamo y centrada en la experiencia sin-
gular, sin posibilidad de considerar la experiencia de los otros. Es precisa-
mente por medio de la representación, entendida en el sentido de la repre-
sentación de otros, que en los dispositivos participativos puede producirse
alguna forma verdadera de deliberación. Este problema está estrechamente
ligado con el de la escala, como lo demuestran las experiencias que pro-
mueven una subida en la escala mediante la selección de delegados. En
este sentido, es necesario estudiar en profundidad las Conferencias Nacio-
nal de Brasil que hemos mencionado, ya que algunas investigaciones han
constatado el incremento del potencial deliberativo (scaling up) a medida
que se asciende en los niveles, particularmente al llegar al estadual y nacio-
nal: mientras que en el nivel más local predomina la informalidad de los in-
tercambios y los argumentos más personales y narrativos, en los niveles
más altos es posible observar cómo incluso las mismas propuestas se de-
fienden con otro tipo de argumentos, con mayor información técnica y le-
gal y mayor grado de generalidad.
18
Por su parte, las manifestaciones o
movimientos ciudadanos que caracterizamos como formas de auto-repre-
sentación, tienden a estancarse en la expresión de la negatividad o del re-
chazo: cada rechazo es idéntico y todos pueden adicionarse, como señala
Pierre Rosanvallon; el desafío es lograr que de estos fenómenos emerjan
demandas positivas que puedan considerarse representativas de la sociedad
o al menos de los movilizados. Una experiencia como la de Podemos en
España, emergente del movimiento de los Indignados, se vuelve clave para
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18
Ver especialmente RAMOS, FERES FARIA y JEREZ (2012) y AVRITZER (2015). Esta he-
rramienta participativa tiene la singularidad de permitir una participación ciudadana li-
gada a las decisiones a nivel nacional, de manera que se vuelve una institución vanguar-
dista en la región latinoamericana. En alguna de las fases de las Conferencias Nacionales
ha participado alrededor del 6 % de la población de Brasil, entre 2003 y 2012.
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comprender el pasaje de la auto-representación a la representación y con
éste, tanto la ganancia en capacidad de enunciación más allá del rechazo,
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