Ensayo
GUERRA A COMISIÓN: LIBERTAD OPERATIVA, COSTO POLÍTICO Y LA MUTA-
CIÓN DEL ORDEN INTERNACIONAL
WAR ON COMMISSION: OPERATIONAL FREEDOM, POLITICAL COST, AND THE
MUTATION OF THE INTERNATIONAL ORDER.
Por: Joaquín Morillo Phillpott
Universidad Catolica de Cordoba ORCID: 0009-0003-4536-5388
Correo electronico: [email protected]
Abstract
Este ensayo sostiene que la ampliación operativa de las “Private Military
Companies” (PMC) no es un mero fenómeno técnico u aislado, sino una
respuesta de las potencias que en orden de cumplir con sus respectivos ob-
jetivos estratégicos buscan maximizar su libertad de acción en el tablero
global a un bajo costo político. Una vez entendido esto, la pregunta clave
es:¿En qué medida la tercerización de la violencia organizada por parte
de las grandes potencias funciona como mecanismo para reducir el costo
político doméstico de intervenir y, simultáneamente, recongurar las nor-
mas e instituciones del Orden Internacional Liberal? La externalización de
funciones coercitivas a través de contratación subcontratación y alianzas
con actores paramilitares permite a los estados proyectar poder con meno-
res restricciones burocráticas y multilaterales, de esta forma se incentiva
operaciones menos transparentes y menos sometidas a rendición de cuen-
tas. El ensayo articula las categorías de costo político,re-privatizacion de
la guerra y orden post-weberiano a n de leer las rupturas y continuidades
entre las operaciones de PMCs a principios del siglo XXI donde el “Liberal
International Order” estaba en su auge y aquellas conguraciones más con-
temporáneas donde la legitimidad de este antiguo orden parece agrietada.
La conclusión principal es que la privatización de la violencia externalizada
no solo reduce costos puntuales para los gobiernos, sino también acelera
una mutación de LIO hacia lógicas más realistas de poder.
Palabras Clave: Contratistas Militares Privados, Tercerización de la Vio-
lencia, Costo Político, Orden Internacional Liberal, Gobernanza Global,
Re-privatización de la Guerra.
http://dx.doi.org/10.22529/sp.2026.67.05
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Abstract
This essay argues that the operational expansion of Private Military Com-
panies (PMCs) is not merely a technical or isolated phenomenon, but a
response by great powers seeking to maximize their freedom of action on
the global stage at a low political cost in order to fulll their respective
strategic objectives. With this understanding, the key question is: To what
extent does the outsourcing of organized violence by great powers function
as a mechanism to reduce the domestic political cost of intervention while
simultaneously reconguring the norms and institutions of the Liberal In-
ternational Order (LIO)? The externalization of coercive functions through
contracting, subcontracting, and alliances with paramilitary actors allows
states to project power with fewer bureaucratic and multilateral restrictions,
thus encouraging less transparent operations and less submission to accoun-
tability. The essay articulates the categories of political cost, re-privatiza-
tion of war, and post-Weberian order to interpret the breaks and continuities
between PMC operations at the beginning of the 21st century—when the
LIO was at its peak—and more contemporary congurations where the le-
gitimacy of this old order appears fractured. The main conclusion is that
the externalized privatization of violence not only reduces specic costs for
governments but also accelerates a mutation of the LIO toward more realist
logics of power in the world.
Keywords: Private Military Contractors, Outsourcing of Violence, Politi-
cal Cost, Liberal International Order, Global Governance, Re-privatization
of War.
Introducción
“La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instru-
mento político, una continuación de las relaciones políticas, una realiza-
ción de estas por otros medios” (Clausewitz,1984, p.58)
Con esta armación, Carl Von Clausewitz legó una de las ideas más in-
uyentes y también más malinterpretadas de la teoría política moder-
na. Frente a perspectivas que conciben a la guerra como un fenómeno
autónomo, regido por su propia lógica técnica o estratégica,
Clausewitz insistió en que su esencia es profundamente política. Sin embar-
go, a lo largo del siglo XX, esta concepción fue cuestionada por guras como
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Moltke o Ludendorff, quienes tendieron a desvincular la conducción política
de la conducción militar, promoviendo una visión más tecnicada y opera-
cional de la guerra. Es así, que este último, en “Der totale Krieg” (1935) tras
la experiencia en la primera guerra mundial, argumenta una subordinación
o pliege de lo político hacia lo bélico como base de una nueva doctrina de
guerra total. Otros exponentes más contemporáneos como Mary Kaldor en
“New and old Wars” (1999) o Herfried Münkler en “The new wars” (2005)
no contemplan la viabilidad de la concepción clausewitziana en un contexto
de guerra moderna donde los conictos son difusos, asimétricos y no interes-
tatales. Sin embargo, hoy, en un contexto internacional caracterizado por la
fragmentación del orden internacional liberal (LIO) y la expansión de nuevos
actores armados no estatales, reivindicar la centralidad política de la guerra
no es un gesto nostálgico, sino una necesidad analítica. Comprender cómo
y por qué los estados recurren a la violencia organizada ya sea de manera
directa o tercerizada permite vislumbrar transformaciones más profundas en
la estructura del orden internacional contemporáneo.
Estas objeciones planteadas por Kaldor y Münkler, aunque relevantes para
describir las transformaciones empíricas de los conictos armados, tien-
den a malinterpretar el núcleo de la tesis clausewitziana. Reconocer que las
guerras pueden ser difusas, asimétricas y no interestatales no implica que
su fundamento existencial no sea político, es decir, si bien la guerra en su
base operacional y estratégica efectivamente se ha complejizado debido a
los avances tecnológicos y doctrinarios que exigen los campos de batalla
modernos, dicha noción no es excluyente a la dimensión política que denota
la esencia misma de la Guerra. Bajo esta comprensión de dicho fenómeno
diferenciamos el ¿cómo? del ¿por qué? o los nes de los medios precisa-
mente porque la guerra es una práctica subordinada a nes estratégicos, cuya
forma y modalidad reejan los incentivos y restricciones que emergen de la
estructura internacional. Recuperar la concepción clausewitziana de guerra
es pertinente en la medida de servir como herramienta analítica para com-
prender procesos políticos internacionales contemporáneos. En este caso, di-
cha concepción implica reconocer que la violencia organizada sigue siendo
instrumental a objetivos políticos, por lo tanto, y remitiéndonos al debate
central, estudiar sus transformaciones permite identicar alteraciones más
profundas en la distribución del poder y en la conguración de los órdenes
internacionales. En este trabajo partimos de dos supuestos fundamentales, en
primer lugar, que el LIO atraviesa una crisis y un proceso de reconguración;
y en segundo lugar, que los órdenes internacionales se estructuran en función
de incentivos, los cuales moldean las conductas de los actores estatales y
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no estatales. En este sentido, la forma en que las potencias contemporáneas
gestionan, tercerizan o privatizan la coerción ofrece una ventana por la cual
analizar la reconguración del orden internacional liberal.
La crisis del “Liberal International Order”
Como se ha mencionado previamente, uno de los supuestos fundamentales
de este trabajo es que el Orden Internacional Liberal (LIO) atraviesa una
crisis estructural. Sin embargo, antes de desarrollar dicho diagnóstico es im-
prescindible precisar conceptualmente este término, dado que constituye una
categoría central para la discusión. Ikenberry (2011) caracteriza al LIO a
partir de los rasgos distintivos del internacionalismo liberal: “The hallmar-
ks of liberal internationalism—openness and rule-based relations enshrined
in institutions such as the United Nations and norms such as multilatera-
lism—could give way to a more contested and fragmented system of blocs,
spheres of inuence, mercantilist networks, and regional rivalries” (p. 56).
En esta línea, el autor sostiene que el orden internacional liberal contempo-
ráneo es el producto histórico de la convergencia de dos grandes proyectos
políticos. Por un lado, el proyecto westfaliano, basado en los principios de
soberanía estatal, integridad territorial y no intervención; por el otro, el pro-
yecto liberal, estructurado sobre el libre comercio, la seguridad colectiva y
la institucionalización de normas y reglas. Ikenberry argumenta que dicha
convergencia se consolida tras el n de la Guerra Fria, momento en el cual la
visión estadounidense del orden internacional y sus valores liberales logran
imponerse sobre la alternativa soviética, congurando así un marco normati-
vo e institucional hegemónicoa escala global.
Más allá de su dimensión normativa e histórica, el LIO puede comprenderse
de manera más precisa a través del enfoque relacional propuesto por Lake,
Martin y Risse (2021). Estos autores denen a los órdenes como: “systems
of rule structured by relations of authority between states and other actors,
based on varying mixes of coercion, consent, and contractual agreement”
(p. 3). En este sentido, el LIO representa una conguración especíca de
dichas relaciones de autoridad insertadas en una jerarquía global liderada por
Estados Unidos tras 1945 (p.4). A diferencia de otros órdenes históricos más
coercitivos, el LIO se sostiene por mecanismos de consentimiento y con-
tractualidad institucionalizada, combinados con niveles acotados de coerción
directa. Su legitimidad deriva de principios liberales compartidos y de la
internalización de reglas multilaterales.
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Sin embargo, esta red institucional y normativa no debe entenderse como una
estructura inmune a las tensiones sistémicas. De hecho, diversos autores han
argumentado que el LIO atraviesa actualmente una crisis estructural derivada
tanto de las transformaciones en la distribución de poder internacional como
de las dinámicas internas del mismo orden.
Ikenberry (2018) reconoce que, si bien el orden está institucionalizado, su
estabilidad dependía en gran medida de la posición hegemónica de los Esta-
dos Unidos, cuyo liderazgo confería la seguridad colectiva y la orientación
normativa que sostenían al sistema. El declive de estas nociones observado
en la emergencia de potencias revisionistas y en el repliegue estadounidense
ha mitigado la capacidad de coordinación y provisión de liderazgo que ca-
racterizaba a la década de los ‘90, generando un contexto de fragmentación,
competencia geopolítica y cuestionamiento de las normas multilaterales que
solían ser las piedras angulares del orden internacional liberal.
Desde una mirada más analítica, Lake, Martin y Risse (2021) sostienen que
el LIO se encuentra en una situación de crisis debido a una conjunción sin
precedentes de dinámicas internas y amenazas externas que minan sus fun-
damentos. Internamente, la fragilidad del LIO proviene del resurgimiento
de movimientos nacionalistas, populistas y anti globalistas dentro de sus es-
tados centrales, fenómeno que se debe a las contradicciones inherentes del
liberalismo, particularmente en su forma neoliberal, que ha generado con-
secuencias distributivas desiguales y en consecuencia una oposición social.
Externamente, la estructura normativa del orden se ve desaada por el ascen-
so de potencias competidoras que operan con sistemas políticos autoritarios
y economías centradas en el estado, rechazando principios fundamentales
del LIO como la democracia y la universalidad de los derechos humanos.
Aunado a lo anterior, la vulnerabilidad sistémica del orden se ve agravada
por fuerzas mayores tales como las amenazas del cambio climático o la pan-
demia de COVID-19, las cuales interactúan con las dinámicas internas y ex-
ternas, volviendo al LIO más débil que nunca y sugiriendo a los autores que
la combinación actual de desafíos podría ser cualitativamente diferentes a las
dicultades que el orden ha demostrado ser capaz de superar en el pasado.
Si el orden internacional liberal se encuentra tensionado y en proceso de
reconguración, ello no sólo debe entenderse como un fenómeno institucio-
nal o normativo, sino también como una representación de un cambio más
profundo en los patrones de incentivos que estructuran el comportamien-
to de los actores internacionales. Los órdenes no existen en el vacío, sino
que se forman y se moldean en función de las oportunidades y restricciones
JOAQUÍN MORILLO PHILLPOTT 159
que enfrentan los estados y otros actores relevantes en un contexto histórico
determinado. En este sentido, los incentivos estratégicos (militares, políti-
cos, económicos y normativos) juegan un papel central en la conguración
y transformación de los órdenes internacionales. Cuando estos incentivos se
modican también se transforman las formas en que los estados persiguen
sus objetivos de poder y seguridad, generando nuevas prácticas que recon-
guran el propio orden.
El papel de las PMCs
El papel que tienen las PMCs en el marco internacional actual está ligado
fuertemente a la evolución en el modo de hacer la guerra moderna y sus
efectos son vitales para entender la realidad internacional. Justamente por
eso el estudio de la guerra como proceso técnico, aunque instrumentalmente
político, es tan importante en los estudios de las Relaciones Internacionales.
Reivindicar el estudio de la guerra en dicho marco teórico es reconocer las
implicancias de esta en la realidad internacional a lo largo de la historia. Pre-
guntarse qué habría sido de la expansión romana sin el perfeccionamiento de
sus tácticas, de su capacidad de maniobra basada en formaciones cerradas y
el principio de concentración de fuerzas; qué destino habría tenido el Impe-
rio Bizantino si los otomanos no hubiesen incorporado la pólvora en su arte
militar; cómo habría evolucionado la geopolítica europea si Rusia no hubiese
recurrido a estrategias de defensa exible frente a Napoleón; o qué rumbo
que habría tomado el siglo XX sin el advenimiento de la bomba atómica,
equivale a reconocer que los desarrollos militares y estratégicos han sido
vectores determinantes de los grandes cambios históricos. Estos ejercicios
contrafácticos no buscan reescribir la historia, sino subrayar que la guerra
no es un epifenómeno, sino un elemento constitutivo de la dinámica inter-
nacional. Su estudio permite revelar los mecanismos a través de los cuales
los estados persiguen objetivos políticos, transforman estructuras de poder y
reconguran órdenes internacionales.
En este contexto de crisis y reconguración del orden internacional liberal,
adquiere relevancia creciente el fenómeno de las compañías militares priva-
das (Private Military Companies, PMCs). Estas entidades privadas prestan
servicios militares, logísticos y de seguridad que tradicionalmente eran mo-
nopolio de los estados, variando desde funciones de apoyo y entrenamiento
hasta participación directa en operaciones armadas. Su expansión a partir de
la década de 1990 especialmente en Irak y Afganistán y su creciente parti-
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cipación en conictos africanos y euroasiáticos reejan una transformación
profunda en las formas de conducción de la guerra. La evidencia documen-
tada por Singer (2005) conrma esto, durante la intervención en Irak, los
contratistas privados llegaron a superar el número de soldados regulares,
mientras que en Afganistán representaron el 69% de la fuerza total del De-
partamento de Defensa-el porcentaje más alto registrado en cualquier con-
icto en la historia de EE.UU (Congressional Research Service,2008). Más
que una anomalía empírica, las PMCs representan un instrumento mediante
el cual los estados buscan adaptar su accionar estratégico a las nuevas condi-
ciones estructurales, operando con mayor exibilidad en un contexto donde
restricciones legales, normativas y políticas del LIO limitan las formas tradi-
cionales de proyección de poder.
A partir de este diagnóstico, la pregunta que orienta este trabajo es: ¿En qué
medida la tercerización de la violencia organizada por parte de las grandes
potencias funciona como mecanismo para reducir el costo político doméstico
de intervenir y, simultáneamente, recongurar las normas e instituciones del
Orden Internacional Liberal? La tesis central sostiene que la expansión ope-
rativa de las PMCs no es un fenómeno aislado, sino una manifestación estra-
tégica de los Estados frente a los dilemas de legitimidad y las restricciones
operativas propias del LIO en crisis. Al tercerizar funciones coercitivas, las
potencias maximizan su libertad de acción internacional, reducen sus costos
y contribuyen, de manera directa o indirecta, a la reconguración del LIO
a un orden internacional post liberal cuyo régimen en materia de defensa y
seguridad sea de carácter híbrido, es decir, donde la frontera entre la coerción
estatal y privada se vuelva cada vez más difusa.
Para sustentar esta tesis, el análisis se estructura en 3 ejes principales. En pri-
mer lugar, se examina el incentivo estratégico que subyace a la privatización
de la violencia, analizando como la maximización de la libertad operativa y
la reducción del costo político doméstico impulsan a los estados a externa-
lizar funciones coercitivas. En segundo lugar, se profundiza en la congura-
ción de un mercado global de la fuerza y la consecuente erosión del monopo-
lio estatal de la violencia legítima, lo que consolida un orden post-weberiano
basado en regímenes de coerción híbridos. Finalmente, se explora el papel de
la privatización como catalizador de la transición post-liberal, argumentando
que este fenómeno no sólo reeja, sino que acelera activamente la mutación
de orden internacional liberal hacia dinámicas más fragmentadas, realistas y
desreguladas.
JOAQUÍN MORILLO PHILLPOTT 161
Argumento 1: El Incentivo estratégico
Un dilema político:
Si la premisa de este trabajo postula que las PMCs operan como catalizadores
de un orden internacional más realista, el análisis debe iniciar deseccionando
la fricción estructural que las vuelve imprescindibles: la paradoja democrá-
tica de la coerción. Las potencias liberales contemporáneas se encuentran
atrapadas en una contradicción arquitectónica fundamental. Por un lado, la
inercia geopolítica y la preservación de intereses estratégicos les exigen una
proyección de poder ágil y constante en escenarios de alta intensidad; por el
otro, el propio andamiaje institucional que las legitima (el estado de derecho
y los engranajes de la accountabiity electoral) opera como un freno inercial
que penaliza la acción exterior. En este marco, el recurso de la privatización
no debe leerse como un mero subproducto de la eciencia del mercado, sino
como un sosticado ejercicio de arbitraje institucional. Los gobiernos han
descubierto que pueden instrumentalizar las lógicas del derecho privado cor-
porativo para evadir los mecanismos de rendición de cuentas del derecho
público, escindiendo el acto de violencia bélica de la autoría política directa.
Este dilema se origina en los pilares mismos del estado liberal. Por un lado,
el estado de derecho se somete el poder público a normas jurídicas e institu-
ciones imparciales (O’Donnell,2004), lo que en política exterior se traduce
en la necesidad de autorizaciones legislativas, controles presupuestarios y
escrutinio judicial para cualquier intervención militar. Por un lado, la na-
turaleza de la democracia (Dahl,1971), con sus elecciones competitivas y
libertades civiles, genera mecanismos de “accountability” que hacen a los
gobiernos vulnerables a la opinión pública. Una literatura robusta en rela-
ciones internacionales ha demostrado empíricamente la existencia de una
“sensibilidad a las bajas” (casualty sensibility), es decir, los ciudadanos de
las democracias reducen su apoyo a los gobiernos en intervenciones prolon-
gadas que conllevan costos humanos signicativos (Mueller, 1973; Gelpi et
al., 2006). De esta forma el costo político entendido como la pérdida de la
legitimidad, apoyo electoral o viabilidad de coalición (Lake et al., 2021) se
constituye como la barrera central para la acción exterior sostenida. Dicha
“sensibilidad a las bajas” no es una mera abstracción teórica, sino una fuerza
política cuanticable:
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Esta encuesta (Pew Research Center, 2007) realizada en el punto neurálgi-
co del conicto iraquí captura este fenómeno con claridad; mientras que en
junio de 2007 el 49% del público estadounidense aún consideraba que la de-
cisión de intervenir militarmente en Irak era la correcta, para enero de 2008
esta cifra había caído al 40%. De forma paralela, la percepción de que el es-
fuerzo de guerra iba “nada bien” escaló del 43% al 64% en el mismo periodo.
Esta erosión medible del apoyo público, directamente correlacionada con el
prolongamiento y el costo humano del conicto, cristaliza el “costo político”
en su expresión más pura y ofrece el contexto imperativo para comprender la
búsqueda de alternativas.
Ante esta posible limitación doméstica, la contratación de PMCs emerge
como la solución estratégica que permite a los gobiernos sortear las restric-
ciones del estado de derecho y la accountability democrática. La externali-
zación de funciones críticas desde logística hasta seguridad y combate opera
como un mecanismo de amortiguación del costo político. La evidencia do-
cumentada por Singer (2005) es reveladora, en Irak los contratistas privados
llegaron a superar en número a los soldados regulares estadounidenses. La
clave de esta ecacia reside en que las bajas de estos actores privados, así
como sus acciones, no generan la misma presión política, mediática ni par-
lamentaria que las de los uniformados. Esta transferencia de riesgo no es
un mero ahorro logístico, sino una reingeniería de la proyección del poder
externo de los estados, es decir, es un incremento decisivo en su Libertad
JOAQUÍN MORILLO PHILLPOTT 163
Operativa, un concepto cuya arquitectura técnica merece un análisis detalla-
do posterior.
Esta adaptación estratégica funciona mediante mecanismos precisos. Las
PMCs proporcionan una capacidad de acción encubierta y negación plausi-
ble que las fuerzas armadas regulares, por su propia naturaleza institucional,
no pueden ofrecer. Un convoy protegido por contratistas puede ser presenta-
do como un “asunto de seguridad privada”; el mismo convoy protegido por
soldados convencionales en inequívocamente un acto de estado. Esta ambi-
güedad calculada permite a los gobiernos mantener una presencia e inuen-
cia masiva en teatros de conicto, al tiempo que diluye sus responsabilidades
directas ante su propia ciudadanía y el derecho internacional. Es así, que la
externalización, no sólo externaliza funciones, sino que externaliza y difu-
mina el riesgo político, permitiendo operaciones continuadas que, si fueran
ejecutadas por el ejército nacional de un estado, encontrarían una oposición
interna insalvable.
Libertad operativa
Uno de los principales factores que incentivan a los estados a hacer uso de
las PMCs como anteriormente mencionamos es el incremento en su liber-
tad operativa. Dicho concepto posee una bidimensionalidad, es decir, una
dimensión militar y técnica, y otra más relacionada a la política exterior de
los estados. Es así que para la comprensión profunda de dicha categoría y su
implicancia en el fenómeno PMCs resulta imperativo abarcar ambas dimen-
siones.
En la dimensión militar, la noción de libertad operativa que deriva de “Free-
dom of action” (FM 3-0) se reere a la capacidad de una fuerza armada para
mantener la iniciativa táctica y estratégica frente al enemigo, evitando que
las condiciones del entorno o las restricciones impuestas por el mando polí-
tico comprometan su ecacia. El FM 3-0 establece que todas las operaciones
contemporáneas son multidomain operations, es decir, acciones que combina
el empleo coordinado de capacidades conjuntas en los dominios terrestre,
aereo, maritimo, cibernético y espacial con el propósito de “crear y explotar
ventajas relativas que permitan alcanzar los objetivos, derrotar fuerzas ene-
migas y consolidar logros” (U.S. Army, 2017, pp. 1-9). Bajo esta concepción,
la libertad operativa no es un atributo estático, sino una condición dinámica
que surge de la posibilidad de integrar recursos diversos y actuar con au-
tonomía en escenarios caracterizados por la simultaneidad, la velocidad y
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la convergencia tecnológica. En términos doctrinarios, la libertad operativa
supone la preservación de la capacidad de maniobra y decisión en todos los
niveles de la guerra (estratégico, operacional y táctico). El manual sostiene
que las fuerzas deben poder “ver a sí mismas, ver al enemigo y compren-
der el ambiente operacional antes de identicar y explotar ventajas (U.S.
Army, 2017, p. 114). Esta triada perceptiva revela que la libertad operativa
depende tanto del control material sobre los medios de combate como del
entendimiento situacional y cognitivo que permita anticipar, desorganizar y
desarticular la coherencia del adversario. Desde esta perspectiva, la doctrina
estadounidense concibe la libertad operativa como una forma de dominación
epistémica del campo de batalla, donde el conocimiento, la movilidad y la
sincronización multidominio sustituyen la antigua centralidad del poder de
fuego o la masa numérica.
De la misma manera, dicho concepto se articula con la idea de “relative ad-
vantage”, denida en el FM 3-0 como toda posición que proporcione una
oportunidad para avanzar hacia los objetivos. Mantener la libertad operativa
implica precisamente crear, sostener y explotar esas ventajas relativas antes
de que el enemigo logre imponer su ritmo operacional. En este sentido, la li-
bertad operativa no se limita a la defensa de una posición, sino que constituye
una actitud ofensiva permanente, un principio de acción orientado a fracturar
las interdependencias del oponente y a impedir que este logre consolidar un
equilibrio de fuerzas. De esta forma es viable armar que este concepto es
un principio estructural de la guerra moderna, donde la iniciativa y la exi-
bilidad táctica se vuelven más decisivas que la mera superioridad numérica.
La libertad operativa también guarda relación con la capacidad de sostener
operaciones en profundidad y a largo plazo, sin depender de apoyos externos
o de condiciones logísticas vulnerables. El manual describe a este atributo
mediante los conceptos de endurance y convergence expresados como la ha-
bilidad de integrar todas las funciones de guerra (movimiento y maniobra, in-
teligencia, fuego, protección y sostenimiento) en un ujo continuo de acción
coordinada. Es así que sin convergencia entre dominios no existe libertad
de acción, y sin capacidad de sostener el esfuerzo a través del tiempo esa
libertad se disuelve.
En la realidad, esto signica que una fuerza verdaderamente libre es aquella
que puede decidir cuándo, dónde y cómo aplicar la fuerza, sin que su deci-
sión dependa de los ritmos impuestos por otros actores o sus propias limita-
ciones logísticas. Un claro ejemplo de libertad operativa militar traspolada
al fenómeno PMCs fue la captura de los campos de diamante de Kono en
JOAQUÍN MORILLO PHILLPOTT 165
Sierra Leona por la compañía Executive Outcomes en 1995. Contratada por
un gobierno al borde del colapso, esta rma no se limitó a funciones de ase-
soría; planicó y ejecutó una ofensiva militar integral. La compañía desplegó
capacidades de combate conjunto inusuales para un actor no estatal, inte-
grando aviación de ala rotativa y ja, artillería de apoyo, vehículos blindados
y equipos de operaciones especiales. Esta fuerza proyecto poder de manera
autónoma, ejecutando maniobras ofensivas complejas que recuperaron el
control territorial de zonas estratégicas en un plazo de 10 días. La operación
demostró la capacidad de una PMC para generar efectos tácticos decisivos
mediante una cadena de mando ágil y descentralizada, logrando lo que las
fuerzas nacionales no pudieron, es decir, revertir la situación operacional y
forzar al Revolutionary United Front a reasumir negociaciones (Vines,1999).
Este caso ilustra cómo la privatización permite a los estados acceder a nive-
les de iniciativa, movilidad y concentración de capacidades que constituyen
la esencia de la libertad operativa en términos militares.
Por último, en el pensamiento operacional contemporáneo, la Libertad ope-
rativa representa la condición esencial para transformar ventajas tácticas en
resultados estratégicos duraderos. No se trata únicamente de maniobrar efec-
tivamente, sino de hacerlo con un propósito político coherente. En la doctrina
multidominio, la libertad operativa cumple una función de mediación entre
el plano técnico y el plano estratégico, entre la capacidad de ejecutar y la ca-
pacidad de decidir. De esta forma, el dominio de la libertad operativa militar
constituye el fundamento técnico que posibilita la libertad operativa política.
En última instancia esta libertad operativa militar es una herramienta estra-
tégica al servicio del estado, que demanda condiciones operativas especí-
cas como la iniciativa táctica, agilidad, mando descentralizado, inteligencia
superior, sostenimiento logístico ecaz y capacidad para operar en múltiples
dominios; si estas condiciones son satisfechas, dicha libertad posibilita la
proyección de poder, la disuasión de amenazas y la consolidación de resulta-
dos operacionales, incluso en entornos altamente complejos y contaminados
por restricciones externas.
Sin embargo y a pesar de esta extensa explicación la libertad operativa no es
exclusivamente un fenómeno técnico o militar ya que como mencionamos
dicha noción es instrumental al estado y por lo tanto tiene nes políticos. Es
así, que la dimensión política de la libertad operativa se reere al margen
de acción que un estado posee para diseñar, decidir y ejecutar su política
exterior y militar sin verse excesivamente constreñido por factores internos
(opinión pública, instituciones, mecanismos de control) o externos (normas
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internacionales, alianzas, diplomacia, reputación). Mientras la libertad ope-
rativa militar capta la capacidad técnica operacional para maniobrar, disua-
dir, sostener operaciones y explotar ventajas relativas, la política se encarga
de legitimar ese uso del poder, de denir cuándo, cómo y con qué nes des-
plazar dicho poder. La libertad operativa política supone entonces autonomía
de decisión, es decir, los estados deben ser capaces de escoger sus objetivos
estratégicos, seleccionar los medios instrumentales adecuados y determinar
los tiempos, sin que cada paso esté subordinado a la aprobación de actores
externos o al temor de sanciones políticas domésticas o internacionales. Esta
dimensión política se articula muy estrechamente con la militar. No existe
libertad operativa si no hay respaldo político claro para su uso, pues una
operación técnicamente viable puede quedar paralizada por debates parla-
mentarios, presiones legales, cuestionamientos mediáticos o falta de claridad
sobre la autoría del estado. En otras palabras, la coordinación militar-técnica
sólo tiene sentido si la política dene los márgenes en los cuales maniobrar,
si permite que la fuerza proyecte y decida sin obstáculos institucionales. Por
ejemplo, en el caso de Libia, Siria, Ucrania y Yemen las PMCs han sido
utilizadas para presionar, inuir o intervenir sin desplazar fuerzas regulares
visibles, lo que otorga al estado contratante mayor libertad política para ma-
niobras diplomáticas, para controlar la narrativa internacional, para negar o
minimizar su implicación directa. Esta estrategia política se apoya en la con-
anza de que la acción militar puede ser efectiva si se mantiene la capacidad
militar técnica (capacidad de fuego, logística, inteligencia, iniciativa) pero
se reduce el riesgo político de escándalos, de derrotas visibles o de costes
electorales en estados democráticos.
Desde la perspectiva teórica, autores que analizan el fenómeno de las PMCs
muestran que aquel margen operativo para decidir sin supervisión estricta,
sin transparencia total y con opción de ambigüedad jurídica es uno de los
motivos estructurales por los cuales los estados optan por ellas. El artículo
States, interstitial organizations and the prospects for liberal international
order señala que las PMCs operan en un espacio intersticial entre lo estatal
y lo privado, permitiendo a los estados involucrarse en acciones bélicas sin
asumir completamente las responsabilidades legales, políticas o reputaciona-
les que implican las fuerzas regulares (Batora,2021). Es por esta ambigüedad
que los estados buscan maximizar su libertad operativa; mantienen su capa-
cidad de proyectar poder, de inuir en escenarios internacionales adversos,
pero minimizan los costos vinculados a la rendición de cuentas, al escrutinio
mediático y al control judicial o parlamentario.
JOAQUÍN MORILLO PHILLPOTT 167
Por consiguiente, el incentivo estratégico que subyace tras la libertad operati-
va se congura como una categoría central porque resume la lógica del poder
estatal en el sistema internacional contemporáneo: proyección, difusión y
consolidación de logros mediante la preservación de un margen de acción au-
tónomo. Si bien esta libertad operativa militar exige condiciones operativas,
su ecacia real se ve mediada y potenciada por la dimensión política que la
legítima, dirige y permite. A partir de ello, lo que estaba reservado tradicio-
nalmente al estado, es decir, el monopolio de legítima defensa se halla hoy
erosionado. Las PMCs, mercenarios modernizados, contratistas militares y
actores privados de coerción, no sólo complementan las fuerzas regulares,
sino que participan directamente en los bordes difusos del conicto, dilapi-
dando el espacio entre lo estatal y lo privado. Esta erosión del monopolio no
ocurre de manera aislada, sino que es parte integral de la crisis del LIO que
denota la reconguración de sus fundamentos básicos; la soberanía estatal se
recalibra, el poder coercitivo no es exclusivo sino compartido y las formas
de legitimidad, responsabilidad y autoría quedan difusas. De esta forma, la
libertad operativa en sus ambas dimensiones no solo se convierte en un es-
tratégico para los estados, sino también en un motor profundo de transforma-
ción del principio de coerción estatal, mezclando lo público y lo privado, lo
militar convencional y lo paraestatal.
Argumento 2:El mercado de la fuerza: hacia una re-privatización de la
violencia y un orden internacional post-weberiano
La evolución del mercado global de los servicios militares y de seguridad
privada (PMCs) deja de ser un fenómeno sectorial para erigirse como un ter-
mómetro de las transformaciones estructurales del orden internacional. Tal
como lo advierte la literatura académica especializada, la privatización de
la fuerza ha mutado hacia corporaciones globales alterando los esquemas
tradicionales de seguridad (Avant, 2005; Swed & Crosbie, 2019). Dada la
naturaleza mercantil de este fenómeno, dimensionar su escala operativa re-
quiere recurrir a métricas nancieras de la propia industria; en este sentido,
análisis de mercado estiman que este sector alcanzó un valor aproximado de
260.050 millones de dólares en 2024, con una proyección de crecimiento que
ascendería a 451.180 millones de dólares para 2034, lo que representa una
tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 5,68% (Custom Market In-
sights, 2024). Esta expansión económica no solo responde meramente a una
lógica de mercado; es el síntoma de una transformación estructural profunda
168 STUDIA POLITICÆ Nº 67 primavera-verano 2026
donde los estados, en su búsqueda por reducir costos políticos y maximizar
su libertad operativa, han comenzado a externalizar de manera sistemática
funciones que antaño consideraban el núcleo irreducible de su soberanía,
conocido como el monopolio de la violencia legítima. La privatización de la
guerra por lo tanto no puede entenderse como un servicio técnico auxiliar,
sino como la mercantilización de la coerción estatal a una escala industrial,
donde la seguridad se comercia y vende como cualquier otro bien en un mer-
cado global que responde a las leyes de la oferta y la demanda, redeniendo
los contornos mismos de la autoridad en el sistema internacional.
Esta externalización masiva quedó evidenciada en los conictos que mar-
caron la cúspide y paradójicamente, el principio del n de la hegemonía in-
contestada del Orden Internacional Liberal. Durante la intervención en Afga-
nistán, la dependencia de los contratistas privados alcanzó niveles históricos
que revelaban una mutación operativa profunda. Un informe del Congres-
sional Research Service destacó que, en diciembre de 2008, los contratistas
representaban el 69% de la fuerza laboral total del Departamento de Defensa
(DOD) estadounidense en el país, el porcentaje más alto registrado en cual-
quier conicto en la historia de los Estados Unidos. Para septiembre de 2009,
esta dependencia se hizo aún más patente en el ámbito de la seguridad arma-
da, donde el número de contratistas de seguridad privada armados se disparó
a 10,712 individuos, un aumento del 236% en apenas nueve meses. Esta cifra
no solo ilustra la escala cuantitativa de la privatización, sino que demuestra
cualitativamente como el aparato bélico de las potencias liberales, incluso en
el apogeo del LIO, se sostuvo crecientemente sobre una base contractual y
mercantil, erosionando desde dentro los principios de rendición de cuentas y
transparencia. La evolución del fenómeno, sin embargo, revela una mutación
cualitativa aún más signicativa. Lejos de ser un modelo exclusivo de las po-
tencias occidentales, ha sido, adoptado, adaptado y perfeccionado por acto-
res revisionistas, dando lugar a un nuevo paradigma de proyección de poder
e inuencia geopolítica que desafía abiertamente los fundamentos weberia-
nos del estado. El Grupo Wagner de Rusia es el epítome de esta transforma-
ción. Según documentos internos del gobierno ruso pertenecientes a “TASS”
(2023), Wagner operaba ofreciendo a gobiernos africanos un “paquete de
supervivencia regime” que incluía seguridad, entrenamiento militar y protec-
ción para juntas militares a cambio de concesiones exclusivas sobre recursos
naturales estratégicos como oro, uranio y litio. Se estima que Rusia extrajo
2,500 millones de dólares en oro de África en 2024 y 2023 (Reuters, 2024),
fondos que muy probablemente fueron utilizados para nanciar sus esfuerzos
de guerra en Ucrania, es un claro ejemplo de cómo la coerción privatizada
JOAQUÍN MORILLO PHILLPOTT 169
puede generar un circuito autonanciado de poder. Este modelo, donde la
violencia se intercambia directamente por riqueza mineral e inuencia po-
lítica en mercados grises, consolida un orden internacional post-weberiano
donde la soberanía se transa en el mercado y las PMCs actúan como vectores
de un neocolonialismo del siglo XXI.
El surgimiento de este mercado global de la fuerza, cuanticado en cientos
de miles de millones de dólares y con una huella operativa que llegó a supe-
rar en números a los ejércitos nacionales en teatros de guerra clave, trascien-
de por completo la mera externalización logística. Este fenómeno constituye
la aparición de un principio de organización política que se creía superado
por el estado westfaliano: la legitimación de actores violentos no estatales
con alcance global. La consecuencia directa e inevitable de esta mercantiliza-
ción de la violencia es la erosión del axioma weberiano que denió al estado
moderno durante siglos. Ya no se trata de que los estados deleguen funciones,
sino que el monopolio de la violencia legítima, su atributo denitorio, se está
convirtiendo en un oligopolio compartido con corporaciones privadas que
operan en los intersticios de la ley. Es esta reconguración fundamental de
la arquitectura del poder global la que este argumento se propone desarrollar
a continuación.
La re-privatización de la guerra: de Irak a República Centroafricana
La re-privatización de la guerra sólo tiene sentido en virtud de que prácti-
camente siempre ha existido alguna forma de privatización previa del uso
de la violencia; mercenarios,corsarios, compañías de armas históricas. Lo
que distingue lo moderno no es la intervención del mercenarismo, sino su
transformación, su escala, su legitimación contractual y corporativa. Singer
dene al operador moderno de PMC como la evolución corporativa del an-
tiguo concepto de mercenario individual o como el autor los llama “perros
de la guerra”; sin embargo, ya no se trata del individuo suelto al servicio del
mejor postor, sino de empresas con estructura administrativa, modelos de
negocio, cadenas globales, responsabilidad contractual, etc. (Singer,2005).
Esta evolución histórica le permite al concepto de reprivatización situarse
como un punto de inexión, no como algo radicalmente nuevo, sino como
la intensicación y formalización de algo que ya existía, pero estaba margi-
nalizado o legalmente ambiguo. La re-privatización también supone que la
guerra deja de ser exclusivamente una actividad estatal de monopolio formal
para convertirse en un mercado: mercado de seguridad, mercado de violencia
170 STUDIA POLITICÆ Nº 67 primavera-verano 2026
privada licitada, donde estados, corporaciones, inversores privados, contra-
tistas internacionales compiten, ofrecen servicios, capacidad técnica y per-
sonal especializado. En ese mercado la empresa PMC moderna se comporta
como una rma especializada, con riesgos, contratos, pagos, reputación y
escalabilidad. Esta mercantilización de la fuerza altera las lógicas tradiciona-
les de la guerra, donde la lealtad, la carnicería directa y la conscripción eran
herramientas principales.
En contextos de debilitamiento institucional, fragilidad estatal o crisis del
LIO, esa privatización cobra especial impulso. El LIO, basado en un pla-
no normativo rígido y estricto se encuentra en crisis. En ese debilitamiento,
los estados encuentran espacio para externalizar funciones coercitivas, los
estados que antes debían sujetarse a tratados, organismos internacionales,
tribunales o presión de ONG, hoy encuentran que esas instituciones tienen
menos capacidad para sancionar o monitorear. Por lo tanto, la estructura mis-
ma del sistema incentiva a los actores a adoptar estrategias alineadas a sus
propios intereses nacionales. Otra dimensión de este fenómeno se reere a
su profesionalización tecnológica. Mientras que los mercenarios clásicos de-
penden de habilidades individuales, lealtades personales o contratos ad hoc,
las PMCs modernas incorporan tecnología avanzada, conocimiento técnico
especializado, cadenas de suministros logísticas globalizadas, sosticados
sistemas de inteligencia, comunicaciones seguras, drones, soporte remoto.
Esta capacidad técnica permite no solo aumentar la escala operativa, sino
hacerlo con precisión, con menor visibilidad, con mayor control del daño
colateral; elementos que antes eran impensables. El otro cambio es la mo-
dicación de la temporalidad y la persistencia de la violencia privada. No
se trata solo de operaciones puntuales o campañas de guerras declaradas,
sino de presencia continua; guardias privadas, contratistas de seguridad para
corporaciones extractivas, protección de intereses estratégicos y el control
de zonas de inuencia, incluso en tiempos de “paz”. La violencia privada
se institucionaliza en lo cotidiano, no solo en lo bélico, las crisis locales son
transformadas en espacios donde lo privado ejerce funciones constantes de
control denotando así una ampliación operativa de estas fuerzas. Esta trans-
formación afecta la escalabilidad y distribución geográca del uso privado
de la fuerza. PMCs hoy pueden operar en múltiples teatros simultáneamente,
prestando servicios a varios estados o incluso a actores no estatales, actuando
en zonas remotas, territorios de difícil acceso, áreas donde el control estatal
es limitado, etc. Hoy las PMCs tienen capacidad logística global, nancia-
miento o respaldo indirecto de redes estatales, conexiones internacionales de
compra de armamento o tecnología.
JOAQUÍN MORILLO PHILLPOTT 171
Finalmente, la re-privatización de la guerra se dene, en síntesis, como el
proceso por el cual la fuerza, la seguridad y las funciones militares se dele-
gan a actores privados organizados, permanentes, regulares y con capacidad
técnica signicativa. Este fenómeno no es una mera continuidad del mer-
cenarismo clásico, sino su transformación institucional: empresas privadas
que ofrecen servicios que van desde la logística hasta el combate directo, la
inteligencia y la protección estratégica. Es importante distinguir las opera-
ciones de Irak donde la privatización se expandió rápidamente como parte de
la estrategia post 9/11 en el marco del LIO, de las operaciones más recientes,
pues en estos últimos casos la re-privatización se mezcla con dinámicas de
crisis del LIO; con normas menos efectivas, con actores multilaterales debili-
tados, con una creciente tolerancia internacional uso discrecional de la fuerza
privada, con fragmentación de jurisdicciones. Al comparar esos momentos,
es plausible revelar implicaciones esenciales para la estructura internacional:
la reprivatizacion aporta al debilitamiento del monopolio estatal de la vio-
lencia, mitiga los marcos legales internacionales tal como fueron concebidos
en el LIO, y desencadena un régimen de coerción híbrido, una mezcla de lo
público y lo privado, lo estatal y lo paraestatal que redene las nociones de
soberanía, responsabilidad internacional y legitimidad.
Caso de Irak y Blackwater
Al profundizar en las implicancias de este fenómeno de las PMCs en estos
países en el auge del LIO, es imperativo reducir el foco del análisis a su ex-
ponente más representativo, es decir, Blackwater (posteriormente Xe Servi-
ces,Academi). Blackwater Usa no fue una empresa militar privada más; fue
el exponente máximo del fenómeno durante la Guerra Global contra el Terror.
Su trayectoria, desde su fundación en 1997 por el ex Navy Seal Erik Prince,
encapsula las promesas operativas y los profundos riesgos normativos de la
externalización de la coerción estatal en el contexto de la hegemonía esta-
dounidense. Estudiar Blackwater en última instancia signica analizar cómo
la herramienta diseñada para maximizar la ecacia del hegemon devino en
un factor corrosivo para su legitimidad. Esta PMC emerge no como un ejér-
cito mercenario tradicional, sino como una corporación capitalista moderna
que respondía a una demanda estatal precisa, proveer servicios de entrena-
miento y seguridad de alta calidad en un contexto donde las fuerzas regulares
estaban sobreextendidas. Su evolución en Irak fue sintomática de una exter-
nalización creciente; comenzó con contratos de entrenamiento, pero el vacío
de seguridad y la necesidad de proteger a diplomáticos y altos funcionario
172 STUDIA POLITICÆ Nº 67 primavera-verano 2026
(como el jefe de Autoridad Provisional de la Coalición,Paul Bremer) la ca-
tapultaron a la primera línea de la ocupación según Medium(2023). Se con-
virtió en la escolta omnipresente, una fuerza que operaba con una agilidad
y un perl bajo que las fuerzas regulares, sometidas a la cadena de mando
más rígida y a un escrutinio más directo, no podían emular. La magnitud de
este fenómeno no puede ser subestimada. Para nales de 2006, existían más
de 100.000 contratistas militares de diversas nacionalidades trabajando para
el Departamento de Defensa de Estados Unidos, una cifra que eclipsaba los
aproximadamente 10.000 de la Guerra del Golfo. Esta dependencia alcanzó
su pico a principios de 2008, cuando la cantidad de contratistas empleados
por Estados Unidos superó los 190.000, excediendo por primera vez el nú-
mero de soldados estadounidenses desplegados. Blackwater se erigió como
el principal contratista de seguridad para el Departamento de Estado, de-
mostrando que la externalización no era un complemento, sino la columna
vertebral logística y de seguridad de la presencia estadounidense. Son preci-
samente estas cifras de despliegue las que proveen la evidencia empírica para
comprender como opera la dimensión política de la libertad operativa. Para
el gobierno de Bush, esta PMC y sus homólogas permitieron una proyección
de poder escalable sin necesidad de debates congresionales exhaustivos para
cada despliegue o una movilización nacional masiva. Operaban bajo una am-
bigüedad calculada que facilitaba la negación plausible, es decir, las acciones
controvertidas podían ser atribuidas a “contratistas incontrolados”, diluyen-
do la responsabilidad directa del estado contratante. Este modelo ofrecía una
solución funcional al dilema del estado liberal, permitiendo perseguir obje-
tivos estratégicos en un escenario internacional estable pero peligroso para
la imagen política de los dirigentes estadounidenses, el hecho que las bajas
de contratistas no fueran contadas por ninguna institución estatal relacionada
al gobierno americano (Singer,2005) permite una mayor comprensión de los
incentivos a seguir esta estrategia. El corazón de esta ecacia política residía
en la transferencia de riesgo. La “sensibilidad a las bajas” en democracias en-
contraba su antídoto práctico en las PMCs. Las bajas de estos actores priva-
dos no generaban la misma presión política, mediática ni parlamentaria que
las de los uniformados. Como documenta Singer (2005), esta externalización
no era un mero ahorro logístico, sino una reingeniería de la proyección de
poder externo, un incremento decisivo en la libertad operativa al amortiguar
el costo político doméstico. Los contratistas se convirtieron en un escudo
contra el desgaste electoral, permitiendo una intervención prolongada que,
de haber sido ejecutada sólo con fuerzas regulares, hubiera encontrado una
oposición interna potencialmente insalvable.
JOAQUÍN MORILLO PHILLPOTT 173
Sin embargo, la misma opacidad que garantiza la libertad operativa contenía
el germen de la ilegitimidad. El punto de inexión ocurrió el 16 de sep-
tiembre de 2007 en Bagdad, cuando guardias de seguridad de Blackwater
abrieron fuego en la plaza Nisour, matando a 17 civiles iraquíes desarmados.
Este evento no fue una anomalía, sino la consecuencia lógica de un marco de
impunidad estructural. El hecho, amplicado por la globalización mediática,
expuso la hipocresía entre los ideales liberales proclamados por el LIO y la
realidad de una guerra sucia y mercantil, erosionando la autoridad moral de
Washington a nivel global. La masacre de Nisour puso de relieve el vacío
legal en que operaban las PMCs. Este vacío fue, en parte, institucionalizado
por la Orden Número 17 de la Autoridad Provisional de la Coalición, rmada
por el mismo Paul Bremer, que otorgaba a los contratistas inmunidad frente
a las leyes iraquíes. Aunque esta orden fue derogada posteriormente por la
presión del gobierno iraquí, ilustraba como la búsqueda de la libertad opera-
tiva chocaba frontalmente con el principio de “estado de derecho” que el LIO
supuestamente encarnaba. Los contratistas ocupaban una zona gris donde la
violencia no era cuanticable ni ante la justicia iraquí ni, inicialmente, ante
la estadounidense, corroyendo así un pilar fundamental del LIO: la sujeción
del poder a normas jurídicas. Es crucial entender que el fenómeno Blackwa-
ter solo pudo orecer y desarrollarse en el contexto unipolar de la pos-guerra
fría y el momento post-11S. En ese momento de hegemonía absoluta, Esta-
dos Unidos contaba con la autoridad y la capacidad para reescribir las reglas
del juego internacional. Existía una noción optimista en que la fuerza incluso
privatizada, podía imponer los valores liberales en un contexto de fe en los
efectos de la globalización que llevó a aplicar la lógica de la externalización
y la eciencia del mercado incluso al ámbito de la guerra. Blackwater fue, en
este sentido, la herramienta perfecta para un hegemón que conaba en poder
moldear el sistema a su imagen sin pagar un precio normativo elevado.
La paradoja nal de Blackwater reside en que, mientras fue instrumental para
los objetivos tácticos de Estados Unidos en Irak, se convirtió en un lastre
corrosivo para su estrategia de liderazgo global. La impunidad de la compa-
ñía se transformó en un símbolo de la arrogancia del poder estadounidense,
alimentando el antiamericanismo y minando la credibilidad de Washington
como garante de un basado en normas. Lejos de fortalecer la posición de EE.
UU, su uso contribuyo a un deterioro de su soft power, demostrando que la
libertad operativa se conseguía a expensas de la legitimidad. La inuencia
desestabilizadora de esta PMC fue evidente desde los primeros compases
de la ocupación. En marzo de 2004, un enfrentamiento previo culminó en
la emboscada y muerte de cuatro contratistas de blackwater en Faluya. Sus
174 STUDIA POLITICÆ Nº 67 primavera-verano 2026
cuerpos fueron mutilados y colgados de un puente. La respuesta estadouni-
dense fue la Operacion “Vigilante Resolve”, que desencadenó la primera Ba-
talla de Faluya, un conicto urbano brutal que causó cientos de bajas civiles
y que es comúnmente asociado al evento detonante que avivó la insurgencia
y sumió a Irak en una espiral de violencia sectaria. La acción de un elemento
PMC, alteró el curso mismo del conicto. El verdadero testamento de la
utilidad estratégica de las PMCs para la libertad operativa llegó con la reti-
rada militar formal. Cuando las tropas estadounidenses abandonaron Irak en
2011, el Departamento de Estado planeó mantener una “presencia masiva”
que dependía de una fuerza de más de 5000 contratistas de seguridad para
proteger a su personal diplomático. Esto permitía a EE.UU mantener una
inuencia sustancial y una capacidad de acción en el país, dando al mismo
tiempo la impresión pública de un n de la intervención. Era la privatización
de la continuidad, un mecanismo para sostener los intereses estratégicos en
un contexto de crecientes restricciones políticas domésticas e internacionales
para un despliegue militar abierto.
En conclusión, la historia de Blackwater en Irak es la de un instrumento que
reeja la conanza hegemónica del LIO en su auge, pero que simultánea-
mente aceleró sus crisis de legitimidad. Mientras sus servicios permitían a
Washington proyectar poder con una libertad operativa sin precedentes, sus
excesos expusieron la contradicción fundamental entre los medios empleados
y los nes declarados. Blackwater se convirtió en el símbolo de un proyecto
de orden internacional liberal que, en su implementación, recurre a prácticas
realistas y opacas que minaban sus propios cimientos normativos. El legado
de dicha compañía no es solo un catálogo de escándalos, sino la normaliza-
ción de un modelo de coerción estatal externalizada y opaca. Sin embargo,
este fenómeno no se estancó; mutó. Si Blackwater fue el instrumento de un
hegemón que aún operaba dentro de las grietas del Orden Internacional Libe-
ral ¿Que sucede cuando este orden se fragmenta aceleradamente? ¿Cómo se
transforma el fenómeno de las PMCs cuando no son utilizadas por el centro
del sistema, sino por sus potencias revisionistas que buscan explícitamente
desaarlo? La evolución hacia un entorno post-liberal da a luz a un nuevo
arquetipo de compañía militar privada, radicalmente diferente en su natu-
raleza, sus métodos y sus nes últimos. El Grupo Wagner emerge como la
encarnación de esta mutación: ya no es una corporación que responde a con-
tratos, sino un instrumento de poder geopolítico desinhibido y una empresa
de saqueo económico fusionadas en una sola entidad multipropósito. Su ac-
cionar, su nanciamiento mediante la usurpación de recursos naturales y su
desafío abierto al monopolio de la violencia weberiano, plantean preguntas
JOAQUÍN MORILLO PHILLPOTT 175
apremiantes, ¿Estamos ante la re-privatización nal de la guerra, donde los
actores no estatales pueden dictar la política de los estados? ¿Anuncia el mo-
delo Wagner un futuro de competencia geopolítica donde las reglas han sido
no reinterpretadas, sino directamente abandonadas, dando paso a una nueva
era de realismo crudo y mercantilizado? Explorar la anatomía de Wagner y
sus operaciones en República Centroafricana nos permite adentrarnos en el
corazón mismo del orden internacional contemporáneo y sus tendencias.
Caso de República centroafricana y Grupo Wagner
Para comprender la reconguración global de las PMCs, es indispensable
analizar el caso del Grupo Wagner, cuyas operaciones en República Centro-
africana (RCA) resultan muy representativas. Este escenario no represen-
ta una intervención aislada, sino el laboratorio donde wagner perfeccionó
su “paquete de supervivencia de regímenes”, el cual consiste en una oferta
integral de seguridad por recursos naturales e inuencia política, encapsu-
lando la esencia de la mutación post-liberal en la arquitectura del comercio
internacional. El Grupo Wagner se fundó en 2014 como una organización
paramilitar rusa, fundada por el empresario Yevgeny Prigozhin y el ex te-
niente coronel del GRU Dmitry Utkin. Aunque formalmente es una empresa
militar privada, su naturaleza es híbrida; funciona como un proxy del estado
ruso, permitiendo a Moscú una negación plausible en operaciones militares
en el extranjero y ocultando el verdadero costo humano y nanciero de sus
intervenciones. Wagner llega la RCA en 2018, tras la solicitud de ayuda del
presidente Faustin-Aarchange Touadera para enfrentar a grupos rebeldes.
Según la BBC (2024) el grupo no se limitó a funciones de seguridad, sino
que implementó un “plan para la captura del estado”, inltrándose en cuatro
pilares fundamentales: el político, el económico, el militar y el informativo.
Esta inltración multisistémica le permitió comprometer las instituciones del
país para promover sus intereses nancieros y geopolíticos. El modelo de
negocio de Wagner en la RCA opera como una lógica de truque contempo-
ráneo. A cambio de sus servicios de seguridad que incluyen la protección del
presidente, el entrenamiento del ejército nacional y operaciones ofensivas
contra rebeldes, el grupo obtuvo concesiones exclusivas sobre recursos na-
turales estratégicos, como minas de oro y diamantes, así como derechos para
la explotación maderera. Esta transacción con tintes colonialistas convierte
la soberanía en una mercancía transable. Es de esta forma que la presencia
de Wagner trasciende lo militar. Empresas vinculadas a la red de Prigozhin,
como Lobaye Invest, se encargan de la extracción directa de oro y diamantes.
176 STUDIA POLITICÆ Nº 67 primavera-verano 2026
Otras se dedican a la producción de cerveza, la comercialización de vodka
o negocios azucareros en Bangui, tejiendo una red de inuencia económica
que une los intereses de la PMC con la economía local. Esta diversicación
consolida un circuito autonanciado de poder donde la coerción genera ri-
queza y la riqueza sostiene la coerción (DW,2024).
Wagner complementa su poder duro con una sosticada estrategia de inuen-
cia. Según DW (2024) a través de la “Casa Rusa” en Bangui, se promueve la
lengua y cultura rusas, se difunde propaganda antioccidental y se construye
una narrativa de Rusia como aliado conable, en contraste con la fallida in-
tervención francesa. La iglesia ortodoxa rusa se ha erigido como un símbolo
de estos lazos en el país. El modelo de seguridad de Wagner se sustenta en
una brutalidad sistémica. Organizaciones como The sentry y Human rigths
watch han documentado que los elementos de PMC son responsables de abu-
sos generalizados de derechos humanos incluyendo ejecuciones extrajudi-
ciales, tortura, violaciones y masacres. La impunidad es casi absoluta debido
a la complicidad del gobierno local y el vacío legal internacional que rodea
las operaciones de las PMCs, erosionando cualquier noción de “estado de
derechos”.
La relación entre Wagner y el Kremlin es convergente. El grupo actúa como
un agente no ocial de la política exterior rusa, permitiendo a Moscú proyec-
tar poder e inuencia en regiones estratégicas sin el escrutinio y las restric-
ciones que enfrenta el estado ruso ante una intervención militar ocial. Los
recursos extraídos, como, proveen a Rusia de un ujo de capital en efectivo
que potencialmente se ha destinado a nanciar el esfuerzo de guerra en Ucra-
nia, eludiendo sanciones internacionales. La rebelion fallida de Prigozhin
en junio de 2023 y su posterior asesinato llevaron a una reestructuracion. El
control de las operaciones africanas de Wagner fue transferido directamen-
te a la inteligencia militar rusa (GRU), especícamente al general Andrey
Averynov, y se creó el “Africa Korps” como una estructura más formal bajo
el Ministerio de Defensa. En la RCA, sin embargo, se sospecha que Pavel
Prigozhin mantiene un cierto control autónomo de las operaciones, indican-
do una transición gradual. La comparación con Blackwater es ilustrativa de
la mutación global. Mientras Blackwater operaba en el marco del LIO hege-
mónico, Wagner surge en la grieta de ese mismo orden, como un instrumento
de una potencia revisionista. Blackwater externaliza funciones; Wagner ex-
ternaliza la soberanía misma. La expansión de Wagner es un síntoma patente
de la crisis estructural del Orden Internacional Liberal. Su modelo demuestra
que la soberanía estatal westfaliana puede ser mercantilizada en el merca-
JOAQUÍN MORILLO PHILLPOTT 177
do. Donde el LIO promovía la seguridad colectiva y los derechos humanos,
esta nueva reconguración muestra una alternativa con características de un
orden realista donde la seguridad y la guerra son privatizadas y la soberanía
únicamente es detentada por aquellos estados que poseen los medios mate-
riales para garantizarla. Wagner no es una mera continuación del mercenaris-
mo clásico, sino su transformación institucional en un régimen de coerción
híbrido. Encarna un orden post-weberiano donde el monopolio estatal de la
violencia legítima se convierte en un oligopolio compartido con actores pa-
ramilitares globales.
El legado de Wagner en África anuncia la conguración de un orden interna-
cional más fragmentado y regido por lógicas realistas. Si Blackwater fue un
producto del auge del LIO, Wagner es el heraldo de su agotamiento. Su éxito
al establecer un modelo de inuencia basado en la coerción mercenaria, la
maximización de la libertad operativa rusa y la extracción depredadora no
solo reeja la crisis del LIO, sino que acelera activamente su mutación hacia
un sistema más caótico y competitivo.
Un orden Post-Weberiano
La conceptualización weberiana del Estado moderno, denido por su mo-
nopolio legítimo de la violencia física dentro de un territorio determinado,
ha servido durante siglos como el pilar ontológico del sistema westfaliano.
Este axioma no solo delimita la soberanía interna, sino que también consti-
tuye el ladrillo fundamental sobre el cual se erigió la arquitectura del orden
internacional posterior, es decir, los estados como únicos titulares legítimos
de la coerción, eran los actores primarios y los interlocutores necesarios para
la guerra, la paz y la diplomacia. El Orden Internacional Liberal, en su as-
piración normativa, no abolía este principio, sino que pretendía regular e
institucionalizar a través de mecanismos de seguridad colectiva, derechos
internacional y multilateralismo. La expansión estructural y cualitativamente
distinta de las empresas militares privadas en el siglo XXI constituye una
de las suras de este edicio conceptual. La “re-privatización de la guerra”
no es una mera delegación de funciones, sino un proceso de segregación del
poder estatal que socava la propia esencia del modelo weberiano. Cuando
corporaciones privadas despliegan capacidades coercitivas que rivalizan o
superan a las de muchos ejércitos nacionales, y lo hacen de manera trans-
nacional y con un alto grado de autonomía, el monopolio deja de ser tal
para convertirse en un oligopolio coercitivo. Este orden post-weberiano se
178 STUDIA POLITICÆ Nº 67 primavera-verano 2026
caracteriza por el surgimiento de un régimen de coerción híbrido, donde las
fronteras entre lo público y lo privado se diluyen. En este régimen, la violen-
cia ya no es un atributo exclusivo del estado, sino un servicio transable en
un mercado global. La legitimidad, que para Weber emanaba de la estructura
estatal, se fragmenta en este nuevo contexto; la ecacia operativa, la ren-
tabilidad económica y la lealtad contractual comienzan a competir con la
legitimidad política tradicional como fundamentos de la autoridad coercitiva.
El caso de Blackwater en Irak representa la fase inicial de esta transición.
Su operación se desarrolló dentro del paraguas político y legal de un estado
hegemónico, Estados Unidos. Su función en fue ampliar la libertad operativa
del estado contratante, pero la autoridad última y la responsabilidad princi-
pal seguían residiendo en Washington. Sin embargo, al institucionalizar la
externalización y operar en vacío de accountability, Blackwater demostró
que el núcleo duro de la soberanía estatal podrá ser subcontratado, prepa-
rando el terreno para una mutación más radical. Es con el Grupo Wagner en
la RCA donde el modelo postweberiano comienza a expresarse más clara-
mente. Wagner no es un mero contratista; es un actor geopolítico con agenda
propia que opera conjuntamente, aunque manteniendo un margen de autono-
mía con el estado ruso. Su “paquete de supervivencia” no fortalece al estado
centroafricano, sino que lo captura, reemplazando funciones de soberanía
con un esquema de protección privada y extracción económica. En este caso
la violencia legítima ya no es monopolio del estado (RCA) ni es ejercida de
manera directa y transparente por otro, sino que es administrada por una enti-
dad privada. La consecuencia directa de esta dinámica es la mercantilización
de la soberanía. En el orden post-weberiano, los estados frágiles o fallidos
pueden canjear el control de sus recursos y en última instancia su política
soberana, a cambio de seguridad. Este trueque no se da entre estados en el
marco del derecho internacional, sino entre un gobierno local y una corpo-
ración, lo que potencialmente genera un nuevo modelo de neocolonialismo
donde los ejércitos privados son los pilares fundamentales de inuencia y la
acumulación de capital.
Esta transformación por ende tiene implicaciones profundas para la arqui-
tectura del LIO. El orden internacional liberal se sustentaba en la posibilidad
de regular la coerción interestatal a través de instituciones y normas. Sin
embargo ¿cómo puede un sistema basado en la relación entre estados regular
a actores que operan en los intersticios de los estatal y lo privado? La “re-
privatización” de la guerra elude los mecanismos de control del LIO, y por
ende su capacidad sancionatoria tradicional; el consejo de seguridad de la
JOAQUÍN MORILLO PHILLPOTT 179
ONU, los tratados de derechos humanos y el derecho internacional humani-
tarios se muestran notablemente inecientes para lidiar con la ambigüedad
jurídica que caracterizan a las PMCs actuales. La “accountability” se vuelve
impensable en estos escenarios. Las bajas causadas por contratistas no gu-
ran en los registros ociales de los estados; los crímenes de guerra quedan
en un limbo jurídico; y la nanciación, a menudo atada a la explotación de
recursos, escapa al escrutinio presupuestario de los parlamentos. Fundamen-
talmente el principal problema con este accionar de las PMCs es que real-
mente son un recurso de valor para las potencias, puesto que en un orden
cuyo marco normativo tiende a diluirse, estas actúan únicamente en pos de
sus propios intereses nacionales y estratégicos. En conclusión, la categoría
de “orden postweberiano” sintetiza la transformación de un sistema donde la
coerción era un instrumento político monopolizado por estados soberanos,
hacia un panorama global donde la coerción se ha convertido en una mercan-
cía privatizada y desterritorializada. Esta mutación, catalizada por la búsque-
da de libertad operativa y la reducción del costo político, no solo erosiona los
cimientos del LIO, sino que dene los contornos de un futuro internacional
más competitivo, inestable y dirigido por lógicas de poder más realistas.
Argumento 3: La privatización de la violencia como catalizador de la
transición postliberal del orden internacional
La privatización de la violencia organizada actúa como el catalizador deci-
sivo de la mutación del orden internacional porque establece una relación
de retroalimentación entre dos transformaciones estructurales: la erosión
del estado weberiano desarrollada anteriormente y la descomposición del
orden internacional liberal. La primera, denota la pérdida del monopolio de
violencia legítima como atributo soberano fundamental. La segunda, de ca-
rácter post-liberal, describe la transformación a nivel sistémico, es decir, el
colapso de la arquitectura normativa e institucional que regulaba la coerción
interestatal. El fenómeno de las PMCs es el puente que une ambos niveles; al
corroer la base weberiana de los estados, hace ingobernable e irrelevante el
marco liberal del sistema, acelerando así la transición a un nuevo paradigma
de competición geopolítica. En la dimensión post-weberiana, la catalización
se evidencia en la normalización de herramientas de coerción híbridas que
redene soberanía. Lejos de ser exclusivamente una externalización logística
puntual se trata de la delegación estructural de funciones soberanas nuclea-
res. Un ejemplo muy paradigmático es Haití: la contratación de Vectus Glo-
bal en 2025 no solo incluye operaciones de seguridad, sino un acuerdo para
180 STUDIA POLITICÆ Nº 67 primavera-verano 2026
la gestión de aduanas nacionales (Ackerson,2025). En otras palabras, Haiti
canjea el control sobre su scalidad y su fuerza a cambio de su supervivencia
inmediata. Esta práctica, que Wagner perfeccionó en RCA y que ahora se re-
plica en contextos fuera del conicto Este-Oeste, normaliza un modelo de es-
tado donde el núcleo duro de la estatalidad ya no es público, sino un servicio
contratable en el mercado global. Este modelo post-weberiano se consolida
porque responde a la máxima ambición estatal en un sistema competitivo: la
maximización de la libertad operativa. Para un gobierno como el haitiano,
contratar una PMC signica obtener capacidad coercitiva inmediata, sin las
restricciones burocráticas, al escrutinio público o las condicionalidades polí-
ticas de una misión multilateral. Para una potencia que respalda tácitamente
estas operaciones, es un mecanismo de inuencia de “baja intensidad” que
evade los costos políticos de una intervención directa. De esta forma, la bús-
queda de libertad operativa por parte de actores estatales en crisis se convier-
te en el motor que acelera la disolución del principio weberiano, por ende,
del mismo LIO, creando un ecosistema donde las PMCs son indispensables.
La consecuencia inmediata de esta dinámica post-weberiana es su impacto
catalizador en la dimensión post-liberal. El orden internacional liberal se sus-
tentaba en mecanismos de accountability. Las PMCs operan sistemáticamen-
te al margen de estos mecanismos. La opacidad de la intervención de Vectus
Global en Haití, donde las cadenas de mando y las reglas de enfrentamiento
son desconocidas, ilustra esta ilusión. Mientras, la Misión de la ONU de-
muestra la parálisis del multilateralismo. Esta incapacidad de la estructura
liberal para regular la coerción privatizada no es un fallo, sino el síntoma de
su decadencia. Las PMCs catalizan el orden post-liberal al demostrar que es
posible, e incluso más ecaz para ciertos nes, proyectar poder fuera de sus
marcos normativos. Esta transición hacia lo post-liberal posee un carácter
marcadamente irreversible, principalmente por la fuerza de los incentivos.
Para las potencias, las PMCs ofrecen un instrumento de negación plausible
a bajo costo político en escenarios de alta complejidad. Para las elites de
estados frágiles, son la única garantía de supervivencias ante amenazas exis-
tenciales, como se vio con Touadera en RCA o con el gobierno haitiano. Para
las propias empresas, es un mercado en expansión billonaria. Este triángulo
de interés crea un circuito de poder autosostenido que deja de lado a las insti-
tuciones liberales. Intentar reimponer el monopolio weberiano o las estrictas
reglas del LIO signica privar a estos actores de herramientas vitales para
su seguridad y sus ambiciones, una posibilidad políticamente inviable en el
nuevo contexto mundial.
JOAQUÍN MORILLO PHILLPOTT 181
La interacción de estas dos dimensiones da como síntesis un panorama inter-
nacional híbrido y post-liberal. Este no es un sistema de anarquía, sino uno
de oligopolios coercitivos internacionales. En él, la seguridad ya no es pro-
vista exclusivamente por estados dentro de un marco de seguridad colectiva,
sino por una diversidad de actores como los propios estados, PMCs que son
proxies de potencias (Wagner), PMCs con agendas corporativas (Blackwa-
ter/Academi) y contratistas de seguridad que gestionan la soberanía (Vectus
Global). La competencia geopolítica ya no se libra solo entre ejércitos regula-
res, sino a través de redes de inuencia y coerción mercantilizadas, donde la
legitimidad ya no emana de la soberanía popular o el derecho internacional,
sino de la ecacia operativa y la capacidad de controlar territorios y recursos.
En conclusión, lejos de ser un mero síntoma menor, la re-privatizacion de la
violencia es el catalizador que acelera y da forma concreta a la mutación del
orden internacional. Al erosionar el principio weberiano, se despega a los
estados de su cualidad denitoria casi sustantiva, y al eludir y vaciar de con-
tenido las instituciones liberales, desarma el sistema diseñado para gestionar
sus relaciones. El resultado no es la anarquía pura, sin embargo, sí implica el
surgimiento de un orden post-liberal más realista, fragmentado y competiti-
vo, donde la guerra y la paz como lo público y lo privado, se funden en una
misma lógica de poder proyectable y transable. Las PMCs no solo navegan
esta transición; sino que son sus principales arquitectas, redeniendo la natu-
raleza misma de la autoridad en el siglo XXI.
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Nota: para la revisión de la coherencia textual y el orden argumentativo se utilizó la asis-
tencia de una herramienta de inteligencia articial (ChatGPT, OpenAI), bajo supervisión y
revisión crítica personal.
