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pretexto
de

fugas,

cuando

en

realidad

ningún

obstáculo

se
impone
a

la

salida

irrestricta

de

divisas,

de

modo

que
finalmente sólo quedan en poder del Estado los papeles que
acreditan la deuda que debe pagar.
Este
delito
político-económico
atenta
contra
la
propiedad
de

todo

el

Pueblo,

que

debe

pagar

deudas
astronómicas. Se trata de un macrodelito que se conviene por
medio
de

pseudocontratos,

o

sea,

de

acuerdos

en

que

se
carece de una autoridad tercera que garantice los derechos
de las partes, es decir, del acreedor y del deudor, sino que en
ellos se somete el deudor a la jurisdicción del prestamista que,
además, exige ajustes presupuestarios que se concretan en
reducción de inversión social, de educación, salud, previsión,
etc., como también en derogaciones de la legislación laboral
de los Estados deudores, llamadas flexibilizaciones.
A todo lo anterior, cabe agregar las extorsiones de los
hold out, que aprovechan los default o falencias causados por
los
delitos
político-económicos,
para
comprar
títulos
devaluados,
esperar

la

renegociación

con

la

mayoría

de

los
acreedores
manteniéndose
al
margen
de
ella
y,
posteriormente exigir el valor nominal ante los tribunales del
prestamista. Se trata de un espacio delictivo permitido por la
ausencia de todo procedimiento racional para el caso de los
Estados que caen en cesación de pagos o falencia.
Como
resultado

de

todo

lo

anterior,

es

decir

de
fenómenos que no son totalmente independientes, sino que se
vinculan
estrechamente,

no

sólo

nuestras

democracias

se
hallan
en

grave

peligro,

sino

que

se

viola

abiertamente

el
Derecho
Humano

al

desarrollo

progresivo,

pues

suben

las