ANÁLISIS JURÍDICO DEL CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO ECUATORIANO
Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO COLOMBIANO, A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES Y EL ROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
REVISTA DERECHO DE LAS MINORIAS VOLUME 1 2022
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1.
El
Derecho

Administrativo

estudia

la

organización

y

funciones

de

las

instituciones
estatales
o

públicas,

entendiéndose

por

tal

no

sólo

a

las

que

conforman

la

función

ejecutiva,

sino
también a todas las entidades del sector público.
2.
La administración pública no posee fines propios, su afán se vincula con la tutela de
los derechos ciudadanos.
3.
La
Constitución

de

la

República

del

Ecuador,

manda

a

que

el

más

alto

deber

del
estado,
sea

respetar

y

garantizar

los

derechos

constitucionales,

partiendo

de

su

directa

e

inmediata
aplicación.
4.
La
adecuación

de una

norma

administrativa

en

Ecuador

en

2018,

permite

reflejar la
incidencia
de

la

Constitución

y

la

obligatoriedad

de

instaurar

un

verdadero

sistema

normativo

infra
constitucional que se acople a las exigencias de la Carta Fundamental.
5.
El
COA

establece

un

reto

para

la

administración

pública,

estableciendo

nuevos
procesos
y

desafíos,

que

exige

y

reconoce

la

necesidad

de

transparencia

en

la

sistematización

de
procedimientos.
6.
El COA considera a la vía electrónica, como un nuevo aporte al razonamiento jurídico
y que apuntala a una modernización efectiva en la administración.
7.
En
Colombia,
tanto
el
procedimiento
administrativo
como
el
contencioso
administrativo
se

sujetan

a

las

disposiciones

de

carácter

constitucional,

lo

que

quiere

decir

que

la
interpretación
de

sus

normas

siempre

debe

adoptarse

con

base

a

los

principios

de

carácter
constitucional.
8.
El
derecho

de

petición

en

Colombia

tiene

un

ámbito

de

aplicación

grande

que

fue
regulado
por

el

derecho

administrativo,

pero

gracias

a

desarrollos

jurisprudenciales

de

la

Corte
Constitucional y a su categoría como derecho fundamental puede ser protegido a través de la acción de
tutela.
9.
La implementación
de

la

extensión

de

jurisprudencia

es

una figura que le

permite al
ciudadano el acceso a la administración de justicia de justicia de una manera mucho mas efectiva y que
va en concordancia con los principios constitucionales.