ANÁLISIS JURÍDICO DEL CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO ECUATORIANO
Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO COLOMBIANO, A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES Y EL ROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
REVISTA DERECHO DE LAS MINORIAS VOLUME 1 2022
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Tradicionalmente,
se

ha

entendido

que

la

administración

es

una

subsunción

del

Gobierno
encargado
del

buen

funcionamiento

de

los

servicios

públicos,

de

mantener

el

orden

público

y

la
seguridad y de entregar a la población diversas labores de índole económico, educativo, de bienestar,
etc. (Morales J. Morocho L. & Silva L., 2015, págs. 12, 13).
Se
caracteriza

por

el

ejercicio

del

poder

del

estado,

sus

normas

se

destinan

a

regular

la
organización, la actividad de los entes públicos y las relaciones entre la administración en general y los
particulares.
Es
preciso

resaltar,

que

abarca

además

las

relaciones

interinstitucionales,

es

decir,

entre

las
entidades públicas que, aunque pertenezcan a funciones o ministerios diferentes, todas son parte de un
mismo
estado

y

forman

un

solo

aparataje

que

busca

un

mismo

fin,

el

cual

puede

sintetizarse

en
satisfacer las necesidades del interés público.
Con la estructura del nuevo Estado de Derecho y la adopción de la Declaración Universal de los
Derechos
del

Hombre

y

del

Ciudadano,

se

podría

decir

que

el

derecho

administrativo

se

constituye
como el derecho del Estado. (Silva, 2018, pág. 11).
Persigue
y

promueve

intereses

generales,

no

propios

como

ocurre

en

el

derecho

privado,
tomando en cuenta que la única razón de ser de una institución pública es el bien común. Para esta
gestión, en el caso de Ecuador, el derecho administrativo posee varias normas jurídicas que lo amparan,
tanto
en

su

organización,

finanzas,

contratación

pública,

entre

otras,

por

citar:

Constitución

de

la
República del Ecuador; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;
Ley
Orgánica

del

Sistema

Nacional

de

Contratación

Pública;

Ley

Orgánica

de

Empresas

Públicas;

y
actualmente la incorporación del COA; entre otras.
Ecuador y Colombia, al constituirse como estados democráticos, dentro de sus ordenamientos
jurídicos permean como eje central del gobierno, la división de poderes, que se traduce a la delimitación
de funciones y el respeto a su independencia que coadyuve a la correcta institucionalidad de los países.
Todas estas administraciones realizan fines de interés general, satisfacen las necesidades públicas.
La
Administración

del

Estado

tiene

una

organización

a

nivel

central,

básicamente

los

diferentes
departamentos ministeriales, y una organización periférica. Al Gobierno le corresponde la dirección de
la Administración Civil del Estado. (ESPASA, 2001, pág. 90).