16 La Democracia Constitucional, a 30 años de su recuperación
creó la defensoría del pueblo (ahora vacante desde hace 5 años), entre otras
nuevas cláusulas consideradas positivas.
9) Se creó la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del
Atlántico Sur, se dictó su Constitución y se reformaron la de casi todas
las provincias y se dictaron muchas cartas orgánicas municipales. Se dio
un status especial a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que dictó su
Constitución que la convirtió en algo más que un municipio y algo menos
que una provincia.
10) Hubo un crecimiento significativo de la economía y del comercio
exterior, especialmente después de la crisis del año 2001, y se creó en 1991
el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y, ahora,
*
Venezuela.
Lo negativo
En el debe podemos anotar otros diez lamentables retrocesos, que no son
los únicos, pero que es imprescindible corregir y superar, como son:
1) El confundir populismo con democracia, que no se agota con la
realización de elecciones. A los populistas poco les importa la vigencia de la
Constitución; porque, interpretan, que la voluntad popular, no se refleja en la
Ley Fundamental, sino que está delegada en quién ejerce el Poder Ejecutivo,
y, por ello, su titular puede obrar con las instituciones de la república
(Congreso y Justicia) y con la sanción y aplicación de las leyes como mejor
le plazca, distorsionando -además- estadísticas (como ocurrió en el INDEC)
y negando el acceso a la información pública.
2) Ello ha hecho que muchas leyes sean dictadas por el Presidente, a
través de decretos de necesidad y urgencia, o invocando facultades delegadas
por el Congreso, sin que hayan sido debatidas en reunión de gabinete, como
exige la Constitución.
3) Esto, a más de la sumisión de los legisladores oficialistas a las
indicaciones del Ejecutivo, la omisión reiterada del jefe de gabinete de
informar mensualmente a las cámaras, y la negativa a utilizar los mecanismos
del juicio político (caso Amado Boudou), han convertido al Congreso en
una “escribanía”, donde casi no hay debates ni se elaboran consensos. Las
candidaturas testimoniales, la “borocotización” de algunos parlamentarios y
Jorge Horacio Gentile
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el uso de las bancas como trampolín para alcanzar otros cargos ha contribuido
a desprestigiar al Poder Legislativo.
4) El debilitamiento del Poder Judicial federal, producido por haber
muchos cargos vacantes; por la designación de jueces, conjueces y fiscales
por ser fieles al oficialismo; por haberse dictado leyes inconstitucionales
invocando el propósito de “democratizar la Justicia”, pero con la intención de
favorecer al gobierno de tumo; por las presiones que se hacen para imponer
los criterios presidenciales en las decisiones de los tribunales y del Consejo
de la Magistratura; y por no acatar dispuesto por las sentencias (como la que
ordena reponer al procurador fiscal Eduardo Sosa en Santa Cruz).
5) Los partidos políticos han dejado de funcionar como instituciones
que conectan a la sociedad con el gobierno; donde se debaten ideas y
programas; donde se asumen y comienzan a procesar conflictos sociales;
y donde se educa a los ciudadanos, se forman dirigentes y se promueven a
líderes. En muchos casos han sido reemplazados por los aparatos estatales,
haciendo uso de la práctica del clientelismo. Los “militantes” y “punteros”
son conchabados como empleados públicos (“ñoquis”, “asesores” y
“consultores”), las cuotas partidarias se descuentan por planilla, los
contratistas y concesionarios contribuyen a sus finanzas -junto al siempre
insuficiente Fondo Permanente Partidario- y la propaganda oficial y los
medios de comunicación masivos que disponen esos aparatos están a
su servicio (como ocurre con la cadena oficial, las pautas publicitarias,
los canales, radios, redes sociales, consultores, etc.). En algunos casos se
postulan como candidatos a parientes, para extender el mandato de quién no
puede ser reelegido; o figuras del espectáculo para conseguir votos, aunque
carezcan de idoneidad política.
6) La subordinación política y financiera de las provincias, algunas de
las cuales tienen gobernadores con reelección indefinida y con una suerte
de “suma del poder público”, y que dependen política y financieramente del
gobierno central; no solo para cubrir los servicios esenciales que tienen que
prestar o hacer obras públicas imprescindibles; sino, en algunos casos, para
pagar sueldos y jubilaciones. El sistema de coparticipación federal funciona
a media y la ley que debería reformarla, según la Constitución reformada
en 1994, es imposible que se dicte al exigirse que sea ratificada por todos
los gobernadores. Los municipios, en ejercicio de su autonomía, cada día
asumen mayores competencias por la cercanía con los electores, pero claman
por mayores recursos financieros para cumplir con los cada vez mayores
requerimientos que les hace sus vecinos.
7) La concentración del poder en los ejecutivos y el propósito de
partir a la sociedad en dos, entre am igos y enem igos (identificando a estos