LA LIBERTAD DENTRO DEL ENCIERRO. ESPACIOS EDUCATIVOS Y ENFOQUE DE
DERECHOS CON ADOLESCENTES BAJO CONTROL PENAL
Mariel C. Castagno, M. Elena Previtali, Marysel Segovia, Claudia Iriarte,
Eliana Kuipers, Paula González, Yael Abed1
RESUMEN
Con esta ponencia buscamos compartir algunos resultados de trabajo
interdisciplinario que articula la investigación y la extensión para abordar la problemática del
acceso a derechos de adolescentes que transitan programas de control penal.2
En el acercamiento a distintos actores vinculados a instituciones de la SENAF3 que
alojan a los jóvenes privados de la libertad o aplican, luego del encierro o en vez del mismo,
medidas alternativas a la privación de libertad; nos encontramos con una diversidad de
actores, trayectorias y compromisos de quienes, de una u otra forma, están a cargo de llevar
a cabo lo que la institución se propone explícitamente con estas medidas: restituir derechos
vulnerados a los adolescentes.
Sin embargo, la experiencia muestra que los incipientes intentos de desarrollar
acciones orientadas hacia ese objetivo, quedan minimizados ante las dinámicas que
históricamente permanecen en entornos institucionales altamente obstaculizadores de dicha
posibilidad.
Las lógicas imperantes, tan similares a las carcelarias, permanecen orientadas al
paradigma de la situación irregular o, mejor dicho, crean un híbrido: la "protección irregular”.
Este paradigma, a diferencia de su significado en ciencias naturales, sí produce efectos y
consecuencias que impactan en las subjetividades.
Reconociendo que, en los hechos, la edad de imputabilidad ha bajado, nos
preguntamos cómo afectan estas dinámicas carcelarias no sólo a las subjetividades de los y
Equipo perteneciente al proyecto de investigación "Dinamicas institucionales y producción de
subjetividad: acceso a derechos de adolescentes bajo control penal”. Aprobado y subsidiado por
SeCyT, UNC para el período 2014-2015. Asimismo coordinan el Proyecto de extensión "Juventud y
ciudadanía: un aporte al proceso de acceso a derechos en los programas socioeducativos para
adolescentes” subsidiado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC para el período
2014-2016. Ambos dirigidos por Mariel C. Castagno y M. Elena Previtali. Direcciones de contacto:
Mariel C. Castagno (marielcastagno@hotmail.com) ; M. Elena Previtali(malena.previtali@gmail.com);
Marysel Segovia (marysel99segovia@gmail.com); Claudia Iriarte (iriarteclaudia@yahoo.com.ar);
Eliana Kuipers (elykuipers@gmail.com); Paula González (lic.gonzalezpauladaniela@gmail.com) ; Yael
Abed (abedyael@gmail.com)
2 Equipo que incluye psicólogos, antropólogos, abogados y socioeducadores que integran el proyecto
de investigación “ Dinámicas institucionales y producción de subjetividad: acceso a derechos de
adolescentes bajo control penal”. Aprobado y subsidiado porSeCyT, UNC para el período 2014-2015.
Asimismo son parte del Proyecto de extensión "Juventud y ciudadanía: un aporte al proceso de
acceso a derechos en los programas socioeducativos para adolescentes” subsidiado por la Secretaría
de Extensión Universitaria de la UNC para el período 2014-2016. Ambos dirigidos por Mariel C.
Castagno y M. Elena Previtali.
Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Desarrollo Social, Provincia de Córdoba.
7
las adolescentes entre 13 y 18 años que allí permanecen sino también, en los técnicos,
profesionales y operadores, en sus procesos de apropiación del paradigma de derechos.
En este contexto, adverso para que el Paradigma de la Protección Integral de
Derechos prenda y se aprehenda, nos encontramos a su vez con diferentes espacios,
generalmente dependientes de instituciones educativas, que instituyen otras prácticas, que
producen otros vínculos y dan lugar a otros procesos de subjetivación.
Batallando en dinámicas institucionales que se estructuran como ordenamientos no
sólo normativos, sino más bien como un orden simbólico y una cultura que instaura modos
legitimados de ser y de vivenciar las prácticas allí impartidas, estos espacios educativos
terminan siendo vividos, por los adolescentes, como "la libertad dentro del encierro”. Sin
embargo, para otros actores institucionales estas actividades artístico-culturales tienen la
finalidad de distraer y entretener a los/las adolescentes, para otros, mitiga el efecto del
encierro, para algunos son una amenaza a la seguridad institucional, desde nuestra
perspectiva se instituyen como espacios "islas de ejercicio de derechos”. Pequeñas islas
que, en un mar de vulneraciones, rescatan náufragos que, por un tiempo y un lugar limitados
en sus vidas, intentan construir balsas que avizoran un horizonte diferente.
PALABRAS CLAVE
DERECHOS DE NIÑOS/AS - ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD- ESPACIOS
EDUCATIVOS (CAJ)- DINÁMICAS INSTITUCIONALES.
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Los centros socioeducativos para adolescentes bajo control penal
En la última larga década sucedieron en Córdoba grandes cambios en materia penal
Juvenil, que encuentran a los otrora Institutos del Menor, en la transición en que los embreta
la ley 26061.
El primero fue el cierre del CROM (Centro de Reeducación al Menor) como instituto
semi-abierto provisto de docentes dependientes del Ministerio de Educación4 que estaba
próximo al centro de la ciudad, cerca de instituciones de salud y educación, y a los barrios
de residencia de las familias de los chicos. Paralelamente, se comenzaron a construir los
macro institutos CETRAM I y II (Centros de Tratamiento al Menor) en la zona de Bower, a
unos 15 kilómetros de la ciudad. En el 2005 se produce otro cambio: se amplía
considerablemente este predio, coincidiendo con la promulgación de la ley nacional 26.061 y
a la derogación de la ley 10.903 (expresión legislativa del denominado Paradigma de la
Situación Irregular) se crean dos institutos más y el último que se inaugura dentro del
Complejo Esperanza, es el llamado hoyo San Jorge exclusivo para niños entre 12 a 16 años
es decir, inimputables, que no deberían estar privados de su libertad según la ley 22.803.
De una población aproximada entre 200 a 250 jóvenes que son privados de la libertad
actualmente en el Complejo Esperanza, alrededor de 50 son menores de 16 años (si bien
ésta cifra varía constantemente por la movilidad de los jóvenes que pueden permanecer
entre dos meses a más de un año en general)5.
En este aspecto, dice Segovia (2014), la exclusión del sistema penal de los niños y
jóvenes sólo es formal, ya que de ningún modo esta inimputabilidad, declarada en la ley,
implica un renunciamiento a la intervención coactiva estatal en sus vidas.
Así mismo, las leyes provinciales no han generado modificaciones sustanciales, todo
lo contrario: la ley 9944 del 2011 "a partir del art. 82 en el Titulo VII donde se incorpora el
procedimiento penal juvenil, prácticamente se reitera la segunda parte de la supuestamente
derogada ley 9053, con la única novedad que incluye a la figura de los Fiscales Penales
Juveniles, independientes del juez penal juvenil, para asumir el rol de acusador e
investigador de delitos cometidos por jóvenes menores de 18 años” (Segovia et al, 2014, p.
332).6 Sin embargo la aplicación de este título VII fue suspendida en junio del año 2012. Por
tanto los y las niños y adolescentes privados de libertad en Córdoba por conflictos con la ley
penal continúan sin acceder a la fundamental garantía de un proceso donde existan de
manera diferenciada un órgano acusador (fiscal), un defensor y otro órgano que juzga y
ordena las medidas (juez) (Segovia et al, 2014).
Otro importante cambio, en paralelo con el anterior, fue la creación de la Secretaría de
Niñez Adolescencia y Familia como órgano de ejecución de la ley 9944, sin embargo la
SeNAF fue desjerarquizada como Secretaría de Estado y las políticas de infancia hoy
dependen del Ministerio de Desarrollo Social. Lo cual derivó en falta de un presupuesto que
sostuviera el Sistema necesario, con las condiciones indispensables y suficiente cantidad y
calidad de profesionales para atender las obligaciones establecidas por la ley.
4Se termina de cerrar definitivamente en el 2000, bajo el gobierno de De La Sota, según se plantea el
Informe citado.
Estas cifras surgen de las planillas de registro diario quese realizan dentro del Sistema de Registro
que tiene SENAF.
6 Segovia, Marysel et al (2014) Capitulo 5 del Informe Mirar tras los muros. Situación de los derechos
humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba 2013 coordinado por Lucía Bonaféet.al.
Coedición con Comisión y Archivo Provincial de la Memoria y Editorial de la Universidad Nacional de
Río IV,2014
9
Todo lo descripto no ayuda a la institución del paradigma de la protección integral,
porque sostiene la permanencia y la expansión de la medida de la privación de libertad
como respuesta Estatal a la problemática del delito con adolescentes, supuestamente,
inimputables.
Dinámicas institucionales produciendo un híbrido: “El paradigma de la protección
irregular”
Las instituciones de encierro para adolescentes bajo control penal tienen un
funcionamiento totalizante, en el sentido que planteaba Goffman (2001), por ejercer control
permanente sobre los movimientos, actividades y tiempos de los individuos allí internados,
en post del resguardo de la seguridad institucional. Operan bajo un sistema de vigilancia,
recompensas y castigos, que encuentra su base en el poder disciplinario (Foucault, 2002),
un poder que se ejerce constantemente, en busca de enderezar y corregir conductas. Esta
lógica, cuyo fin es producir sujetos obedientes, subordinados y sumisos, e ir tallando una
determinada modalidad de relación en pos a la regulación, conservación y control social
(González, 2015), se imprime en las subjetividades de las y los jóvenes.
Resulta evidente el contrasentido que implica "ser sujeto de derechos” no solo
porque éstos/as adolescentes han sido reducidos a objetos del sistema penal (Daroqui,
2012) considerados desde una condición de peligrosos (Zaffaroni 1999 en Castagno, 2014),
sino también, por los efectos desubjetivantes, producto de las condiciones materiales y
simbólicas que se desarrollan tras los muros. En este contexto, cobran aún más valor
aquellos espacios y prácticas que pugnan por instituir otras lógicas, acordes al paradigma de
la protección integral.
En estos espacios, las y los jóvenes encuentran la oportunidad de experimentar un
trato y reconocimiento como sujetos de aprendizaje, de deseo, como sujetos políticos y de
enunciación. Pero, como decíamos, estas experiencias se desarrollan dentro de entornos
institucionales altamente obstaculizadores de dichas posibilidades y refractarios a las lógicas
de promoción de derechos. Lo cual nos lleva a conceptualizarlos como "islas de ejercicios
de derechos” (Castagno y Previtali, 2015).
Esta convivencia de paradigmas opuestos en el mismo escenario institucional (el de
la situación irregular y el de la protección integral) da lugar a la construcción de un híbrido: la
protección irregular, que podría pensarse, continúa sosteniendo y reforzando una serie de
contradicciones: educar-castigando, resocializar-aislando, proteger-vulnerando, cuestiones
que atraviesan los discursos y las prácticas de los distintos engranajes de la penalidad
juvenil.
Se trata de la tensión instituido/instituyente, ya que los espacios educativos del CAJ
se enfrentan a las resistencias que imponen las lógicas carcelarias, que se estructuran como
ordenamientos no sólo normativos formales, sino más bien como un orden simbólico y una
cultura que instaura modos legitimados de vivenciar las prácticas allí impartidas. Así, la
manera en que la institución gestiona estas actividades, que no logran escapar de las
lógicas punitivo-premiales, pone en riesgo a que las mismas queden reducidas a un objetivo
inmediato e instrumental: para distracción o para pasar el tiempo, para otros como una
forma de mitigar los efectos desubjetivantes del encierro y, para muchos actores
institucionales, como espacios que amenazan la seguridad institucional mientras que, para
los y las adolescentes, son la libertad dentro del encierro.
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Por ello, estas pequeñas islas, que dentro del océano de derechos vulnerados aún
resultan insuficientes, revisten suma importancia en tanto auspician la producción de
destellos de subjetivación, de ser reconocidos y reconocerse como sujetos de derechos.
Acerca de la particularidad metodológica
No es posible pretender adentrarse en el conocimiento profundo de distintas
realidades sin intervenir de algún modo en ellas, este trabajo nos posibilita el desafío de
hallar un punto de encuentro entre la investigación y la extensión, como abordajes que no
pueden entenderse el uno sin el otro. Todo abordaje extensionista plantea una relación de
producción de conocimientos con los sujetos con los que trabaja, ésta permite el cruce entre
distintos saberes sobre la realidad, conocimientos que se nutren mutuamente y, por tanto,
contribuyen a la investigación.
En este proceso de producción de conocimiento, en las instituciones mencionadas,
se torna aún más imperativo abrir la posibilidad de observar la diversidad y no solo entender
este sistema desde la unicidad o la homogeneidad, para luego intentar construir
intervenciones extensionistas con sus actores, en la búsqueda de fortalecer condiciones que
sostengan las líneas de acción desde el enfoque de derechos. En este sentido, la tarea
viene siendo trabajar con los operadores, coordinadores y educadores, y no por ellos.
Es desde aquí, como propone Callen (en Pujol, J. y Montenegro, M., 2013) que lograr
una articulación investigación-extensión posibilitaría que el conocimiento abandone su
posición representacional para convertirse en una actividad política que permita la
construcción de "conocimientos situados” (Haraway, 1991). Esta noción refiere a que todo
conocimiento se produce bajo determinadas condiciones y que es contingente y
transformador de nuestra posición inicial, es decir, también nos transforma.
La producción de conocimiento entendida como política no es sin una ética, la que
deviene de la implicación en realidades de tanto sufrimiento, principalmente el de los y las
adolescentes, porque su vida toda queda reducida a ese régimen institucional, pero también
el de adultos como talleristas, profesores, y así mismo el del malestar de operadores y
técnicos. Esta articulación entre investigación-extensión, de alguna manera, evita que
nuestra acción quede reducida únicamente a registrar o testimoniar o, en el mejor de los
casos, denunciar lo que sucede "tras estos muros”; que solo en papeles, y en los pocos que
lo leen, queden las vejaciones, sufrimientos e injusticias mientras, en la realidad, poco o
nada las detiene. Hay algo más por hacer que iniciar largos expedientes mientras las
infancias y adolescencias de estos chicos y chicas están siendo (y dejando de ser) hoy;
porque es ahora cuando intentan desplegarlas entre la desigualdad, imperiosas necesidades
y casi ninguna oportunidad real.
Procesos de apropiación del paradigma de derechos en espacios educativos
A pesar de que varios de los cambios producidos en el sistema, en la última década,
fueron retrocesos en el proceso de construcción del Sistema de Promoción y Protección
integral de los derechos del niño/a en Córdoba, cabe destacar que fue un avance la
incorporación de la educación secundaria en las instituciones de privación de libertad para
adolescentes, aunque recién en el año 2005 y solo el ciclo básico. Sin embargo, esto se fue
ampliando progresivamente con diversidad de programas y dispositivos que fueron creando
condiciones para garantizar el derecho a la educación de la mayoría de estos/as jóvenes. En
11
esta línea, entre el año 2012 y 2013, se comienzan a incorporar también los Centros de
Actividades Juveniles (CAJ) a los contextos de encierro.
Los CAJ devienen del Programa Nacional de Extensión Educativa (PNEE) de la
Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas que tiene por propósito ampliar las
trayectorias educativas y escolares de los jóvenes diversificando el horizonte de
oportunidades y experiencias educativas. Están destinados a alumnos del Nivel Secundario,
teniendo como objetivo crear nuevas formas de estar y de aprender en la escuela a través
de la participación de los/as jóvenes en diferentes acciones organizadas en tiempos y
espacios complementarios a la jornada escolar. Estos buscan consolidar en las escuelas,
espacios en los cuales se pueda abordar, a través de renovadas estrategias, conocimiento y
sentido de pertenencia a la institución, promoviendo vínculos solidarios entre los jóvenes y,
entre ellos y la escuela7.
En un contexto adverso, muchas veces, para que el Paradigma de la Protección
Integral de Derechos prenda y se aprehenda, en las instituciones de privación de libertad,
nos encontramos con estos espacios educativos, que instituyen otras prácticas, que
producen otros vínculos y dan lugar a otras subjetividades. Espacios cuyos agentes, en las
actividades formativas que proponen a través del juego, el arte y la comunicación,
promueven el acceso de las y los adolescentes al capital cultural haciendo propio, lo que las
políticas rezan "es imperioso generar intervenciones a lo largo de la adolescencia que
produzcan experiencias educativas de calidad y con sentido, que a través de la participación
activa fomenten la construcción de ciudadanía y amplíen las posibilidades de inserción
social, económica y cultural”8. Así, los talleristas del CAJ, instalan condiciones para la
grupalidad, despiertan el deseo de aprender, de conocer, de
hacer algo juntos y, de esta
forma, posibilitan el lazo social. Éstos, en un trabajo de sí y del otro, como el camino para
intervenir desde la perspectiva de derechos, introducen prácticas de reconocimiento y
figuras de identificación, que abren a los adolescentes posibilidades de proyección a futuro.
Conclusiones
En el acercamiento a distintos actores vinculados a instituciones de la SENAF9 que
alojan a los jóvenes privados de la libertad o aplican luego del encierro y, la menor de las
veces en vez del mismo, medidas alternativas o programas de libertad asistida; nos
encontramos con una diversidad de actores, trayectorias y compromisos de quienes, de una
u otra forma, están a cargo de llevar a cabo lo que la institución se propone explícitamente
con estas medidas: restituir derechos vulnerados a los adolescentes.
Sin embargo, la experiencia muestra que los incipientes intentos de desarrollar
acciones orientadas hacia ese objetivo, quedan minimizados ante las dinámicas que
históricamente permanecen en entornos institucionales altamente obstaculizadores de dicha
posibilidad. Así acciones como los cambios de nominación, las capacitaciones del personal,
la construcción del primer reglamento de convivencia, la profesionalización de la gestión
7Los Centros de Actividades Juveniles tienen por objetivos según los documentos del Ministerio de
Educación: Contribuir a la calidad educativa generando las condiciones adecuadas para la
construcción de aprendizajes significativos para los jóvenes en la escuela. Fortalecer estrategias de
inclusión escolar y pertenencia institucional de adolescentes y jóvenes que, por distintos motivos, no
están cursando estudios en el Nivel Secundario. Y promover el recorrido por espacios
complementarios a los curriculares para la apropiación de conocimientos.
8Lineamientos de los CAJ, Ministerio de Educación de Nación, pag 4. Recuperado de:
http://portales.educacion.gov.ar/dnps/files/2011/09/Lineamientosde-los-Centros-de-Actividades-
Juveniles.pdf
9Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Desarrollo Social, Provincia de Córdoba.
12
institucional, las propuestas de talleres de arte y de oficios, quedan aplastados por las
lógicas institucionales; donde prácticas sobre los cuerpos y la vida cotidiana de los jóvenes
como la requisa, la medicalización, el aislamiento, el castigo con reducción de actividades, la
falta de información sobre su proceso judicial, se naturalizan e impregnan las
interpretaciones de la ley, de las reglamentaciones y de los roles y subjetividades de los allí
implicados.
Batallando en dinámicas institucionales que se estructuran como ordenamientos no
sólo normativos, sino más bien como un orden simbólico y una cultura que instaura modos
legitimados de ser y de vivenciar las prácticas allí impartidas; encontramos a la educación y
principalmente a los equipos "CAJ” como la posibilidad para que algo diferente suceda.
Visibilizar, re pensar, problematizar y enriquecer prácticas que se posicionan por
fuera de la lógica carcelaria, abre una bisagra en lo totalizante de las instituciones de
encierro. En esos reducidos espacios de tiempos limitados y agentes específicos que los
instituyen, las y los adolescentes son reconocidos como sujetos históricos y políticos que
enuncian sus padeceres y despliegan sus capacidades en una construcción colectiva de
saberes y acciones que los inscriben como lo que deberían ser: sujetos de derechos y no
objetos de castigo.
Si bien se advierte que el CAJ ha sido pensado y diseñado como un puente entre la
educación y el adolescente, teniendo como base a la escuela, dentro de las instituciones
correccionales, deviene en un mecanismo de ejercicio de derechos y ampliación de capital
cultural que sobrepasa lo previsto. Como dijimos, son "islas de ejercicio de derechos” que
permiten por momentos "sentirnos libres en el encierro”. Pequeñas islas que, en un mar de
vulneraciones, rescatan náufragos que, por un tiempo y un lugar limitado en sus vidas,
intentan construir balsas que avizoran un horizonte, con suerte y buen clima, diferente.
Aunque la transición a la libertad, es otro capítulo.
13
BIBLIOGRAFÍA
Castagno M., Correa A., Herranz M., Páez J. (2014) "La problemática de la Salud Mental en
la cárcel. Apuntes para su discusión”. En Segundo Informe Provincial 2014 “Mirar
Tras los Muros" Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de la
libertad en Córdoba. Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos [serial
online] 2014 [citado 07 jul 2015]; [95 páginas en pantalla] Disponible en:
http://www.unc.edu.ar/extension-unc/vinculacion/observatorio-ddhh/segundo-informe-
provincial-2014-mirar-tras-los-muros.
Castagno M., Previtali M.E. (2015) "Vulneraciones en la liminalidad. Jóvenes, encierro y
espacios educativos 'alternativos'. Ponencia: X Jornadas de Investigación en
Educación: Políticas, Transmisión y Aprendizajes. Miradas desde la Investigación
Educativa.
Daroqui, A., Guemureman López, A. L., Cipriano García, R. F., Bouilly, M. R., Pasin, J.,
Suárez, A., y, S. (2012). Sujetos de castigos: Hacia una sociología de la penalidad
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Foucault M. (2002) Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI.
Goffman E. (2001) Internados: Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales.
1era ed. 3era reimp., Buenos Aires: Amorrortu.
González, Paula (2015) "Representaciones Sociales en torno a la institucionalización desde
la perspectiva juvenil”, tesis de maestría en Salud Mental, Facultad de Psicología y
Facultad de Cs. Médicas, UNC. En curso.
Joan Pujol y Marisela Montenegro (2013) "Producciones narrativas: una propuesta teórico-
práctica para la investigación narrativa” enColoquios de investigación cualitativa:
desafíos en la investigación como relación social / Maite RodigouNocetti y Horacio
Luis Paulín; compilado por Maite RodigouNocetti y Horacio Luis Paulín. Córdoba:
Socialex.
Segovia, Marysel y Valle Ma. Eugenia, et al (2014) Capítulo 5 del Informe "Mirar tras los
muros". Situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en
CórdobaLucía Bonaféet.al. Coedición con Comisión y Archivo Provincial de la
Memoria y Editorial de la Universidad Nacional de Río IV,2014.
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EL ACCESO A DERECHOS COMO CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA IDENTIDAD.
SUJETOS Y PRÁCTICAS EN EL CONSEJO DE JÓVENES
Silvina Baudino10, Héctor Lascano11, Ana Paola Machinandiarena12
RESUMEN
La implementación de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes (Ley 26.061), fue un punto de inflexión en la normativa jurídica que
por casi cien años marcó y condicionó la vida de los niños en nuestro país. A partir de
entonces, el nuevo paradigma, en solidaridad jurídica con la Convención sobre los Derechos
de los Niños de las Naciones Unidas, con su enfoque en los niños, niñas y adolescentes
como sujetos plenos de derechos, se inició un lento pero decisivo proceso de
deconstrucción tanto de saberes como de prácticas con un alto grado de naturalización en la
ciudadanía, y en las cuales el paternalismo de la intervención estatal ocupó un lugar
hegemónico, legalmente amparado en la conocida Ley de Patronato del Estado (Ley
10.903).
En su lugar, no solo nuevas reglas de juego, sino que además nuevas formas de
vinculación entre los diferentes actores en sus diversos órdenes -nacional, provincial y
municipal- se conjugan e interrelacionan entre sí y con la sociedad civil, de manera tal de
poder apropiarse de los cambios en el corpus jurídico, y poder dar cuenta satisfactoriamente
de los derechos humanos en la infancia y adolescencia, tarea en la cual las políticas
públicas ocupan un lugar irreemplazable, tanto en lo referente a la implementación de la
jurisprudencia cuanto de la tutela de los derechos afectados.
Por otra parte, la implementación en la Carta Orgánica de la Municipalidad de
Córdoba del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia y, subsidiariamente, la creación de
los Consejos Comunitarios en los distintos CPC municipales, significó un decidido avance
local en el horizonte abierto por la nueva Ley.
Es en este marco donde cobra especial relieve y protagonismo la creación de los
Consejos de Jóvenes al interior de los Consejos Comunitarios, en el cual la perteneciente al
CPC Empalme fue la primera en su tipo, marcando de alguna manera la agenda de los que
vinieron después.
Nuestro objetivo en las presentes Jornadas es poder visibilizar algunos ejes del
proceso que desde hace tres años vienen llevando a cabo diversos colectivos de jóvenes
10
Licenciada en Trabajo Social, Universidad Nacional de Córdoba. Especialista en Salud Social y
Comunitaria (UNC). Trabajadora social en el Centro de Atención Primaria de Salud en Barrio-Ciudad
de Mis Sueños. Docente e investigadora, UNC. Dirección de contacto: silvinabaudino@hotmail.com
11 Licenciado en Filosofía, Universidad Nacional de Córdoba, maestrando en Filosofía, religión y
culturas contemporáneas, Universidad Católica de Córdoba. Investigador en el CIFFyH (UNC) y
adscripto a la cátedra de Filosofía Antigua I (UNC). Docente de nivel terciario en el CEFyT. Párroco
de la Parroquia Transfiguración del Señor, B° Ferreyra, Córdoba. Dirección de contacto:
halascano@hotmail.com
12 Licenciada en Trabajo Social y maestranda en Antropología Socio-Cultural, Universidad Nacional
de Córdoba. Especialista en Salud, Colegio de Profesionales en Servicio Social de Córdoba. Docente
investigadora y extensionista de la Escuela de Trabajo Social (UNC), trabajadora social en el Centro
de Atención Primaria de Salud en Barrio-Ciudad Ampliación Ferreyra. Dirección de contacto:
ani_pao_machi@yahoo.com.ar
15
con sus facilitadores nucleados en el Consejo de Jóvenes del CPC Empalme, en donde la
problematización de sus saberes cuanto de sus prácticas identitarias, se (entre) cruzan con
las estrategias por las que se implementa el acceso a sus derechos, redefiniendo política y
colectivamente sus subjetividades. Estas experiencias de intervención mediadas por las
políticas públicas, sin duda que, dado el tiempo transcurrido, son posibles de intercambio
con otras semejantes, a la vez que facilita una sistematización de las mismas, enriqueciendo
futuros trabajos de investigación.
PALABRAS CLAVE
DERECHOS - SUBJETIVIDADES - IDENTIDADES - POLÍTICAS PÚBLICAS.
16
Introducción
La implementación de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes (Ley 26.061), fue un punto de inflexión en la normativa jurídica que
por casi cien años marcó y condicionó la vida de los niños en nuestro país. A partir de
entonces, el nuevo paradigma, en solidaridad jurídica con la Convención sobre los Derechos
de los Niños de las Naciones Unidas, con su enfoque en los niños, niñas y adolescentes
como sujetos plenos de derechos, se inició un lento pero decisivo proceso de
deconstrucción tanto de saberes como de prácticas con un alto grado de naturalización en la
ciudadanía, y en las cuales el paternalismo de la intervención estatal ocupó un lugar
hegemónico, legalmente amparado en la conocida Ley de Patronato del Estado (Ley
10.903).13
En su lugar, no sólo nuevas reglas de juego, sino que además nuevas formas de
vinculación entre los diferentes actores en diversos órdenes implicados -nacional, provincial
y municipal- se conjugan e interrelacionan entre sí y con la sociedad civil, de manera tal de
poder apropiarse de los cambios en el corpus jurídico, y así poder dar cuenta
satisfactoriamente de los derechos humanos en la infancia y adolescencia, tarea en la cual
las políticas públicas ocupan/deben ocupar un lugar de suyo irreemplazable, tanto en lo
referente a la implementación de la jurisprudencia en curso, cuanto de la tutela y/o
reparación de los derechos afectados.
Por otra parte, la implementación en la Carta Orgánica de la Municipalidad de
Córdoba del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia y, subsidiariamente, la creación de
los Consejos Comunitarios en los distintos CPC municipales, significó un decidido avance
local en el horizonte abierto por la nueva legislación.
Es en este marco donde cobra especial relieve y protagonismo la creación de los
Consejos de Jóvenes al interior de los Consejos Comunitarios, en los cuales el
perteneciente al CPC Empalme constituyó el primero en su tipo, marcando de alguna
manera la agenda de los que, en años sucesivos, vinieron después.
De esta manera, nuestro objetivo aquí es: poder visibilizar ciertos ejes que, sin ser
los únicos, sin embargo vertebran y conducen el proceso que desde hace tres años vienen
llevando a cabo diversos colectivos de jóvenes junto con sus facilitadores, nucleados en el
Consejo de Jóvenes del CPC Empalme (1), donde la problematización de sus saberes
originarios (Foucault) cuanto de sus prácticas identitarias, puestos en relación con las
estrategias públicas por las que se implementa el acceso a sus derechos, posibilita redefinir
individual y colectivamente sus mismas subjetividades (2), propiciando experiencias de
(re)apropiación que, dado el tiempo transcurrido, consideramos que se amplifican en el
intercambio con otras semejantes, a la vez que facilita una sistematización de las mismas,
enriqueciendo de esta manera futuros trabajos, tanto en territorio como de investigación (3).
El presente trabajo recupera la experiencia e intervención en el marco de la
búsqueda de participación activa y protagonismo de los jóvenes de la zona del CPC
Empalme de la Ciudad de Córdoba en temáticas que los involucran y afectan en el acceso a
derechos como ciudadanos, a través de la participación en un Consejo en donde los adultos,
integrantes de distintas instituciones estatales y organizaciones sociales, participamos como
facilitadores en este proceso de construcción colectiva
13
La necesidad de implementar cursos al respecto da cuenta de ello. Al respecto, cf.
http://www.casacidn.org.ar/article/ley-de-proteccion-integral-de-los-derechos-de-las-/.
17
Eje genealógico e identitario
El Consejo de Jóvenes14, nace como una de las propuestas que desarrolla el
Consejo Comunitario de Niñez y Adolescencia15 del CPC Empalme, siendo éste conformado
por adultos profesionales -trabajadores sociales, psicólogos, filósofos, docentes entre otros-,
miembros de organizaciones sociales e instituciones religiosas (Iglesia Católica) de la zona,
y creado en dicho CPC en el año 2010, a partir de la sanción de la ordenanza municipal
n°11618.
Dicho CJ fue generado a partir del debate en relación a las diversas iniciativas y
demandas para que se implemente el funcionamiento del Sistema de Protección de
Derechos de los Niños y Adolescentes, en donde acordábamos que uno de los temas
pendientes era la creación de dispositivos de participación ciudadana de niños y
adolescentes en ejercicio del derecho a participar y organizarse.16
Por esto, y reconociendo que el derecho de niños/as y jóvenes a ser escuchados es
uno de los aspectos más relevantes del nuevo paradigma, en tanto que los hace sujetos de
derechos, surgió la propuesta colectiva que devino en la creación del CJ, primera
experiencia de este tipo en la ciudad de Córdoba.
De esta manera, en la confluencia de (pocas) certezas y (muchas) incertidumbres, la
identidad del CJ fue la resultante de una participación progresiva y heterogénea de grupos
de distinta trayectoria e idiosincrasia, pero cuyas biografías existenciales estaban
atravesadas por las demandas de sus derechos, en la medida en que estos se encontraban
en gran parte vulnerados y/o negados. Desde un comienzo, la matriz identitaria del CJ se
configuraba en la conjunción entre la diversidad de sus sujetos, la semejanza de sus
demandas y la vulnerabilidad de sus existencias. Subjetividad, ética y estética fueron y son
la condición de posibilidad para una política de los derechos acorde a los tiempos de los
sujetos que por su condición individual y social se autodefinen como prioritarios.
Eje metodológico y de contenido
A partir de una primera convocatoria -agosto del 2012-, el CJ estipula congregarse
el último sábado de cada mes entre marzo y diciembre, con la participación sostenida de
unos 70 chicos y chicas entre 9 y 17 años. La procedencia inicial revela la matriz
heterogénea de los grupos integrantes, perteneciente a barrios de la ciudad de Córdoba:
grupo deportivo y grupo de jóvenes del CAJ IPET 77 Anexo (Barrio-Ciudad de Mis Sueños),
Ludoteca SaludArte y apoyo escolar del Jardín Maternal Portal de Belén (B° Maldonado),
grupo de jóvenes de Cáritas de la Parroquia Transfiguración del Señor (B° San Javier),
grupo La Barra Ambiental (B° Ferreyra), grupo de Jóvenes autoconvocados y murga Los
hijos del viento (Barrio-Ciudad Ampliación Ferreyra), grupo de Mujeres Unidas por los
Barrios (B° El Quebracho), y grupo de jóvenes del CaJ IPEM 136 (B° Villa Bustos).
14 En adelante CJ.
15 En adelante CCNA.
16 Durante el año 2011, se llevó a cabo un proceso de diagnóstico participativo en espacios
diferenciados de jóvenes y adultos, bajo la coordinación conjunta entre docentes de la Universidad
Nacional de Córdoba y consejeros del Consejo Comunitario de Niñez y Adolescencia del CPC
Empalme. El fruto de ese trabajo fue publicado como Fortalecimiento de los Consejos Comunitarios
de Niñez y Adolescencia de la Ciudad de Córdoba. Proyecto de Capacitación y Diagnóstico. Informe
final, octubre 2012. Marco introductorio y acceso al trabajo, cf.
http://www.unc.edu.ar/extension/vinculacion/observatorio-ddhh/observatorio-de-practicas-de-
derechos-humanos-2012/Derechos-de-Infancia-y-Adolescencia.
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Para garantizar aspectos operativos, de planificación y evaluación de cada actividad,
el grupo conformado por los adultos facilitadores se reúne normalmente todas las semanas.
En los primeros encuentros fue necesario poner énfasis en la integración y el
reconocimiento de los distintos grupos e integrantes entre sí, y en la conformación formal del
CJ. Con el tiempo, los mismos jóvenes definieron, a través de dinámicas de expresión, cinco
líneas preferentes de acción para trabajar: recreación, abuso policial, deportes, espacios
públicos de encuentro, salud sexual y reproductiva.
Los encuentros del CJ se desarrollan en horarios de la mañana, iniciándose con el
recorrido en colectivo por los barrios para el traslado de los jóvenes al lugar de encuentro.
La dinámica central del se desarrolla en el espacio de dos horas aproximadamente, donde
se combinan técnicas lúdicas, módulos de trabajo en grupos, socialización, actividades
artísticas, deportivas, de intervención, entre otras, respetando tres momentos en su
articulación: presentación del temario, actividades programadas y cierre en base a ejes
temáticos lo cuales son definidos en función de los intereses de los jóvenes y vinculados a
otras actividades en donde participan como grupo.
Eje avances y perspectivas
Luego de casi un año de lo que podría llamarse "etapa inicial”, el camino de los
integrantes del CJ fue enriqueciéndose a partir de la ampliación de los espacios de
participación que incidieron en el reconocimiento y la legitimidad, necesarios para la
consolidación de esta propuesta, así por ejemplo: asistencia de representantes al Encuentro
Nacional de Jóvenes en la Ciudad de Paraná, Entre Ríos,17 participación en eventos o
jornadas para compartir la experiencia en la Universidad Nacional de Córdoba,
capacitaciones en la Defensoría de la Niñez de la ciudad de Córdoba, participación en
movilizaciones para el reclamo de sus derechos (Marcha de los Lápices, 2014, Marcha de la
Gorra de 2012 a la actualidad), entre otros más.
Por otra parte, algunos hechos connotaron el comienzo del segundo año en adelante
en la dinámica y consolidación del CJ. En primer lugar, la necesidad de planificar y llevar a
cabo reuniones con funcionarios municipales, a los fines de dar a conocer sus necesidades
y solicitar la debida atención, y la presencia activa en el Consejo Municipal de Niñez, órgano
imprescindible a la hora de visibilizar el compromiso gubernamental en lo atinente a las
políticas públicas de los derechos de los niños y adolescentes.
Además, se discernió la importancia para la territorialización del CJ, de realizar los
encuentros allende la estructura edilicia del CPC, y llevarlos a los espacios de procedencia
de los grupos integrantes. Esto propició no solo enfrentar el desafío que implica la
preparación de cada encuentro -solo pensemos en la logística y el transporte, por ejemplo-,
sino que incidió en el fortalecimiento de la identidad del grupo anfitrión, de la capacidad para
organizar eventos de gran envergadura, y el reconocimiento de sus pares.
Un dato no menor, en el proceso de configuración de la subjetividad individual y
grupal, fue la conformación desde hace un año aproximadamente de otro espacio paralelo y
de menor escala, en donde solo asisten jóvenes representantes de cada grupo (dos o tres),
destinado discernir y sumar aportes a la planificación de los encuentros mensuales así como
de otras actividades, coordinado con el apoyo del grupo de facilitadores adultos. Estos
17
Organizado por SENAF-Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, setiembre de 2013, disponible
en http://www.prensa.ar/2013/09/23/44377-parana-fue-sede-de-un-foro-juvenil-de-participacion-
ciudadana.php.
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jóvenes actúan como nexos con sus pares en sus barrios, recogiendo las inquietudes e
ideas para plantearlas en el así llamado Consejito.
Finalmente, en el año en curso, además de sumar un actor más en la conformación
del CJ -el grupo de jóvenes de Cáritas del Barrio-Ciudad Evita-, dos hechos afianzan y
consolidan al CJ como territorio de subjetividades que problematizan el acceso a sus
derechos en el cruce con sus propias trayectorias biográficas, familiares y barriales.
El primero de ellos fue el viaje de todo el CJ en el mes de agosto al Espacio para la
Memoria, Verdad y Justicia -ex-centro clandestino de detención de La Perla-, cuya
preparación ocupó varios de los encuentros mensuales previos, tiempo necesario tanto por
la envergadura simbólica de la experiencia, como por la posibilidad de llevar a cabo en dicho
predio una experiencia de intervención desde los mismos jóvenes, que permitiera articular
un diálogo epocal, en donde se visibilizara la violación de los derechos en el pasado como
en el presente.
En cuanto al segundo, luego de un primer acercamiento con otros Consejos que ya
han iniciado sus actividades más otros en gestación, el presente nos encuentra en plena
preparación del primer Encuentro Interconsejos de la ciudad de Córdoba.18 Dos objetivos,
entre otros, justifican lo oportuno de la experiencia. Por un lado, la posibilidad de vehiculizar
un recíproco empoderamiento de los jóvenes en lo concerniente a sus respectivas
identidades en el intercambio con otras semejantes en cuanto a sus búsquedas y
demandas. Por el otro, que la misma experiencia del Interconsejo, gestionado por y desde
los jóvenes en tanto sujetos primarios de los mismos, se constituya en un actor más de
incidencia en lo que hace a la eficaz concreción de las políticas públicas de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes.
Una conclusión no puede sino ser abierta. Creemos que un cambio de paradigma,
por sí solo, no logra revertir ni transformar la herencia que la Ley del Patronato ha dejado en
la sociedad argentina. El camino que va del cambio de mentalidad jurídica al cambio en la
praxis no está de suyo asegurado, al contrario, no pocas resistencias y/o ralentización en la
implementación de las políticas públicas de los derechos de los niños y adolescentes. De allí
que cada avance en la misma puede verse como una conquista en el largo camino de la
consolidación de los derechos de la niñez en nuestro país.
Nuestra apuesta ha sido y sigue siendo fruto de una convicción que nos ha permitido
conciliar y amplificar un proyecto que en un principio se insinuaba germinal e incierto pero,
en la medida en que nos hizo caminar, nos permitió afianzar la certeza de que la manera
más genuina de consolidar a los jóvenes en sus derechos es a través de ellos mismos, de
sus saberes y de sus prácticas puestas en un diálogo recíproco, empoderando sus
subjetividades en pos de sus demandas.
18 A realizarse a fines del mes de octubre del año en curso, 2015.
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